Sentencia 2012-00096/20842 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 17001-23-33-000-2012-00096-01 (20842)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Actor: Alberto Patiño

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Sanción por no enviar información - 2007

Bogotá D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete

Extractos «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se impuso al demandante la sanción por no enviar la información correspondiente al año gravable 2007.

Se advierte que las inconformidades planteadas por el actor, en el recurso de apelación, se concretaron en lo siguiente:

• Se violó el debido proceso al endilgarle al demandante la realización de cuatro hechos sancionables.

• La base de la sanción no se puede calcular con la información de las declaraciones del contribuyente y, por tanto, debe corresponder al 0.5% de los ingresos netos, como lo indicó el dictamen pericial practicado en el proceso, toda vez que la información no había sido suministrada.

• La resolución sanción está viciada de falsa motivación, porque la DIAN, antes de su expedición, tenía en su poder la información que fue suministrada por el contribuyente.

• No se puede negar la graduación de la sanción, por la existencia de errores en la información, además, debe tenerse en cuenta la actitud de colaboración por la entrega de la información con la respuesta al pliego de cargos.

Previo al análisis del recurso de apelación, se advierte que es un hecho no discutido que el actor estaba obligado a presentar la información por el año gravable 2007, toda vez que en su declaración de renta del año gravable 2006(9), registró un total de ingresos brutos de $ 1.868.780.000, monto que al superar el tope fijado en la Resolución 12690 de 2007, lo obligaba a suministrar la información a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario.

Además que, conforme al artículo 18 de la Resolución 12690 antes indicada, el plazo para la entrega de la información venció el 28 de marzo de 2008, teniendo en cuenta que el obligado es persona natural y que los dos últimos dígitos del NIT corresponden al número 20(10), fecha para la cual el contribuyente no cumplió con su deber formal.

Violación del derecho al debido proceso

En el recurso de apelación, el actor argumentó que la Administración violó el debido proceso al endilgarle la realización de cuatro hechos sancionables.

La Sala observa que en el pliego de cargos, la Administración manifestó lo siguiente(11):

“(…) se establece que el contribuyente Patiño Alberto (…) se hace acreedor a la sanción establecida en el inciso segundo del literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, ya que no presentó la totalidad de la Información Exógena por el año gravable 2007 y la que presentó lo hizo de forma extemporánea.

La sanción será liquidada de conformidad con el inciso segundo del literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, la cual corresponde al cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida o se hizo en forma extemporánea.

La información suministrada en forma extemporánea corresponde al artículo 5º de la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, formato 1002 Retenciones en la Fuente practicadas

Artículo resolución 12690 29-10-2007FormatoNombre formatoValorObservación
artículo 5º1002Información de retenciones en la fuente practicadas$ 3.021.000Sumatoria renglón 52
Declaraciones de retención en la fuente año 2007
TOTAL$ 3.021.000

La información no suministrada de acuerdo con las declaraciones de renta y complementarios o de ingreso y patrimonio del contribuyente Patiño Alberto (…), cuyo valor dejado de informar corresponde a la suma de $ 7.329.989.000 valor para liquidar la respectiva sanción”. (Resalta).

En el pliego de cargos, se indicó que la información no suministrada, es la siguiente:

Artículo Resolución 12690 de 2007FormatoNombre formatoValor
Artículo 4º1001Información de pagos o abonos en cuenta$ 1.620.234.000
Artículo 6º1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron$ 0
Artículo 7º1004Información de los ingresos recibidos en el año$ 0
Artículo 9º1005Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado$ 220.548.000
Artículo 9º1006Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado$ 230.129.000
Artículo 8º1007Información de ingresos recibidos en el año$ 1.654.932.000
Artículo 111008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2007$ 1.687.000
Artículo 101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2007$ 6.198.000
Artículo 3º1010Información de socios y accionistas$ 0
Artículo 121011Información de las declaraciones tributarias$ 3.462.634.000
Artículo 121012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes$ 133.627.000
Total$ 7.329.989.000
Total base para liquidar la sanción (Valor total información presentada en forma extemporánea(12) más valor total información no presentada)$ 7.333.010.000
Porcentaje de la sanción5%
Total sanción$ 366.650.500

En igual sentido se pronunció la Administración en la resolución sanción, al señalar que “la información suministrada en forma extemporánea corresponde al artículo 5 de la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, formato 1002 retenciones en la fuente practicadas”, y que la información no suministrada es la misma relacionada en el cuadro precedente(13).

Por su parte, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la Administración señaló que “se observa que si bien existen registros de los formatos a los que estaba obligado el contribuyente, los cuales fueron presentados el 30 de agosto de 2010, los formatos 1006, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012 registran error (folios 111 a 127) (…) por lo que se concluye que con la información presentada no cesó el daño ocasionado al Estado ya que esta circunstancia no permite que se puedan efectuar los cruces correspondientes y por ello no está comprobada la actitud de colaboración del contribuyente, motivo por el que no procede graduar la tarifa de la sanción por no informar y se confirma la tarifa del cinco por ciento (5%) impuesta”.

De las razones tenidas en cuenta por la DIAN, se extrae que no le asiste razón al demandante al afirmar que la Administración le endilgó cuatro cargos respecto de una misma información, pues en el contexto de los argumentos expuestos, lo que en realidad señala la Administración, es que el formato 1002 se presentó de forma extemporánea y que el resto de la información no se presentó(14). Por eso manifestó que el contribuyente “no presentó la totalidad de la Información Exógena por el año gravable 2007 y la que presentó lo hizo de forma extemporánea”.

Y si bien en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN no reconoció la entrega extemporánea de la información por los errores que supuestamente contenía, fue para efectos de negar la graduación de la sanción, lo cual, como se abordará en su oportunidad, debe ser objeto de la expedición de un nuevo pliego de cargos.

En todo caso, los supuestos de hecho que condujeron a la expedición de los actos administrativos demandados son la entrega extemporánea de la información, para el caso del formato 1002 y la omisión en la entrega del resto de la información.

Así pues, no es cierto que la Administración haya impuesto la sanción por cuatro cargos diferentes, por lo cual, no procede el cargo por violación al debido proceso.

Base de imposición

El demandante argumentó que la Administración no podía tomar los datos registrados en las declaraciones tributarias como base de imposición y sobre estos aplicar el 5%, porque al momento de formular el pliego de cargos no conocía el valor de la información, toda vez que no había sido presentada, por lo que debió fijarla en el 0.5% de los ingresos netos.

El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, contempla dos bases de imposición de la sanción por no enviar información: i) cuando se puede establecer la cuantía de la información que no se suministró oportunamente, se reportó con errores o que no corresponde a lo exigido, se tasa hasta en el cinco por ciento (5%) de las sumas no informadas y, ii) cuando no es posible establecerla o la información no tiene cuantía, se tasa en el 0.5% de los ingresos netos declarados en el año inmediatamente anterior, sin que exceda el equivalente a 15.000 UVT.

La Sala observa que en el Pliego de Cargos se propuso una sanción de $ 330.810.000(15), que corresponde al 5% de los valores registrados en las declaraciones tributarias presentadas por el contribuyente, de acuerdo con el cuadro que se transcribió al analizar el anterior cargo.

Los valores señalados se determinaron con fundamento en las declaraciones de renta del año 2007(16), retenciones de los periodos 1 al 12(17) del año gravable 2007 y ventas de los 6 bimestres del mismo año(18).

Contrario a lo sostenido por el demandante, la Administración sí podía determinar la sanción con fundamento en las cifras consignadas en las declaraciones antes mencionadas, que se refieren a los conceptos señalados en el artículo 631 del E.T. y en la Resolución 12690 de 2007.

En atención a la naturaleza de la información requerida, la Sala ha precisado que se trata de información cuantificable y que la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario se debe imponer hasta en el 5% “de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida”. Al respecto, señaló(19):

“Como se expuso en aparte precedente, mediante la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, la DIAN dispuso, entre otras obligaciones, que las personas naturales obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006 fueran superiores a mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000), estaban obligadas a suministrar la información de que tratan los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, circunstancia en la que se encontraba el demandante según da cuenta la declaración de renta del año 2006 que obra en el folio 93.

En ese sentido, el señor Ruiz estaba en la obligación de suministrar, en medios magnéticos, esta información correspondiente al año 2007 (…)

7.4. De la relación hecha, para la Sección es claro que la información solicitada por la DIAN era susceptible de ser cuantificada, en tanto se refiere a las retenciones en la fuente realizadas y que le practicaron al contribuyente, respecto de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, a los pagos o abonos que constituyen costo, deducción o dan derecho a impuesto descontable, a los ingresos percibidos, a los pasivos de cualquier índole, a los créditos activos, al patrimonio bruto, a los inventarios, a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, a las rentas exentas, y a los costos y deducciones solicitadas en la declaración de renta.

7.5. Bajo dicho supuesto fue que la Administración Tributaria, con fundamento en la información suministrada por el contribuyente en sus diferentes declaraciones, la que se presume veraz de conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario, estableció una base, monto o valor de la información dejada de suministrar, de la siguiente manera: (…)

7.6. Dada la naturaleza de la información solicitada y la posibilidad de cuantificarla, no es posible imponerle al contribuyente la sanción por no suministrar información sobre la base de sus ingresos netos o su patrimonio bruto, como se solicita en la demanda y en el recurso de apelación, pues dicho supuesto no fue previsto por el legislador.

Por tal razón, tal como lo hizo la Administración Tributaria, era menester cuantificar la base sobre la que debería imponerse la sanción en atención a la información suministrada por el contribuyente en las respectivas declaraciones de IVA y renta(20)“. (Se resalta).

De acuerdo con lo anterior, la Administración estaba facultada para establecer el valor de la información exigida, con base en los valores reportados en las declaraciones tributarias del obligado, que en los términos del artículo 746 del Estatuto Tributario(21), gozan de presunción de veracidad.

Por lo anterior, la sanción se debe imponer en un porcentaje de hasta el 5% de las sumas determinadas, y no sobre la base del 0.5% de los ingresos netos del contribuyente.

La Sala advierte que el dictamen pericial practicado en la primera instancia señaló que la Administración no podía tasar la sanción por no informar sobre la base de la información registrada en las declaraciones tributarias sino sobre los formatos entregados por el contribuyente(22).

La anterior conclusión no puede ser tenida en cuenta por la Sala pues, de una parte, como se explicó, la Administración conocía el valor de la información a partir de las diferentes declaraciones presentadas por el demandante, de las cuales se extraen los valores para el cálculo de la sanción y que están amparadas por la presunción de veracidad y, de otra, la conclusión del perito desborda el objeto de dicha prueba, en la medida en que ésta se concreta en verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren conocimientos científicos o técnicos, por lo tanto, la manifestación o conclusión de la auxiliar de la justicia constituye un pronunciamiento sobre un punto de derecho que debe ser analizado por el juez, como lo ordena el artículo 226 del Código General del Proceso(23), el cual corresponde al objeto de la controversia.

Por lo demás, de la lectura íntegra del dictamen pericial no se puede establecer de manera clara, por qué a pesar de que se tuvieron en cuenta para la prueba las declaraciones privadas del contribuyente (fl. 8), el valor de la información difiere frente al establecido por la Administración.

Por lo anterior, la Sala considera que la entidad demandada podía fijar la sanción sobre la base de la información reportada por el demandante en sus declaraciones tributarias, la cual no fue desvirtuada.

Falsa motivación

En relación con el argumento, según el cual, la resolución sanción está falsamente motivada, porque la Administración tenía en su poder la información presentada por el contribuyente al momento de expedir dicho acto y, por tanto, se fundó en razones ajenas a la realidad, la Sala reitera que la información de que se valió la Administración para imponer la sanción, es la misma reportada en las declaraciones tributarias del demandante, que como se anotó, goza de presunción de veracidad.

Por otra parte, aunque en el expediente está demostrado que el demandante presentó la información con anterioridad a la expedición de la resolución sanción(24), ello no implica que el hecho sancionable desaparezca y, en este caso, está demostrado que el actor incurrió en el supuesto sancionatorio previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario por entregar la información por fuera del plazo establecido, formato 1002, y la omisión en la entrega del resto de la información.

Graduación de la sanción y sanción reducida

La DIAN aplicó el 5% sobre el valor de la información no suministrada, por valor de $ 330.810.000, para lo cual tomó como base la suma de $ 7.333.010.000, que corresponde a los valores registrados en las declaraciones de renta, ventas y retenciones del año gravable 2007. El monto de la sanción fue modificado por la resolución que resolvió el recurso de reconsideración a la suma de $ 314.610.000, que corresponde al tope máximo permitido por la normativa aplicable.

En lo referente a la graduación de la sanción, en el expediente está demostrado que el 11 de junio de 2008, el contribuyente presentó la información del formato 1002(25), es decir, con anterioridad a la expedición del Pliego de Cargos 102382010000090 del 3 de agosto de 2010, notificado por correo el 9 de agosto siguiente.

Así mismo, después de la notificación de dicho acto y antes de la expedición de la Resolución Sanción 102412011000019 del 3 de marzo de 2011, notificada el 7 de marzo siguiente(26), el contribuyente suministró, por medio electrónico, la siguiente información:

Fecha de entregaFormularioFolio del c.p.
30/08/20101001499
02/09/20101005501
30/08/20101006502
30/08/20101007503
30/08/20101008504
30/08/20101009505
30/08/20101011506
30/08/20101012507

Frente a la información suministrada de forma extemporánea, la Sala advierte que la Administración no podía imponer la sanción en el tope máximo previsto en el literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario, que establece un margen de aplicación de la sanción por no informar al señalar que será “hasta del 5%”, preposición que indica un límite de graduación, en virtud de la cual puede aplicar porcentajes de liquidación entre el 0,1% y el 5%.

Ese margen de graduación le impone al funcionario el deber de aplicar la sanción en un porcentaje que se informe en los principios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual es preciso observar, entre otros aspectos, la actitud de colaboración del contribuyente y el correlativo daño causado al fisco. Sobre este punto, la Sala ha sostenido que(27):

“Si bien tanto la falta de entrega de información, como la entrega tardía de la misma, entorpecen por sí solas las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Es así, porque mientras la falta de entrega veda en magnitud considerable la oportunidad de la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

Esa medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente [8] para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquéllos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora.

Allegar la información dentro del término de respuesta al pliego de cargos es una extemporaneidad mesurable que, sin duda alguna, no sesgó de manera absoluta el poder de fiscalización y que, por mismo, tampoco ameritaba una sanción liquidada a la tarifa máxima que prevé el literal a) del artículo 651 del ET., independientemente de los eventuales errores que tuviere parte de ella, lo que dentro del presente proceso no se constató, pues si estos existían debían ventilarse en actuación administrativa independiente, por hecho sancionable distinto (el de suministro erróneo de la información) como bien lo indicó el a quo y lo ordena el parágrafo 3º del artículo 3º de la Resolución 11774 del 7 de diciembre de 2005, según se lee”. (Se resalta).

Por lo anterior, la Sala advierte que sobre el valor de la información correspondiente al formato 1002, el cual fue presentado con anterioridad a la notificación del pliego de cargos, procede la graduación al 0.5% del valor de la información en este contenido.

Sobre los demás formatos presentados con la respuesta del pliego de cargos, en atención al daño que representa la entrega tardía de la información y la oportunidad que tiene la Administración para ejercer las facultades de fiscalización, la Sala graduará la sanción en el 1% del valor de la información pues, como se indicó en su oportunidad, lo anterior denota una actitud de colaboración del contribuyente.

Cabe reiterar que, si bien la entrega extemporánea de la información evidencia una conducta tendiente a subsanar la omisión, la cual incide en la graduación de la sanción, ello no significa que la sanción no deba ser impuesta, pues se repite que el supuesto sancionable previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario se cumplió, lo cual acarrea su consecuente efecto jurídico.

En relación con el formato de información 1010 “información de socios y accionistas”, la Sala observa que, aunque en los actos administrativos demandados se registró en cero ($ 0), lo cual no incidió en la tasación de la sanción, se advierte que por tratarse en este caso de una persona natural, el actor no estaba obligado a presentar ese formato de información.

Así mismo, en lo relación con el formato 1003 “información de retenciones en la fuente que le practicaron”, la Sala advierte que aunque no fue entregado este formato, la Administración no cuestionó tal situación y fijó una base de imposición de la sanción de cero ($ 0). Lo anterior se hace extensivo al formato 1004.

Así pues, la liquidación de la sanción, quedará así:

Artículo Resolución 12690 de 2007FormatoNombre formatoValor
Artículo 4º1001Información de pagos o abonos en cuenta$ 1.620.234.000
Artículo 6º1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron$ 0
Artículo 7º1004Información de los ingresos recibidos en el año$ 0
Artículo 9º1005Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado$ 220.548.000
Artículo 9º1006Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado$ 230.129.000
Artículo 8º1007Información de ingresos recibidos en el año$ 1.654.932.000
Artículo 111008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2007$ 1.687.000
Artículo 101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2007$ 6.198.000
Artículo 121011Información de las declaraciones tributarias$ 3.462.634.000
Artículo 121012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes$ 133.627.000
Total$ 7.329.989.000
Total base para liquidar la sanción $ 7.329.989.000
Porcentaje de la sanción1%
Total sanción$ 73.299.890

En cuanto al formato 1002, que fue presentado con anterioridad a la notificación del pliego de cargos, la liquidación que procede es la siguiente:

Artículo Resolución 12690 de 2007FormatoNombre formatoValor
Artículo 5º1002Información de retenciones en la fuente practicadas$ 3.021.000
Total base para liquidar la sanción$ 3.021.000
Porcentaje de la sanción0.5%
Total sanción$ 15.105

Así las cosas, el monto total de la sanción es el siguiente:

Formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012$ 73.299.890
Formato 1002$ 15.105
Total sanción$ 73.314.995

Ahora bien, la Sala observa que, con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, el contribuyente además de subsanar la omisión solicitó acogerse a la sanción reducida, para lo cual, mediante el Recibo Oficial de Pago de Impuestos Nacionales 490701942991 del 3 de septiembre de 2010(28), el contribuyente pagó a título de sanción reducida al 10%, la suma de $ 11.052.000.

La Administración no aceptó la sanción reducida con fundamento en que la información se había presentado con errores y el demandante había utilizado una base diferente para calcular el monto de la sanción(29).

Para la Sala, resulta procedente la sanción reducida al 10% solicitada por el demandante, toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo 651 E.T., el actor subsanó la omisión, por cuanto allegó los formatos cuya información estaba obligado a suministrar, aspecto no cuestionado por la Administración y sin que el argumento de la presentación de la información con errores sea una causal prevista para impedir el derecho a acceder a tal beneficio.

Además, debe advertirse que el fundamento del pliego de cargos fue la omisión en la entrega de la información y la entrega extemporánea (formato 1002), entonces, no puede la Administración, posteriormente, aducir que con la información presentada se configura un hecho sancionable distinto, como lo es el envío de información con errores, pues ello equivaldría a impedirle al actor ejercer su derecho a la defensa, ante nuevos cuestionamientos, para lo cual la demandada debe expedir un nuevo pliego de cargos en el que se expongan los motivos por los cuales considera que la información presentaba errores.

Igualmente, como se indicó, si bien el demandante hizo el cálculo de la sanción sobre una base diferente, frente a la que se fija en esta providencia, el 10% de la sanción establecida por la Sala corresponde a $ 7.331.499, suma inferior a la sanción reducida pagada por el actor.

En esas condiciones, se ordenará la devolución del excedente, por valor de $ 3.720.501, debidamente indexado como lo prevé el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(30), junto con los intereses moratorios a que se refieren los artículos 192(31) y 195(32) ibídem.

En atención a los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso(33), no condenará en costas a la parte demandante, teniendo en cuenta que aunque el recurso prosperó parcialmente, las costas no se encuentran probadas en el expediente.

Por lo anterior, la Sala revocará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las súplicas de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en el sentido de fijar la sanción por no informar en la suma de $ 73.314.995, sobre los cuales el demandante pagó la sanción reducida al 10%. Además, se ordenará la devolución de la suma de $ 3.720.501, debidamente indexada y junto con los intereses correspondientes, por las razones antes señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revócase la sentencia del 13 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar,

2. Declárase la nulidad parcial de la Resolución Sanción 102412011000019 del 2 de marzo de 2011 y de la Resolución 900.016 del 12 de marzo de 2012 proferidas, en su orden, por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales y por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de esa Dirección Seccional, en el sentido de fijar la sanción por no informar en la suma de setenta y tres millones trescientos catorce mil novecientos noventa y cinco pesos ($ 73.314.995), suma respecto de la cual el demandante pagó la sanción reducida al 10%.

3. Ordénase a la entidad demandada devolver al demandante la suma de tres millones setecientos veinte mil quinientos un pesos ($ 3.720.501), debidamente indexada, junto con los intereses previstos en la parte motiva de esta providencia.

4. Niégase la condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase».

(9) Folio 7 del c.a.

(10) Folio 2 del c.a.

(11) Folios 28 y 29 del c.a.

(12) La información extemporánea se refiere al formato 1002, por un valor de $ 3.021.000.

(13) Folios 72 y 73 del c.a.

(14) Formatos 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012.

(15) Tope máximo de 15.000 UVT.

(16) Folio 8 del c.a.

(17) Folios 9 a 20 del c.a.

(18) Folios 153 a 158 del c.p.

(19) Sentencia del 9 de octubre de 2014, Expediente 20446, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(20) En el mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 15 de mayo de 2015, Expediente 20294, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(21) E.T. ART. 746.—Presunción de veracidad. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

(22) Folio 17 del cuaderno del dictamen.

(23) C.G.P. ART. 226—(…) No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas.

(24) La Sala considera que la entrega extemporánea de la información, constituye una circunstancia que obliga a la Administración a graduar la sanción bajo criterios de justicia, equidad, proporcionalidad y gradualidad, en atención a la actitud de colaboración del contribuyente y el daño ocasionado.

(25) Folio 500 del c.p.

(26) Folio 77 del c.a.

(27) Sentencia 19454 del 24 de octubre de 2013, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(28) Folio 49 del c.a.

(29) El actor adujo tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción que para el cálculo de la sanción no incluyó ciertas “cuantías menores”, tal exclusión fue para efectos únicamente de determinar la base de la sanción y, por ende, el valor total de la sanción reducida (ver fls. 34 y 38 c.a.), lo cual le dio una base de imposición de $ 2.210.437.267. x 5% = 110.521.862 x 10% = $ 11.052.186. (fl. 49 - recibo de pago).

(30) L. 1437/11 ART. 187.—Contenido de la sentencia (…) Las condenas al pago o devolución de una Cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor.

(31) L. 1437/11. ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (…) Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código (…).
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena p de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta que se presente la solicitud.

(32) L. 1437/11. ART. 195.—Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado e pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.

(33) C.G.P. ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 5). En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.