Sentencia 2012-00122 de marzo 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012-00122-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 30 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima

Actor: Edgar Alan Olaya Díaz

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Corresponde a la Sala dilucidar la legalidad de los artículos 186, numeral 3º, ítem 3.6 y 358, numeral 9º, de la Ordenanza Departamental 021 de 19 de junio de 2003, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, a los cuales según la sentencia apelada se circunscribió el litigio, en razón a que los argumentos de la demanda se centraron en debatir lo contemplado en ellos, lo cual fue aceptado por las partes.

Las disposiciones acusadas de la Ordenanza 021 de 19 de junio de 2003, “Por medio de la cual se expide el Código de Policía, Manual de Convivencia Ciudadana del Tolima”, disponen:

“La Asamblea del Departamento del Tolima

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial la que le otorga el artículo 300 de la Constitución Nacional numeral 8º que establece: “Corresponde a las asambleas dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal”

(...)

TÍTULO CUARTO

Para la conservación de la salud pública

(...)

ART. 186.—Comportamientos en relación con las bebidas embriagantes, los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas o tóxicas. Se deben observar los siguientes comportamientos que favorecen la preservación de la salud en relación con las bebidas embriagantes, los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas o tóxicas:

1. (...)

2. (...)

3. En ningún caso consumir, vender o anunciar bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias sicotrópicas o tóxicas, en los siguientes lugares:

3.1 Hospitales o centros de salud;

3.2 Locales comerciales o establecimientos educativos, de acuerdo a lo reglado por la autoridad competente;

3.3 Zonas comunes de edificios o unidades residenciales, con excepción de los salones comunales;

3.4 Estadios, coliseos y centros deportivos;

3.5 Vehículos de transporte terrestre, público o privado;

3.6 Vías públicas y parques, y

3.7 En cualquier sistema de transporte masivo;

4. (...)

5. (...)

PAR.—La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas.

TÍTULO OCTAVO

Para la movilidad, el tránsito y el transporte

(...)

ART. 358.—

CAPÍTULO I

De los peatones

ART. 358.—Comportamiento de los peatones. Se deberán observar los siguientes comportamientos que favorecen la protección de los peatones y la seguridad de los conductores.

1.

(...)

9. En ningún caso poner en riesgo la integridad física y la de las demás personas al transitar bajo la influencia de bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias sicotrópicas o tóxicas.

PAR.—La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito (la Sala resalta fuera de texto las disposiciones acusadas).

El actor considera que la Asamblea Departamental no tenía competencia para expedir disposiciones que son objeto de reserva legal, porque establecen prohibiciones, y solicita que, suponiendo que no tienen reserva legal, por tratarse de medidas desproporcionadas, debe declararse su nulidad.

Lo primero que advierte la Sala es que las normas acusadas no prohíben la dosis personal de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o tóxicas, sino su consumo en los lugares que señala el artículo 186, numeral 3º, de la Ordenanza 021 de 2003, entre ellos, las vías públicas y parques.

En relación con la inconstitucionalidad planteada por el recurrente, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

Según el actor, existe falta de competencia de la Asamblea Departamental del Tolima para expedir la prohibición contemplada en el artículo 186, numeral 3.6, en cuanto prohíbe el consumo de sustancias sicotrópicas en vías públicas y parques, porque dicha prohibición es reserva de ley, y no se ha expedido ningún texto legal que condicione el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986 ni el texto del Decreto Ley 1355 de 1970.

Debe la Sala resaltar que el consumo permitido de la dosis personal de estupefacientes, no es un derecho fundamental, como lo considera el actor, sino el reconocimiento de una situación personal, en respeto precisamente del precepto constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad, el cual, tiene las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico(6).

La Ley 16 de 1968, confirió facultades al Presidente de la República, entre otras, para expedir normas sobre policía que determinen y reglamenten las materias de su competencia y las contravenciones que sean de conocimiento de los funcionarios de policía en primera y segunda instancia, así como la competencia para conocer de los negocios que se relacionen con los inadaptados a la vida social.

En ejercicio de dichas facultades se expidió el Decreto-Ley 1355 de 1970 - Código Nacional de Policía, en el cual se establecieron las normas sobre policía, que tienen como fin principal mantener el orden público y proteger los derechos y garantías de las personas que habitan el territorio nacional, cuyo artículo 7º dispuso:

“Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda lo privado”.

En desarrollo del mencionado artículo 7º del Código Nacional de Policía, el Presidente de la República expidió el Decreto 1108 de 1994, Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, cuyo capítulo IV, artículo 16, dispone:

“CAPÍTULO IV

En relación con el Código Nacional de Policía

ART. 16.—Se prohíbe el uso y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en lugares públicos o abiertos al público, de conformidad con el Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía” y demás normas que lo complementan.

Para los efectos del presente artículo se entiende por lugar público o abierto al público, entre otros, los centros educacionales, asistenciales, culturales, recreativos, vacacionales, deportivos, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, las naves, aeronaves y cualquier vehículo de transporte público, las oficinas públicas, los restaurantes, bares, tabernas, discotecas, hoteles, parques, plazas y vías públicas (resalta la Sala)

PAR.—En todo caso y con independencia del lugar donde se realice la conducta, se prohíbe el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando dicha actividad se realice en presencia de menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o cuando se afecten derechos de terceros”.

Así las cosas, como lo explicó el a quo, la prohibición consagrada en el artículo 186, numeral 3.6, de la Ordenanza 021 de 2003, es desarrollo de la norma superior: Decreto Reglamentario 1108 de 31 de mayo de 1994, que no obstante estar demandado parcialmente ante esta corporación,(7) no ha sido anulado o suspendido, por lo que goza de presunción de legalidad.

Como bien lo expresó el a quo, la ordenanza acusada responde a la necesidad de mantener el orden justo dentro de la sociedad, y no a una restricción de la libertad. Establece reglas de comportamiento de carácter preventivo, que resultan lógicas frente a personas que en determinado momento pueden constituirse en riesgo para otras, al encontrarse bajo la influencia de sustancias que alteran el sistema nervioso y la conciencia.

A juicio de la Sala, prohibir el consumo de sustancias sicotrópicas en vías públicas y parques no resulta desproporcionado. Se trata de medidas preventivas que contribuyen al bienestar y seguridad general, al orden público, la salud y a la protección de los derechos y libertades de las personas.

Si bien es cierto que la despenalización de consumir o portar dosis personal de drogas fue inspirada en el respeto por el libre desarrollo de la personalidad, este derecho también lo tienen las demás personas no consumidoras que buscan los parques para recrearse y respirar aire puro y las vías públicas para transitar con un mínimo de tranquilidad.

Y tan cierto es que resulta lógica la medida controvertida en los parques y vías públicas, que la Corte Constitucional en sentencia de 28 de junio de 2012 (Exp. D-8842), salvaguarda las medidas penales para garantizar la seguridad ciudadana al precisar la exequibilidad condicionada del artículo 376 del Código Penal, cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética aún en la categoría de dosis personal no destinada al propio consumo, sino a la comercialización, tráfico y distribución gratuita y, precisamente, el consumo en parques y vías públicas facilita la comercialización y el tráfico, y tiene la potencialidad de afectar la seguridad ciudadana.

Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo apelado, que negó las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 30 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2. En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de marzo de 2014».

(6) Constitución Política, ART. 16.—Libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

(7) Expediente 2012 00333 00, actor: Edgar Alan Olaya Díaz, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.