Sentencia 2012-00127 de marzo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 08001-23-33-000-2012-00127-01 (20578)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Héctor Miguel Galiano Moreno

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Temas: Sanción por no enviar información año gravable 2007. Fijación del litigio, falsa motivación, prueba del daño y graduación de la sanción.

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Consideración previa sobre la fijación del litigio y el problema jurídico resuelto en la sentencia.

El artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al establecer la audiencia inicial y fijar sus reglas, dispuso que una vez resueltos los puntos relativos a las excepciones, el juez debe indagar a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o su reforma, de la contestación o reconvención, si es el caso, y con fundamento en la respuesta procede a fijar el litigio.

Durante esta etapa, las partes pueden descartar algunos hechos con el objeto de no debatirlos en las etapas subsiguientes, pero esto no implica que no puedan ser valorados por el juez o que las partes tengan la potestad de determinar la calificación jurídica de aquellos y las consecuencias jurídicas que puedan tener en el proceso y, muchos menos, su entidad a la hora de adoptar la decisión de fondo(1).

En el caso en concreto la parte apelante alegó que el a quo resolvió un problema jurídico que no corresponde a la fijación que del litigio se hizo durante la primera etapa del proceso judicial.

Observa la Sala que en la audiencia del 25 de abril de 2013, el a quo para fijar el litigio consideró que se debe dilucidar si la demandada al expedir los actos acusados: “…no tuvo en cuenta los principios de gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción tributaria, sino que se impuso la máxima”(2).

En la sentencia apelada se determinó el problema a resolver así(3): “¿La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tenía la obligación de graduar la sanción impuesta al actor, por la no presentación de información exógena, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción tributaria teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 651 literal a) del estatuto tributario?”.

Para la Sala, no existe la alegada diferencia entre la fijación del litigio y lo resuelto en la providencia, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la nulidad de los actos acusados, derivada de la alegada inaplicación de la gradualidad y proporcionalidad de la sanción y la inconformidad respecto de la aplicación de la sanción máxima permitida, asuntos que fueron el objeto de la fijación del litigio y del problema jurídico que se abordó.

De esta forma, el a quo planteó el problema jurídico en debida forma, acorde con la fijación del litigio aceptado por las partes. Sin embargo, se anota que si bien resolvió el problema jurídico planteado, no se pronunció respecto de uno de los cargos en los que se fundamenta la nulidad —la falsa motivación de los actos acusados—, como se precisará en el numeral 4º de esta providencia.

2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, y de acuerdo con el ámbito de competencia del ad quem, le corresponde a la Sección determinar i) Si la sentencia apelada omitió el análisis de cargos formulados en la demanda; ii) si procede la nulidad de los actos acusados por no estar demostrado el daño ocasionado con la no presentación de la información; y iii) si procede la graduación de la sanción.

3. Hechos relevantes para decidir el caso.

Para decidir el caso se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

1. Mediante la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, la DIAN estableció que estaban obligadas a presentar la información exógena “a) Las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio, cuando sus ingresos brutos del año gravable 2006, sean superiores a mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000)”.

2. Conforme con la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006(4), HÉCTOR MIGUEL GALIANO MORENO, parte demandante, declaró ingresos brutos por $ 6.531.730.000. En consecuencia, es un hecho no discutido que el demandante estaba obligado a presentar la información exógena.

3. También es un hecho no discutido que la parte actora no presentó la información exógena.

4. El 7 de septiembre de 2010, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla expidió el Pliego de Cargos 022382010000851, que propuso imponerle a la demandante la sanción de que trata el artículo 651 del estatuto tributario por no enviar información correspondiente al año 2007 en cuantía de $ 368.325.000(5), determinada así:

Resolución 12690 29/10/2007FormatoNombre formatoValor
Artículo 4º1001Información de pagos o abonos en cuenta 6.258.579.000
Artículo 5º1002Información de retenciones en la fuente practicadas0
Artículo 6º1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron4.670.000
Artículo 7º1004Información de los descuentos tributarios solicitados0
Artículo 9º1005Información del Impuesto sobre las Ventas Descontable y del impuesto sobre las ventas generado18.343.000
Artículo 9º1006Información del Impuesto sobre las Ventas Descontable y del impuesto sobre las ventas generado49.247.000
Artículo 8º1007Información de los ingresos recibidos en el año6.301.860.000
Artículo 111008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 20070
Artículo 101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 200735.318.000
Artículo 3º1010Información de socios y accionistas0
Artículo 12 1011 Información de las declaraciones tributarias243.262.000
Artículo 121012Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas de ahorros y cuentas corrientes0
Total12.911.279.000
Porcentaje de sanción5%
Total sanción645.563.950
Sanción máxima (15.000 UVT), Valor UVT $ 24.555368.325.000

5. El 12 de octubre de 2010, la demandante respondió el pliego de cargos(6). En su defensa alegó la prescripción de la facultad sancionatoria prevista en el artículo 638 del Estatuto Tributario y la proporcionalidad de la sanción.

6. El 7 de marzo de 2011, la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla, mediante la Resolución 22412011000191, impuso la sanción propuesta en el pliego de cargos.

7. El 12 de mayo de 2011, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 22412011000191 del 7 de marzo de 2011.

8. El 26 de marzo de 2012, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la Resolución 900025, modificó la sanción impuesta en los siguientes términos(7):

“Esta Subdirección consultó el sistema de la DIAN sobre los formatos de “Presentación de información por envío de archivos” y consta que los formatos no fueron presentados (fls. 59 a 66), se concluye que no cesó el daño ocasionado al Estado ya que esta circunstancia no permite que se puedan efectuar los cruces correspondientes y por ello no está comprobada la actitud de colaboración del contribuyente, motivo por el que no procede graduar la tarifa de la sanción por no informar y se confirma la tarifa del cinco por ciento (5%) impuesta”.

“…

Como quiera que los artículos 50 y 51 de la Ley 1111 de 2006 fijaron que las sanciones deben estar expresadas en UVT el Decreto 1552 de 2006 fijo la UVT para el 2007 en $ 20.974, señaló la sanción máxima a imponer para la vigencia fiscal del año 2007, la cual correspondía a la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 314.610.000), se evidencia que la impuesta en cuantía de $ 368.325.000 supera dicho tope máximo, razón por la cual ha de ajustarse según lo estipula la Ley”. ($ 314.610.000)

4. Si la sentencia apelada omitió el análisis de cargos formulados en la demanda.

4.1. Observa la Sala que la inconformidad planteada en la demanda en contra de los actos acusados se centró en la violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 651 y 683 del Estatuto Tributario, por cuanto la DIAN aplicó la sanción sin graduarla, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Sentencia C-160 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, en cuanto a los principios de gradualidad y proporcionalidad de la sanción y fue falsamente motivada.

4.2. En la sentencia apelada, el a quo analizó el asunto discutido y concluyó: “…la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en este caso, no tenía la obligación de graduar la sanción impuesta al actor por no haber presentado información en medio magnético, toda vez que la conducta asumida por el contribuyente, no le permite a la Administración sino aplicarle la máxima, por cuanto el daño ocasionado con la omisión no ha sido subsanado por el contribuyente, entorpeciéndose de esta manera la labor fiscalizadora de la entidad, por lo que considera la Sala que con la expedición de los actos acusados no ha existido violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción tributaria teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario”.

4.3. Para la Sala la sentencia apelada se motivó y resolvió el problema jurídico planteado, sin embargo, no se pronunció respecto la alegada falsa motivación de los actos acusados, asunto que será resuelto por la Sala.

5. De la falsa motivación de los actos administrativos.

5.1. En cuanto a la alegada falsa motivación del acto por cuanto la DIAN en los actos demandados, determinó que el contribuyente debe demostrar el daño ocasionado al Estado y aplicar la sanción máxima al contribuyente, sin tener en cuenta los principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, y que se tomó como base para liquidar la sanción propuesta en el Pliego de Cargos la suma de $ 12.911.279.000, según la información consignada en la declaración de renta del año gravable 2007, a pesar de que esa declaración no contiene esta cifra, la Sala observa lo siguiente:

5.2. El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8), establece como una de las causales para que proceda la nulidad de los actos administrativos, la falsa motivación. Sobre esta causal de anulación la Sala(9) ha precisado que es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

5.3. La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad.

5.4. Así, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente(10).

5.5. El fundamento legal que impone la obligación de presentar la información en medios magnéticos es el artículo 631 del estatuto tributario(11), según el cual, el Director de la DIAN puede solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, información con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

En concordancia con lo anterior, y para el año 2007, la Resolución 12690 de 2007, expedida por el Director General de la DIAN, especificó la información, las condiciones y los plazos en los que debía ser presentada la información para los fines previstos en el artículo 631 del Estatuto Tributario.

5.6. La DIAN impuso la sanción por no enviar información para el año gravable 2007, ante la no presentación de la información en medios magnéticos o electrónicos en el plazo establecido por el gobierno nacional, hecho que acepta el demandante.

5.7. La base para imponer la sanción por no presentar la información está consagrada en el artículo 651 del Estatuto Tributario así: “Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea”, valores que fueron puestos en conocimiento del actor en el pliego de cargos y en los actos posteriores con fundamento en las declaraciones tributarias presentadas y la información requerida y no suministrada.

Valga precisar que en el acto que resolvió el recurso de reconsideración se indicó que la base para imponer la sanción por no informar fue tomada de la misma información presentada por el contribuyente en la declaración de renta para el año gravable 2007, para lo cual hizo un cuadro en el que identificó el artículo de la Resolución 12690 de 2007, el número y nombre del formato, y el valor de cada uno de estos, que sumados dan un total de $ 12.911.279.000.

5.8. Por tal razón, con fundamento en los artículos 631 y 651 del Estatuto Tributario, la Administración encontró tipificada la sanción en comento y tomó los datos suministrados por el contribuyente en las declaración de renta e IVA, los que se consideran ciertos hasta tanto la DIAN no los desvirtúe.

Por esto, contrario a lo afirmado por el demandante, los actos administrativos acusados no se encuentran falsamente motivados, por cuanto para imponer la sanción la DIAN se fundamentó en el hecho no controvertido de la falta de presentación de la información y en los datos consignados en sus denuncios privados.

5.9. Se debe precisar que se verificaron los valores con fundamento en los cuales la DIAN determinó la base de la sanción con el objeto de establecer si existen inconsistencias o duplicación del mismo hecho económico y encontró que los valores declarados coinciden con los reportados a la DIAN y registrados en las declaraciones de renta e IVA del periodo objeto de sanción.

También se revisaron las hojas de trabajo que allegó la DIAN (fls. 147 y 148, exp.) que se confrontaron con los valores registrados en la declaración de renta por el año gravable 2007 y las declaraciones de IVA del mismo periodo gravable, y se observó que los valores tomados en cuenta para efectos de determinar la base de la sanción coinciden con los declarados, por tal razón, los renglones pertinentes de las declaraciones llevan a determinar el valor de cada uno de los formatos que no fueron entregados.

5.10. De esta forma, se aplicó la sanción del 5% sobre las sumas respecto de las cuales no se suministró la información, conforme quedó expuesto los actos demandados y respecto de la que no procede su graduación como se expondrá más adelante.

6. Improcedencia de la sanción impuesta por la no demostración del daño ocasionado a la DIAN.

6.1. Según el apelante, no se demostró que con la omisión en la presentación de la información, causó un daño al Estado, en consecuencia, no procede la sanción impuesta.

6.2. La sanción por no cumplir la obligación establecida en el artículo 631 del Estatuto Tributario está prevista en el artículo 651 ibídem, que para el periodo objeto de la discusión señalaba:

ART. 651.—SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)(12), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio,

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá el término de (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b) Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.

6.3. La norma transcrita establece una sanción para los obligados a suministrar información tributaria y para aquellos a los que la Administración les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando: i) no entregan la información dentro del plazo que debían hacerlo; ii) entregan información cuyo contenido presente errores y iii) suministran información distinta de la que se les pidió o estaban obligados a entregar.

6.4. Según ha precisado la Sala, los hechos que constituyen infracción son diferentes e independientes entre sí e implican acciones u omisiones de características distintas, pues, no es lo mismo no presentar la información, que presentarla tardíamente o con errores(13).

6.5. Cabe agregar que al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional(14) precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.

6.6. En concordancia con lo anterior, la Sala ha sostenido(15) que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos(16).

6.7. Ahora bien, aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de la misma inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido cuando no se entregan o se entregan extemporáneamente(17).

6.8. Es así, porque mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

6.9. Este criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente(18) para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquellos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora. No prospera el cargo.

7. Gradualidad de la sanción.

7.1. El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario contempla dos bases de imposición de la sanción por no informar: i) cuando es posible establecer la cuantía de la información que no se suministró en el plazo establecido, o se reportó con errores o no corresponda a lo pedido, se tasará hasta en el cinco por ciento (5%) de las sumas no informadas y, ii) cuando no es posible establecer la base para tasarla o no tuviere cuantía, se tasará en el 0.5% de los ingresos netos declarados en el año inmediatamente anterior. El monto de la sanción resultante no podrá exceder las 15.000 UVT establecidas en la norma.

7.2. En el sub lite, mediante la Resolución Sanción 022412011000191 del 7 de marzo de 2011 se impuso sanción al actor por $ 368.325.000 por la no entrega de la información a la que estaba obligado, según el artículo 631 del Estatuto Tributario y la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007 proferida por la DIAN. El monto de la sanción se modificó con la Resolución 900025 del 26 de marzo de 2012 y la determinó en $ 314.610.000.

Contra la resolución sanción, HÉCTOR MIGUEL GALIANO MORENO interpuso el recurso de reconsideración, resuelto mediante la Resolución 900025 del 26 de marzo de 2012 que modificó la sanción impuesta y la determinó en $ 314.610.000.

7.3. La Sala ha considerado que un factor a tener en cuenta para graduar la sanción es la entrega de la información, pues ello denota la intención del contribuyente de contribuir con las labores de fiscalización de la DIAN.

7.4. Es así, porque, se reitera, no es lo mismo la falta de entrega de la información que afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas que su entrega tardía.

Así lo sostuvo la Sala en un caso similar, cuando afirmó lo siguiente(19):

“De manera que, si no se reportó la información, la tarifa de la sanción a imponer es la más alta, esto es, la del 5%, porque la no entrega de la información conlleva, per se, el daño por entorpecer el ejercicio de la función pública de fiscalización tributaria.

En cambio, si se suministró la información, lo pertinente es graduar la tarifa dependiendo de la oportunidad en que fue entregada.

7.5. El análisis efectuado permite advertir que se configuró el supuesto que da lugar a la sanción que le fue impuesta a la parte actora en los actos acusados, contenida en el artículo 651 del Estatuto Tributario, toda vez que la actora no presentó la información requerida por la DIAN.

7.6. Por esto, siguiendo el criterio fijado por la Sala procede la sanción del 5%, toda vez que la no entrega de la información comporta per se, el daño por obstaculizar la función pública de fiscalización tributaria.

7.7. Por lo tanto, no es procedente aplicar una sanción diferente al tope máximo previsto en la norma, en razón a que la sanción por no informar se impuso por la omisión en la entrega de la información en medios magnéticos, lo que le impidió a la Administración practicar los estudios y cruces de información necesarios para el control de los tributos, sin que el demandante adelantara actividad alguna para subsanar su incumplimiento, lo que impide la graduación de la sanción. No prospera el cargo.

8. Por los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA la sentencia apelada.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 Se reitera el criterio expuesto por la Sala, en sentencia de tutela del 24 de septiembre de 2015, expediente 2015-01711-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

2 Folio 227, expediente.

3 Folio 285, expediente.

4 Folio 137, expediente.

5 Folios 151 al 158, expediente.

6 Folios 159 a 164, expediente.

7 Folios 67 al 78, c.a. 1.

8 Artículo 84, Código Contencioso Administrativo.

9 Sentencia de 7 de abril del 2000, expediente 9773, Actor: Ferretería ICA Ltda., C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.

10 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 10 de febrero de 2016, expediente 20901, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

11 Modificado por el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012.

12 Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con los valores reajustados es el siguiente: Una multa hasta de 15.000 UVT.

13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, C.P. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. Bogotá, D.C., 30 de agosto de 2007. Radicación: 08001-23-31-000-2000-01446-01. Número interno: 15542. Actor: CORPORACIÓN EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO SIMÓN BOLÍVAR. Demandado: DIAN. En igual sentido ver sentencia del 20 de noviembre de 2008, C.P. HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ. Referencia: 73001233100020000348701. Número Interno 15041. Demandante: CORPORACIÓN CLUB DEPORTES TOLIMA. Demandado: DIAN.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-160 de 1998, M.P. Carmenza Isaza de Gómez.

15 Sentencia de 16 de marzo de 2001, expediente 11681, M.P. doctor Delio Gómez Leyva.

16 Lo que permitiría aseverar que el tipo sancionatorio no es de resultado, sino de mera conducta, en la medida que la omisión en que incurre el responsable de la información exógena infringe o desconoce la razón de ser de la norma, que apunta precisamente a un eficaz y eficiente ejercicio de la potestad de fiscalización tributaria.

17 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 3 de junio de 2015, expediente 20476, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

18 La Circular 131 de 2005 incluyó la actividad de colaboración desplegada por el contribuyente, así sea en forma extemporánea, entre los criterios para graduar la sanción.

19 Sentencia de 12 de diciembre de 2014, expediente 20086, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.