Sentencia 2012-00129/20528 de marzo 1º de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2012-00129-01 (20528)

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Referencia: Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Hocol S. A.

Demandado: U.A.E. DIAN

Temas: Tributos aduaneros – exención arancelaria. vigencia del literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992.

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Cuestión previa

El 3 de agosto de 2017, la Sala, conformada por los Consejeros de Estado Milton Chaves García y Jorge Octavio Ramírez Ramírez y el Conjuez Héctor J. Romero Díaz, designado para integrar el quorum decisorio, declaró fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto para conocer de este proceso(9). Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 del CPACA, en el momento de proferir esta providencia existe quórum para decidir el asunto, por lo que es innecesaria la intervención de Conjuez(10).

En el caso, se controvierte si son nulas o no las resoluciones 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por la que formuló liquidación oficial de corrección a la declaración de importación con el autoadhesivo 14011041661035 del 2 de octubre de 2008 que ampara la mercancía descrita como “(…) tubería de acero sin costura (casing) para revestimiento de pozos petroleros (…)” y la Resolución 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. DIAN, que confirmó la liquidación anterior, al desatar los recursos de reconsideración interpuestos por el declarante autorizado y por la importadora.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si la actora es beneficiaria de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992. En caso afirmativo, estudiar si el reconocimiento de dicha exención está supeditado a la clasificación de los bienes importados en alguna de las subpartidas arancelarias previstas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, o, si esa condición se aplica de manera exclusiva para las exenciones amparadas en dichos decretos. Además, si el otorgamiento de la licencia de importación por parte del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía imposibilita a la DIAN para ejercer su facultad de fiscalización sobre los tributos aduaneros de los bienes importados.

En oportunidad anterior(11), en que se discutió un asunto similar, la Sala se pronunció, en los siguientes términos, que ahora se reiteran.

1. La exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos.

2.1. El Decreto 255 de 1º de febrero de 1992, por el que se introducen algunas modificaciones en el Arancel de Aduanas, fue expedido por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2º de la Decisión 282 de la CAN, que dispuso que a partir del 31 de marzo de 1991, los países miembros no establecerán nuevas franquicias arancelarias que vulneren los compromisos arancelarios subregionales.

2.1.1. En el artículo 8º de ese decreto se dispuso que “[s]alvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho privado”.

2.1.2. De esa derogatoria de exenciones, se exceptuaron, entre otras, la prevista en el literal h) del artículo 9º del citado decreto, en los siguientes términos(12):

“ART. 9º—Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones las siguientes importaciones:

a) […]

h) La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo;

[…]” [negrilla y subraya de la Sala].

2.1.3. Es decir, con el artículo 8º del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero, con el literal h) del artículo 9 de ese mismo decreto se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo(5), que conforme con el artículo 4º del Decreto 1056 de 1953 – Código de Petróleos- corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo(6).

2.2. Posteriormente, con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005(7) se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en otras actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina(8), que mediante la Resolución 880 de 2 de diciembre de 2004, autorizó por el término de 5 años al Gobierno de Colombia para el “otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo a la presente resolución”(9).

Es preciso mencionar que para la expedición de dicha autorización, la CAN tuvo en cuenta que el Gobierno de Colombia “solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos, al amparo del inciso b) del artículo 6º de la Decisión 282, alegando que la crisis de orden público que atraviesa Colombia tiene efectos negativos sobre los referidos sectores”; por lo tanto, en palabras de esa misma Secretaría, se “autorizó al Gobierno de Colombia el otorgamiento de franquicias arancelarias por un plazo de 5 años para la importación de bienes correspondientes a 422 subpartidas NANDINA a 8 dígitos, en áreas relacionadas a la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón e hidrocarburos”(10) [Subraya de la Sala].

Esa autorización dio lugar a que se adicionara el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo:

‘ART. 9-1.—Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”.

“ART. 2º—La exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, hasta el 31 de diciembre de 2005” [negrilla y subraya de la Sala].

2.4. Conforme con lo anterior, las exenciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 se refieren a los ramos de la industria del petróleo relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, mas no con la de exploración, porque para la importación de bienes dedicados a este ramo se aplica el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, que se reitera, se encuentra vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación.

Además, se advierte que según el artículo 2º del Decreto 260 de 2005, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades de hidrocarburos fijadas en dicho decreto, vale decir, las relacionadas con la explotación, transporte por ductos y refinación, solo se aplica para los bienes importados que se clasifiquen en las subpartidas arancelarias expresamente señaladas en el listado que aparece en el citado artículo, que corresponden a las autorizadas por la CAN con la Resolución 880 de 2 de diciembre de 2004, lo que no se puede hacer extensivo para la exploración, porque el texto de la norma no permite esa interpretación.

En iguales términos se refirieron los decretos 4743 de 30 de diciembre de 2005(11) y 562 de 2 de marzo de 2011(12), con los que de manera posterior se modificó el Decreto 255 de 1992 y se adicionó el artículo 9-1.

2.5. En efecto, verificadas las consideraciones tanto de las resoluciones de la CAN Nros. 880 de 2 de diciembre de 2004, 969 de 20 de octubre de 2005(13) y 1346 de 12 de agosto de 2010(14), como de los Decretos 260 de 2005, 4743 de 2005 y 562 de 2011 que se expidieron en virtud de la correspondiente autorización de la CAN, no existe lugar a duda de que con estas actuaciones se pretendía favorecer a ciertos ramos de la industria petrolera, que no gozaban de beneficio arancelario para ese entonces, porque solo estaban exentos de arancel los bienes importados con destino a la exploración petrolera; por lo tanto, las previsiones hechas en dichos decretos, respecto de las subpartidas arancelarias a la que aplica la exención, no se hacen extensivas para la importación de bienes destinados a la exploración de petróleo.

2.6. En conclusión, el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992 se encuentra vigente y mantuvo la exención de gravámenes arancelarios en la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, beneficio cuyo reconocimiento no está supeditado a que la mercancía importada se encuentre amparada por alguna de las subpartidas arancelarias señaladas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, entre los que se encuentra el Decreto 4743 de 2005, que se encontraba vigente para la época de los hechos que interesan en este proceso.

El caso concreto

Está probado que el 2 de octubre de 2008(15), el declarante autorizado, SIA Aduanas Gama S.A., presentó la declaración de importación (tipo modificación) con autoadhesivo 14011041661035, a nombre del importador Hocol S.A, respecto de la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, correspondiente a “(…) tubería de acero sin costura (Casing) para revestimiento de pozos petroleros (…)”, en la que se liquidó $ 237.719.000 por IVA (16%) y $ 0 por arancel.

En los actos administrativos demandados, la administración corrigió la anterior declaración de importación al encontrar que se incurrió en error en la tarifa arancelaria, puesto que la operación de comercio exterior está gravada con un arancel del 15%, de acuerdo con lo señalado en el Arancel de Aduanas para la subpartida 73.04.29.00.00.

En el proceso no se cuestionó su destino —exploración petrolera—, ni que la sociedad importadora se dedicara de manera directa a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y los hidrocarburos, motivo por el cual, estos aspectos no son objeto de análisis.

Observa la Sala que el argumento de la administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo modificación, se centró en que la mercancía importada no se encontraba exenta de gravámenes arancelarios porque la subpartida arancelaria por la que se declaró [73.04.29.00.00] no está incluida en el listado del Decreto 4743 de 2005, explicación que, como se analizó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos.

Así las cosas, los actos administrativos demandados están viciados de nulidad, porque los planteamientos expuestos por la DIAN para sustentar su actuación se originaron en una indebida interpretación de la norma, lo que conduce a su nulidad.

En estas condiciones, la Sala se releva del estudio de los demás argumentos propuestos en el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, con fundamento en el inciso 3 del artículo 187 del CPACA que permite al juzgador estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas, se declara la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 y de la Resolución 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 que la confirmó y, en consecuencia, se declara en firme la declaración de importación —tipo modificación— con autoadhesivo 14011041661035 de 2 de octubre de 2008.

En cuanto a las pretensiones de reconocimiento de perjuicios morales y materiales por daño emergente y lucro cesante, contenidas en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º, transcritas en la página 3 de esta providencia, la Sala no accede a su reconocimiento toda vez que no se encontró elemento de prueba que demuestre que la actora pagó suma alguna por el concepto a que se refieren los actos aquí anulados.

Condena en costas

En relación con las costas, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (se destaca)

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), pues se da prosperidad al recurso interpuesto por la parte demandante y, en consecuencia, se revoca la del inferior y se declara la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho consecuente.

No obstante, la Sala ha precisado que esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(16).

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en ambas instancias. En consecuencia, no se condena en costas a la demandada, en ambas instancias.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos demandados, a título de restablecimiento del derecho, se declara en firme la declaración de importación —tipo modificación— con autoadhesivo 14011041661035 de 2 de octubre de 2008. En lo demás, se niegan las pretensiones de la demanda.

Además, no se condena en costas a la demandada, en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar, se dispone:

1. ANULAR la Resolución Liquidación Oficial 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 y la Resolución 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 que la confirmó.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR en firme la declaración de importación —tipo modificación— con autoadhesivo 14011041661035 de 2 de octubre de 2008, presentada por el declarante autorizado SIA Aduanas Gama S.A. a nombre del importador Hocol S.A, que amparó la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, importada con destino a la exploración petrolera.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

4. NO CONDENAR en costas a la demandada, en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha».

1 Fl. 441, c.p.

2 Con informe secretarial del 9 de noviembre de 2017, se allegó la certificación de la Sala que acepta la renuncia del doctor Héctor J. Romero Díaz a la designación de Conjuez de la Sección (fls. 443 a 446 c.p.).

3 Sentencia del 18 de mayo de 2017, Exp. 250002337000-2013-00035-01 [21302], Actor: CEPSA Colombia S. A. – Cepcolsa, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en fallo del 8 de febrero de 2018, Exp. 21808.

4 En el caso de entidades gubernamentales, en el artículo 2 del Decreto 2184 de 1990 se previó que”[s]alvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen: La Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios, el Distrito Especial de Bogotá y las entidades descentralizadas de los órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital”. Sin embargo, en el artículo 3 de ese mismo decreto se señaló lo siguiente: “[e]xceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones, las siguientes importaciones: […]/ c) Las que efectúen la Nación y las entidades mencionadas en el artículo 2º de este Decreto, que se dediquen a la minería o a los hidrocarburos o a la prestación de servicios de salud pública o educación o comercialización de alimentos”. Derogado por el artículo 13 del Decreto 255 de 1992./ Con el artículo 7º del Decreto 255 de 1992, se exceptuó de lo previsto en el artículo 2º del Decreto 2184 de 1990 y, por consiguiente, “continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones”, entre otras, “[l]as que efectúen la Nación o las entidades mencionadas en el artículo 2º del Decreto 2184 de 1990, que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos o a la exploración de minería o de hidrocarburos” [literal b]/ Posteriormente, con el artículo 1 del Decreto 4123 de 2004, se modificó el literal b) del artículo 7 del Decreto 255 de 1992, por lo que continuaban exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas que las consagran y regulan las exenciones, “[l]as que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos, o la exploración y explotación de minería y de hidrocarburos” [Destaca la Sala].

5 Artículo 23, C. de Petróleos. “[…] Por exploración se entiende el conjunto de trabajos geológicos superficiales y los de perforación con taladro tendiente a averiguar si los terrenos materia de la concesión contienen o no petróleo en cantidades comercialmente explotable”.

6 “ART. 4º—Declárase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. […]”.

7 Por medio del cual se adiciona el Decreto 255 del 11 de febrero de 1992 y se dictan otras disposiciones. Conforme con el artículo 5º “El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005”. Publicado en el Diario Oficial año CXL, Nro. 45816 de 8 de febrero de 2005.

8 Conforme a la Decisión 282 de 21 de marzo de 1991 de la CAN, sobre armonización de franquicias arancelarias, para los efectos de esa decisión, “se entiende por franquicias arancelarias, los distintos regímenes que permiten el despacho a consumo con la exención, rebaja o devolución de los gravámenes arancelarios respectivos.
Por despacho a consumo se entiende el régimen aduanero en virtud del cual las mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero” [art. 1º].

9 En los considerandos de la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la que se resolvió “[e]xtender la vigencia de la autorización concedida al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias, otorgada mediante Resoluciones 880 y 969, por 5 años adicionales, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, para los bienes señalados en el Anexo adjunto”, se expuso que con la Resolución 880 de 2004 se autorizó al Gobierno de Colombia el otorgamiento de franquicias arancelarias por un plazo de 5 años para la importación de bienes correspondientes a 422 subpartidas Nandina a 8 dígitos, en áreas relacionadas a la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón e hidrocarburos.

10 Así se expuso en los considerandos de la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la que se resolvió “[e]xtender la vigencia de la autorización concedida al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias, otorgada mediante Resoluciones 880 y 969, por 5 años adicionales, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, para los bienes señalados en el anexo adjunto”.

11 “ART. 1º—Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo:/ “Artículo 9.1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos” [negrilla de la Sala]./ Artículo 2º. Para efectos de lo previsto en el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, por un término de cinco años./ […]”

12 Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo./ “Artículo 9.1. Establecer una exención del 50% de la tarifa vigente del gravamen arancelario, aplicable a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos” [Negrilla de la Sala].

13 Entre otras, en esta resolución se expusieron las siguientes consideraciones:/ “Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2005-012043, recibida por la Secretaría General el pasado 11 de abril, solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación para un grupo de bienes destinados a ser utilizados en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos./ Dicha solicitud atendería la petición presentada por el sector minero para que se modifique el Decreto 260 de 2005, incluyendo subpartidas adicionales a la lista de productos contenida en tal disposición;/ Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2005-015851, recibida por la Secretaría General el pasado 19 de abril, amplió su solicitud de autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación para un grupo de bienes destinados a ser utilizados en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos” [Se subraya].

14 “Ampliación de plazo por el cual se autorizan franquicias arancelarias al amparo de las resoluciones 880 y 969”.

15 Fl. 48 del c.a.

16 Sentencia de 13 de julio de 2017, Exp. 21188. C.P. Milton Chaves García.