Sentencia 2012-00094 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Ref.: 3730-2013

Expediente: 25000-23-42-000-2012-00094-01

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Como no se evidencia causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

1. El problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto, debe la Sala resolver el siguiente interrogante ¿El actor tiene derecho al reconocimiento del tiempo doble por los servicios prestados mientras el país se encontraba en estado de sitio durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 1977 al 20 de junio de 1982?

2. Marco jurídico y jurisprudencial

Los tiempos dobles constituyen un derecho previsto por el legislador de manera especialísima para determinados funcionarios y actividades cuando se hubiera declarado bajo la Constitución de 1886 el estado de guerra exterior o de conmoción interior en todo o parte del territorio nacional; constituye una ficción ya que se tiene como laborado un tiempo que materialmente no lo fue y además resulta imperativo demostrar que se han reunido los requisitos exigidos. Este beneficio no se paga en dinero, sino que, se reconoce para efectos prestacionales.

La Ley 2ª de 1945 por medio de la cual se reorganizó la carrera de Oficiales del Ejército, señaló las prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y dictó otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa, en su artículo 47 señaló:

“El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción de ascensos.

Parágrafo. Para el cómputo de que trata el presente artículo, es condición indispensable que la prestación del servicio se efectúe en la zona afectada”.

Por su parte, el artículo 155 del Decreto 2338 de 1968, por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de la misma entidad previó:

“El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno, a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida, desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que para que proceda el reconocimiento de los períodos solicitados es indispensable que en la demanda se señalen los decretos del gobierno constitutivos del soporte legal de cada una de las pretensiones pues no basta la declaratoria del estado de sitio para que automáticamente opere el aludido reconocimiento; se requiere, además, que el Gobierno Nacional haya indicado las zonas del país en las cuales los problemas de orden público ameritan ese reconocimiento o señalado expresamente para tales efectos todo el territorio nacional (Fallo del 14 de mayo de 1990, expediente No. 1537, actor: Esteban Tamayo Medina, Consejero Ponente doctor Reynaldo Arciniegas Baedecker).

Sobre la importancia de establecer la anterior condición, y su carácter no discriminatorio aunque se declare alterado el orden público a nivel nacional, pero únicamente se estime que los miembros de la fuerza pública que prestaron sus servicios en determinadas zonas del país son los beneficiarios del reconocimiento del tiempos dobles, son ilustrativas las consideraciones contenidas en la sentencia del 6 de diciembre de 2007, proferida por esta Subsección, C.P. Jesús María Lemos Bustamante(2):

“Esta medida no es discriminatoria porque es al Gobierno Nacional a quien le consta en qué lugares hubo disturbios y en dónde no, por ello es él quien debe definir a quiénes se les extiende el beneficio reclamado porque lo cierto es que el hecho de que se hubiese decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional no significa que en todos los departamentos o municipios estuviese turbado el orden público ya que esta medida lo que buscaba era dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de orden público.

Por ello los períodos reclamados no pueden reconocerse pues el actor no demostró los decretos que le confirieran el derecho en su calidad de suboficial de Policía.

Finalmente conviene señalar que el establecimiento de los tiempos dobles bajo las condiciones señaladas responde a las políticas salariales y prestacionales del Legislador y del Gobierno de turno, quienes gozan de autonomía para definir quiénes pueden ser beneficiarios de una prestación(3), atendiendo a factores discrecionales de necesidad y conveniencia y el hecho de que a otros miembros de la Policía Nacional se les hubiesen reconocido de manera equivocada los tiempos dobles no legitima al causante para obtener la prestación reclamada.” (Destacado fuera de texto).

El pronunciamiento anterior está referido a la normatividad aplicable a los miembros de la Policía Nacional(4), lo que no significa que las consideraciones hechas alrededor de las mismas no sean aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares como quiera que su contenido material es reiterado por los artículos 52 de la Ley 126 de 1959 y 181 el Decreto-Ley 2337 de 1971(5).

Los artículos 1º y 2º de la Ley 126 de 1959, señalan que las Fuerzas Armadas están constituidas por las Fuerzas Militares y la Fuerza de Policía, y respecto de aquellas, indican que son el Ejército, la Armada y la Fuerza Área.

La Ley 126 de 1959 que reorganiza la carrera de oficiales de las Fuerzas Militares, en su artículo 52 establece:

“El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que el Gobierno determine desde la fecha en que se declare turbado el orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio.

(...)”

Por su parte, el Decreto-Ley 2337 de 1971, “por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares” en su artículo 181 prescribe:

“El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.”

Como puede apreciarse, tales normas, concuerdan en exigir para el reconocimiento del tiempo doble de servicio, que el Gobierno a juicio del Consejo de Ministros establezca específicamente qué zonas del país merecen tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivieron, o señale expresamente para tales efectos que se entiende comprendido todo el territorio Nacional(6).

Se trata entonces de un beneficio consagrado a favor del personal de las Fuerzas Militares que prestó sus servicios en determinadas zonas que a juicio del Gobierno y de acuerdo con determinas condiciones ameritaban su reconocimiento atendiendo a factores de necesidad y conveniencia en el marco de la declaración del estado de sitio.

3. El caso en estudio.

3.1. Hechos probados.

Según hoja de servicios No. 070 FAC 175 de 19 de junio de 1985, el actor laboró en la Fuerza Aérea desde el 25 de enero de 1971 al 5 de junio de 1985 y le fue reconocido tiempo doble entre el 15 de diciembre de 1972 y 29 de diciembre de 1973 mediante Decreto 1386 de 1974, para un total de 15 años 10 meses y 11 días (f.8).

Mediante Resolución 6842 de 10 de octubre de 1986, expedida por el Ministro de Defensa Nacional, le fueron reconocidas las prestaciones sociales consolidadas con ocasión del retiro del servicio, incluyendo las cesantías definitivas por el tiempo de 15 años, 10 meses y 11 días de conformidad con la hoja de servicios No. 070 de 1985 (fs. 11 y 12).

A través de la Resolución No. 1192 de 20 de septiembre de 1985, proferida por el Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le fue reconocida la asignación de retiro en un porcentaje del 50% del sueldo de actividad, teniendo en cuenta la totalidad del tiempo de servicios correspondiente a 15 años, 10 meses y 11 días (fs. 13 a 15)

El 10 de abril de 2012 el actor solicitó al Ministro de Defensa Nacional el reconocimiento del tiempo doble por el periodo laborado entre el 15 de marzo de 1977 y el 20 de junio de 1982 y la reliquidación de sus prestaciones sociales tales como las cesantías definitivas y la asignación de retiro (fs. 5 a 7)

3.2. El fondo del asunto.

Manifiesta el apelante que la sentencia de primera instancia incurre en error de derecho por indebida interpretación de la ley en razón a que negó el derecho al reconocimiento de tiempos dobles con fundamento en el Decreto 609 de 1977 el cual no le es aplicable. Afirma también, que incurre en vía de hecho porque la sentencia se fundó en jurisprudencia con supuestos fácticos diferentes a su situación fáctica; desconoce los documentos aportados al proceso, viola el debido proceso por incongruencia y viola el derecho de igualdad, toda vez que el demandante si reúne los requisitos señalados en la ley y en la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de los tiempos dobles.

En este orden, para resolver el recurso de apelación la Sala debe absolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿El Decreto 609 de 1977 es aplicable al demandante?

(ii) ¿El demandante acreditó los requisitos exigidos por ley para el reconocimiento de tiempos dobles durante el periodo reclamado?

1. El Decreto-Ley 609 de 1977 no es aplicable al caso concreto.

En la sentencia objeto de apelación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del actor con fundamento en el artículo 104 del Decreto-Ley 609 de 1977 que eliminó los tiempos dobles dispuestos por el Decreto 2340 de 1971 y previó que a partir del 15 de marzo de 1977 no se reconocería tiempo doble para ningún efecto, salvaguardando los derechos adquiridos.

Como motivo de apelación afirma el demandante que el Decreto 609 de 1977 no es aplicable a los miembros de las fuerzas militares —fuerza aérea— sino al personal de Agentes de la Policía Nacional, razón por la que considera que la sentencia de primera instancia incurrió en un error de derecho por indebida interpretación de la ley.

El Decreto-Ley 609 de 15 de marzo de 1977, “por el cual se reorganiza la Carrera de Agentes de la Policía Nacional” en su artículo 1º fijó su ámbito de aplicación para la carrera profesional de los agentes de la policía nacional.

En su artículo 104, el referido Decreto 609/77 dispuso:

“Artículo 104. Tiempo doble. A partir de la vigencia de este Decreto no se reconocerá tiempo doble para ningún efecto. Los tiempos dobles en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 2340 de 1971 y disposiciones anteriores sobre la misma materia que se hayan reconocido o se reconozcan por servicios, prestados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales de los Agentes favorecidos con tales reconocimientos.”(7)

En la Sentencia C-1406 de 2000(8) la Corte Constitucional aclaró que a partir del 15 de agosto de 1977, día en que comenzó regir el Decreto-Ley 609 de 1977, solo se computaría doblemente el tiempo de servicio causado con antelación a la entrada en vigor de la misma disposición, aunque los preceptos que así lo hubiesen previsto estén excluidos del ordenamiento jurídico, puesto que los mismos producen efectos respecto de quienes les asiste este derecho. Señaló que el artículo 104 del Decreto-Ley 0609 de 1977 fue excluido de la legislación expresamente por el artículo 177 del Decreto ley 2063 de 1984 y su contenido sustituido por el artículo 110 del mismo estatuto.

Así precisó que “en la actualidad el computo del tiempo de servicio del personal al servicio de la Policía Nacional se rige por el artículo 111 del Decreto ley 1213 de 1990, disposición que solo prevé el beneficio del tiempo doble para aquellos que lo adquirieron antes de su expedición, conforme al artículo 99 del Decreto ley 2340 de 1977 —y disposiciones anteriores—, son las normas que reconocieron dicho beneficio, aunque hubiesen sido excluidas del ordenamiento jurídico, las que producen efectos respecto de quienes les asiste este derecho y no el artículo 104 del Decreto ley 0609 de 1977”.

Es claro entonces que dicho decreto solo era aplicable al personal de agentes de la Policía y que en virtud del mismo, fue eliminado el tiempo doble para tales servidores.

En este orden de ideas, como el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo prestó sus servicios militares como Técnico Primero de la Fuerza Aérea (f.2) es de concluir que no le era aplicable el Decreto 609 de 1977, motivo por el cual le asiste razón al apelante al afirmar que la sentencia de primera instancia incurrió en error de derecho, toda vez que la normatividad aplicada por el Tribunal con fundamento en la cual negó las pretensiones de la demanda no es aplicable al demandante Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, en consideración a que el mismo prestó los servicios en las fuerzas militares —Fuerza Aérea Colombiana FAC— y no como Agente de la Policía Nacional; sin embargo, esta situación no es suficiente para acceder a las pretensiones del demandante, toda vez que resulta necesario verificar si este acreditó los requisitos para el reconocimiento del beneficio pretendido, lo cual procede a verificar la Sala a continuación.

2. El demandante no acreditó los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de tiempo doble durante el periodo reclamado.

Sostiene el demandante que tiene derecho a que se le reconozca como tiempo doble los servicios prestados entre el 15 de marzo de 1977 y el 20 de junio de 1982 con fundamento en los siguientes decretos: 2337 de 1971 artículo 181 que consagró el derecho al reconocimiento de tiempo doble para efectos de prestaciones sociales desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad; 2131 de 7 de octubre de 1976 que declaró turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional; y 1674 de 9 de junio de 1982 que declaró restablecido el orden público y levantó el estado de sitio a partir del 20 de junio de ese mismo año.

En tal sentido, considera el actor que la sola declaratoria de estado de sitio es suficiente para que se reconozca como doble el tiempo laborado.

Al respecto, se tiene que el Decreto-Ley 2337 de 1971, “por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares” en su artículo 181 prescribe:

“El tiempo de servicio en guerra internacional o conmoción interior, en las zonas que determine el Gobierno a juicio del Consejo de Ministros si las condiciones justifican la medida desde la fecha en que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computará como tiempo doble de servicio para efectos de prestaciones sociales.” (Resalta la Sala)

Del texto anterior puede advertirse claramente que para el reconocimiento del tiempo doble de servicio, no bastaba con el Decreto que declaraba el estado de sitio, como quiera que era indispensable que el Gobierno Nacional estableciera las zonas del país en donde se justificaba tal reconocimiento por la situación de orden público que vivieron(9). Al respecto, la Sala ha reiterado que “no basta la declaratoria del estado de sitio para que automáticamente opere el aludido beneficio”(10).

La Sala encuentra equivocado el planteamiento del recurrente, pues como lo ha reiterado en varias oportunidades esta Corporación, para ser acreedor al reconocimiento de tiempos dobles el actor ha debido acreditar, además de otras exigencias, la prestación del servicio en la zona afectada y el decreto que lo establezca en su favor, lo que no aparece demostrado en el sub lite.

En la hoja de servicios No. 070 FAC 175 de 19 de junio de 1985 (f.8), se evidencia que el actor trabajó para la Fuerza Aérea Colombiana desde el 25 de enero de 1971 hasta el 05 de junio de 1985, más los tres (3) meses de alta del 5 de junio al 4 de septiembre de 1985, y tiempo doble del 15 de diciembre de 1972 al 29 de diciembre de 1973, que equivale a un tiempo total de prestación del servicio de 15 años, 10 meses y 11 días.

Se desprende del documento anterior que mediante Decreto Ejecutivo 1386 de 1974 al demandante le fue reconocido tiempo doble de servicios por el periodo laborado del 15 de diciembre de 1972 al 29 de diciembre de 1973 y que dicho tiempo fue tenido en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales consolidadas, las cuales fueron reconocidas mediante Resolución No. 6842 de 10 de octubre de 1986 (f.11y 12), así como en la asignación de retiro reconocida mediante Resolución No. 1192 de 20 de septiembre de 1985 (fs. 13 a 15).

A pesar de ello, con la presente acción el demandante pretende el reconocimiento del tiempo doble por el periodo laborado del 15 de marzo de 1977 al 20 de junio de 1982, tal y como quedó establecido en la fijación del litigio (fs. 216 a 218)(11)

De la hoja de servicios no se logra establecer el derecho al reconocimiento del beneficio de tiempos dobles por haber laborado durante el periodo reclamado en la demanda, toda vez que mediante dicho documento no se acredita la autorización por parte del Gobierno, previo concepto del Consejo de Ministros, de las zonas que justifican la medida, lo cual resultaba indispensable para acceder al reconocimiento del tiempo doble pues como ya se señaló, la declaración del estado de sitio o turbación del orden público, por sí sola, no da lugar al reconocimiento de tiempo doble, como pretende el demandante.

La competencia del Gobierno Nacional para establecer en qué zonas del país se reconocía el mismo, fue prevista en las leyes 2 de 1945 y 126 de 1956, y en el Decreto con fuerza de Ley 2337 de 1971, dictado en virtud las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 7 de 1970, motivo por el cual fue el mismo legislador el que estableció dicho beneficio y los criterios a tener en cuenta para su reconocimiento.

En virtud de lo anterior, los decretos ejecutivos que dictó el Gobierno Nacional para establecer qué zonas del país merecieron tal reconocimiento por los problemas de orden público que vivieron —particularmente el Decreto 1386 de 1974— constituyeron un simple desarrollo de las normas antes señaladas, toda vez que era el Gobierno Nacional quien establecía las condiciones de reconocimiento del cómputo doble del servicio prestado.

Debe precisarse que una es la declaratoria del Estado de sitio y otra diferente la determinación de los supuestos en los cuales habrían de incursionar quienes por razón de tal declaratoria debieron desempeñarse en los lugares y circunstancias señalados por el Gobierno.

Estas medidas no resultan ser discriminatorias porque era al Gobierno Nacional a quien le correspondía establecer en qué lugares existieron disturbios y en dónde no, por ello es él quien debía definir a quiénes se les extendía el beneficio reclamado porque lo cierto es que el hecho de que se hubiese decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional no significaba que en todos los departamentos o municipios estuviese turbado el orden público ya que esta medida lo que buscaba era dotar al ejecutivo de facultades para contrarrestar los problemas de orden público(12).

Aceptar la argumentación del petente, según la cual el derecho al reconocimiento del beneficio consagrado en el Decreto 2131 de 1976 surge automáticamente con la declaratoria del estado de sitio, equivaldría a sostener que cada vez que se declarara el estado de sitito o de guerra exterior, todos los miembros de la Fuerza Pública fueran merecedores de dicho beneficio, lo cual contradice el carácter excepcional del mismo y desconoce la competencia del Gobierno Nacional para fijar las zonas del país que se tendrían en cuenta para el reconocimiento de tiempos dobles, situación que podría generar el reconocimiento indiscriminado de beneficios laborales si se tiene en cuenta que no son todos los miembros de la Fuerza Pública que laboraron bajo un estado de sitio, los que merecieron el cómputo doble del servicio prestado, sino únicamente aquellos que estuvieron en zonas del territorio nacional donde efectivamente se presentaron alteraciones significativas del orden público(13).

Por ello los períodos enunciados en la demanda no pueden reconocerse como tiempos dobles de servicios para efectos prestacionales pues se reitera, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, no demostró los decretos que le confirieran tal derecho.

Por otra parte, carece de sustento el argumento del actor al afirmar que de acuerdo con la Sentencia C-917 de 1999 el concepto del consejo de ministros no era requisito para el reconocimiento del tiempo doble, toda vez que ello no se desprende de tal pronunciamiento. En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional se inhibió para proferir sentencia de mérito en relación con los fragmentos acusados de los artículos 181 del Decreto 2337 de 1971, 155 del Decreto 2338 de 1971 y 99 del Decreto 2340 de 1971 al considerar que los mismos no se encontraban produciendo efectos por tratarse de facultades extraordinarias del Ejecutivo durante el Estado de Sitio, asumidas al amparo del antiguo artículo 121 de la Constitución.

En aquella oportunidad precisó la Corte que la facultad gubernamental para fijar ciertas zonas durante la vigencia del Estado de Sitio, en las que tuviera aplicación el reconocimiento aludido obedeció al ejercicio de facultades extraordinarias del Ejecutivo que solo pudieron ser ejercidas dentro del marco del Estado de Sitio bajo el amparo de la anterior Constitución.

Finalmente, conviene señalar que el establecimiento de los tiempos dobles bajo las condiciones señaladas respondía a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del gobierno de turno, quienes gozaron de autonomía para definir cuáles serían los beneficiarios de tal prestación(14), atendiendo a factores discrecionales de necesidad, conveniencia y razones del servicio dadas las condiciones político, sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época y por ello no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a la declaratoria de estado de sitio, dicha situación conllevara per se el reconocimiento automático de tiempos dobles de servicio para todos los funcionarios aunque no fueran oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía o que aun siéndolo no acreditaban en debida forma todos y cada uno de los requisitos que tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia del alto Tribunal de lo contencioso administrativo han previsto para dichos efectos.

Así las cosas, de conformidad con lo planteado por la Corporación, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, pero no por las razones expresadas en la sentencia recurrida atinentes a la aplicación del Decreto 609 de 1977, sino porque el actor no acreditó en debida forma el derecho al reconocimiento como tiempo doble de los servicios militares indicados en la demanda y, en consecuencia, la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda será confirmada con fundamento en lo expuesto en esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 25 de julio de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda instaurada por Jorge Eliécer Cuervo Cuervo contra la Nación – Ministerio de Defensa.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

2 Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00207-01(9102-05).

3 Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los Oficiales y Suboficiales, dejando por fuera del reconocimiento de este beneficio, entre otros a los Agentes de Policía.

4 Ver los artículos 92 del Decreto-Ley 3187 de 1968, 99 del Decreto 2340 de 1971, y 111 del Decreto 1213 de 1990.

5 Sobre el particular es importante resaltar, que el reconocimiento objeto de análisis fue realizado en primer lugar a los oficiales del Ejército, como puede apreciarse en el artículo 47 de la Ley 2º de 1945.

6 En el mismo sentido, ver la sentencia del 25 de septiembre de 2008, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Proceso Número: 110010325000200500222 01. Nº interno 9549-05.

7 La norma anterior fue derogada por el artículo 177 del Decreto 2063 de 1984.

8 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.

9 En el mismo sentido, ver la sentencia del 25 de septiembre de 2008, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Proceso Número: 110010325000200500222 01. Nº interno 9549-05.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 1 de octubre de 2009. Ref.: 08001-23-31-000-2004-01932-01. Nº Interno: 1117-2006. Actor: Israel Canoles Ramos. Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.

11 “El litigo se contrae en examinar la legalidad de los actos combatidos, acto ficto negativo respecto de la petición de 10 de abril de 2012 y la resolución No. 6842 de 10 de octubre de 1986, y en consecuencia, determinar si el actor tiene derecho o no al reconocimiento de tiempos dobles de servicios laborados para la Fuerza Aérea bajo el estado de sitio, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 1977 y el 20 de junio de 1982 con el consiguiente reajuste a sus prestaciones sociales y su pago indexado con intereses, multas y diferencias”.

12 En el mismo sentido se pronunció la Sala en Sentencia del 19 de febrero de 2009 Radicación número: 11001-03-25-000-2004-00216-00(4510-04). C.P.: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

13 En tal sentido se pronunció la Sala en sentencia de 27 de agosto de 2009. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Ref.: 13001-23-31-000-2007-00268-01. Nº Interno: 1830-2007. Actor: Santiago Orozco Buendía. Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.

14 Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los Oficiales y Suboficiales, dejando por fuera del reconocimiento de este beneficio, entre otros a los Agentes de Policía.