Sentencia 2012-00084 de abril 25 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Ref.: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Rad.: 20001-23-33-000-2012-00084-01 (20620)

Demandante: Industria Militar - Indumil

Demandado: Municipio de Chiriguaná

Temas: Impuesto de industria y comercio - años gravables 2007 y 2008 - Sanción por extemporaneidad

Bogotá D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar - Indumil por los años gravables 2007 y 2008, en el sentido de imponer sanciones por extemporaneidad y corrección, e intereses moratorios.

En los términos del recurso de apelación, debe establecer: i) si los actos acusados podían referirse a más de un periodo gravable del impuesto de industria y comercio; ii) la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009; iii) la falta de correspondencia entre “el requerimiento especial y la liquidación de revisión” y, iv) si el contribuyente debió liquidar sanciones por extemporaneidad y corrección e intereses moratorios en las declaraciones tributarias presentadas.

Asunto previo

El a quo declaró probada de oficio la excepción “de imposibilidad de alegar hechos y fundamentos nuevos, respecto al tercer cargo de nulidad de los actos acusados, planteado en la demanda”, relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el cual no fue expuesto ante la administración municipal con ocasión del recurso de reconsideración.

El numeral 2º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé como requisito de procedibilidad de la demanda de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que se hayan “ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios”, lo que en materia tributaria se concreta con el recurso de reconsideración previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario(15).

Una vez decididos los recursos interpuestos en la actuación administrativa, el interesado queda facultado para acudir ante la jurisdicción administrativa y demandar el acto administrativo contrario a sus intereses, siempre que invoque las mismas pretensiones y las fundamente en las razones de hecho y de derecho expuestas ante la Administración, lo cual no excluye la posibilidad de mejorarlas(16) para sustentar la pretensión de nulidad.

La Sección(17) en forma reiterada ha expresado que “al contribuyente le es dable alegar “argumentos nuevos” en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la ‘nulidad’ de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el Estatuto Tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo(18)”.

Y ha precisado que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos —diferentes a los invocados en sede administrativa—, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa(19). Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la Administración.

En este orden de ideas, el administrado debe aducir en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior, en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos, a fin de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la Administración(20).

En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de los actos administrativos que impusieron sanciones por extemporaneidad y corrección, el Juez debe analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración, tema que fue abordado por la Sala, al señalar(21):

“2.7. Obsérvese que no es requisito de agotamiento de la vía gubernativa, ni de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, que se expresen idénticas razones de nulidad de los actos ante la Administración y el Juez, por lo que es dable que ante la jurisdicción se formulen mejores razones jurídicas para sustentar la nulidad de los actos acusados.

2.8. En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso concreto, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de la Liquidación Oficial de Revisión 312412010000075 del 23 de noviembre de 2010, debe el Juez analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto contra la misma”. (Se resalta).

En el caso concreto, la Sala observa que en la actuación administrativa la pretensión de la actora se concretó en “declarar la nulidad, por violación al debido proceso administrativo de la Resolución 441 del 2 de noviembre de 2012, proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná(22)“.

En esas condiciones, se advierte que si bien la demandante no planteó en la actuación administrativa el argumento relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009, el a quo debió analizarlo en la sentencia, porque dicha argumentación se dirigió a soportar la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados.

Por lo anterior, en su oportunidad, se estudiará el cargo relacionado con la aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009.

Periodos gravables - liquidación de revisión

La actora señaló que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al referirse a más de un periodo gravable en los actos administrativos demandados.

Del análisis teleológico del artículo 695 del Estatuto Tributario(23), en cuanto a su aplicación en las entidades territoriales por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Sala precisó que la Administración se puede referir a más de un periodo gravable en las actuaciones administrativas relacionadas con el impuesto de industria y comercio, al precisar(24):

“… concluye la demandante que como la Administración, en un solo acto, modificó las declaraciones del ICA presentadas por varios períodos gravables, vulneró el debido proceso de la sociedad, ya que no dio cumplimiento a las normas de procedimiento tributario que consagra el legislador.

4.2. El artículo 695 del Estatuto Tributario, invocado en la demanda y aplicable al caso en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, dispone que “los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos, podrán referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente”.

Dicha norma, permite la posibilidad de acumular varios períodos fiscales en los requerimientos y liquidaciones oficiales cuando se trata del IVA y la retención en la fuente. Pero el hecho de que se haya efectuado algo semejante con el ICA, en nada viola el debido proceso de los contribuyentes, como pasará a verse (…)

4.4. Si bien, tratándose de impuestos nacionales, el Estatuto Tributario permite la acumulación de períodos fiscales en el trámite del proceso de fiscalización respecto del impuesto sobre las ventas y la retención en la fuente, no es menos cierto que dicha restricción no debe interpretarse de manera literal, pues debe mirarse con un criterio finalístico o teleológico.

En ese entendido, para la Sección es claro que es posible que los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración Tributaria, puedan referirse a más de un período gravable —lo que materializa, además, los principios de economía, celeridad y eficiencia—.

4.5. Así las cosas, es posible afirmar que la acumulación de períodos fiscales efectuada por el Municipio de Caloto en el caso concreto, además de no vulnerar el debido proceso de la sociedad contribuyente, garantizó el cumplimiento y efectividad de los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución, a saber: economía procesal, eficiencia, eficacia y celeridad.

Y eso es así, porque las modificaciones propuestas para cada una de las declaraciones se fundamentan en unos mismos hechos: la extemporaneidad de la declaración, la omisión de liquidar el impuesto complementario de avisos y tableros y la omisión de pagar el impuesto a cargo.

4.6. En otras palabras, como las modificaciones hechas por el ente territorial a cada una de las declaraciones presentadas por Cedelca se fundamentan en idénticos motivos y hechos, la expedición de un sólo acto no vulnera el debido proceso de la sociedad contribuyente, sino que garantiza la eficacia, economía y celeridad del trámite de fiscalización”. (Se resalta).

Bajo el criterio jurisprudencial señalado, la Sala advierte que el Municipio demandado estaba facultado para modificar las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar - Idumil por los años gravables 2007 y 2008, a través de una actuación referente a más de un periodo gravable, pues tales modificaciones se fundamentaron en los mismos hechos, los cuales se concretan en la liquidación de sanciones por extemporaneidad, corrección e intereses moratorios.

Aplicación retroactiva del Acuerdo 17 de 2009

La demandante alegó que la Administración violó el principio de irretroactividad de las normas tributarias, porque aplicó el Acuerdo 17 de 2009 y no el Acuerdo 5º del 2005, que estaba vigente durante los periodos gravables en discusión (2007 y 2008).

Por su parte, la entidad territorial demandada señaló que el Acuerdo 5º de 2005, “al momento de iniciar el Municipio su actuación fiscalizadora y producir los Actos Administrativos que hoy se demandan, estaba derogado por el Acuerdo 17 de diciembre de 2009(25)”.

Sobre la materia la Sala ha dicho(26) que “las normas sancionatorias son de carácter sustancial y deben ser preexistentes a los hechos sancionables, pues de lo contrario se les otorgaría un carácter retroactivo, violatorio del derecho de defensa(27)”.

En ese sentido, la Corporación ha precisado(28) que la legislación aplicable es la que está vigente al momento en que se incurre en la conducta sancionable “o al de la ocurrencia de los hechos respecto de los cuales se ejerce la facultad sancionatoria, independientemente de que la actuación administrativa de verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la expedición de los actos sancionatorios ocurran con posterioridad”. (Se resalta).

Y concretamente frente a la sanción por no declarar se destacó que “se genera al día siguiente del plazo máximo para presentar la liquidación privada (…), por lo que “para los periodos en discusión debía aplicarse la normatividad vigente en el momento y preexistente a la infracción, es decir el Acuerdo 021 de 1993 y no el que sirvió de sustento a los actos demandados(29)”.

En el caso, la Sala observa que, en su orden, el plazo para presentar y pagar las declaraciones de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 venció el 30 de marzo de 2008 y el 30 de marzo de 2009(30), respectivamente, deberes sustanciales y formales que la actora cumplió de forma extemporánea el 14 de junio de 2011(31).

En ese orden de ideas, la conducta sancionable relacionada con la extemporaneidad de las declaraciones tributarias se configuró al día siguiente del vencimiento del pazo para declarar y, por lo tanto, la normativa aplicable era la vigente en ese momento(32), esto es, el Acuerdo 5º del 8 de julio de 2005, y no el Acuerdo 17 del 25 de diciembre de 2009, que entró en vigencia el 13 de enero de 2010(33). El artículo 312 del citado Acuerdo 5º de 2005 disponía que:

“Los contribuyentes o responsables obligados a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, antes de que se profiera requerimiento o auto que orden inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso.

Esta sanción se cobrara sin perjuicio de los intereses que genere el incumplimiento en el pago oportuno del impuesto, anticipo o retención “. (Se resalta).

Así pues, como la actora presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años gravables 2007 y 2008 de forma extemporánea, incurrió en el supuesto sancionatorio previsto en el mencionado artículo 312 del Acuerdo 5º de 2005, norma vigente en el momento en que se configuró la conducta sancionable.

Correspondencia entre “el requerimiento especial y la liquidación de revisión”

La actora aduce que, dentro del procedimiento adelantado por el municipio, se “transgredió el principio de consonancia, porque la sanción de corrección liquidada en el requerimiento especial, difiere de la establecida en la liquidación de revisión”.

El artículo 701 del Estatuto Tributario(34), aplicable a los procedimientos tributarios del orden territorial por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002(35), prevé que “Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la Administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%)”.

Con fundamento en la norma referida, la Sala evidencia que la Administración liquidó “sanción por corrección” por los años gravables 2007 y 2008, así:

ActoBase corrección año 2007 (Sanción por extemporaneidad)Valor sanción por corrección año 2007Base corrección año 2008 (Sanción por extemporaneidad)Valor Sanción por corrección año 2008
Requerimiento Especial$309.256.000$46.388.000$757.108.000$113.566.000
Liquidación de Revisión$309.257.000$92.777.100$757.109.000$227.132.700

No obstante, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración manifestó(36) que la diferencia de los valores señalados “sucede sólo con el ítem de la sanción por corrección, la que en Requerimiento se liquida con error aritmético lo cual, estando en la oportunidad legal se corrige; basándose la Administración Municipal para ello, en lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario Nacional, quedando la misma, tal y como se liquidó en la Resolución de Revisión número 441 del 2 de noviembre de 2011, ya que los demás datos no sufrieron modificación alguna guardando armonía con lo propuesto en el requerimiento especial”.

La Sala encuentra que la diferencia entre la sanción por corrección del 30% liquidada en el requerimiento especial, y la de la liquidación de revisión, corresponde a un error aritmético que fue corregido oportunamente en esta última, conforme con lo establecido en el artículo 866 del Estatuto Tributario(37).

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado(38) que el error aritmético “surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen”.

En esas condiciones, la Sala considera que el error en la operación realizada en el requerimiento especial, es netamente aritmético, y fue corregido por la Administración con anterioridad al ejercicio de la acción contenciosa(39), como lo prevé el artículo 866 del Estatuto Tributario, por lo cual no afecta la congruencia de la actuación administrativa adelantada.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del César y declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para lo cual, conforme con el citado artículo 312 del Acuerdo 5º de 2005, liquida las sanciones por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias y corrección, así:

Sanción por extemporaneidad - Año gravable 2007

Impuesto a cargo$154.628.000
Porcentaje aplicable3%
Meses o fracción de mes de retardo (de abril de 2008 a junio de 2011)39
Total$180.914.760
Total limitado al impuesto (100%)$154.628.000

Sanción por extemporaneidad - Año gravable 2008

Impuesto a cargo$378.554.000
Porcentaje aplicable3%
Meses o fracción de mes de retardo (de abril de 2009 a junio de 2011)27
Total$306.628.740

A partir de los valores señalados, teniendo en cuenta que el contribuyente presentó de forma extemporánea las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los años gravables 2007 y 2008(40), sin liquidar la sanción por extemporaneidad a que estaba obligado, se liquida la sanción por corrección prevista en el citado artículo 701 del Estatuto Tributario, la cual no fue objetada por la demandante, así:

Año gravable 2007

Sanción por extemporaneidad.$154.628.000
Sanción por corrección 30%$46.388.400
Total$201.016.400

Año gravable 2008

Sanción por extemporaneidad$306.628.740
Sanción por corrección 30% $91.988.622
Total$398.617.362

Extemporaneidad y corrección año 2007$201.016.400
Extemporaneidad y corrección año 2008$398.617.362
Total sanciones$599.633.762

En relación con el argumento relacionado con que la Administración no podía liquidar intereses de mora, se evidencia que la industria militar Indumil no pagó oportunamente el impuesto de industria y comercio a que estaba obligada, por lo cual, sobre el impuesto de los periodos 2007 ($154.628.000) y 2008 ($378.554.000) proceden los intereses a que se refiere el citado artículo 312 del Acuerdo 5º de 2005(41), conforme con lo establecido en los artículos 634(42) y 635(43) del Estatuto Tributario(44).

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se anularán parcialmente los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, conforme con la liquidación efectuada, se fijará el valor a pagar cargo de Industria Militar - Indumil por concepto de sanciones por extemporaneidad y de corrección respecto del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en la suma de quinientos noventa y nueve millones seiscientos treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos ($599.633.762) m/cte, más los intereses moratorios establecidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.

De otro lado, en lo que respecta con la medida cautelar de embargo a que se refiere el demandante en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión, sobre la cual solicita que se ordene la devolución del excedente, la Sala advierte que tal aspecto no fue planteado en la demanda y en el expediente no obran elementos de juicio soporten dicha petición.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso(45), no se condenará en costas, comoquiera que el recurso prosperó parcialmente y que no se encuentran probadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la Sentencia del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

1. ANÚLANSE parcialmente la Resolución 441 del 2 de noviembre de 2011, y la Resolución 81 del 23 de abril de 2012, proferidas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chiriguaná - Cesar, mediante las cuales se modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la Industria Militar - Indumil, correspondientes a los años gravables 2007 y 2008.

2. A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE el valor a pagar a cargo de la Industria Militar - Indumil por concepto de sanciones por extemporaneidad y de corrección respecto del impuesto de industria y comercio de los años 2007 y 2008, en la suma de quinientos noventa y nueve millones seiscientos treinta y tres mil setecientos sesenta y dos pesos ($599.633.762) m/cte, de acuerdo con la liquidación efectuada en la parte motiva de esta providencia, más los intereses moratorios establecidos en los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

ACÉPTASE la renuncia al poder de la abogada Carolina Ladino Cortes en los términos del escrito visible en el folio 310 del c.p., y RECONÓCESE personería al abogado Carlos Andrés Moreno Torres, como apoderado de la demandante en los términos del poder visible en el folio 313 del c.p.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

15. E.T. “Art. 720. Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración.
El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo.
Cuando el acto haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió.
Parágrafo.- Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.

16. En ese sentido se pronunció la Sección en las Sentencias del 19 de octubre de 2006, Exp. 15147, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; del 3 de diciembre de 2009, Exp. 16183, C.P. Héctor J. Romero Díaz; del 16 de septiembre de 2010, Exp. 16691, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 3 de marzo de 2011, Exp. 16184, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 12 de agosto de 2014, Exp. 19036, C.P. Jorge Octavio Ramírez y del 8 de febrero de 2018, Exp. 22060, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.

17. Entre otras, se pueden consultar las Sentencias: del 19 de octubre de 2006, Exp. 15147, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, del 3 de diciembre de 2009, Exp. 16183, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 16 de septiembre de 2010, Exp. 16691, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 3 de marzo de 2011, Exp. 16184, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 12 de agosto de 2014, Exp. 19036, C.P. Jorge Octavio Ramírez y del 8 de febrero de 2018, Exp. 22060, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

18. Cfr. Sentencia del 23 de noviembre de 2005, Exp. 14891, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, que reiteró lo expuesto en la Sentencia del 23 de marzo de 2001, Exp. 11686, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

19. Entre otras, las Sentencias del 3 de marzo de 2011, Exp. 16184, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 31 de enero de 2013, Exp. 18878, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 6 de noviembre de 2014, Exp. 20356, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 30 de agosto de 2016, Exp. 20281, C.P. Jorge Octavio Ramírez y del 8 de febrero de 2018, Exp. 22060, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

20. En este sentido se pronunció la Sala en la providencia del 14 de mayo de 2014, Exp. 19988, C.P. Jorge Octavio Ramírez, citado en la Sentencia del 23 de julio de 2015, Exp. 20280, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

21. Sentencia del 30 de agosto de 2016, Exp. 20281, C.P. Jorge Octavio Ramírez.

22. Recurso de reconsideración (Fl. 127 del c.p.).

23. E.T. “Art. 695. Períodos de fiscalización en el impuesto sobre las ventas y en retención en la fuente. Los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la Administración de impuestos, podrán referirse a más de un periodo gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente”.

24. Sentencia del 29 de octubre de 2014, Exp. 19394, C.P. Jorge Octavio Ramírez

25. Fl. 200 del c.p.

26. Sentencias del 6 de septiembre de 2017, Exp. 20953, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 26 de marzo de 2009, Exp. 16496, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

27. Cfr. Sentencias del 10 de noviembre de 2000, Exp. 10870, C.P. Juan Ángel Palacio, de 6 de diciembre de 2012, Exp. 17554, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

28. Sentencias del 26 de marzo de 2009, Exp. 16496, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 3 de diciembre de 2009, Exp. 15392, C.P. Héctor J. Romero Díaz y del 29 de septiembre de 2000, Exp. 10567, C.P. Julio E. Correa.

29. Sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 16496, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

30. Fechas tomadas de la Liquidación de Revisión 441 del 2 de noviembre de 2011 (Fl. 110).

31. Fls. 61 y 63 del c.p.

32. Sentencias del 22 de marzo de 2013. Exp. 18587. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 2 de agosto de 2006. Exp. 15034. C.P. Ligia López Díaz; del 4 de abril de 2003, Exp. 12922. C.P. German Ayala Mantilla.

33. Edicto de publicación - Fl. 33 del c.p.

34. Invocado en el requerimiento especial y en los actos acusados - Fls. 105, 115, 129 y 138 del c.p.

35. L. 788/2002 “Art. 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.

36. Fl. 137 del c.p.

37. Aplicable a los procedimientos administrativos del orden territorial, por disposición del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, cuyo texto es el siguiente: “Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas. Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción Contencioso-Administrativa”. (Se resalta).

38. Sentencia T-875 del 11 de julio de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

39. Hoy medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. INDUMIL presentó con pago las declaraciones del impuesto de industria y comercio en cuantía de $154.628.000 (2007) y de $378.554.000 (2008), para un valor total de $533.182.000 - Fls. 61 a 64 del c.p.

41. Acuerdo 5º de 2005 - ART. 312. “Los contribuyentes o responsables obligados a declarar, que presente las declaraciones tributarias en forma extemporánea, antes de que se profiera requerimiento o auto que orden inspección tributaria, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al tres por ciento (3%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso.
Esta sanción se cobrara sin prejuicio de los intereses que genere el incumplimiento en el pago oportuno del impuesto, anticipo o retención”. (Se resalta).

42. E.T. “ART. 634.—Intereses moratorios. Sin perjuicio de las sanciones previstas en este Estatuto, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago.
Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones, determinados por la Administración Tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente, responsable o agente de retención en la corrección de la declaración, causarán intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial”.

43. E.T. “ART. 635.—Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web”.
Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la presente ley.
PAR.—Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”.

44. Cfr. Sentencia del 6 de septiembre de 2017, Exp. 20953, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, actor: Transportes Montejo Ltda. Vs. Municipio de Chiriguaná.

45. Código General del Proceso. “ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.