Sentencia 2012-00090/0366-12 de julio 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001 03 25 000 201200090 00 (0366-12)

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Actor: José Agustín Moncada Contreras

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil diecisiete

Se decide la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó José Agustín Moncada Contreras contra la Procuraduría General de la Nación.

Extractos:« “2. Consideraciones.

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer si con la expedición de los actos censurados, la entidad demandada incurrió en: (i) desconocimiento de los derechos a la defensa, al debido proceso y al trabajo del demandante; (ii) desatención, de los términos perentorios durante los cuales se debía desarrollar la investigación disciplinaria y, (iii) violación del principio de integralidad en la investigación y en la valoración probatoria.

2.2. Marco normativo.

El régimen de responsabilidad de los servidores públicos está delimitado por lo previsto en el artículo 6º de la Constitución Política, según el cual “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”(5).

Ahora bien, el artículo 125, inciso 4º, constitucional establece que el retiro del servicio en los órganos y entidades del Estado se produce por “calificación no satisfactoria en el desempeño del empleó por violación del Régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”(6).

Entre tanto, el artículo 3º de la Ley 734 de 2002 prevé que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente, puede “iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas” y según el libro I del título I ibídem, el ejercicio del poder disciplinario se debe regir por los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad, proporcionalidad, motivación, entre otros; además, la actuación procesal debe estar sujeta a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 de la aludida ley.

El artículo 28 ejusdem establece las causales de exclusión de responsabilidaddisciplinaria y, entre ellas, prevé la de haber realizado la conducta “en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales”.

La ley en comento fija los términos durante los que se deben adelantar cada una de las etapas de un proceso disciplinario y, en forma particular, el de la indagación preliminar está determinado en su artículo 150, en cuyo inciso cuarto concede seis meses para tal efecto, que se puede extender por un periodo igual, cuando se trata de investigaciones relacionadas con la violación de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

En lo que respecta a la investigación disciplinaria, el artículo 156 Ídem consagra un término de seis meses contados a partir de la decisión de apertura, salvo en 10 casos en que se trate de las faltas previstas en el artículo 48, numerales 5º, 6º, 7º, 9º, 10 y 11 ibídem, cuya duración se amplía a 12 meses. No obstante, el inciso final del aludido artículo determina que cuando “hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término”.

De otra parte, en materia probatoria, con el propósito de lograr la búsqueda de la verdad material, la ley consagra que la autoridad disciplinaria debe “investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad”(7) para tal efecto, puede hacer uso de cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. En todo caso, para su valoración, el funcionario debe hacer una apreciación integral de todos los medios probatorios recaudados, atendiendo para ese efecto, las reglas de la sana crítica.

Finalmente, en lo que se refiere a las faltas disciplinariamente reprochables, como se trata de un miembro de la Policía Nacional, el cargo que se le endilgó al actor está consagrado en el artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 “por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”, en cuyo numeral 3º establece, como falta gravísima, la siguiente:

ART. 37.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes:

(...)

3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se corneta en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

La conducta tipificada como delito que le fue endilgada al actor en conexidad con lafalta disciplinaria precedente, fue la prevista en el artículo 414 del Código Penal, según el cual “[e]I servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión (...)”(8)

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. En relación con la actuación disciplinaria.

El 3 de marzo de 2005, el subdirector del DAS de la Seccional del Cauca libró un oficio con destino al comandante de la Estación de Policía de Carreteras Cauca(9), informando los hechos que a continuación se transcriben:

En lo atinente a la captura de los señores Olimpo Cárdenas Herrera y Germán Martinez Burbano, retenidos el 28 de febrero del 2005 por detectives de esta institución, me permito informarle que esta decisión se tomó luego de las labores de inteligencia realizadas por nuestros efectivos, que permitieron establecer la presunta responsabilidad de los policiales, en el tránsito de la tractomula cargada de insumos químicos, controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes; sin el permiso respectivo.

Además de las labores de inteligencia, las declaraciones de los civiles involucrados, reforzaron los indicios de responsabilidad penal que pesaban sobre los funcionarios capturados, por lo que fueron dejados a disposición de la Fiscalía 3 Especializada en la ciudad de Popayán, autoridad que está en capacidad de brindar mayor información respecto a la situación jurídica de los implicados.

El procedimiento se inició por información suministrada telefónicamente por parte de un ciudadano, quien se declaró “cansado de la permanente corrupción” y que por razones de seguridad no se identificó, y manifestó que a la altura del Peaje de Tunía, había observado un procedimiento irregular por parte de agentes de policía de carreteras, que al parecer se encontraban escoltando un vehículo tipo container, ya que actuaban en forma rara y sospechosa.

Ante este evento, se determinó por parte de la Coordinación Operativa de esta Seccional, previa misión de trabajo, enviar a unos Detectives para que verificaran dicha información; prolongándose estas diligencias por varias horas, hasta poder determinar que efectivamente el tractocamión distinguido con las placas SNF-465, estaba siendo escoltado por cuatro agentes de la Policía de carretera que se movilizaban en dos motocicletas.

(...)

Infortunadamente, no podemos aportar mayor información, pues se encuentra en desarrollo la investigación, que podría llegar a comprometer a otros servidores públicos y ciudadanos sobre los cuales la Fiscalía tomará las decisiones oportunamente. (Negrilla de la Sala).

El 3 de marzo de 2005, el Grupo de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cauca dictó auto(10) por medio del cual abrió investigación preliminar en contra del demandante y otros, por los hechos narrados en el oficio que antecede se decretaron algunas pruebas testimoniales y se ordenó escuchar en versión libre al demandante. Ese auto le fue notificado personalmente según consta en la diligencia pertinente(11).

En el acta de inspección del conteiner del vehículo en cuestión(12), se dejó constancia de lo siguiente:

(...) en el Momento de retirar el sello de seguridad se observó en su interior veintitrés (23) pacas de huevos vacíos, que ocultaban tras de sí unas canecasplásticas y otros recipientes de los utilizados para conservar químicos, estableciendo que se trataba preliminarmente de:

• 02 canecas azules de plástico,

Un número por establecer de:

• Pomas plásticas de color blanco con capacidad para 15 quince galones aproximadamente.

• Canecas metálicas color negro con capacidad de cincuenta y cinco galones.

• Cajas de cartón, amarradas con suncho.

• Costales en material sintético color blanco.

Fueron escogidas muestras selectivas de cada uno de los elementos encontrados dentro del furgón y el perito del DAS Seccional Cauca, señor Jesús Alfredo Hurtado procedió a tomar las respectivas pruebas así:

1. Abrió un costal de plástico, encontrando una sustancia sólida granulada de color oscura que por sus características externas puede decirse que se trata de Permanganato de potasio, dividido en bolsas transparentes de aproximadamente un kilo cada una, para un total aproximado de una arroba.

2. Al abrir una de las cajas de cartón fueron encontradas 27 bolsas transparentes con una sustancia en láminas color negro con características externas similares al Permanganato de Potasio, de aproximadamente un kilo cada una.

3. Al abrir una de las pomas de cinco galones, de color gris, el perito toma una muestra del líquido por identificar. A un tubo de ensayo le aplica cuatro gotas de agua, dos gotas del líquido por identificar y dos gotas del liquidó cloruro de bario, arrojando un color blanco lechoso, que nos indica prueba preliminar positiva para ácido sulfúrico.

4. Al abrir una caneca de cincuenta y cinco galones, color negra de metal, toma una muestra del líquido por identificar, añadiendo a un tubo de ensayo cinco gotas, posteriormente añade dos gotas del reactivo hidróxido de sodio, dando como resultado un líquido de color rojo sangre, lo cual nos indica prueba preliminar positiva para acetona (...) (Se resalta).

De las pruebas testimoniales recaudadas, producto del decreto de pruebas referenciado, se puede extractar lo siguiente:

• Las funciones asignadas al Comando de Policía de Carretera, grupo Unir de Tunía, del que hacía parte el demandante, eran las siguientes “controlar el sobrecupo, exceso de velocidad, carga extradimensionada, y demás normas consagradas en el código de tránsito, Ley 769, además del control de tránsito también se debe controlar la piratería y orden público sobre la vía panamericana”(13). Asimismo, en la declaración se expuso que los policías que inmovilizaron y acompañaron el tractocamión aseguraron haberlo hecho por orden del sargento viceprimero Coral Castillo.

• La tractomula fue trasladada a la estación de policía de carreteras y parqueada en el hangár(14), el ingreso de ella estuvo a cargo del Sargento Coral y dos motos, en las que se transportaban cuatro policías.

También se estableció que el ingreso del vehículo a la estación de policía ocurrió el 28 de febrero de 2005 a las 17:10 y la salida a las 19:20 de ese día, según el registro de anotaciones de esa estación(15), el objeto de esa operación consistía en revisarlo y resultó “s/n”, según lo consignado por el patrullero Villa en el aludido registro; además, se dejó la siguiente constancia “sale el sr SV Coral Castillo Javier informando no llevar nada el vehículo, desconociendo los motivos de la inspección y así mismo desconociendo el contenido de la carga”.

El 4 de marzo de 2005, mediante auto proferido por el Grupo de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cauca(16), se vinculó a la indagación preliminar a los presuntos implicados en los hechos investigados, entre ellos, al demandante, quien fue notificado personalmente de tal decisión el 6 demarzo de ese año(17).

En las versiones libres rendidas por los investigados, se mantuvo una misma tesis consistente en que los patrulleros que escoltaron el vehículo, entre ellos él demandante, no tenían conocimiento de su contenido, que actuaron en cumplimiento de una orden dada por el superior y que su única función consistió en escoltar el vehículo(18); de ellas también se desprende que el demandante fue uno de los escoltas que estuvo dentro del vehículo durante su traslado(19). En forma particular, en su versión de los hechos el actor expuso los siguientes(20):

Estaba haciendo primer turno, cuando yo pare el vehículo tractocamión de placas SNF 465, lo pare por que no traía las luces encindidas (sic), Cuando iba a verificar la carga el conductor manifestó que tenía un sello de la empresa y que no lo podía abrir sino (sic) estaba un representante de la empresa o el dueño de la carga (...) yo me vine en el tractocamión con el Agente Galindez, en la cabina. Preguntado. Informe al despacho si en el recorrido del tractocamión de Tunia a Popayán, usted sostuvo algún diálogo con el conductor del tractocamión, en caso positivo sobre quie (sic) dialogaron. Contesto. En el parqueadero punto verde, palabras muy cortas, decía que el dueño de la carga iba venir (sic) para que no le dañaran nada, también decía que por que tanta demora si el llevaba la carga bien, llevaba un sello de la empresa, en el recorrido el señor solo manejaba; en Vellavista, (sic) ya nosotros nos veníamos en taxi, el SI. Serna, se dio cuenta que nosotros nos vinos (sic) en taxi, por que paso (sic) el hermano de Galindez, que maneja un taxi y entonces Galindez, lo paro(sic) y le pidio (sic) el favor que nos trajera hasta la estación y el taxi nos dejo (sic) en el semáforo de la esquina y allí nos vinimos caminando, estaba lloviendo. (...) nosotros estábamos cumpliendo la orden de mi sargento Coral, de llevar el carro, que en ningún momento conocíamos él contenido de la carga, y que nosotros no lo abrimos allá por que no teníamos sello para colocarlo, solamente tenía el sello, y el vehículo no traían (sic) la candado (sic), si rompíamos el sello, eso quedaba prácticamente sin seguro. (Resalta la Sala).

Entre tanto, el sargento viceprimero Segundo Javier Castillo Coral, superior del demandante, que estuvo a cargo de la diligencia de traslado del automotor, durante su versión libre(21) expresó:

Es de anotar que a estos Policiales en ningún momento les informé del operativo que pensaba adelantar para coger al dueño de la carga (...) los policiales únicamente siguieron mis órdenes de acompañarme con ese carro hasta Popayán. Fue como continuamos la marcha los policías escoltando la mula con las motos atrás (...). (Negrilla fuera de texto).

El 7 de marzo de 2005, producto de las pruebas hasta allí recaudadas, el Departamento de Policía Cauca decidió abrir la investigación disciplinaria en contra del demandante y otros(22), por la presunta infracción del Reglamento de disciplina y Ética para la Policía Nacional, en especial, el artículo 37, numeral 8º, del Decreto 1798 de 2000, consistente en “elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar o consumir, cualquier tipo de sustancias que produzcan dependencia física o síquica o sus precursores”; el artículo 38, numeral 25 ibídem referente a “incumplir, modificar, desautorizar o introducir cambios, sin causa justificada a las órdenes o instrucciones relativas al servicio” y el artículo 38, numeral 35, literal c) idem que se refiere a “no registrar en los libros o documentos los hechos y novedades a que se esté obligado por razón del servicio, cargo o función”. De igual manera, se adujo que su comportamiento se adecuaba a la falta disciplinaria consagrada en los artículos 37, numeral 8º y 38, numeral 25, del decreto en cita. Dentro del auto, se dejó consignado lo siguiente:

Calificada la conducta se encuentra que los señores SV. Coral Castillo SegundoJavier, IT. Cárdenas Herrera Olimpo, SI. Serna Sanchez Jorge Eduardo, PT. Moncada Contreras (sic) José Agustín, P.T. Murillo Cruz José Mauricio, PT. Uribe Miranda Tulio Cesar, PT. Collazos Burbano Nelson Horacio, AG. Galindez Quisoboni Lubio Waldemar y AG. Martinez Burbano German. Por su formación policial y experiencia en el desempeño de sus funciones tenían conocimiento que éstos hechos motivo de investigación Constituían falta disciplinaria y éste despacho observa que aun así orientaron libre y voluntariamente su conducta a la realización de éste comportamiento disciplinario, que ya indicamos constituye presuntamente falta disciplinaria descrita en el artículo 37, numeral 8º y 38, numeral 25 del Decreto 1798 de 2000, es decir que su comportamiento disciplinario se observa cometido presuntamente en forma dolosa.

En cuanto a la calificación de la (sic) falta (sic) se observa que éstas se encuentran calificadas en el reglamento disciplinario de la siguiente manera: artículo 37, numeral 8º como falta gravísima y la descrita en el artículo 38, numeral 25 como falta grave y por tanto será necesario mantener la calificación de las citadas faltas conforme lo ha establecido el estatuto disciplinario, pues ha sido voluntad del legislador establecerlo así.

El 17 de marzo de 2005, la abogada comisionada de la Procuraduría a quien se le encomendó la función de practicar una visita especial en el proceso disciplinario que cursaba en el Departamento de Policía Cauca, rindió el informe correspondiente y en él consideró:

Por las observaciones anteriores considero, salvo mejor criterio, que el proceso puede continuar su trámite bajo el conocimiento competente del Comando Departamental de Policía Cauca y su Grupo Coordinador de Control interno disciplinario, no obstante, teniendo en cuenta que las conductas presuntamente cometidas tienen relevancia por su gravedad y la trascendencia social de los hechos, sería conveniente disponer la Supervigilancia Administrativa del mismo, sin perjuicio de que posteriormente, si las condiciones lo ameritan, se avoque su conocimiento oficiosamente por la Procuraduría, en ejercicio del poder disciplinaria preferente consagrado en la Carta Política y en el Código Disciplinario Único.

El 12 de julio de 2005(23), el demandante, por conducto de su apoderado, presentó alegatos de conformidad con el artículo 177 de la Ley 734 de 2002.

El 15 de julio de 2005(24), la Procuraduría General de la Nación practicó visita especial en la actuación disciplinaria aludida y producto de ella, el 18 de julio, rindió concepto positivo para que ese ente de control, en ejercicio del poder preferente, asumiera el conocimiento de la actuación; así lo planteó:

Todas las anteriores consideraciones y en especial por tratarse de un hecho de trascendencia por atentar contra la moralidad pública y para garantizar la total imparcialidad en el trámite del procesa disciplinario, se rinde concepto positivo, para hacer uso del Poder Disciplinario Preferente por parte de la Procuraduría, ordenando remitir copia del Acta de Visita especial practicada al proceso disciplinario, con sus anexos, así como de las peticiones de los apoderados de los investigados, para que el señor Viceprocurador General de la Nación decida sobre la pertinencia y autorización del ejercicio del poder disciplinario preferente, o la intervención como sujeto procesal en ejercicio de lasa(sic) funciones de Supervigilancia administrativa, de conformidad con lo previstoen los numerales tercero inciso final y cuarto de la Resolución 346 de octubre 3 de 2002, emanada del Despacho del Señor Procurador General de la Nación.

De igual manera, queda a juicio del señor Viceprocurador, en el evento que autorice el ejercicio del poder preferente, analizar la posibilidad de designar funcionarios especiales o la integración de comisiones, especiales para que asuman el conocimiento del asunto. (Negrilla de la Sala).

El 4 de agosto de 2005, el viceprocurador general de la Nación, hizo uso del poder preferente y determinó la creación de una comisión especial para que la Procuraduría asumiera el conocimiento de la investigación(25), la que fue creada por el procurador provincial de Popayán mediante auto de 5 de agosto(26).

El 5 de septiembre de 2005(27), la Procuraduría Provincial de Popayán decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de investigación y citación a audiencia; en todo caso, ordenó rehacer la actuación, con la salvedad de que las pruebas allegadas y practicadas en legal forma conservaban su validez. De tal decisión fue notificado personalmente el apoderado del demandante el 9 de septiembre de 2005(28). Las razones que llevaron a tal decisión fueron, en síntesis, las siguientes:

• El cargo consistente en la infracción al artículo 37, numeral 8º, del Decreto 1798 de 2000, fue formulado en forma imprecisa y la imputación genérica impide ejercer una defensa adecuada.

• Se imputó la comisión de la conducta descrita en el artículo 37, numeral 3º, ibídem que “establece como Falta gravísima el realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se corneta en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.”

• Se omitió referir el artículo 21 ejusdem que define como autor a quien realice la conducta o induzca a otro a cometerla, cualquiera sea el modo de su intervención.

• Se omitió invocar los artículos 25 a 28 del decreto en cita que hacen alusión a las órdenes.

• No se explicaron las razones por las que se hizo uso del trámite verbal.

El 7 de octubre de 2005, la Comisión Especial Disciplinaria dictó nuevo auto de apertura de investigación por los hechos aludidos(29) y en él se determinó que el objeto de esa actuación consistía en:

(...) verificar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad de los investigados (...)

El 16 de noviembre de 2005, la Procuraduría 247 Judicial I(sic) adelantó visita especial en el proceso penal radicado con el número 118.434 de la Fiscalía Tercera Especializada delegada ante los jueces penales especializados del circuito Popayán, de la cual se levantó el acta(30), en que se dejó plasmado lo siguiente:

(...) la Fiscalía Tercera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán, dentro del término legal para hacerlo, procedió a resolver la situación jurídica de segundo Javier Coral Castillo, Jorge Eduardo Serna Sanchez, Tulio Cesar Uribe Miranda, José Mauricio Murillo Cruz, Nelson Horacio Collazos Burbano, José Agustín Moncada Contreras y Tulio Waldemar Galindez Quisoboni, imponiéndoles Medida de Aseguramiento, consistente en detención preventiva, como presuntos coautores de la conducta punible de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, en concurso con el ilícito de concusión y cohecho propio (...)

El 28 de febrero de 2006, la Procuraduría Provincial de Popayán dictó auto mediante el cual evaluó la investigación disciplinaria(31) y formuló pliego de cargos; en lo que concierne al demandante consideró:

Nos encontramos frente a una omisión de cumplir con un Acto propio de su cargo, el cual era la captura, aprehensión y puesta a disposición de la Fiscalía a los infractores de la ley penal, situación que además de configurar un hecho punible sancionable a título de dolo, también comporta una falta disciplinaria.

Esta conducta constitutiva de falta disciplinaria, también se atribuye a los Policiales (...) PT. José Agustín Moncada Contreras (...) quienes se desempeñaban en la fecha de los hechos como Subcomandante, del Grupo Unir, el primero de los nombrados y los demás integrantes de la Escuadra de Vigilancia del Grupo Unir (...) porque participan en el operativo que se inicia precisamente en su lugar donde cumplen sus labores, extendiéndose hasta que ingresan el tracto camión al Comando de Carreteras; pretendiendo excusarse simplemente en el hecho que estaban cumplido (sic) una orden del SV. Coral Castillo, deescoltar el automotor hasta ese lugar, pretendiendo hacer creer qué no conocían la existencia del hecho irregular, que se demoró todo el día, y cuándo en su presencia se realizaban estacionamientos a la orilla de la vía, conversaciones por celular entre el Sargento Coral Castillo y los supuestos dueños de la carga ilícita que se transportaba.

El 16 de marzo de 2006(32), se notificó personalmente al apoderado del demandante la anterior decisión, y este presentó descargos el 30 de marzo de ese año(33).

El 6 de junio de 2006, la Procuraduría Provincial de Popayán se negó a decretar la nulidad de todo lo actuado por vencimiento de términos de la etapa de investigación(34) solicitada por el apoderado de uno de los disciplinados.

El 12 de julio de 2006(35), la Procuraduría Provincial de Popayán decretó unas pruebas requeridas en los descargos presentados por los disciplinados.

El 2 de octubre de 2006(36), nuevamente la Procuraduría Provincial de Popayán decretó la nulidad de todo lo actuado, en este caso, a partir del auto de 12 de julio de 2006, mediante el cual se resolvió sobre la solicitud de pruebas requeridas en los descargos; el fundamento de tal decisión, en síntesis, consistió en que se omitió decretar una prueba documental solicitada a la Fiscalía tercera Especializada.

El 23 de enero de 2007, la Procuraduría Provincial de Popayán profirió fallo sancionatorio de primera instancia(37) en contra del demandante, a quien le impuso las sanciones de destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por el término un año, decisión que se soportó, entre otros, en los siguientesfundamentos:

El despacho considera que las pruebas que reposan en el plenario, son suficientes para derivar responsabilidad disciplinaria, en consideración a las razones esgrimidas por el SV segundo Javier Coral Castillo, cuando manifiesta que organizó el operativo para dar con la captura de un Pez Gordo y además qué deseaba capturar a unos Policías Corruptos; no son de buen recibo por el Despacho y por el contrario son las pruebas arrimadas a la investigación, las que nos demuestran con amplitud suficiente la omisión en la que incurrió el disciplinado, al abstenerse de efectuar los avisos correspondientes a la autoridad competente, y además la forma como incluyó a otros agentes de Policía en el desarrollo del irregular operativo.

(...)

En relación al cumplimiento de orden legalmente impartida por SV. Coral Castillo Segundo Javier, es menester hacer relación al reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en algunos de sus apartes señala: (se cita un aparte de la Sentencia C-578 de 1995)

Actuación que como bien se ha manifestado cobija a todos los acompañantes del vehículo, por lo que el despacho considera que no se puede permitir que una persona preparada en este tipo de situaciones, haga parte de una (sic) operativo sin que sospeche tan siquiera de la posible irregularidad que se estaba cometiendo, participan en el operativo que se inicia precisamente en su lugar donde cumplen sus labores, extendiéndose hasta que ingresan el tracto camión al Comando de Carreteras; pretendiendo excusarse simplemente en el hecho que estaban cumpliendo una orden del SV. Coral Castillo, de escoltar el automotor hasta ese lugar, pretendiendo hacer creer que no conocían de la existencia del hecho irregular, que se demoró todo el día, y cuando en su presencia se realizaban estacionamientos a la orilla de la vía, conversaciones por celular entre el sargento Coral Castillo y los supuestos dueños de la carga ilícita que se transportaba.

Motivo por el cual lo esgrimo (sic) en defensa de los señores (...) Moncada Contreras José Agustín (...) de haber estado recibiendo órdenes legalmente impartidas por sus oficiales al mando, no se puede considerar como válida (sic) ya que, desde todo punto de vista la orden impartida por el superior jerárquico se traducía en ilegítima y no los eximía nunca de responsabilidad.

(...)

En relación al señor José Agustín Moncada Contreras (...) integrantes del grupo Unir con sede en el peaje de Tunia, quines (sic) proclamaban su inocencia argumentando que actuaron en cumplimiento de una arden impartida por un superior el SV Coral Castillo, considera el despacho que cuando la orden de un superior contiene un hecho notoriamente ilegal sus subalternos no están en la obligación de acatarla y si la obedecen responde (sic) en forma solidaria con el que la impartió tal y como ya se indico (sic) en renglones precedentes. (La Sala resalta).

El 21 de junio de 2007(38), la Procuraduría Regional del Cauca resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola. Para resolverlo tuvo en consideración los siguientes argumentos:

Las pruebas anteriormente referidas y prolijamente analizadas por la comisión disciplinaria establecen sin duda que los encartados desde cada una de sus perspectivas funcionales estuvieron vinculados sea al acoplamiento de la información previa y no compartida con su superior inmediato y a la dirección del operativo de traslado del tractocamión desde Tunía, pasando por Piendamo población en la que extrañamente se dispone su inmovilización por lapso prolongado, hasta inicialmente y de la misma manera extraña hasta el parqueadero “El Opita” y luego a las instalaciones de la Policía de carreteras y posterior autorización sin requisa alguna para continuar su viaje al sur, como corresponde al SV Coral Castillo Segundo Javier, sea a la detención del vehículo propiciada en el peaje de Tunia y su escolta hasta la ciudad efectuada por el citado suboficial acompañado por el SI Alberto Mendez González durante todo el operativo, los policiales Moncada Contreras y GalindezQuisoboni dentro de la cabina del tractocamión y Jorge Eduardo Serna - José Mauricio Murillo - Tulio Cesar Uribe - Nelson Horacio Collazos en otros vehículos, sea escoltando la mula desde Popayán en su recorrido hacia el sur, aproximadamente hasta el Encenillo.

(...)

(...) Pero lo que llama en mayor grado la atención es la escala en el parqueadero “El Opita” ubicado en esta ciudad, todo ello a ciencia y paciencia de los policiales que componían la escolta que no actuaron en modo alguno al menos para alertar a los mandos de mayor jerarquía en Popayán como lo era el teniente Restrepo Sabogal comandante para el 28/02.05 de Policía de carreteras; al comandante de distrito o al mismo Coronel Florez en ese entonces comandante del Departamento de Policía Cauca.

Desde otro punto de vista los agentes del orden, en concepto del despacho se encontraban facultados en Tunia para proceder a la requisa del automotor, máxime si precedían indicios de su contenido, pero exculpan su pusilanimidad advirtiendo que el conductor se opusoa ello hasta tanto no acudiera el dueño del vehículo, la apertura del furgón podría si se quiere haber sido presenciada por un miembro de la fiscalía de fácil ubicación en Piendamó, dado que se trataría de un caso de flagrancia como evidentemente al día siguiente se estableció en horas de la madrugada por efectivos del DAS. (Negrilla de la Sala).

3. Caso concreto.

3.1. Asunto previo.

En la contestación de la demanda se adujo que la parte actora pretende revivir el trámite probatorio de la actuación disciplinaria, a pesar de que ese análisis se escapa de la órbita de competencia del juez de lo contencioso administrativo, cuya función está limitada al control de legalidad de los actos que definen la actuación administrativa disciplinaria.

El anterior argumento no es de recibo para la Sala, toda vez que el control de legalidad de actos de carácter sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria, Conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentó del trámite correspondiente, se hubieran observado las garantías constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Así lo sostuvo recientemente la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación:

“b) El control judicial integral de la decisión disciplinaria criterios de unificación. El control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso administrativos supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual es realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.

(…)

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.”(39)

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente trascrita.

Precisado lo anterior, es necesario hacer claridad en que los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria que ocupa la atención de la Sala consistieron en que el demandante, en su condición de patrullero de la Policía Nacional, sirvió de escolta a un tracto camión que transportaba insumos químicos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y la conducta que sé le reprochó radicó en la omisión del deber legal de realizar actos propios de sus funciones, tales como poner en conocimiento de policías de más alto rango, la posible situación irregular que se derivaba del procedimiento de traslado del vehículo, dadas las Particularidades que en que este se produjo y pese a que la orden de escoltarlo provino de su superior jerárquico, comoquiera que esta, en sí misma, denotaba una situación irregular.

Determinado ese aspecto, la Sala se dispone a analizar los cargos propuestos en contra de los actos acusados.

3.2. El desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por el actor.

El demandante aseguró que la autoridad disciplinaria no analizó su conducta durante el desarrollo de los hechos investigados y con ello vulneró el derecho 1.1 debido proceso.

El principio de imparcialidad(40), es uno de los pilares fundamentales de la actuación procesal disciplinaria y está instituido como componente del derecho al debido proceso(41), pues, en aplicación de él se garantiza que en las actuaciones de tal naturaleza se investiguen de igual manera los hechos o circunstancias que tienden a demostrar la existencia de la falta disciplinaria, como aquellos que demuestran su inexistencia o la falta de responsabilidad del investigado(42).

Una vez recaudadas la totalidad de las pruebas que el juzgador disciplinario haya tenido a bien decretar en aras de buscar la verdad real y material de los hechos investigados, tiene a cargo apreciarlas en forma integral, esto es, conjuntamente, y para su valoración debe tener en cuenta las reglas de la sana crítica, según las cuales “debe establecer por sí mismo, el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia”(43). Valga aclarar, además, que tales reglas se entienden desconocidas cuando el funcionario “decide separarse de los hechos probados y adoptar un fallo a su arbitrio”(44).

Revisada la actuación desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en el trámite disciplinario que cursó en contra del demandante, no se observa que se hubiera atentando contra el principio de imparcialidad, ni que se haya dejado de valorar el comportamiento del demandante en el desarrollo de los hechos investigados; por el contrario, se hizo evidente que el ente de control sí tuvo en cuenta las justificaciones dadas por este, según las cuales el desarrollo de su función durante el operativo de detención y traslado del vehículo que transportaba sustancias químicas restringidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue en el estricto cumplimiento de una orden impartida por el superior; no obstante, tales justificaciones, analizadas en forma conjunta con las demás pruebas recaudadas no conllevó, para el juzgador disciplinario, la configuración de una causal eximente de responsabilidad, pues de ella concluyó:

(...) que no se puede permitir que una persona preparada en este tipo de situaciones, haga parte de un operativo sin que sospeche tan siquiera de la posible irregularidad que se estaba cometiendo, participan en el operativo (...) pretendiendo excusarse simplemente en el hecho que estaban cumpliendo una orden del SV. Coral Castillo, de escoltar el automotor (...)

(...) desde todo punto de vista la orden impartida por el superior jerárquico se traducía en ilegítima y no los eximiría nunca deresponsabilidad.

Lo anterior denota que el ente de control sí valoró la versión de los hechos planteados por el demandante y su presunto desconocimiento de la situación irregular; no obstante, tales circunstancias, de acuerdo con las reglas de la experiencia, le permitieron concluir que las justificaciones de este no eran válidas y, por el contrario, que sí tuvo conocimiento de los hechos anómalos y pese a ello, omitió “cumplir con un acto propio de su cargo que consista (sic) en la captura, aprehensión y puesta a disposición de las autoridades competentes a los particulares que infringieron la ley penal”.

En efecto, revisadas las pruebas aludidas en el acápite correspondiente, se evidencia que el demandante fue quien detuvo el vehículo irregular porque presuntamente llevaba las luces apagadas, estuvo presente cuando llegó el SV
Coral, acató la orden que este le impartió de escoltar al vehículo y se trasladó dentro de la cabina durante todo el trayecto hasta llegar al parqueadero “el opita”(45); no obstante, llama la atención de la Sala, tal como le ocurrió al ente de control, que en ese largo trayecto no se hubiera cuestionado ni hubiera considerado sospechoso, por decir lo menos, el actuar de su superior en cuanto no ordenó la apertura del vehículo para verificar el material que transportaba y prefirió extender ese procedimiento en el tiempo, hasta esperar a que se hiciera presente el dueño del automotor y de la carga.

La Sala coincide con la apreciación de la Procuraduría cuando en segunda instancia afirmó que la “apertura del furgón podría si se quiere haber sido presenciada por un miembro de la fiscalía de fácil ubicación en Piendamó, dado que se trataría de un caso de flagrancia como evidentemente al día siguiente se estableció”; sin embargo, el demandante se abstuvo de cuestionar la conducta omisiva al respecto y, en su lugar, acató la orden encaminada a servir de escolta del vehículo, en lugar de alertar a un mando superior, sobre la situación qui denotaba alguna irregularidad.

Es imprescindible destacar que la situación de anormalidad era evidente, dado que la orden de detención se produjo antes de las 7:00 am y se prolongó en el tiempo hasta las horas de la noche y, pese a que el actor no estuvo presente hasta el final de la jornada, si lo estuvo durante un tiempo considerable, incluso, en elparqueadero “el opita”. Carece de lógica que durante ese lapso no hubiera tenido suspicacia alguna en torno a las verdaderas razones de la omisión en la verificación del contenido del vehículo, cuando dentro de sus funciones estaba la de “controlar la piratería y el orden público”(46), función que, de suyo, implicaba el ejercicio del procedimientos relacionados con la verificación de la carga de los vehículos que se transportaban por la vía panamericana.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que la valoración probatoria hecha por la Procuraduría se hizo en forma integral y atendiendo las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia, como era su deber, según los mandatos que al respecto fijó el Código Único Disciplinario.

Ahora bien, valga la pena aclarar que el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, que consagra las causales eximentes de responsabilidad disciplinaria, en particular, en el numeral 3º, trata de aquella según la cual no hay lugar a endilgar tal responsabilidad cuando la conducta se realiza “[e]n cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales”; no obstante, como en el caso analizado se trata de una orden emitida y cumplida por integrantes de la Fuerza Pública, la Sala estima necesario referir lo que ha dicho la jurisprudencia en torno a la responsabilidad que surge, en tales casos, para el obligado a cumplir esta clase de órdenes:

(...) La disposición que ocupa la atención de la Corte, tiene una relación íntima con el deber profesional de obediencia que los subalternos, en el ámbito militar, deben a sus superiores. Precisamente, en virtud del principio de disciplina y jerarquía militares, el superior, dentro de sus atribuciones, puede dictar órdenes al subalterno que “dentro de sus obligaciones”, debe proceder a cumplir en el tiempo y del modo indicado “con exactitud y sin vacilación” (D.L. 85, arts. 3º y 14), so pena de incurrir en el delito de desobediencia (D.L 2550 de 1988). No es, en verdad, concebible que las fuerzas militares puedan cumplir su misión constitucional, sino se garantiza y mantiene una estricta disciplina en su seno que, sin lugar a dudas, es superior a la existente en cualquiera otra organización estatal.

(...)

5.1. La doctrina de la Corte Constitucional, desde un principio, ha considerado indispensable que dentro de las fuerzas militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero ha rechazado cómo inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. (...)

(...)

La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible atente contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente obediencia. La orden de agredir sexualmente a una persona o de infligirle torturas, bajo ninguna circunstancia puede merecer el calificativo de orden del servicio. Estas acciones que se enuncian, a título de ilustración, son ajenas completamente al objeto de la función pública confiada a los militares y al conjunto de sus deberes legales.(47)

En el caso analizado, la autoridad disciplinaria llegó a la convicción de que el argumento del actor según el cual estaba cumpliendo una orden del superior no conllevaba su exención de responsabilidad, comoquiera que se trataba de una orden ilegítima y, por ende, no estaba obligado a cumplirla, como bien lo señaló el agente del Ministerio Público; tal conclusión, en sentir de la Sala, atiende plenamente las reglas de la sana crítica, pues, se reitera, está acorde con los hechos probados en el proceso disciplinario y no constituye una interpretación arbitraria ni caprichosa del operador disciplinario, sino concluyente de las pruebas recaudadas y valoradas en forma integral.

El demandante también consideró que las decisiones censuradas violan su derecho al trabajo, pues, la única formación que tiene es la que recibió al interior de la Institución Policial, situación que limita su ingreso y posibilidades laborales; no obstante; la Sala estima que tal derecho no fue vulnerado por la administración comoquiera que la decisión que dio origen a la destitución fue el resultado de la conducta omisiva por él desplegada, que conllevaba la imposición de una reprimenda de esa naturaleza, la que estuvo precedida del procedimiento de rigor.

Valga resaltar que en el trámite disciplinario surtido por la Procuraduría, al actor se le respetaron todas las garantías derivadas del derecho al debido proceso, pues, se notificaron debidamente las decisiones que lo vincularon al proceso, dieron apertura a la investigación, se le formularon los cargos, se decretaron nulidades procesales y se emitieron decisiones sancionatorias de primera y segunda instancia; además, se le garantizó el ejercicio del derecho de defensa, permitiéndole presentar descargos y recursos, razones suficientes para declarar no probado el cargo propuesto.

3.3. La desatención de los términos de la investigación disciplinaria.

Invocó el demandante el artículo 156 de la Ley 784 de 2002, que consagra el término de seis meses para tramitar la investigación disciplinaria y doce meses cuando se trata de la investigación de las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11 ibidem, caso en el cual se puede aumentar hasta en la mitad ese término, en el evento de que no se hubieran recaudado pruebas suficientes para formular cargos o para archivar definitivamente la actuación.

En el caso analizado, la conducta investigada está prevista en el artículo 37, numeral 3º, del Decreto 1798 de 2000, que consiste en “realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo” que coincide con la conducta descrita en el artículo 48, numeral 1º,de la Ley 734 de 2002, según se vio, la investigación debía desarrollarse durante el término de seis meses, pues, la conducta investigada no es de aquellas para las que el legislador previó un término mayor; no. obstante, el plazo antedicho podía aumentarse en la mitad, en el evento de que al vencerse, no existieran pruebas eficientes para emitir pliego de cargos o disponer el archivo, es decir, el término máximo de esta etapa comprendía nueve meses.

De acuerdo con lo probado en el proceso se observa que el primer auto por medio del cual se dio apertura a la investigación disciplinaria en contra del actor fue proferido el 7 de marzo de 2005 por el Departamento de Policía del Cauca; no obstante tal decisión y las siguientes adoptadas por esa dependencia fueron declaradas nulas mediante auto del 5 de septiembre de 2005, emitido por la Procuraduría Provincial de Popayán; en consecuencia, se emitió auto de apertura de la investigación el 7 de octubre de 2005 y el de formulación de cargos el 28 de febrero de 2006, este último fue notificado al demandante el 16 de marzo de ese año.

Lo anterior quiere decir que desde el auto de apertura de la investigación, que se emitió en forma posterior a la nulidad referenciada, hasta la fecha del auto a través del cual se formularon los cargos, no se excedió el término establecido en la norma en cita, pues, solo transcurrieron un poco más de cuatro meses.

No obstante, como en la actuación declarada nula se había dado apertura a la investigación mediante auto proferido el 7 de marzo de 2005 y los cargos, después de la nulidad, se formularon el 28 de febrero de 2006, de ese interregno sí se podría predicar exceso en el trámite de esa etapa; sin embargo, este no fue producto del capricho o negligencia del ente de control, sino dé las circunstancias ocurridas en el curso de la investigación, entre ellas, las visitas especiales de la Procuraduría General de la Nación, cuando el trámite estaba a cargo del Departamento de Policía del Cauca, encaminadas a establecer si debía ejercer el poder disciplinario preferente, las nulidades que se decretaron y el hecho de que hubieran sido varios los investigados, lo que hacía más demorado el curso normal del proceso, razones que justifican que la administración hubiera superado el término de ley.

Valga aclarar, en todo caso, que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que el vencimiento de términos en la etapa de investigación no conlleva la pérdida de competencia de la autoridad disciplinaria para emitir el fallo disciplinario correspondiente y que tampoco hace anulables los actos definitivos que producto de ella se expidieron. Así se ha discurrido:

En efecto, el derecho al debido proceso, contiene el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión y por ello, un elemento que realiza ese derecho es el cumplimiento de los términos fijados por el legislador.

De otro lado, es obligación del legislador cuando regula procedimientos, como el presente, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen los procesos, a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los asociados, como ya lo ha señalado la Corte Constitucional.(48)

Ahora bien, también es función del legislador señalar las consecuencias que implica el incumplimiento de los términos fijados en los diferentes procedimientos, de manera que tanto el operador disciplinario como el investigado, tengan la certeza de verificar los efectos que su omisión puede acarrear.

En el presente asunto, como se indicó arriba, el legislador no señaló que el incumplimiento del término conduciría inexorablemente al archivo del expediente; la norma transcrita, simplemente prevé que dentro del plazo aludido se debe definir si se archiva la investigación o por el contrario, se abre a la etapa de formulación de Auto de cargos.

Lo antes dicho, no desconoce la importancia que tiene el cumplimiento de los términos por parte del investigador, pero esta Circunstancia, bajo el contenido de la norma transcrita no conlleva necesariamente al archivo de la investigación, máxime, cuando dentro del proceso disciplinario existían elementos de prueba que conducen a deducir la existencia de la comisión de un eventual hecho disciplinable, como se observa del pliego de cargos formulado el 20 de junio de 2003.(49)

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que, pese a que la administración excedió el término de la etapade investigación, ese hecho, no conlleva la nulidad de la actuación desarrollada, ni mucho menos es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo.

3.4. La violación del principio de integralidad en la investigación y en la valoración probatoria.

El demandante aseguró que en la actuación disciplinaria se desconoció el principio de integralidad en la investigación y en la valoración probatoria; no obstante, como ya sé señaló en el numeral 3.2. de esta providencia, cuyo análisis también sirve de fundamento para resolver este cargo, las decisiones censuradas fueron el resultado de la apreciación y valoración integral que hizo el operador disciplinario de todos los elementos probatorios que tenía a su disposición, quien, fundado en la lógica y en la experiencia, logró llegar a la convicción de la existencia del hecho disciplinariamente reprochable y de la responsabilidad del implicado y ello, al tenor de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, le permitía emitir un fallo sancionatorio, tal como lo hizo.

4. Conclusión.

Con los anteriores planteamientos se concluye que el demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados y, por ende, es dable despachar desfavorables las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección. A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Denegar las pretensiones de la demanda formulada por el señor José Agustín Moncada Contreras, en contra de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Negrilla de la Sala.

(6) Negrilla fuera de texto.

(7) Artículo 129 de la Ley 734 de 2002.

(8) Resalta la Sala.

(9) Folio 2, cuaderno 3 anexo.

(10) Folios 5 a 7 del cuaderno 3 anexo.

(11) Folio 15 del cuaderno 3 anexo.

(12) El acta se levantó en forma previa al inicio de la actuación disciplinaria, el día 1º de marzo de 2005 (folios 263 a 265 del cuaderno 3 anexo).

(13) Declaración rendida por Guillermo Restrepo Sabogal, quien, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, fungía como Comandante de la Estación de Policía de Carreteras (folios 17 a 19 del cuaderno 3).

(14) Declaración del patrullero Julián Andrés García, quien estaba en servicio de centinela en la estación de policía de carreteras para la fecha de la ocurrencia de los hechos (folios 59 y 60 del cuaderno 3 anexo).

(15) Folio 68 del cuaderno 3 anexo.

(16) Folios 86 a 87 del cuaderno 3 anexo.

(17) Folio 116 del cuaderno 3 anexo.

(18) Diligencias de versión libre rendidas por el intendente Olimpo Cárdenas Herrera (folios 90 a 96), el agente Germán Martínez Burbano (folios 100 a 104), el patrullero Nelson Horacio Collazos Burbano (folios 112 a 115), el agente Lubio Waldemar Galindez (folios 122 a 124), el subintendente Jorge Eduardo Serna Sánchez (folios 126 a 129), el sargento viceprimero Segundo Javier Coral Castillo (folios 130 a 139 del cuaderno 3), el patrullero Tulio Cesar Uribe Miranda (folios 142 a 145), y el patrullero José Mauricio Murillo Cruz (folios 147 a 149). Todos los folios corresponden al cuaderno 3 anexo.

(19) Entre otras pruebas se destaca la versión libre rendida por el patrullero Nelson Collazos Burbano (folios 112 a 115 del cuaderno 3 anexo), quien expuso: “no sé en que se habían desplazado hasta Piendamó el AG. Galindes, el PT. Moncada, pero de allí en adelante éstos dos compañeros se vinieron en la mula”.

(20) Folios 117 a 120 del cuaderno 3 anexo.

(21) Folios 130 a 139 del cuaderno 3 anexo.

(22) Folios 155 a 160 del cuaderno 3 anexo.

(23) Folios 911 a 921 del cuaderno 6 anexo.

(24) Folios 986 a 994 del cuaderno 6 anexo.

(25) Folio 1006 del cuaderno 6 anexo (copia ilegible), corroborado a folio 15 del cuaderno 5 anexo.

(26) Folio 1007 del cuaderno 6 anexo.

(27) Folios 1015 a 1021 del cuaderno 6 anexo.

(28) Folio 1026 del cuaderno 6 anexo.

(29) Folios 1046 a 1050 del cuaderno 6 anexo.

(30) Folios 1 a 5 del cuaderno 5.1 anexo.

(31) Folios 1188 a 1223 del cuaderno 6 anexo.

(32) Folio 1227 del cuaderno 6 anexo.

(33) Folios 1244 a 1260 del cuaderno 7 anexo.

(34) Folios 12 a 17 del cuaderno 5 anexo.

(35) Folios 1371 a 1375 del cuaderno 7 anexo.

(36) Folios 104 a 109 del cuaderno 5 anexo.

(37) Folios 40 a 100 del cuaderno principal.

(38) Folios 3 a 39 del expediente principal.

(39) Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sale Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez (E), Referencia 110010325000201 100316 00 núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz.

(40) Artículo 94 de la Ley 734 de 2002.

(41) Corte Constitucional, Sentencia SU-712/13, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio “Algunos instrumentos de derecho internacional incorporados al ordenamiento interno reconocen la imparcialidad como componente del debido proceso, que por expreso mandato constitucional comprende las actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 C.P.).”

(42) Artículo 129 de la Ley 734 de 2002.

(43) Corte Constitucional, Sentencia C-202/05, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(44) Corte Constitucional, Sentencia T-698/16, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

(45) Según se desprende de la versión libre rendida por el actor, visible en folios 117 a 120 del cuaderno 3 anexo.

(46) Según declaración rendida por Guillermo Restrepo Sabogal, quien, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, fungía como Comandante de la Estación de Policía de Carreteras (folios 17 a 19 del cuaderno 3).

(47) Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(48) La siguiente cita es propia del texto transcrito: Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional del 12 de marzo de 2002, Magistrado Sustanciador: Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que prohijó la Sentencia C-416 DE 1994, en la que se precisó: “En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado. [...].”

(49) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de mayo de 2011, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación 73001-23-31-000-2004-01306-02(0684-08).