Sentencia 2012-00083 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00083-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Eris Alonso Sánchez Medina

Demandado: Luis Alfonso España Rojas

Referencia: Apelación sentencia - Pérdida de investidura

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Competencia.

Como lo ha advertido la Sala en otras oportunidades, esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados, de una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

6.2. Desconocimiento del artículo 12 de la Ley 144 de 1994.

El recurrente manifiesta que la sentencia de primera instancia fue proferida sin la mayoría necesaria de la que se refiere el artículo 12 de la Ley 144 de 1994. En efecto, el Tribunal Administrativo del Huila está integrado por seis (6) magistrados y el fallo se estructuró en su votación así: tres (3) votos a favor de la ponencia que propuso la pérdida de investidura; dos (2) con salvamento de voto y un (1) impedimento. Así las cosas, la decisión fue tomada por tres (3) y la mayoría de los integrantes del tribunal conformado por seis (6) magistrados, son cuatro (4) integrantes.

El tenor del artículo 12 de la Ley 144 de 1994 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” es el siguiente:

“ART. 12—<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Realizada la audiencia, el Magistrado Ponente, deberá registrar el proyecto de sentencia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y citará al Consejo de Estado en pleno para estudiar y discutir la ponencia presentada. La decisión se tomará por mayoría de votos de los miembros que la integran”.

Por su parte, el parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece que la decisión proferida en los procesos de pérdida de investidura deberá ser adoptaba por la mayoría de los magistrados que conforman la Sala Plena del Tribunal respectivo. La norma señala lo siguiente:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...).

PAR. 2º—La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la Sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días”.

Al respecto, la Sala precisa lo siguiente:

El parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, norma aplicable al caso concreto por tratarse de las acciones de pérdida de investidura a nivel territorial, señala que esta será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley.

Por su parte, el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 establece que, todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación. El tenor de la norma es el siguiente:

“ART. 54.—Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, Sala o sección.

Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la Sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.

El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.

Cuandoquiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar esta se acudirá a la designación de conjueces” (resaltado fuera de texto).

De la misma manera, el artículo 128 del CPACA prevé:

“ART. 128.—Quórum para otras decisiones en el Consejo de Estado. Toda decisión de carácter jurisdiccional o no, diferente de la indicada en el artículo anterior, que tomen el Consejo de Estado en pleno o cualquiera de sus salas, secciones, o subsecciones o los tribunales administrativos, o cualquiera de sus secciones, requerirá para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Si en la votación no se lograre la mayoría absoluta, se repetirá aquella, y si tampoco se obtuviere, se procederá al sorteo de conjuez o conjueces, según el caso, para dirimir el empate o para conseguir tal mayoría.

Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación y decisión de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la Sala o Sección a la que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. El incumplimiento sin justa causa de este deber es causal de mala, conducta.

El reglamento interno señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación y decisión de los asuntos de su competencia.

Cuandoquiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo disminuya el quórum decisorio, para completarlo se acudirá a la designación de conjueces”.

Como precisó el Ministerio Público en su concepto, del artículo 3º del Acuerdo PSAA12-9524 de 2012 (jun. 21), por el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura prorrogó y ajustó algunas medidas en el marco del plan especial de descongestión para la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se dictaron otras disposiciones, se puede deducir que para el Tribunal Administrativo del Huila se creó un cargo de Magistrado de descongestión, dentro del marco del plan especial de descongestión previsto en el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, cuyo objetivo es el de llevar hasta su culminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de dicha ley que se encuentran acumulados en los juzgados, tribunales y en el Consejo de Estado.

Por lo anterior, el cargo de Magistrado en descongestión del Tribunal Administrativo del Huila no compone el quórum para integrar la Sala Plena de dicha corporación, para los procesos que se iniciaron con posterioridad a la vigencia de la Ley 1437 de 2011, como en el caso presente.

Atendiendo el texto de las disposiciones transcritas, se deduce que el Tribunal Administrativo del Huila está conformado por cinco (5) magistrados y, por tanto, la mayoría absoluta requerida para adoptar la decisión se obtiene con tres (3) votos favorables, como en efecto ocurrió.

De lo expuesto, se descarta que se haya incurrido en alguna causal de nulidad de las previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

6.3. Marco legal y jurisprudencia del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados.

El artículo 48 de la Ley 617 de 2000 dispone:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses.

(...).

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

(...)”.

La Sala Plena de esta corporación, mediante sentencia de 28 de julio de 2002(1) sostuvo que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no significa que esta haya sido suprimida, pues el numeral 6º ibídem establece la posibilidad de que otras normas también consagren causales de pérdida de investidura.

Dijo la Sala:

“Teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “íntegramente” lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6º dispuso que se perdería la investidura: “por las demás causales expresamente previstas en la ley”. Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, solo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria total ni de una “sustitución en bloque”, aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994”. Como no existe razón meritoria que induzca a una consideración distinta, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los concejales, exégesis que habrá de orientar la definición de esta litis”.

En cuanto a los diputados, esta Sala mediante sentencias de 24 de abril de 2003(2) y de 24 de agosto de 2006(3) sostuvo:

“De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en lo que toca con los diputados no consagró expresamente como causal de pérdida de investidura la violación al régimen de inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye causal de pérdida de investidura para los congresistas lo es también para aquellos en la medida en que comparten dicho régimen, por la remisión que hace el artículo 299 constitucional”. Lo anterior se sustenta en lo expresado en la Sentencia S-140 a que se ha hecho referencia, en el sentido de que “Tal norma constitucional permitió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 8 de agosto de 2000, Expediente S-140, con ponencia de la consejera María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis según la cual mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados más riguroso, en comparación con el de los congresistas debe acudirse al de estos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda”. La anotada posición jurisprudencial de la Sala fue reiterada en sentencia de la misma, de 15 de mayo de 2003, Expediente 8707, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero, en la cual concluye que “Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de 23 de abril de 2002 de Sala Plena atrás transcritas) al caso de los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades no constituya causal de pérdida de la investidura para estos servidores públicos”.

Así, tratándose de la imputación de una causal de inhabilidad, la Sala pasa a considerarla.

6.4. Incompatibilidad entre la inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 5º de la Constitución Política aplicable a los congresistas, frente a la señala en el artículo 33, numeral 5º, de la Ley 617 de 2000 para los diputados. Los efectos de la Sentencia C-325 de 2009 que declaró inexequible la expresión “segundo grado de consanguinidad” no es aplicable al caso concreto.

La norma constitucional dice:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

(...).

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política” (resaltado fuera de texto).

Y el artículo 33 numeral 5º de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 prescribe:

ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...).

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento (...)” (se imponen resaltados).

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-325 de 2009 declaró inexequible la expresión “segundo grado de consanguinidad” contenida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, por considerar que el legislador desbordó su ámbito de competencia, pues reguló en términos más amplios que la Constitución la inhabilidad por parentesco para los diputados, de donde resulta que tal enunciado normativo es inconstitucional. La Corte Sostuvo:

“Si bien el artículo 299 de la Constitución Política faculta al legislador para regular el régimen de inhabilidades de los aspirantes a ser diputados, la misma norma le establece un límite a dicha facultad, en el sentido de que no puede este adoptar medidas de prohibición menos estrictas que las previstas por la propia Carta para quienes pretendan ser congresistas. Bajo estos parámetros, considerando que la Constitución hizo extensiva la causal de inelegibilidad por parentesco hasta el “tercer grado de consanguinidad”, en tanto que la Ley 617 de 2000, en el primer enunciado normativo del numeral 5º del artículo 33 solo la extendió hasta el “segundo grado de consanguinidad”, no le queda duda a la Corte que a través de esta última expresión, el legislador desbordó su ámbito de competencia, pues reguló en términos más amplios que la Constitución la inhabilidad por parentesco para los diputados, de donde resulta que tal enunciado normativo es inconstitucional, pero en razón a no ser posible la declaratoria de inexequibilidad simple, por cuanto una decisión con ese alcance generaría vacíos e inconsistencias en la aplicación de la preceptiva impugnada, manteniendo incluso vigente su contrariedad con la Constitución, produciendo tal decisión un efecto contrario al perseguido en este juicio, este tribunal considera que lo que cabe en el presente caso es acudir al expediente de las sentencias integradoras, en la modalidad sustitutiva, que permita, por un lado, retirar del ordenamiento jurídico los contenidos normativos juzgados como inconstitucionales y, por el otro, ajustar la disposición de manera que exprese un significado coherente, de acuerdo con los designios de la Constitución”.

La Corte Constitucional en diversas oportunidades ha establecido que “cuando en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, ‘a partir del día siguiente a aquel en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria”(4).

Luego de producida la declaratoria de inexequibilidad y de notificada la sentencia que así lo disponga, ya no podrá hablarse de su inaplicación en un caso dado, porque la norma desapareció del ordenamiento. En cambio, antes de su juzgamiento por vía de la acción, incluso antes de la ejecutoria de la sentencia que declara inexequible, nada le impedía al juez inaplicarla para solucionar una petición anterior como tampoco nada le impedía a la parte pedir su inaplicación.

De conformidad con lo anterior, es claro que en las situaciones que se presentaron con anterioridad al fallo de la Corte que declaró inexequible la expresión “segundo grado de consanguinidad” contenida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 no prospera la solicitud de pérdida de investidura, puesto que para esa fecha la norma se encontraba vigente y, por ende, correspondía al demandado ceñirse a la misma como en efecto lo hizo.

No ocurre lo mismo con las situaciones o los supuestos de hecho presentados con posterioridad al fallo de la Corte, comoquiera que para esa fecha la expresión “segundo grado de consanguinidad” contenida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, habían perdido vigencia luego de ser declarado inexequible mediante Sentencia C-325 de 13 de mayo de 2009, decisión que surtió efectos a partir del día siguiente a la fecha en que fue proferida, es decir, a partir del 14 de mayo de 2009.

Ante la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “segundo grado de consanguinidad” contenida en la norma, no cabe duda de que dicho término fue retirado del mundo jurídico; no obstante lo anterior y teniendo en cuenta los principios de buena fe y confianza legítima (C.P., art. 86), que constituyen fundamento del sistema jurídico, el ciudadano actúa en el entendido de que la administración respeta las reglas de juego vigentes al momento de realizar determinada conducta.

Es por ello que la Sala estima que debe entenderse que el término “segundo grado de consanguinidad”, declarado inexequible, es procedente aplicarlo a las situaciones jurídicas consolidadas de quienes vienen amparados en una norma vigente al momento que decidieron inscribirse como candidatos y resultaron elegidos como diputados con anterioridad a la Sentencia C-325/2009, derechos originados válidamente en vigencia del artículo 33, numeral 5º, de la Ley 617 de 2000 y que estaban llamados a continuar produciendo efectos para las elecciones que se realizaron en el año 2007.

6.5. El caso concreto.

En relación con la violación al régimen de inhabilidades, cabe tener en cuenta que la Ley 617 de 2000 en sus artículos 33 y 34 estableció la relación de conductas o supuestos constitutivos de inhabilidades e incompatibilidades, que conforme al artículo 86 ibídem se aplican a los diputados que, como en este caso, se eligieron con posterioridad al año 2001.

La demanda plantea que el diputado Luis Alfonso España Rojas está incurso en la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 33 numeral 5º de la Ley 617 de 2000, por cuanto su sobrino Edson Johan Sánchez España, se desempeñó como personero del municipio del Agrado (Huila), cargo que implica ejercicio de autoridad civil y administrativa; y que dicho cargo se ejerció dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección de aquel como diputado en el departamento del Huila. Esta norma dispone:

“ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...)

5. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre <>>Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad <tercer grado de consanguinidad>, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

Procede entonces la Sala al análisis de los elementos de la causal endilgada a efectos de determinar si procede o no, decretar la pérdida de la investidura del ciudadano Luis Alfonso España Rojas como diputado del Huila.

Los elementos o supuestos necesarios para que se presente la inhabilidad alegada en el caso concreto son los siguientes:

i) Tener la condición de diputado;

ii) Haber tenido vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados señalados en la ley.

iii) Que dicho vínculo se tenga con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento.

En cuanto al primero de los supuestos, observa la Sala que la calidad de Diputado a la Asamblea del Huila ostentada por el señor Luis Alfonso España Rojas para el período 2008-2011 (fl. 14) se encuentra demostrada.

En lo que respecta al segundo de los elementos, la Sala precisa que como la elección del demandado ocurrió el 30 de octubre de 2007, esto es, con anterioridad a la Sentencia C-325 de 13 de mayo de 2009, que declaró inexequible el término “segundo grado de consanguinidad”, la inhabilidad que se estudia en el caso presente se circunscribe a dicho grado de consanguinidad y no a otro.

Para demostrar la relación de parentesco, el actor allegó copia del registro civil de los señores Luis Alfonso España Rojas, demandado, Fabiola España Rojas, hermana del demandado, y Edson Johan Sánchez España, hijo de la señora Fabiola España Rojas y, por tanto, sobrino del demandado (fls. 2, 30, 31).

La relación de parentesco entre el demandado y el señor Edson Johan Sánchez España corresponde al tercer grado de consanguinidad de conformidad con el artículo 37 del Código Civil.

También está probado que el señor Edson Johan Sánchez España, sobrino del demandado, se desempeñó como personero del municipio de El Agrado (Huila) durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2004 hasta el 29 de febrero de 2008 (fl. 28).

La Sala en sentencia de 24 de julio de 2008(5) estudió las funciones del cargo de personero municipal y sostuvo que dicho cargo es de aquellos que ejerce autoridad civil. Dijo la Sala:

“Esta corporación en reiterados pronunciamientos ha precisado, y ahora lo reitera, que el personero municipal ejerce autoridad civil. Por tal se ha entendido, según la abundante jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que frente al tema se ha generado, con ocasión del estudio de las pérdidas de investidura de los congresistas, como la autoridad confiada a un servidor público por razón de sus funcione que consiste en la potestad de mando, de imposición, de dirección que ejerce sobre la generalidad de las personas. Su expresión puede ser diversa y puede consistir en competencias reglamentarias, o de designación y remoción de los empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de sanciones distintas, o de control que comporte poder de decisión sobre los actos o sobre las personas controladas; que el concepto de autoridad civil no resulta excluyente sino comprensivo de la autoridad administrativa que relacionada con las potestades de servidor público investido de función administrativa, bien puede ser, y por lo general es, al mismo tiempo autoridad civil.

Igualmente, se ha advertido que la determinación en cada caso concreto de si un servidor público ejerce o no autoridad civil, debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y así se podrá establecer el tipo de poderes que ejerce y las sujeciones a las cuales quedan sometidos los particulares. Si dichas potestades revisten una naturaleza tal que su ejercicio permita tener influencia en el electorado, las mismas configuran la autoridad civil que reclama la Constitución para la estructuración de la causal de inhabilidad de que se trata. En consecuencia, lo que pretende la institución constitucional es impedir que la influencia sobre el electorado proveniente del poder del Estado se pueda utilizar en provecho propio o en beneficio de parientes o allegados.

Es importante resaltar que en torno a las funciones de los personeros municipales la Corte Constitucional en Sentencia C-431 de 1998 precisó lo siguiente, teniendo en cuenta el texto del artículo 118 de la Carta Política, que es del siguiente tenor:

“... ART. 118.—El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley...” (resaltados y subrayas fuera de texto).

De dicho texto dedujo que es evidente entonces que la Constitución política faculta a los personeros para ejercer funciones de Ministerio Público y que este tiene un carácter institucional en la Constitución que corresponde al órgano autónomo e independiente de control encargado de realizar específicas funciones estatales; que los personeros municipales dentro de la jerarquía institucional tienen a su cargo el desempeño de las funciones propias del Ministerio Público a nivel municipal, lo cual se hace evidente en las normas legales que, dando estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales sobre la materia, reglamentan la institución de la personería; que el personero municipal, puede considerarse como agente del Ministerio Público, en el sentido de que actúa o funge como tal al desarrollar funciones que pertenecen a la órbita de dicha institución.

Que de acuerdo con el artículo 178 de la ley 136 de 1994, le corresponde:

“4)... adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de la investigación”.

“5) Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales”.

“16) Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal”.

“17) Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión”.

“23) Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo”.

Se dijo también en la referida sentencia que debe ponerse de manifiesto que a la institución del personero municipal, de honda raigambre histórico-jurídica, se le ha encargado tradicionalmente la protección del interés general, la guarda y promoción de los derechos humanos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.

Dicho lo anterior, considera la Sala que las pruebas allegadas demuestran de manera inequívoca que dentro de los 12 meses anteriores a la elección de diputados, que lo fue el 28 de octubre de 2007, el sobrino del demandado ejerció dicha autoridad civil en El Agrado, municipio del departamento del Huila, pues fungió como personero municipal dentro del año inmediatamente anterior a la elección como diputado del demandado.

Sin embargo, confrontados los hechos que la Sala da como probados, con la descripción de la causal endilgada al demandado, vigente al momento de ocurrencia de los hechos, se observa que no hay total correspondencia o adecuación de aquellos con esta, pues el parentesco de consanguinidad entre el demandado y su sobrino corresponde el tercer grado de consanguinidad, de donde se ha de concluir que el demandado no incurrió en la violación del régimen de inhabilidades de los diputados a que estaba sometido en la época de la elección.

Fuerza es, entonces revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada proferida el 23 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Radicación 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(2) Expediente: 2002-1067, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo.

(3) Expediente: 2005-1477, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(4) Sentencia C-973/2004. Providencia de 13 de noviembre de 2008, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente 2003-00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation.

(5) Expediente: 2007-0681, actor: Carlos Eduardo Gómez Patiño, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.