Sentencia 2012-00099/21190 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 540012333000201200099 01

Nº Interno: 21190

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Horizonte Empleos Limitada

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Sanción por no enviar información por el año gravable 2007

Fallo

Bogotá, D. C., diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si existió prescripción de la facultad sancionatoria de la DIAN, de acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario. De no ser así, si la administración determinó en forma clara y precisa el hecho sancionable imputable a la actora y si procede la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario y en qué términos.

Para resolver, la Sala precisa lo siguiente:

Prescripción de la facultad sancionatoria

La DIAN impuso a la actora la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario porque no suministró la información de que tratan los literales b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario. Esta norma autoriza al director general de la DIAN para requerir información a las personas, sean contribuyentes o no, con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En virtud de dicha autorización, el director general de la DIAN expidió la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007 por la cual estableció, para el año gravable 2007, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refieren los literales b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario. Asimismo, fijó el contenido y características técnicas para la presentación de la información y los plazos para la entrega de esta.

Según el literal a) del artículo 1º de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar dicha información exógena, las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006, hubieran superado los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000).

Es un hecho aceptado por las partes que la demandante estaba obligada a suministrar la información exógena por el año gravable 2007, solicitada en la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007. Lo anterior, porque en el año 2006 sus ingresos brutos superaron los $1.500.000.000(19).

Y conforme con el artículo 18 de la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, el plazo para que la actora presentara la información exógena del año gravable 2007, vencía el 3 de abril de 2008, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(20).

También es un hecho que no se discute, que la actora no entregó la información dentro del plazo que tenía para ello.

En consecuencia, la demandante incurrió en una de las infracciones sancionables del artículo 651 del Estatuto Tributario, pues la norma establece que las personas obligadas a suministrar información tributaria y aquellas a quienes la administración les haya solicitado información o pruebas, pueden ser sancionadas si incurren en las siguientes conductas, que son distintas: i) cuando no suministran la información requerida en el plazo fijado para ello; ii) cuando presentan la información requerida pero el contenido tiene errores y iii) cuando entregan información distinta de la requerida.

En este caso, la actora no suministró la información exógena que debía entregar por el año gravable 2007 dentro del plazo que tenía para ello, esto es, hasta el 3 de abril de 2008.

Sobre la prescripción de la facultad sancionatoria, el artículo 638 del Estatuto Tributario, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar”. Subraya la Sala.

De acuerdo con la anterior disposición, cuando las sanciones son impuestas mediante resolución independiente, como en el presente caso, la DIAN previamente debe formular pliego de cargos, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas.

En sentencia de 21 de agosto de 2014, la Sala reiteró su criterio en el sentido de que para iniciar el conteo del término de los dos años para notificar el pliego de cargos debe considerarse si la conducta sancionable está vinculada o no a un período fiscal determinado(21). En la citada sentencia, la Sala hizo las siguientes precisiones:

“3.3. En ese orden de ideas, el a quo debe contabilizarse a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo gravable que corresponda al hecho sancionable, es decir:

a) Cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.

b) Cuando la conducta sancionable si se vincula a un período fiscal específico, en tanto es producto, para citar un caso, de irregularidades en la contabilidad de un período determinado, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable.

3.4. La finalidad del artículo 638 del Estatuto Tributario no es otra que otorgarle a la administración tiempo suficiente para identificar, investigar, fiscalizar y sancionar las eventuales irregularidades u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables y de terceros.

La interpretación, que se reitera en esta sentencia, favorece la seguridad jurídica, principio que “apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación”(22).

Así, en la referida sentencia se reiteró el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de tiempo atrás, según el cual cuando se trata del incumplimiento del deber de suministrar información exógena, como en este caso, para contar el término de dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, debe considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada(23).

Además, en sentencia de 7 de mayo de 2015, la Sala reiteró lo siguiente(24):

“Así, cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable.

Por el contrario, si la conducta sancionable se vincula a un período fiscal determinado, por ejemplo, en caso de irregularidades en la contabilidad, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración de la vigencia fiscal investigada, toda vez que de ella se deriva la conducta sancionable”.

Por lo anterior, en relación con la sanción por no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello, que es la que se analiza en el caso sub examine, el término de prescripción debe contarse a partir de la fecha en que el contribuyente presentó, o debía presentar, la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del año en el que venció el plazo fijado para entregar la información solicitada.

Como se precisó, en el caso en estudio la demandante incumplió el deber de suministrar información exógena por el año gravable 2007, porque debió entregar dicha información hasta el 3 de abril de 2008 y no lo hizo.

Lo anterior significa que el hecho irregular sancionable, consistente en no entregar la información exigida dentro de los plazos establecidos en la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, ocurrió durante el año gravable 2008, por lo que, conforme con lo expuesto, el término de prescripción de la facultad sancionatoria debe contarse desde la fecha en la que la demandante presentó la declaración de renta por ese año gravable, esto es, desde el 13 de abril de 2009(25).

Por ende, la administración tenía hasta el 13 de abril de 2011 para notificar el pliego de cargos. Como este acto se notificó por correo el 31 de agosto de 2010(26), no se configuró la prescripción de la facultad sancionatoria de la DIAN, como lo alega la demandante. No prospera el cargo.

Procedencia de la sanción - base de tasación o cuantificación de la sanción

En relación con la procedencia de la sanción y la cuantificación de la misma, la Sala advierte que como se precisó, la demandante no entregó la información que estaba obligada a suministrar hasta el 3 de abril de 2008 conforme lo establece el artículo 18 de la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, salvo el formato 1002 (retenciones en la fuente practicadas), que fue allegado oportunamente, el cual se excluyó de la base de liquidación de la sanción.

La actora sostuvo que los consorcios H & H y H & S, de los que hizo parte, en el año 2007, allegaron la información el 28 de marzo y el 8 de abril de los (sic) 2008, respectivamente. Afirmación que acepta la DIAN en la contestación de la demanda, en donde precisó que si bien dichos consorcios presentaron los formatos 1043 (pagos o abonos en cuenta), 1044 (retenciones en la fuente practicadas) y 1045 (ingresos recibidos), que corresponden a la información exigida en los literales b), e) y f) del artículo 631 del Estatuto Tributario, tal circunstancia no exonera a la actora para presentar la información a que se refieren los literales b), c), e), f), h), i) y k) de la citada norma.

Por consiguiente, la DIAN, por Resolución 072412011000054 de 24 de marzo de 2011 impuso a la actora una sanción por no informar de $314.610.000(27), correspondiente al 5% del valor de la información que esta había dejado de suministrar ($14.533.339.000). El citado valor se tomó de las sumas registradas en las declaraciones de renta e IVA del año gravable 2007 y la sanción se determinó de la siguiente manera(28):

ConceptoFormatoBaseSanción
Información pagos o abonos en cuenta1001$0$0
Información de retenciones en la fuente practicadas1002Información presentada oportunamente por la actoraInformación presentada oportunamente por la actora
Información de retenciones que le fueron practicadas1003$68.086.000$3.404.300
Descuentos tributarios1004$0$0
Información del impuesto sobre las ventas descontable1005$2.380.000$119.000
Información del impuesto sobre las ventas generado1006$47.363.000$2.368.150
Información de los ingresos recibidos1007$2.964.845.000$148.242.254
Información de los deudores de créditos activos1008$275.130.000$13.756.500
Información del saldo de los pasivos1009$219.140.000$10.957.000
Información socios y accionistas1010$0$0
Información declaraciones tributarias1011$6.873.037.000$343.651.850
Información declaraciones tributarias1012$0$0
Total base$14.533.339.000
Tarifa literal a) del artículo 651 del E.T. y Resolución 12087 de 20065%
Total sanción$522.499.054
Total sanción según límite establecido en el literal a) del artículo 651 del E.T. (15.000 UVT)$314.610.000

Se observa que la sanción de $314.610.000 se impuso por los mismos hechos propuestos en el pliego de cargos, esto es, por no presentar, en los plazos establecidos, la información de que tratan los literales b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 2º literal a) de la Resolución 12690 de 2007. Es decir, por no haber presentado la información oportunamente.

Frente a la base de la sanción, la actora sostiene que la DIAN debió tener en cuenta que los consorcios H & H y H & S presentaron la información que la demandante estaba obligada a suministrar por el año gravable 2007. En consecuencia, la administración no debió aplicar la sanción máxima permitida por la norma.

En cuanto a las obligaciones de los consorcios, el artículo 61 de la Ley 223 de 1995 dispone que los miembros del consorcio o la unión temporal deberán llevar su contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones del consorcio o unión temporal.

Por su parte, el artículo 1º literal d) de la Resolución 12690 de 2007, dispuso que están obligados a presentar información por el año gravable 2007:

“d) Los consorcios y Uniones Temporales que durante el año gravable 2007 hubieren efectuado transacciones económicas, independientemente del monto de los ingresos obtenidos, sin perjuicio de la información que deban suministrar los consorciados de las operaciones inherentes a su actividad económica ejecutadas directamente por ellos”.

Y, el parágrafo del artículo 13 de la citada norma señaló que “En ningún caso la información reportada por el consorcio y/o unión temporal deberá ser informada por el consorciado y/o asociado”.

Bajo estos lineamientos normativos, la Sala advierte que la obligación de presentar información exógena es personal e intransferible, pues el consorciado debe informar las operaciones inherentes a su actividad y al consorcio solo le corresponde entregar su propia información.

En el caso bajo estudio, la actora tenía la obligación de suministrar la información exógena por el año gravable 2007 por haber percibido ingresos brutos en el año gravable 2006 superiores a $1.500.000.000(29). Lo anterior, conforme con lo dispuesto en el artículo 631 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 2º literal a) de la Resolución 12690 de 2007.

Así, la información que debía presentar es la correspondiente a los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, relacionados con la información a suministrar en los formatos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012; respectivamente. No obstante, como se precisó antes, el formato 1002 (retenciones en la fuente practicadas) fue presentado oportunamente y este no fue tenido en cuenta para efectos de la base de liquidación de la sanción por no enviar información.

Ahora bien, en cuanto a la información presentada por los consorcios, aunque no está demostrado en el expediente, la DIAN acepta que estos allegaron los formatos 1043 (pagos o abonos en cuenta), 1044 (retenciones en la fuente practicadas) y 1045 (ingresos recibidos).

De acuerdo con lo anterior, se observa que si bien los formatos que presentaron los consorcios difieren de aquellos que debía allegar la actora, el reporte demuestra que sí existe coincidencia en parte de la información, por ejemplo, en los pagos o abonos en cuenta y en las retenciones practicadas; sin embargo en la liquidación de la sanción estos conceptos no fueron determinantes, pues el primero no fue tomado para efectos del cálculo de la sanción pues fue reportado en cero (0) y el segundo fue reportado por el demandante y, en consecuencia, no fue tenido en cuenta para el cálculo de la sanción.

En efecto, la DIAN reconoció en el acto sancionatorio que la demandante presento oportunamente el formato 1002 (retenciones practicadas). Además, registró en ceros la base para el formato 1001 (pagos o abonos en cuenta).

Por su parte, en lo que se refiere a los ingresos recibidos por los consorcios y la actora, no se encuentra prueba en el expediente de la información allegada por los consorcios que permita establecer cuáles fueron los ingresos que recibieron los consorciados, en el caso concreto, los percibidos por la actora. Razón por la cual, ante la falta de prueba de la información que, afirman las partes, fue reportada por los consorcios, no fue posible determinar con certeza que efectivamente en dicha información fueron incluidos los ingresos que obtuvo la demandante por las operaciones inherentes a su actividad económica.

En consecuencia, la DIAN sancionó a la actora por no enviar la información exógena del año gravable 2007 y tomó como base el monto de la información de la declaración de renta del mismo año, pues los datos allí consignados se presumen veraces (artículo 746 del E.T.)(30). Y aunque la actora alegó que no estaba de acuerdo con la base de la sanción, no allegó las pruebas para justificar que dicha base no era la correcta de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario.

En este orden de ideas, no prospera el cargo.

Graduación de la sanción

La Sección ha señalado que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión “hasta el 5%”, otorga a la administración un margen para graduar la sanción. Sin embargo, esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria, pues deben tenerse en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción(31).

Al respecto, la Sala ha sostenido lo siguiente(32):

“6. Gradualidad de la sanción

6.1. La Sala ha reiterado que “es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria”, por tanto corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(33).

6.2. Ahora bien, aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de la misma inciden en las facultades de fiscalización y control, para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(34).

6.3. Es así, porque mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

6.4. Este criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente(35) para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquellos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora.

6.5. En el caso en estudio, está probado que el demandante no entregó información alguna, impidiendo la gestión de fiscalización que tiene a cargo la DIAN, por lo que resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la administración le impusiera al demandante la xima sanción legal establecida en el artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario. (Subraya por la Sala).

En el mismo sentido, en relación con el perjuicio causado a la administración por no suministrar la información solicitada por esta, la Sala ha precisado lo siguiente(36):

“Respecto al perjuicio ocasionado al Estado, la Sala ha sostenido(37) que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos, lo que permitiría aseverar que el tipo sancionatorio no es de resultado, sino de mera conducta, en la medida en que la omisión en que incurre el responsable de la información exógena infringe o desconoce la razón de ser de la norma, que apunta precisamente a un eficaz y eficiente ejercicio de la potestad de fiscalización tributaria”.

En el caso en estudio, la actora no entregó la información solicitada por la DIAN, ni en el plazo legal ni con ocasión del procedimiento sancionatorio, por lo que procedía la máxima sanción impuesta, pues, como se precisó en los actos acusados, la falta de colaboración con la administración generó un perjuicio a la DIAN en la medida en que entorpeció sus funciones de investigación y fiscalización para la correcta determinación de los tributos y sanciones.

Por lo tanto, es procedente que la administración imponga al infractor la máxima sanción establecida en la ley.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Por todo lo anterior, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, por lo cual se impone confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas

El tribunal condenó en costas a la demandante y fijó como agencias en derecho, el 0.1% del valor de las pretensiones de la demanda, conforme con lo dispuesto en los acuerdos 1887 de 2003 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala revoca la condena en costas a la demandante, que incluye las agencias en derecho, por las siguientes razones:

De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Se destaca).

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(38):

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(39). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(40), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Subraya la Sala.

En este caso, respecto a la primera instancia nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) para la procedencia de la condena en costas contra la demandante, pues fue la parte vencida en el proceso. Y respecto a la segunda instancia, en el evento del numeral 3º del mismo artículo, por cuanto se confirma la decisión apelada. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(41), estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por lo tanto, no se condena en costas en ambas instancias.

En consecuencia, se modifica el numeral segundo y, en su lugar, se dispone no condenar en costas en ambas instancias. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que queda así:

“SEGUNDO: No se condena en costas en ambas instancias”.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. RECONOCER personería a Mauricio Alexander Dávila Valenzuela como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 65 del cuaderno principal 2.

4. ACEPTAR la renuncia del poder de Mauricio Alexander Dávila Valenzuela(42) y RECONOCER personería a Gladys Oliva Ulloque Berdejo, como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 91 del cuaderno principal 2.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

19 En la declaración de renta del año gravable 2006 se reportaron como ingresos brutos la suma de $5.106.977.000 - folio 92 (anverso) c. p. 1.

20 El NIT de la actora es 0900026040-2.

21 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 20110.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-284 de 1994.

23 Sentencias de 11 agosto de 2000, C. P. Daniel Manrique Guzmán, Exp. 10156; de 17 de agosto de 2006, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Exp. 14790; de 8 de noviembre de 2007, C. P. Ligia López Díaz, Exp.15600; de 26 de noviembre de 2009, C. P. William Giraldo Giraldo, Exp. 17435 y de 10 de julio de 2014, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 20161.

24 Exp. 20871, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

25 La fecha de presentación de la declaración no se discute por las partes.

26 Folio 57 c. a.

27 La sanción máxima permitida para el año gravable 2007, según el límite establecido en el literal a) del artículo 651 del E.T. (15.000 UVT).

28 Folios 27 a 33 c. p. 1.

29 En la declaración de renta del año gravable 2006 se reportaron como ingresos brutos la suma de $5.106.977.000 - Folio 92 (anverso) c. p. 1.

30 Sentencia de 6 de julio de 2016, Exp. 21716, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

31 Entre otras, ver sentencias de 20 de abril del 2001, Exp. 11658. C. P. Delio Gómez Leiva, de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, exps. 12736 y 12897, de 15 de junio del 2006, Exp. 2003-00453-01, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, de 26 de marzo del 2009, Exp. 16169, C. P. Héctor J. Romero Díaz, 3 de julio de 2013, Exp. 18763, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 6 de noviembre de 2014, Exp. 20344, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 19 de febrero de 2015, Exp. 20079, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

32 Sentencia de 26 de mayo de 2016, Exp. 20925, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

33 Sentencias de 20 de abril del 2001, Exp. 11658, 20 de febrero y 4 de abril del 2003, exps. 12736 y 12897, 15 de junio del 2006, Exp. 2003-00453-01, y 26 de marzo del 2009, Exp. 16169.

34 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 3 de junio de 2015, Exp. 20476, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

35 La Circular 0131 de 2005 incluyó la actividad de colaboración desplegada por el contribuyente, así sea en forma extemporánea, entre los criterios para graduar la sanción.

36 Sentencia de 1º de junio de 2016, Exp. 21128, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

37 Sentencia de 16 de marzo de 2001, Exp. 11681, C. P. Delio Gómez Leyva.

38 Cfr. la Sentencia C-157/13, M. P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción –por falta de demostración de los perjuicios–, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

39 Se transcribe el artículo 365 del CGP.

40 Se transcribe el artículo 366 del CGP.

41 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

42 Por escrito de 17 de abril de 2017 el doctor Dávila Valenzuela renunció al poder (fl. 87 c. p. 2). Además, se cumplieron los requisitos del artículo 76 del Código General del Proceso para la terminación del poder.