SENTENCIA 2012-00107 DE JULIO 21 DE 2016

 

Sentencia 2012-00107 de julio 21 de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco.

Rad.: 270011102000201200107 01/F

Aprobado según Acta 69, de la misma fecha.

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Extractos: «Consideraciones.

I. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el Título XII, Capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos Generales de la competencia.

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el A quo, en las presentes diligencias.

Esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta Colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En este punto resulta importante señalar que el recurso de alzada advierte dos peticiones distintas y una misma argumentación, valga decir se solicita decretar una nulidad o en su defecto revocar y absolver al disciplinado; los argumentos que se utilizan para cada una de las peticiones son de similar identidad, son apreciaciones conceptuales e interpretativas, que van dirigidos los primeros contra el auto de dispuso el procedimiento verbal y los otros contra la sentencia sancionatoria. En ese orden se examinaran sus argumentos en sede de apelación.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la Sentencia proferida el 11 de febrero de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó(7), por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por termino de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial e inhabilidad especial por el mismo término, al Dr. Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez.

Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, por hallarlo responsable del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

III. Caso Concreto.

Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de que dentro de la certificación del oficio OAJ-CAQ-17-01-1109 de diciembre de 2015, emanado de la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, se indican los valores, pero no se determina de manera clara si dichos títulos provinieron del embargo de remanentes antes analizados, además sostiene que la responsabilidad a él atribuida no cumple con los elementos que exige la norma disciplinaria, ya que ésta requiere del análisis de cada uno de los componentes tanto objetivos como subjetivos, la cual no se evidencia en la sentencia apelada, no están llamados a prosperar.

En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada por el disciplinado es clara y contundente en la medida que la solicitud hecha por el a quo a la Oficina de Apoyo Judicial fue clara y contundente cuando en la certificación se informa que no se reporta la constitución de títulos judiciales fraccionados o pagados con ocasión de los procesos 2011-00593, 201100877 y 2011.00202, adelantados por el Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, a reglón seguido se discriminan los valores pagados donde forma clara se indica que efectivamente se embargaron remanentes así: Dentro del proceso ejecutivo radicado 2011-00611 se constituyeron dos títulos de depósito judicial por valor de $21.071.900.00; en el proceso ejecutivo 201100807 un depósito judicial por valor de $20.000.000 millones de pesos, lo que indica que se materializó la orden dada por el disciplinado en los autos interlocutorios 356 y 357 del 28 de marzo de 2002, situación que lo compromete de manera directa, como de manera acertada lo argumentó el a quo, y que esta Sala confirmará.

No son de recibo los argumentos que de manera fluida y argumentada sustenta el apelante, de manera especial en los siguientes tópicos: i) Que no se causó afectación al patrimonio público; ii) no se realizó el análisis de la responsabilidad subjetiva; e iii) Inexistencia de ilicitud sustancial. Con el propósito de dar claridad sobre estos temas se analizarán en forma individual, así:

1. Que no se causó afectación al patrimonio público.

Manifiesta que no se afectó el patrimonio de Caprecom EPS, por cuanto no está determinado de manera cierta si los recursos embargados correspondían al proceso 2011-00593, sin embargo como se dejó registrado, oficio OAJ-CAQ-17-01-1109 de diciembre de 2015, emanado de la oficina de apoyo de la Oficina de Apoyo Judicial de Quibdó, sí se realizaron, situación que compromete de manera directa al disciplinado, dineros que no corresponden a ningún otro ente y además decretados por el despacho del hoy investigado, situación que a todas luces es cierta, pues el documento soporte de esta información proviene de una entidad pública y lo hace como una certificación, de que lo expresado allí está basado en datos oficiales, así pues, no son de recibo las exculpaciones que pretende le sean tenidas en cuenta por parte de esta Sala.

2. No se realizó el análisis de la responsabilidad subjetiva.

Al observar los criterios de sustentación frente este tema por parte del a quo, esta Colegiatura encuentra que no solo considera que existe tipicidad en su conducta en la mayoría de los eventos enlistados dentro del proceso y que pretendían embargar dineros correspondientes a la seguridad social en salud de manera especial de régimen subsidiado, sino que el funcionario a sabiendas de la procedencia de los recursos, no solo afectó programas y ciudadanos que se iban a beneficiar con esos dineros, sino que su acción era contraria a derecho dada la inembargabilidad de que estaban revestidos esos recursos, además realizándolo por fuera de los presupuestos procesales que le indicaban el inciso tercero del artículo 543 y el numeral 5º del artículo 681, ambos del Código de Procedimiento Civil, normas que conocía y debía observar el Juez encartado, que sin embargo las desconoció, situación que lo hace responsable en la medida que era un experto en la materia, no se trataba de una persona ajena a las lides jurídicas y que además ostentaba un cargo donde debía a diario tomar decisiones que tenían que ver con este tipo de procedimiento, por tal razón la responsabilidad subjetiva se encuentra plenamente demostrada, de una parte por el daño ocasionado y de la otra por el descuido o negligencia de un asunto que no es admisible para un funcionario de su categoría y nivel en el cual se desempeñaba, hechos que dan la certeza de su responsabilidad calificada de forma apropiada por parte del a quo, quienes la calificaron como grave culposa.

3. Inexistencia de ilicitud sustancial.

Para esta Superioridad, no es de recibo, pues, para que la falta cometida por el sujeto disciplinable y se repute antijurídica, ilícita o contraria a derecho: “basta con que se afecte el deber funcional de la administración pública sin justificación alguna, sin explicación o causal eximente de responsabilidad;” en el caso en estudio resulta inexcusable que el disciplinable haya ordenado el uso embargos mediante autos interlocutorios después de haber terminado el proceso y hacerlo realidad en el proceso ejecutivo radicado 2011-00611, se constituyeron dos títulos de depósito judicial por valor de $21.071.900.00; en el proceso ejecutivo 201100807, un depósito judicial por valor de $20.000.000 millones de pesos, lo que indica que se materializó la orden dada por el disciplinado en los autos interlocutorios 356 y 357 del 28 de marzo de 2002; así pues, la Sala no encuentra justificación a tal proceder en la medida que no solo al decretar dichas medidas estaba contraviniendo la normatividad legal antes citada sino que con todas las medidas irregulares decretadas por el servidor judicial independientemente de sus resultados o afectación en la realidad se configuran como ilicitudes sustanciales ya que para el servicio de la justicia solo se requiere que se afecte el servicio sin justificación alguna, como ocurrió en este caso, donde sin sustento legal se dictan unos autos que lo único que pretendían era afectar a una entidad pública y sus programas presupuestados con los recursos embargados y por tal razón la falta le es atribuible al disciplinable configurándose así la incursión en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Esta Colegiatura, no ahondará en más argumentaciones frente a este asunto, dado que encuentra sin lugar a dubitaciones que la conducta endilgada existió, al no realizar dentro de los términos establecido por la Constitución y la Ley, de manera especial inciso tercero del artículo 543 y el numeral 5º del artículo 681, ambos del Código de procedimiento Civil, y el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 290 de 1996, las cuales transcribo a continuación:

“(…). ART. 543.—(…). La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber el juez que libró el oficio. (…)”.

“(…). ART. 681.—Modificado por el art. 67, Ley 794 de 2003. Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así: (…). 5. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso, se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio en el respectivo despacho judicial. (…).”

El artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, establece:

“(…). ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. (…)”.

Las normas transcritas son elocuentes en cuanto a que los funcionarios Judiciales no deben decretar embargos de bienes considerados inembargables, y sobre todo hacerlo después de haber terminado el proceso y estando ejecutoriado, de otra parte decretar embargos de remanentes, cuando de conformidad con la norma se deben seguir unos protocolos y procedimientos los cuales fueron ignorados por el operador judicial investigado, incursionando así en el incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por lo que la falta será objeto de confirmación.

La falta atribuida al disciplinable calificada a título de culpa grave por parte del a quo, resulta adecuada al comportamiento del disciplinable, toda vez que sin justificación alguna decretó embargos de remantes del proceso de los cuales solo dos fueron hechos ciertos y que afectaron de manera importante los recursos de Caprecom EPS, como quedó demostrado en el plenario y adicionalmente decretó otros embargos que sin llegar a afectar la entidad precitada, si afecta el nombre de la justicia, en la medida que el decretar embargos de bienes considerados y protegidos por la ley como inembargables, cuya destinación estaba orientados a población vulnerable, pues, se trataba de recursos de la Seguridad Social del Régimen Subsidiado, resulta no solo contrario a derecho, sino que desdice de la administración de justicia al realizar este tipo de actos sin justificación alguna, por tal razón será confirmada.

En cuanto a la sanción impuesta de un mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por el mismo término, la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta, fue atribuida al doctor Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley Disciplinaria, para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 11 de febrero de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó(8), por medio de la cual, se impuso sanción de Suspensión por término de un (1) mes en el en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, al Dr. Elihú Mosquera Lloreda, en su condición de Juez Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, por hallarlo responsable del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; la cual de conformidad con el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la suspensión deberá convertirse en salario de acuerdo con lo devengado para el momento de la comisión de la falta, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y Cúmplase».

7. Sala integrada por los Magistrados Rocío Mabel Torres Murillo (Ponente) Luis Hernando Castillo Restrepo.

8. Sala integrada por los Magistrados Rocío Mabel Torres Murillo (Ponente) Luis Hernando Castillo Restrepo.