Sentencia 2012-00082 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION PRIMERA

Rad. 20001-23-31-000-2012-00082-01(PI)

Ref.: Apelación sentencia – perdida de investidura

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Fernando José Córdoba

Demandado: Celso Manuel Vides Córdoba

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1 Competencia

Como lo ha advertido la Sala en otras oportunidades, esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados, de una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

5.2. Marco legal y jurisprudencia del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados.

El artículo 48 de la Ley 617 de 2000 dispone:

“ART. 48º—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

(...)”

La Sala Plena de esta corporación, mediante sentencia de 28 de julio de 2002(1) sostuvo que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no significa que ésta haya sido suprimida, pues el numeral 6º ibídem establece la posibilidad de que otras normas también consagren causales de pérdida de investidura.

Dijo la Sala:

“Teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló ‘íntegramente’ lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6º dispuso que se perdería la investidura: ‘por las demás causales expresamente previstas en la ley’. Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, sólo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria total ni de una ‘sustitución en bloque’, aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: ‘Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994...’. Como no existe razón meritoria que induzca a una consideración distinta, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los concejales, exégesis que habrá de orientar la definición de esta litis”.

En cuanto a los diputados, esta Sala mediante sentencias de 24 de abril de 2003(2) y de 24 de agosto de 2006(3) sostuvo:

“‘De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los congresistas lo es también para aquéllos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional’”. Lo anterior se sustenta en lo expresado en la sentencia S-140 a que se ha hecho referencia, en el sentido de que ‘Tal norma constitucional permitió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 8 de agosto de 2000, Expediente S-140, con ponencia de la consejera doctora María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis según la cual mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados más riguroso, en comparación con el de los congresistas debe acudirse al de éstos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas , en lo que corresponda’. La anotada posición jurisprudencial de la Sala fue reiterada en sentencia de la misma, de 15 de mayo de 2003, Expediente 8707, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, en la cual concluye que ‘Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de 23 de abril de 2002 de Sala Plena atrás transcritas) al caso de los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades no constituya causal de Pérdida de la Investidura para estos servidores públicos”

Así, tratándose de la imputación de unas causales de inhabilidad, la Sala pasa a considerarlas.

5.4. El caso concreto

Se imputa al diputado Celso Manuel Vides Córdoba las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 33 numerales 3º y 4º de la Ley 617 de 2000, del siguiente tenor:

“ART. 33—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

“(…)

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. (…)” (resaltado fuera de texto)

5.4.1. La inhabilidad por haberse desempeñado como empleado público durante los doce (12) meses anteriores a la elección como diputado.

El supuesto fáctico que constituye la causal establecida en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, el recurrente lo hace consistir en que el diputado demandado se desempeñó como empleado público durante los doce meses anteriores a su elección, esto es, como miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP, cargo que fue ostentado hasta la expedición del Decreto 130 de 4 de marzo de 2011, mediante el cual el alcalde Municipal de Valledupar designó su reemplazo.

Procede entonces la Sala al análisis de los elementos de la causal endilgada a efectos de determinar si procedía o no, decretar la pérdida de la investidura del ciudadano Celso Manuel Vides Córdoba como diputado del Cesar.

La causal de inhabilidad alegada requiere que se acredite la calidad de diputado del demandado y que éste, hubiere ejercido dentro del año inmediatamente anterior a su elección como diputado, el cargo de empleado público en el respectivo departamento.

Entonces, los elementos o supuestos necesarios para que se presente la inhabilidad alegada en el caso concreto son los siguientes, a saber:

i) Tener la condición de diputado;

ii) Haber sido, dentro del año inmediatamente anterior a su elección como diputado, empleado público en el respectivo departamento.

Está demostrada la calidad de diputado del Cesar, ostentada por el ciudadano Celso Manuel Vides Córdoba, para el período 2012-2015 (fl. 25).

En lo que respecta al segundo de los elementos, corresponde a la Sala establecer si el señor Celso Manuel Vides Córdoba se desempeñó como empleado público, dentro del año inmediatamente anterior a su elección, siendo miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP durante dicho término.

El artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, define el término “empleado público” como “las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos”.

Esta corporación en sentencia de 17 de octubre de 2008(4) precisó que los empleados públicos se identifican porque llegan a la administración pública mediante una relación legal y reglamentaria, constituida por el acto de nombramiento y la consiguiente posesión, estando al servicio del Estado en cualquiera de las ramas del poder público o de sus órganos o entidades autónomas de origen constitucional. Dijo la corporación:

“(…) Elemento sine qua non para tipificar la causal de inhabilidad es que el demandado haya actuado en condición de empleado público. Una aproximación al concepto se aprecia en el artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968, donde se dice que lo son “Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos”, siendo determinante en esta acepción el criterio orgánico para clasificar a los empleados públicos, dependiendo de la entidad a la cual presten sus servicios personales; sin embargo, a lo anterior debe agregarse que esa especie de los servidores públicos(5) tienen como nota característica su forma de vinculación con la administración pública, ya que por tratarse de una relación legal y reglamentaria debe estar precedida de un acto de nombramiento y de la consiguiente posesión, como así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sección:

1.- Como bien lo estableció el Tribunal A-quo, el sujeto activo de la conducta descrita en la causal de inhabilidad invocada por los demandantes, es cualificado; es decir, en esa causal solamente puede incurrir quien haya obrado en calidad de “empleado público”, y ellos se identifican porque llegan a la administración pública mediante una relación legal y reglamentaria, constituida por el acto de nombramiento y la consiguiente posesión, estando al servicio del Estado en cualquiera de las ramas del poder público o de sus órganos o entidades autónomas de origen constitucional. Además, como lo prescribe el artículo 5º del Decreto Ley 3135 de 1968, son empleados públicos y trabajadores oficiales ‘Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos’, lo que igual se repite en los departamentos y los municipios, en los sectores centrales y descentralizados.(6)

Lo dicho en precedencia fue así dispuesto por el propio constituyente en el artículo 122 de la Constitución Política, al prescribir en sus incisos 2º y 3º, en lo pertinente, que ‘Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben’ y que ‘Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas’. Pese a que aquí el constituyente se está refiriendo a todos los servidores públicos, es claro que igualmente cobija a los empleados públicos, personas que sólo podrán incorporarse a la administración si, además del acto de nombramiento expedido por la autoridad competente, han prestado juramento de cumplir y defender la Constitución y desarrollar las funciones atribuidas al empleo respectivo, esto es si han tomado posesión del cargo. (…)”(7)

Por lo anterior, el empleado público se identifica porque llega a la administración pública mediante una relación legal y reglamentaria, constituida por el acto de nombramiento y la posesión, estando al servicio del Estado en cualquiera de las ramas del poder público o de sus órganos o entidades autónomas de origen constitucional, esto es, en los departamentos y los municipios, en los sectores centrales y descentralizados.

Ahora bien, para establecer si el demandado como miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP ejerció como empleado público, es preciso referirse a las siguientes disposiciones:

El artículo 278 del Decreto 1222 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”, señala que los miembros de las juntas directivas de las sociedades de economía mixta, no adquieren por ese solo hecho la calidad de funcionarios públicos. El tenor de la norma es el siguiente:

“Decreto 1222 de 1986

“ART. 278—Los miembros de las juntas o consejos directivos aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de funcionarios públicos. (…)”

A su turno, el artículo 162 del Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal” señala que “los miembros de las juntas directivas aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese sólo hecho la calidad de empleados públicos”.

Por su parte, el artículo 27, numeral 6º de la Ley 142 de 1994 dispone que los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales prestadoras de servicios públicos, como es el caso de Emdupar SA ESP, son escogidos de la siguiente manera:

“ART. 27—Reglas especiales sobre la participación de entidades públicas. La Nación, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo que participen a cualquier título en el capital de las empresas de servicios públicos, están sometidas a las siguientes reglas especiales:

(…)

27.6. Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios. En el caso de las juntas directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios del orden municipal, estos serán designados así: dos terceras partes serán designados libremente por el alcalde y la otra tercera parte escogida entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.” (resaltado fuera de texto)

Al respecto, la Sala mediante sentencia de 11 de diciembre de 2006(8) sostuvo que la designación o escogencia de los miembros de la junta directiva de las empresas de servicios públicos por parte del Alcalde, no implica per se que exista una vinculación como empleado público con la entidad, mediante una relación legal y reglamentaria o por concurso de méritos, o a través de una elección popular, sino que en cada caso en particular deben analizarse los presupuestos constitucionales y legales. Dijo la Sala:

“Pero ocurre que de ninguna de las normas transcritas puede concluirse que los miembros de las citadas juntas directivas son necesariamente servidores públicos (aún en tratándose de empresas oficiales de servicios públicos). Ello por cuanto, ni del artículo 19 de la Ley 142 de 1998 relativo al régimen jurídico de las empresas prestadoras de servicios públicos, ni de las disposiciones sobre conformación de las juntas directivas de tales empresas, se desprende que la designación o escogencia del miembro por parte del alcalde (como ocurre en este caso) implique la vinculación a un empleo público mediante una relación legal y reglamentaria o por concurso de méritos, o a través de una elección popular (categorías de servidores públicos previstas en el artículo 123 de la Constitución Política).

La calidad de miembro de junta directiva de las empresas citadas no otorga, por ese sólo hecho, la condición de servidor público sino que, en cada caso en particular, deberán analizarse los presupuestos constitucionales y legales que confieren a una persona tal carácter. Además, las juntas directivas de las empresas de servicios públicos pueden estar integradas tanto por servidores públicos como por particulares pues es facultativo del presidente, gobernador o alcalde designar dichos miembros sin importar la calidad que tengan (servidor o particular), tal como se desprende del artículo 27.6 transcrito”.

Las anteriores precisiones permiten inferir a la Sala, que si bien es cierto la calidad de miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP significa que con dicho cargo ejerce funciones públicas, también lo es que por ese solo hecho no se adquiere la calidad de empleado público, toda vez que para ello se requiere de la existencia de una relación legal y reglamentaria, constituida por el acto de nombramiento y la posesión del cargo.

Dentro de las pruebas allegadas al proceso obra copia del Decreto 589 de 10 de noviembre de 2009 (fl. 27), mediante el cual el señor alcalde de Valledupar nombró al señor Vides Córdoba en el cargo de director ejecutivo del instituto municipal del deporte y recreación de Valledupar, Indupal.

Consta en el certificado de existencia y representación legal de Emdupar SA ESP que, de conformidad con el artículo 27, numeral 6ºde la Ley 142 de 1994, el señor Celso Vides Córdoba fue designado por el alcalde de Valledupar como miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP, mediante Decreto 000596 de 12 de noviembre de 2009 (fl. 28), inscrito en la misma Cámara de Comercio de Valledupar el 13 de noviembre del mismo año. (fl. 44).

Asimismo, la Cámara de Comercio de Valledupar certificó que según el artículo 25 de los estatutos de la empresa de servicios públicos de Valledupar SA. Emdupar SA ESP, contenidos en la escritura pública 2758 de noviembre 21 de 2008, de la Notaría segunda del círculo de Valledupar, “La junta directiva estará integrada por siete (7) miembros principales y suplentes, escogidos así: las dos terceras partes serán designadas por el alcalde del municipio de Valledupar en forma nominal, y la otra tercera parte será designada por el mismo, entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. La junta directiva será presidida por el delegado del alcalde de Valledupar. Salvo disposición en contrario, los miembros de la junta directiva son remisibles en cualquier tiempo por parte del alcalde de Valledupar, y sus nuevos integrantes se hará de conformidad con lo establecido en el presente artículo”. (fl. 519)

A su vez, consta en el Acta 008 de 24 de noviembre de 2009 (fl. 31), que la junta directiva está integrada por:

“Doctor Luis Fabián Fernandez Maestre

Alcalde de Valledupar

Presidente de la junta directiva.

Doctor Rafael Santodomingo

Secretario de hacienda departamental

Delegado del señor Gobernador del Departamento del Cesar.

Doctor Efraín Márquez Daza

Secretario de obras municipal.

Doctor Miguel Antonio Daza Mendoza

Gerente Fonvisocial

Doctor Celso Manuel Vides Córdoba

Director Ejecutivo de Indupal.

Señor Dorismel Enrique Celedon Vega

Vocal de Control

Señor Omar Alfonso Manrique Serrano

Vocal De Control.” (resaltado fuera de texto)

Como consta en el certificado de existencia y representación legal de Emdupar SA ESP (folio 520 vto), mediante Decreto 000130 de 4 de marzo de 2001, el alcalde de Valledupar designó como miembro de la junta directiva en reemplazo del señor VIDES CÓRDOBA, a la señora MARIA ELVIRA SALCEDO CARRILLO.

El 8 de mayo de 2012, el Gerente de Emdupar SA ESP certificó que “la última actuación como miembro de la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar SA ESP, del señor Celso Manuel Vides Córdoba, en su calidad de Director de INDUPAL, fue en reunión extraordinaria No. 011, de fecha seis (6) de septiembre de 2010.” (fl. 510) (resaltado fuera de texto)

En el caso concreto, se evidencia que en razón al cargo de director del instituto de recreación y deporte de Valledupar, Indupal, el señor Celso Manuel Vides Córdoba fue designado por el alcalde como miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP.

Para la Sala, la designación que el alcalde de Valledupar le hizo al señor Vides córdoba como miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP, no implica que, por ese solo hecho, el señor Vides córdoba hubiera adquirido la calidad de empleado público, mediante una relación legal y reglamentaria o por concurso de méritos, o a través de elección popular, pues como lo señala el artículo 27 numeral 6º de la Ley 142 de 1994, el alcalde tiene la facultad de designar dichos miembros sin importar la calidad que éstos ostenten.

Lo discurrido permite concluir que la causal prevista en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no se configuró, pues es requisito sine qua non para que esta proceda, ostentar la calidad de empleado público y como quedó establecido, el cargo de miembro de la junta directiva de Emdupar SA ESP, no conlleva dicha calidad.

El cargo no prospera.

5.4.2. La inhabilidad por haber intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento, durante los doce (12) meses anteriores a la elección como diputado.

El supuesto fáctico que constituye la causal establecida en el numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, el recurrente lo hace consistir en que el demandado se encontraba inhabilitado para ser inscrito y electo como diputado, por haber intervenido como socio de la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainviscor, en la gestión y celebración del contrato 426 suscrito con el municipio de Valledupar, dentro del año inmediatamente anterior a su elección como diputado del departamento del Cesar.

Procede entonces la Sala al análisis de los elementos de la causal endilgada a efectos de determinar si procedía o no, decretar la pérdida de la investidura del ciudadano Celso Manuel Vides Córdoba como diputado del Cesar.

La inhabilidad endilgada al demandado exige unos supuestos a saber: (i) intervenir en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con una entidad pública de cualquier nivel, (ii) haberlo gestionado o celebrado durante el año anterior a la elección como diputado, (iii) existir interés propio o de terceros, y (iv) ejecutarlo o cumplirlo en el respectivo departamento.

La Sala en sentencia de 6 de octubre de 2005(9), precisó la finalidad de esta prohibición y sostuvo que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. Dijo la Sala:

“Empero, en este caso, esa circunstancia por sí sola no lleva a la Sala a considerar que el demandado hubiera actuado por interpuesta persona de Proinversiones SA, pues, de una parte, es la gerente de la sociedad la que aparece dando informes sobre el trámite de la negociación de pago relacionada con el lote vendido al municipio de Sincelejo, facultad que de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos le ha sido atribuida; y, de la otra, lo que la jurisprudencia de esta corporación ha dejado establecido como determinante en la actuación por interpuesta persona es no solo la real y activa participación, en este caso, del miembro de junta directiva, sino “el poder decisorio en la gestión social y de igual manera, la utilidad que a ese socio le reportaría su intervención, dado el interés económico que por sus acciones tiene en la sociedad.” (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11/11/1997, Exp. AC-5061, reiterada en sentencia de 4/09/2003, Exp. 2002-00993, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola). En este caso, el interés económico del demandado en la mencionada sociedad es mínimo, si se tiene en cuenta que sus acciones representan un 5 % en el total del capital autorizado que, es de mil millones de pesos dividido en acciones de $1000 cada una; y de esas mil millones de acciones posee únicamente 43.159, lo que impide considerar a la Sala que en razón de tal interés se vio movido a actuar por interpuesta persona. De otra parte, vale la pena enfatizar en que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. En este caso, estima la Sala que la aceptación del plazo para que la entidad pública pague una obligación que ha contraído e incumplido y que fue adquirida aún de antes de la fecha de inscripción del candidato a las elecciones de Asamblea Departamental no constituye violación al régimen de incompatibilidades, pues tal acuerdo no tiene la connotación de contrato de transacción”.

En sentencia de 26 de noviembre de 2008(10), la Sala analizó en detalle el alcance de esta causal de inhabilidad. A esos efectos, connotó el significado de “gestión” y sintetizó el precedente jurisprudencial, en los siguientes términos:

“Se le endilga al demandado esta inhabilidad por cuanto, como ya se dijo, presentó el 26 de diciembre una cuenta de cobro al municipio por valor de $3’190.000. Dicha cuenta de cobro tuvo como causa la solicitud dirigida por la junta de comerciantes e Industriales de La Tebaida, a la alcaldía de dicha municipio, el 11 de septiembre de 2006, a fin de que el ente territorial se vincule activamente a la campaña “comprar en la tebaida sí paga”. Es de advertir que según la certificación visible a folio 303, de la secretaría de gobierno y servicios administrativos del municipio de La Tebaida Quindío, en los archivos de la entidad no existe constancia de celebración de contratos de prestación de servicios o similares con la empresa Cootrasut. Es decir, que lo que hizo el demandado, en su calidad de presidente de la junta de comerciantes e industriales de la Tebaida, fue una gestión, entendida por tal, de acuerdo con el alcance que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha dado frente al tema, como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta, que entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, independiente de su resultado (sentencia de 27 de junio de 2006, M. P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. PI -01331)”.

Está demostrada la calidad de diputado del Cesar, ostentada por el ciudadano Celso Manuel Vides Córdoba, para el período 2012-2015 (fl. 25).

Mediante Acta 001 de 18 de abril de 2008 (fl 45), los señores Leilanis Montaño Oñate, Edihño De Jesús Vides Guerra, Celso Vides Córdoba Y María Teresa Vides Guerra, se reunieron con el fin de constituir la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainviscor.

Obra a folio 49 del expediente, copia de los estatutos de la Fundación Instituto Vides Córdoba – Fundainsvicor, cuyo objeto social es el siguiente:

“ART. 3—Objeto social. Como entidad sin ánimo de lucro la Fundación Instituto Vides Córdoba, como objeto social tendrá el liderar, organizar y presentar y/o ejecutar, planes, proyectos, programas y actividades que conduzcan a satisfacer las necesidades educativas y el mejoramiento de las condiciones sociales del individuo, la familia y la comunidad en todo su conjunto, especialmente las más vulneradas, buscando siempre el mejoramiento de la calidad de vida”.

Asimismo, el artículo 7º de los estatutos precitados establece que los miembros de la fundación son “las personas que firmaron el acta de conciliación y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. La Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, estará conformada por los miembros:

“Fundadores Adherentes

Fundadores: Son asociados fundadores las personas naturales o jurídicas que bajo sus principios generales y normas estatutarias suscriben el acta de constitución de la fundación.

Adherentes: Podrán ser miembro activo de La Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, toda persona natural o jurídica que solicite y cumpla los requisitos de Ingresos.

Honorarios: Serán aquellas personas naturales o jurídicas que por sus servicios prestados a La Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, por sus cualidades cívicas y por los servicios que la comunidad haya recibido de ellos, y sean aceptados por la asamblea.

Benefactores: Serán aquellas personas naturales o jurídicas que cooperen económicamente o en especia co (sic) la Fundación, su postulación deberá ser presentada y aceptada por la asamblea general”.

El artículo 28º de los estatutos, señala que el presidente de, Fundainsvicor, fungirá como representante legal de la entidad y su designación será de libre nombramiento y remoción por parte de la asamblea y, seguidamente el artículo 29 señala como una de sus funciones, realizar los contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del objeto de la fundación.

Mediante Resolución 02953 de 23 de julio de 2008 (fl. 65), el gobernador del departamento del Cesar, reconoció personería jurídica a la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, y la calidad de director general de la fundación del señor Celso Manuel Vides Córdoba.

El 21 de septiembre de 2009 (fl. 68), el señor Celso Manuel Vides Córdoba presentó ante la Asamblea de la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, su renuncia irrevocable al cargo de presidente y representante legal de la misma, la cual fue aceptada por la asamblea general de socios el 29 de septiembre del mismo año (fl. 69).

Mediante Resolución 00048 de 4 de noviembre de 2009 (fl. 71), el secretario de gobierno departamental del Cesar, reconoció la nueva junta directiva de la Fundación Instituto Vides Córdoba, en la cual consta que a la fecha el señor Celso Vides Córdoba ya no ostentaba el cargo de presidente y representante legal de la misma.

Obra en el Expediente copia del contrato 426 (folios 142-154), el cual fue suscrito el 8 de septiembre de 2010 entre el municipio de Valledupar como contratante y la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainviscor, como contratista, cuyo objeto fue “la prestación del servicio público educativo a través de personas de reconocida trayectoria e idoneidad a los estudiantes beneficiados del proyecto “ampliación de cobertura educativa para atención de población vulnerable en el municipio de Valledupar”.

En representación de las partes contratantes, el contrato 426 fue suscrito por el alcalde de Valledupar (Luis Fabián Fernández Maestre) y la representante legal de Fundainviscor (Erika Juliana Guerrero Contreras).

Las pruebas allegadas demuestran que el señor Celso Manuel Vides Córdoba fue el presidente y representante legal de la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, desde el momento de su constitución, esto es, desde el 18 de abril de 2008, hasta el 29 de septiembre de 2009, cuando presentó su renuncia a dicho cargo y le fue aceptada por la Asamblea General de Socios de Fundainsvicor.

Asimismo, las pruebas demuestran que el contrato 426 fue suscrito el 8 de septiembre de 2010 por la señora Erika Juliana Guerrero Contreras, representante legal de la Fundación Instituto Vides Córdoba, Fundainsvicor, de conformidad con la Resolución 00028 de 3 de agosto de 2010, por medio de la cual el secretario de gobierno del departamento del Cesar, la reconoció como presidente y representante legal de la fundación (folio 154).

Teniendo en cuenta que las elecciones en las cuales resultó elegido el señor Celso Manuel Vides Córdoba, como diputado del Cesar, para el periodo constitucional 2012-2015, se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011, para la Sala no se configura la causal alegada, pues el período inhabilitante estaría comprendido entre el 30 de octubre de 2010 y el 30 de octubre de 2011 y, como ya se dijo, el contrato 426 se suscribió el 8 de septiembre de 2010.

Así las cosas, es evidente que no están demostrados los supuestos de hecho de la violación de la inhabilidad prevista en el artículo 33, numeral 4º, de la Ley 617 de 2000, de donde las pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico, debiéndose, entonces, confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 24 de junio de 2013, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el Expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Radicación 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(2) Expediente: 2002-1067. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(3) Expediente: 2005-1477. M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(4) Expediente: 2007-00640, M.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón.

(5) De acuerdo con el artículo 123 Constitucional los servidores públicos, que son el género, son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

(6) Fallo del 22 de septiembre de 2005. Expediente: 3682.

(7) Fallo del 17 de octubre de 2008. Expediente: 640-01

(8) Expediente: 2001-2199, Actor: Luis Orinson Arias Bonilla, M.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

(9) Expediente: 2004-00013, Actor: Alberto Lizardo Gómez Revollo, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(10) Expediente: 2008-00077. Actor: Roberto Pino Zuñiga. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.