Sentencia 2012-00136/20489 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002337000-2012-00136-01 (20489)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Asunto: Impuesto de fondo de pobres por los períodos gravables de julio a diciembre de 2006, de enero a diciembre de 2007 y de enero y febrero de 2008.

Demandante: Fundación Teatro Nacional

Demandado: Secretaría de Hacienda Distrital – Dirección Distrital de Impuestos

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Decisión: Confirma la sentencia apelada.

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la Fundación Teatro Nacional, le corresponde a la Sala decidir si la actuación administrativa mediante la cual la dirección distrital de impuestos determinó de manera oficial el impuesto de fondo de pobres por los periodos de julio a diciembre de 2006, de enero a diciembre de 2007 y de enero y febrero de 2008 y le impuso sanción por no declarar a la parte demandante, están viciados de nulidad.

En concreto, se debe dilucidar (i) si se vulneraron los principios de legalidad y certeza del tributo previstos en el artículo 338 de la Constitución Política, porque en el acuerdo 1 de 1918 y en la Ley 72 de 1926 no se determinaron los elementos esenciales del impuesto de fondo de pobres, (ii) si la transferencia de la facultad de recaudo del impuesto a la Beneficencia de Cundinamarca invalida el proceso de fiscalización adelantado por el Distrito Capital y si solo a partir del acuerdo 399 de 2009 se puede hacer exigible este tributo y (iv) (sic) si se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política en la imposición de la sanción por no declarar.

1. Cuestión previa: el beneficio tributario solicitado por la fundación demandante.

1.1. El artículo 35 de la Ley 1493 del 26 de diciembre 2011(12), dispuso lo siguiente:

“ART. 35.—Beneficio para los contribuyentes cumplidos. Los productores de los espectáculos públicos que durante el año 2011 hubieren pagado los impuestos que se derogan en esta ley para tal sector y respecto de la cual se declaran no sujetos, como beneficio por su cumplimiento quedarán al día por todas las obligaciones de los años anteriores y no serán objeto de acción alguna por parte de las administraciones tributarias.

Aquellos contribuyentes que no hubieren declarado o pagado dichos impuestos en el año 2011, podrán ponerse al día declarando y pagando los impuestos de dicho año, sin sanciones ni intereses, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley y gozarán del mismo beneficio de cumplimiento establecido en el inciso anterior”.

1.2. Norma que fue reglamentada por el Decreto 1258 del 14 de junio de 2012, que en su artículo 20 dispuso(13):

“ART. 20.—Beneficios. Las administraciones tributarias no iniciarán o suspenderán los procesos iniciados respecto de la determinación oficial de los impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011 para los espectáculos públicos de las artes escénicas sobre los años 2011 y anteriores, siempre y cuando los contribuyentes hayan declarado y pagado los impuestos correspondientes al año 2011.

Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los impuestos de los periodos gravables del año 2011 a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, tendrán el mismo tratamiento de los contribuyentes cumplidos.

PAR.—La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para que se suspendan o revoquen las actuaciones de determinación del impuesto generadas con anterioridad a la expedición de la Ley 1493 de 2011”.

1.3 Conforme con lo anterior, los productores(14) de los espectáculos públicos de las artes escénicas que durante el año 2011 hubieren pagado los impuestos derogados mediante la Ley 1493 de 2011(15), vale decir, en lo que respecta a los espectáculos públicos de las artes escénicas, de los impuestos de espectáculos públicos, al deporte y del fondo de pobres, tendrán como beneficio quedar al día por todas las obligaciones de los años anteriores y no serán objeto de ninguna acción por parte de las autoridades tributarias, siempre y cuando comprueben, mediante la constancia de declaración y pago, lo siguiente: (i) que durante el año 2011 pagaron los impuestos derogados por la citada ley o (ii) que a más tardar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la ley (marzo de 2011), se pusieron al día declarando y pagando los correspondientes impuestos.

1.4. Está probado en el expediente:

1.4.1 Que mediante solicitud radicada el 1º de agosto de 2012(16), la apoderada de la fundación demandante le pidió a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá lo siguiente:

“(…) dar cumplimiento a lo que ordena, a lo que manda la ley, en el sentido de dar por terminada toda actuación administrativa y judicial en curso —revocando la totalidad de los actos administrativos proferidos en contra de la Fundación Teatro Nacional— en razón del referido impuesto de fondo de pobres y unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, tal y como lo dispone la varias veces citada Ley 1493 de 2011 y su respectivo Decreto Reglamentario 1258 de junio de 2012”(17).

Vale la pena aclarar que esta solicitud es de carácter general, en la medida en que no se refiere a un periodo gravable en particular.

Para el efecto, aportó copia auténtica de las siguientes declaraciones del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos(18):

AñoPeriodo gravableFecha presentaciónImpuesto a cargo $Total pagado $(19)
2011Enero21-02-201113.690.0000
2011Febrero18-03-201124.732.0000
2011Marzo 20-04-201129.618.0000
2011Abril20-05-201125.067.0000
2011Mayo20-06-201112.743.000400.000
2011Junio 26-07-201119.647.000295.000(20)
2011Julio 20-08-201123.442.0000
2011Agosto16-09-201114.351.0000
2011Septiembre27-10-201112.168.000183.000(21)
2011Octubre21-11-201121.823.0000
2011Noviembre16-12-201126.791.0000
2011Diciembre19-01-201213.242.0000

1.4.2. Y que el 17 de agosto de 2012, el jefe de la oficina de recursos tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos le comunicó a la apoderada de la Fundación Teatro Nacional que:

“(…) el beneficio de no iniciar o suspender, aplica para los procesos en curso respecto de la determinación oficial de los impuestos sobre los años 2011 y anteriores”.

En este caso, para la Dirección Distrital de Impuestos, el proceso administrativo de determinación del tributo ya había terminado, porque mediante la Resolución DDI 008784 (2012 EE 59824) del 23 de marzo de 2012, se confirmó la Resolución 1338-DDI-261358 (CORDIS 2011 EE 261358) del 11 de agosto de 2011, mediante la cual profirió liquidación oficial de aforo a la Fundación Teatro Nacional, en relación con el impuesto de fondo de pobres.

En lo que concierne a los fallos proferidos por esa oficina a la entrada en vigencia de la Ley 1493 de 2011 y su Decreto Reglamentario 1258 de 2012, se expuso que:

“(…) no es posible acceder a la petición de revocatoria de la totalidad de los fallos administrativos proferidos en contra de la Fundación Teatro Nacional porque respecto de ellos se encuentra agotada la vía gubernativa, además entre otras porque de acceder a su petición, esta oficina estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 87 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, la orden constitucional de irretroactividad de las normas tributarias y el mandato de igualdad para todos los administrados,

(…)”(22).

1.5. Conforme con lo anterior, se advierte que la comunicación del 17 de agosto de 2012, mediante la cual la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá le manifestó a la Fundación teatro nacional que no era posible acceder a la solicitud de aplicación del beneficio tributario previsto en el artículo 35 de la Ley 1493 de 2011, constituye un acto administrativo que tiene el carácter de definitivo porque resuelve de fondo la cuestión planteada ante la administración (procedencia de un beneficio tributario); por lo tanto, susceptible de control de legalidad ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.6. En el caso sub examine, la fundación demandante no está cuestionando la legalidad de dicho acto administrativo. Así se desprende de las pretensiones y de los argumentos expuestos en la demanda(23).

Por el contrario, la litis se centra en la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración determinó de manera oficial el impuesto de fondo de pobres a cargo de la fundación, por los periodos en discusión, y le impuso la correspondiente sanción por no declarar.

1.7. Resalta la Sala que el tema relacionado con el beneficio tributario en cuestión, más que un hecho nuevo, constituye una verdadera pretensión que resulta ser diferente del objeto de este proceso, delimitado por la parte actora en torno a la presunta ilegalidad de los actos administrativos de determinación oficial del tributo y de la sanción por no declarar, por un periodo determinado.

1.8. Por lo anterior, en esta oportunidad no es posible emitir pronunciamiento respecto de la respuesta otorgada por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, ante la solicitud de reconocimiento del beneficio tributario previsto en el artículo 35 de la Ley 1493 de 2011.

1.9. En este orden de ideas, lo procedente es analizar el fondo del asunto.

2. Violación del artículo 338 de la Constitución Política.

2.1. Afirma la parte apelante que el acuerdo 1 de 1918 y la Ley 72 de 1926 no determinaron los elementos esenciales del impuesto de fondo de pobres, en contravía de lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, que consagra los principios de legalidad y certeza del tributo.

2.2. Para resolver, es preciso recordar que el impuesto de fondo de pobres fue creado mediante el acuerdo 1 de 1918 del Concejo de Bogotá, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Créase una renta denominada fondo de los pobres, destinada a proteger a las personas desprovistas de todo recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad, recogiéndolas en casas de beneficencia”(24).

Esta norma además dispuso:

“ART. 2º—Constituye el fondo de los pobres:

1º El producto del diez por ciento (10 por 100) sobre el valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maroma y demás espectáculos públicos análogos, y

2º El producto del gravamen de cien pesos ($100) mensuales sobre cada una de las salas o establecimientos de bailes públicos, cualquiera que sea la denominación que le den los empresarios”.

Y, adicionalmente previó que quedaba a cargo de la alcaldía reglamentar la manera de hacer efectiva esta renta (art. 3º) y que la misma “quedará incorporada en el Presupuesto vigente. Su cuantía se presupone en mil pesos anuales. En la tesorería municipal se llevará una cuenta especial del impuesto con el fondo de los pobres, y su producido se entregará mensualmente al síndico del asilo de mendigos, previo acuerdo entre el alcalde y el dicho síndico, acerca del número de asilados que pueda enviar la alcaldía, en proporción con la cuantía de las sumas que se envíen” (art. 5º)(25).

2.3. Por su parte, la Ley 72 de 1926(26), en su artículo 6º señaló que el “Concejo Municipal de Bogotá, puede organizar libremente sus rentas, percepción y cobro, ya por administración directa, delegada o por arrendamiento, y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales y sin necesidad de previa autorización crear los impuestos y contribuciones que estime necesarios, dentro de la Constitución y las leyes” y determinó que “[q]uedan vigentes todas las disposiciones especiales que se han dictado sobre rentas y percepción de ellas en el municipio de Bogotá y adicionadas y reformadas las disposiciones del Código Político y Municipal y las demás contrarias a la presente Ley”(27).

2.4. A su vez, el Decreto 423 de 1996 “[p]or el cual se expide el cuerpo jurídico que compilan las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”, se refirió al impuesto de fondo de pobres en los siguientes términos:

“ART. 7º—Impuestos distritales.

Esta compilación comprende los siguientes impuestos, que se encuentran vigentes en el Distrito Capital y son rentas de su propiedad:

(…)

j) Impuesto del fondo de pobres

(…)”

“ART. 117.—Impuesto de pobres.

El impuesto del fondo de pobres fue creado por el acuerdo 1 de 1918 y la Ley 72 de 1926.

El impuesto del fondo de pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maromas, y demás espectáculos públicos.

PAR.—Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colón, organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional, tienen una tarifa del cinco por ciento”.

2.5. Los artículos 1º y 2º del acuerdo 1 de 1918, así como el literal j) del artículo 7º y el artículo 117 del Decreto 423 de 1996, fueron sometidos a control de legalidad ante esta corporación, que mediante sentencia del 9 de junio de 2000(28), confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 2 de diciembre de 1999, desestimatoria de las pretensiones de la demanda.

En esa oportunidad, al referirse al artículo 6º de la Ley 72 de 1926, se aclaró lo siguiente:

“La convalidación es un mecanismo jurídico que permite subsanar los vicios que afectan a un acto administrativo. Al expresar el artículo 17 de la Ley 72 de 1926 que “Quedan vigentes todas las disposiciones especiales que se han dictado sobre rentas y percepción de ellas en el municipio de Bogotá (…)” no solamente otorgó, a la renta establecida por el acuerdo acusado, el soporte normativo superior reclamado por la accionante, sino que saneó el vicio del acto convalidado, dado que con la norma el legislador aceptó y reconoció mantuvo y “ratificó” los efectos ya existentes y los legitimó para el futuro, al disponer la ley que se mantenía su vigencia.

La citada norma de la ley, convalidó la irregular expedición y ratificó la vigencia del tributo establecido por el acuerdo, disposición especial en materia de rentas del entonces municipio de Bogotá, haciendo suyo en todo su contenido (incluido el señalamiento de los elementos de la obligación tributaria) el acto viciado, reformando y adicionando el Código de Régimen Municipal, esto (sic) es, la Ley 4ª de 1913. No el Decreto 1333 de 1986, el que como bien lo dice la recurrente, no podía ser reformado por la Ley 72 de 1926.

En este orden de ideas tampoco puede sostenerse que los actos estén afectados de inconstitucionalidad sobreviniente, la que surge, cuando una disposición que era constitucional se torna en inconstitucional por contradecir abiertamente las normas de la nueva carta, puesto que se advierte que la totalidad de los elementos del tributo, vale decir, los sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, fueron señalados directamente, como lo ordena el artículo 338 por la corporación de elección popular (cabildo municipal) en el respectivo acuerdo, ratificado íntegramente por la ley”.

Y más adelante se precisó que:

“(…) tampoco prospera el cargo respecto a la inclusión de la citada renta con destino al “fondo de pobres”, en la compilación de los gravámenes vigentes en el Distrito Capital, efectuada mediante los artículos 7º literal j) y 117 del Decreto 423 de 1996, el que como acertadamente lo precisa la señora procuradora, no creó el impuesto, sino simplemente expresó que este fue creado por el acuerdo 1 de 1918 y la Ley 72 de 1926.

Así mismo entiende la Sala que la incorporación del tributo en el citado decreto, debe conservar las mismas condiciones de creación de la renta, que fue establecida con destino al fondo de pobres en el acuerdo”.

2.6. Conforme con el anterior antecedente jurisprudencial, la convalidación del impuesto de fondo de pobres, por parte de la Ley 72 de 1926, permitió que los vicios que se presentaron en su creación, mediante el acuerdo 1 de 1918, fueran saneados, porque así fue la voluntad del legislador.

2.7. Finalmente, el Decreto 352 de 2002(29), en su artículo 7 señaló los impuestos comprendidos en esa compilación, que se encuentran vigentes en el Distrito Capital y son rentas de su propiedad, entre los cuales se encuentra el impuesto de fondo de pobres (literal j).

Específicamente, en el Capítulo X “otros tributos”, se refirió al impuesto de pobres en los términos que se transcriben a continuación:

“ART. 129.—Impuesto de pobres.

El impuesto del fondo de pobres fue creado por el acuerdo 1 de 1918 y el artículo 17 de la Ley 72 de 1926.

El impuesto del fondo de pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maromas, y demás espectáculos públicos.

PAR.—Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colón, organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional, tienen una tarifa del 5%”.

2.8. Las anteriores normas son aplicables hasta la expedición del acuerdo 399 de 2009, mediante el cual se fusionaron el impuesto de azar y espectáculos y el del fondo de pobres en el denominado “impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos”.

2.9. Hecho el anterior recuento normativo del impuesto de fondo de pobres, se infiere que desde la creación del tributo, con el acuerdo 1 de 1918, convalidado por la Ley 72 de 1926(30), los elementos de este tributo son los siguientes:

Sujeto activo: es el Distrito Capital de Bogotá.

Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que realice espectáculos públicos en los teatros, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos análogos, que cobren el ingreso al público.

Hecho generador: es la realización de cualquier espectáculo público, sin importar la denominación que le dé el empresario, en el que se cobre el ingreso al público.

Base gravable: es el valor de las entradas efectivas.

Tarifa: es el 10% de la base gravable.

2.10. Por lo tanto, se concluye lo siguiente:

- Aunque el impuesto de fondo de pobres no fue creado mediante ley, la convalidación efectuada por la Ley 72 de 1926 implica que el legislador, como titular de la potestad legislativa aceptó y reconoció como válidas todas las normas que sobre rentas se dictaron en Bogotá, haciendo propio el contenido del acuerdo creador del citado impuesto, incluido el señalamiento de los elementos esenciales, con lo que le impartió legitimidad y

- Los elementos esenciales del tributo son determinables a partir del texto del acuerdo 1 de 1918, en los términos expuestos con anterioridad, de manera que el hecho de que en el acto creador del tributo no se haya indicado de manera explícita y discriminada cada uno de los elementos del tributo, no conduce a desconocer su existencia.

En este sentido, la Corte Constitucional ha dicho que “no siempre resulta exigible que la determinación de los elementos del tributo sea expresa, y que no se presenta trasgresión del principio de legalidad tributaria cuando uno de los elementos de la obligación no está determinado en la ley, pero es determinable a partir de ella, como quiera que “(…) No toda ambigüedad en la ley que crea un tributo o toda dificultad en su interpretación conduce a la inconstitucionalidad de la misma, porque para ello es necesario que el alcance de la ley no pueda ser determinado de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la ley”(31).

2.11. En este orden de ideas, contrario a lo expuesto por la parte demandante, en el caso sub examine no se advierte la violación del artículo 338 de la Constitución Política, que prevé el principio de reserva legal en materia fiscal y el de legalidad tributaria que preside la creación de los tributos, del que se deriva el de certeza del gravamen(32).

2.12. Por lo anterior, no prospera el cargo.

3. El traspaso de la facultad de recaudo del impuesto de fondo de pobres a la Beneficencia de Cundinamarca. Efectos en el proceso de determinación del tributo.

3.1. Expuso la parte demandante que solo a partir del acuerdo 399 de 2009, que establece y unifica las normas referentes al impuesto de fondo de pobres, puede hacerse exigible “en estricto derecho” ese tributo.

3.2. Para resolver, se observa que en el artículo 12 del Acuerdo 33 de 1938(33), el Concejo de Bogotá dispuso:

“Autorizase al alcalde para traspasar a la junta general de beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto del fondo de pobres mediante un contrato por el cual la junta general de beneficencia se comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la alcaldía en las condiciones que se estipulen en dicho contrato, el cual no requerirá para su validez la posterior aprobación del Concejo(34) (Se subraya).

Conforme con lo anterior, al Alcalde de Bogotá le asistía la facultad de traspasar a la beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto de fondo de pobres(35), mediante un contrato que no requería de aprobación posterior del órgano de representación popular, para su validez.

El único requisito que se previó fue que dicha entidad se comprometiera al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la alcaldía, en las condiciones que se estipulen en dicho contrato.

Así las cosas, entendiendo que el recaudo de los tributos es una actividad de administración, es admisible que sea entregada a entidades creadas para atender asuntos específicos de la administración, circunstancia que no conduce a afirmar que se modificó un elemento esencial del tributo, como es el sujeto activo del impuesto de fondo de pobres, que sin lugar a dudas es el Distrito Capital de Bogotá, o que esta entidad pierda la competencia para ejercer los demás aspectos de la administración del tributo, actividad dentro de la cual se encuentran también la fiscalización y el cobro del mismo.

3.3. De las pruebas aportadas al expediente se infiere que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del acuerdo 33 de 1938, el 24 de febrero de 1956 la Alcaldía de Bogotá suscribió un contrato con la Beneficencia de Cundinamarca, a efectos de la cesión del recaudo del impuesto de fondo de pobres, contrato que terminó mediante el oficio 2005EE144712 del 26 de mayo de 2005.

3.4. Así se desprende de los considerandos de la Resolución 429 del 9 de junio de 2005, por la cual se establecen los lugares y plazos, la presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del fondo de pobres, oportunidad en la que se expuso lo siguiente:

“Que mediante oficio 2005EE144712 del 26 de mayo de 2005, se informa al Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, de manera conjunta por parte de la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Bienestar de Bogotá, sobre la terminación a partir del primero (1º) de junio del año en curso del contrato suscrito el 24 de febrero de 1956, entre el Distrito Capital y la citada entidad Departamental.

Que a partir del primero (1º) de junio de 2005, la Secretaría de Hacienda Distrital a través de la Dirección Distrital de Impuestos, asume el recaudo, administración y control del tributo, en los términos del acuerdo 52 de 2001.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario, establecer los lugares y plazos para la presentación de la declaración tributaria y el pago del impuesto del fondo de pobres a partir del primero (1º) de junio de 2005”(36) (subraya y negrilla de la Sala).

En consecuencia, se resolvió:

“ART. 1º—La presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del Fondo de pobres deberá efectuarse ante la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

PAR. 1º:—Las solicitudes para corregir las declaraciones tributarias, correspondientes al impuesto del fondo de pobres, disminuyendo el valor a pagar a que se refiere el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, deben presentarse ante la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos.

ART. 2º—Plazo para declarar y pagar el impuesto del fondo de pobres. Los contribuyentes del impuesto del fondo de pobres, deberán presentar y pagar la totalidad del impuesto en una declaración mensual dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la declaración o a la ocurrencia del hecho generador.

ART. 3º—Vigencia. La presente resolución rige a partir del primero (1º) de junio del año 2005”(37).

Esta resolución fue modificada por la Resolución 439 del 20 de junio de 2005, en los siguientes términos:

“ART. 1º—Modifíquese el artículo 3º de la Resolución 429 del 9 de junio de 2005, el cual quedará así:

‘ART. 3º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la firma del convenio que garantice la atención de la población beneficiaria del impuesto de fondo de pobres’”(38).

3.5. Comoquiera que el citado convenio no se suscribió, la anterior resolución fue derogada de manera expresa por la Resolución. SDH-000146 del 29 de abril de 2009, mediante la cual, el Secretario de Hacienda del Distrito Capital estableció los lugares y plazos para la presentación de la declaración del impuesto de fondo de pobres, administrado por la Dirección Distrital de Impuestos, previo a considerar lo siguiente:

“Que la Secretaría Distrital de Integración Social asumirá la atención de las personas que venían siendo atendidas por la Beneficencia de Cundinamarca con cargo a los recursos provenientes del impuesto de fondo de pobres y para el efecto garantizará a partir del 1º de mayo de 2009 la atención de los mismos por parte del Distrito Capital, conforme se desprende de la comunicación suscrita por los secretarios de Hacienda y de Integración Social y dirigida a la Beneficencia de Cundinamarca de fecha 29 de abril de 2009.

Que se encuentra en consecuencia acreditado que el Distrito Capital se ha hecho cargo de las personas beneficiarias de la atención con los recursos provenientes del impuesto de fondo de pobres, lo que habilita, en los términos del artículo séptimo del contrato de fecha 26 de febrero de 1956, suscrito entre el Distrito Capital y la Beneficencia de Cundinamarca, a que la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Impuestos, asuma el recaudo y administración del impuesto fondo de pobres, a partir del 1º de mayo de 2009, en los términos del acuerdo 52 de 2001.

Que de conformidad con el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, al impuesto de fondo de pobres le es aplicable el régimen procedimental establecido para el impuesto de espectáculos públicos, por lo que el importe del impuesto generado debe materializarse a través de la presentación de una declaración tributaria, tal como opera para el impuesto de espectáculos públicos”(39).

En consecuencia, se dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Presentación y pago. Establecer a partir del 1º de mayo de 2009, que la presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del fondo de pobres se efectúe ante la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

PAR.—Una vez la Dirección Distrital de Impuestos disponga el servicio de presentación y pago electrónico de la declaración del impuesto Fondo de Pobres, los contribuyentes podrán cumplir su obligación de declarar y pagar, a través de dicho medio.

ART. 2º—Plazo para declarar y pagar el impuesto del fondo de pobres. Los contribuyentes del impuesto del fondo de pobres, deberán presentar y pagar la totalidad del impuesto en una declaración mensual dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al periodo objeto de la ocurrencia del hecho generador.

PAR.—La presentación y pago de la declaración del impuesto fondo de pobres, correspondiente a los hechos generadores ocurridos en el mes de abril de 2009, se hará a más tardar el día 22 de mayo de 2009.

ART. 3º—Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1°) de mayo de 2009 y deroga las resoluciones 429 de 9 de junio de 2005 y 439 de 20 de junio de 2005”(40).

3.6. Posteriormente, por el acuerdo 399 de 2009, citado por la fundación demandante para fundamentar su argumentación, el Concejo de Bogotá decidió fusionar el impuesto de azar y espectáculos y el del fondo de pobres en el denominado “impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos”, con una tarifa unificada del 10% sobre el valor de los ingresos brutos por las actividades gravadas, así como sobre el valor de los premios que deben entregarse por concepto de sorteos de las ventas bajo el sistema de clubes, de rifas promocionales y los concursos.

Adicionalmente, dispuso que “[l]os contribuyentes del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos en el Distrito Capital, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto, dentro del mes siguiente a la realización de la actividad gravada, dentro de los plazos que se establezcan para el efecto por parte del Gobierno Distrital, descontando el valor pagado por concepto de anticipo o retención practicada”(41).

3.7. Mediante la Ley 1493 de 2011 se derogó, en lo que respecta a los espectáculos públicos de las artes escénicas, entre otros, el impuesto del fondo de pobres autorizado por acuerdo 399 de 2009.

3.8. De lo expuesto se concluye que:

- Conforme con el artículo 12 del acuerdo 33 de 1938, al Alcalde de Bogotá le asistía la facultad de traspasar a la Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto de fondo de pobres, mediante un contrato que no requería de aprobación posterior del órgano de representación popular, para su validez.

- En cumplimiento de lo previsto en la citada norma, el 24 de febrero de 1956, la Alcaldía de Bogotá suscribió un contrato con la Beneficencia de Cundinamarca, a efectos de la cesión del recaudo del impuesto de fondo de pobres.

- El anterior contrato fue terminado mediante el oficio 2005EE144712 del 26 de mayo de 2005.

- Pese a que en un principio se previó que a partir del 1º de junio de 2005, la Secretaría de Hacienda Distrital por medio de la Dirección Distrital de Impuestos, asumía el recaudo, administración y control del impuesto de fondo de pobres (Res. 146/2009), la falta de suscripción del convenio que garantizara la atención de la población beneficiaria de dicho impuesto condujo a que el Distrito Capital pudiera reasumir la competencia de recaudo del tributo a partir del 1º de mayo de 2009 (Res. SHD-000146/2009), que había sido traspasada a la Beneficencia de Cundinamarca por el Acuerdo 33 de 1938, en los términos expuestos en el numeral 3.2 de esta providencia.

Insiste la Sala en que el hecho de que a partir del 1º de mayo de 2009 el Distrito Capital haya reasumido el recaudo del impuesto de fondo de pobres, lo que podía hacer en cualquier momento, no significa que el Distrito Capital haya cedido la titularidad del tributo, como tampoco que careciera de la competencia para ejercer su administración, actividad dentro de la cual se encuentran también la fiscalización y el cobro del mismo, como titular que es de la potestad tributaria.

- En los periodos en discusión (julio a diciembre de 2006, enero a diciembre de 2007 y enero y febrero de 2008), el recaudo del impuesto estaba a cargo de la Beneficencia de Cundinamarca.

- Para la fecha de expedición de los actos administrativos enjuiciados, la Dirección Distrital de Impuestos ya había reasumido su recaudo, por lo cual tenía la administración total del tributo.

- Mediante el acuerdo 399 del 15 de septiembre de 2009 se fusionó el impuesto de azar y espectáculos y el del fondo de pobres, lo que de ninguna manera significa que con anterioridad a esta disposición el impuesto de fondo de pobres no fuera exigible.

En consecuencia, se concluye que (i) el traspaso de la facultad de recaudo del impuesto de fondo de pobres a la Beneficencia de Cundinamarca no invalida el proceso de fiscalización adelantado por el Distrito Capital por los periodos en discusión y (ii) con anterioridad al acuerdo 399 de 2009, el impuesto de fondo de pobres sí era exigible, solo que de manera independiente al impuesto de azar y espectáculos.

3.9. Por lo anterior, no prospera el cargo.

4. La sanción por no declarar el impuesto de fondo de pobres.

4.1. Expuso la fundación demandante que no existe norma expresa que disponga la aplicación de la sanción por no declarar en el impuesto de fondo de pobres, lo que conduce a la violación de los artículos 29 y 338 de la Constitución Política.

Afirmó que el tribunal está realizando una interpretación analógica, expresamente prohibida en el régimen sancionatorio.

4.2. Revisado el acto administrativo de carácter sancionatorio demandado en este proceso, se advierte que las normas en las que la Administración fundamentó su decisión, corresponden a las siguientes:

4.2.1. El Decreto 807 de 1993, por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones(42), señala:

“ART. 60.—Modificado. D. 422/96, art. 1º. Modificado. D. 401/99, art. 34. Modificado. D. Distrital 362/2002, art. 33.

Sanción por no declarar. Las sanciones por no declarar cuando sean impuestas por la administración, serán las siguientes:

1. (…)

3. En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, al impuesto de espectáculos públicos o al impuesto de loterías foráneas, será equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en Bogotá D.C. en el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior; por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción.

En el caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar” (Se subraya).

4.2.2 El acuerdo 52 de 2001, por el cual se establecen algunas modificaciones a los regímenes procedimental y sustantivo de los tributos en el Distrito Capital de Bogotá(43).

“ART. 9º—Regulación procedimental y sancionatoria para el impuesto de fondo de pobres. Para el impuesto de fondo de pobres, se aplicará la normativa sancionatoria y procedimental establecida para el impuesto de espectáculos públicos”.

4.3. Ahora bien, conforme con el numeral 8º del artículo 12 del Decreto Distrital 807 de 1993(44), a partir del 1º de enero de 1994, los contribuyentes de los tributos distritales deberán presentar, entre otras, la declaración del impuesto sobre espectáculos públicos, que fue unificado con otros, en el denominado impuesto de azar y espectáculos(45), que se debe presentar mensualmente.

De manera que, por la remisión hecha en el acuerdo 52 de 2001, el contribuyente del impuesto de fondo de pobres debe presentar la correspondiente declaración.

4.4. Se debe destacar que el Decreto 807 de 1993 y el Acuerdo 52 de 2001 se expidieron con fundamento, entre otros, en el artículo 162 del Decreto-Ley 1421 de 1993(46), que dispone:

“ART. 162.—Remisión al estatuto tributario. Las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, de terminación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de este” (Se subraya).

4.5. Por lo anterior, es preciso mencionar que mediante la Ley 383 del 10 de julio de 1997(47), se propendió por la unificación a nivel nacional del régimen procedimental, en los siguientes términos:

“ART. 66.—Administración y control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional(48) (Se subraya).

La norma anterior obligaba a los municipios a emplear el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario para efectos de (i) las declaraciones tributarias, (ii) proceso de fiscalización, (iii) proceso de liquidación, (iv) imposición de sanciones, (v) discusión y (vi) cobro de los impuestos del orden territorial.

Respecto de las sanciones, esta Sala aclaró que de acuerdo con el citado artículo 66, “los municipios y distritos deben aplicar los procedimientos del Estatuto Tributario, entre otros aspectos, para la imposición de sanciones, pero no están obligados a adoptar en su jurisdicción las sanciones del Estatuto Tributario, que es un aspecto sustancial”(49); por lo tanto, concluyó que en vigencia de esta ley “debe entenderse que la adopción en los municipios de las sanciones del Estatuto Tributario es facultativa y para ello deben tener en cuenta las particularidades de cada tributo” (Negrilla original).

4.6. El citado artículo 66 de la Ley 383 de 1997, fue modificado por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, en los siguientes términos:

“ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”(50) (Se subraya).

Conforme con esta norma, las entidades territoriales deberán aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para los siguientes efectos: (i) administración, (ii) determinación, (iii) discusión, (iv) cobro, (v) devoluciones y (vi) régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos administrados por ese ente territorial y podrán (i) disminuir el monto de las sanciones y (ii) simplificar el término de la aplicación de los procedimientos antes citados.

En relación con la norma transcrita, esta Sala expuso que “los municipios y departamentos deberán aplicar tanto el régimen sancionatorio (aspecto sustancial) como el procedimiento para la imposición de las sanciones previstos en el Estatuto Tributario. No obstante estas entidades territoriales están facultadas para disminuir el monto de la sanciones, que es un aspecto sustancial, y, en general, para simplificar procedimientos, incluido el sancionatorio (que es un aspecto procedimental”(51) (negrilla original).

En conclusión, en vigencia de la Ley 788 de 2002, “los municipios y departamentos no pueden fijar en su jurisdicción sanciones mayores a las previstas en el Estatuto Tributario. En este aspecto sustancial solo están facultados para disminuir el monto de la sanciones y si no ejercen dicha atribución, deben imponer las sanciones determinadas en el citado estatuto, para lo cual deben tener en cuenta las particularidades de cada tributo”(52).

4.7. Por lo expuesto se concluye que, en el Distrito Capital, desde la expedición del Decreto-Ley 1421 de 1993, es decir, desde antes de la entrada en vigor de la Ley 788 de 2002, se ha propendido por la unificación del régimen tributario nacional y el territorial en la administración de sus tributos, lo que, sin lugar a dudas, incluye el régimen sancionatorio en esta materia.

4.8. Ahora bien, tratándose de sanciones en materia tributaria, se recalca que conforme con el principio de legalidad de las sanciones, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual, nadie puede ser juzgado sino conforme con las leyes preexistentes al acto que se le imputa, es indudable que la ley debe consagrar la sanción aplicable en el evento en el que se constate el incumplimiento de una obligación tributaria de carácter formal o sustancial.

4.9. En el caso concreto, se observa que la sanción en estudio es aquella que se impone por el incumplimiento del deber formal de declarar, denominada sanción por no declarar, prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario, que resulta compatible con el impuesto de fondo de pobres, porque en este tributo, al igual que en los señalados en la norma a nivel nacional, se parte del supuesto de que el contribuyente o responsable tiene que cumplir con esa obligación(53), pese a lo cual, omite hacerlo.

4.10. Aclara la Sala que lo que hizo el artículo 9º del acuerdo 52 de 2001, fue remitir a la “normativa sancionatoria y procedimental establecida para el impuesto de Espectáculos Públicos”, que a su vez, debe seguir el procedimiento previsto en el ordenamiento nacional, con la diferencia de que, para el tributo del orden territorial, la sanción por no declarar “será equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en Bogotá D.C. en el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior; por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción” y en el caso de no tener impuesto a cargo, “la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar”(54), que resulta ser inferior a las previstas en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional.

4.11. Nótese que con el acuerdo en cita no se está creando un nuevo tipo jurídico de sanción, que no esté señalado de forma previa por el legislador en materia tributaria, lo que se hace es remitir a las normas previstas para el impuesto de espectáculos públicos(55), que guarda cierta identidad con el impuesto de fondo de pobres y, por ende, se dispuso aplicar los mismos parámetros para efectos de cuantificar la sanción por no declarar el impuesto de fondo de pobres.

4.12. Por lo anterior, se concluye lo siguiente:

- A nivel nacional existe regulación en relación con la sanción por no cumplir con la obligación formal de declarar, estando obligado el contribuyente a hacerlo (E.T., art. 643).

- A nivel territorial, en el Distrito Capital, también está prevista esa sanción (D. 807/93, art. 60).

- En aras de la uniformidad de los procedimientos del orden territorial al nacional, la sanción por no declarar se aplica en el Distrito Capital, conforme con el procedimiento previo señalado en el Estatuto Tributario, por remisión expresa del Decreto 807 de 1993(56) y se adapta al impuesto de fondo de pobres(57), sin restarle validez el hecho de que en el acuerdo creador del tributo y en la ley que lo convalidó, se haya guardado silencio al respecto.

- Tratándose del impuesto de fondo de pobres, la determinación del quantum de la sanción por no declarar es similar a la prevista para el impuesto de espectáculos (impuesto de azar y espectáculos), a partir de la vigencia del acuerdo 52 de 2001.

4.13. Respecto del argumento, según el cual, el tribunal está realizando una interpretación analógica de una norma de carácter sancionatorio, advierte la Sala que este argumento no está llamado a prosperar, porque como se expuso con anterioridad, para el caso concreto, se cuenta con una norma preexistente a la ocurrencia del hecho sancionado(58), que tipifica la sanción impuesta en los actos administrativos enjuiciados; en consecuencia, se descarta la violación del artículo 29 de la Constitución Política.

4.14. Por lo expuesto, en el caso concreto no es procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad en los términos solicitados por la fundación demandante y por el Ministerio Público.

4.15. En consecuencia, se concluye que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos administrativos demandados, tanto los de determinación del tributo como los de carácter sancionatorio, motivo por el cual, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 10 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código General del Proceso, se acepta la renuncia al poder presentada por el doctor Juan Carlos Becerra Ruiz, apoderado del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Hacienda (fl. 295).

3. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Diego Alejandro Pérez Parra, como apoderado del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Hacienda, en los términos y para los fines del memorial poder conferido, visible en el folio 298 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(12) Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.

(13) Posteriormente se expidió el Decreto Reglamentario 1240 del 14 de junio de 2013, que en su artículo 17 modificó el artículo 20 del Decreto 1258 de 2012, en los siguientes términos:
“ART. 20.—Beneficios. Las administraciones tributarias no iniciarán o suspenderán los procesos en curso respecto de la determinación oficial de los impuestos derogados por la ley 1493 de 2011 para los espectáculos públicos de las artes escénicas sobre los años 2011 y anteriores, y ordenarán su archivo siempre y cuando los contribuyentes hayan declarado y pagado los impuestos correspondientes al año 2011.
Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los impuestos de los periodos gravables del año 2011 a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, tendrán el mismo tratamiento de los contribuyentes cumplidos.
PAR.—La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para la revocatoria, suspensión y/o archivo de las actuaciones de determinación del impuesto generadas con anterioridad a la expedición de la ley 1493 de 2011” (Los apartes subrayados corresponden a las modificaciones introducidas).

(14) El artículo 3 literal b) de la Ley 1493 dispone que para efectos de esa ley, se consideran productores o empresarios de espectáculos públicos de las artes escénicas, las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas jurídicas o naturales que organizan la realización del espectáculo público en artes escénicas.

(15) Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
(15) (sic) Cfr. el artículo 37 de la Ley 1493 de 2011 y la sentencia de la Corte Constitucional C-615 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se aclaró que con esta ley solo se derogan los siguientes tributos: (a) los que tienen relación con los espectáculos públicos de las artes escénicas contenidos en el numeral 1º del artículo 7º de la Ley 12 de 1932, el literal a) del artículo 3º de la Ley 33 de 1968 y las normas que los desarrollan; (b) el impuesto al deporte, contenido en el artículo 77 de la Ley 181 de 1995 y demás disposiciones que tienen que ver con este impuesto, así como el artículo 2º de la Ley 30 de 1971, exclusivamente en lo que tiene que ver con los espectáculos públicos de las artes escénicas, reguladas por la ley 1493 de 2011, de manera que estos impuestos al deporte siguen vigentes en lo que no tienen relación con espectáculos públicos de las artes escénicas; y (c) solo deroga el impuesto del fondo de pobres contenido en el acuerdo 399 de 2008, exclusivamente en lo que tiene relación con los espectáculos públicos de las artes escénicas, de manera que en lo demás continúa vigente tal impuesto.

(16) Según se desprende de la respuesta que obra en los folios 187-190 cuaderno principal.

(17) Fls. 183-186 cdno. ppal.

(18) Fls. 191-202 cdno. ppal.

(19) Por los periodos de mayo, junio y septiembre del año 2011 la fundación presentó la declaración con pago, en los demás periodos acreditó el pago vía retenciones practicadas.

(20) Corresponde a la sanción (Fl. 196 cdno. ppal.).

(21) Corresponde a la sanción (Fl. 199 cdno. ppal.).

(22) Fl. 187 vlto.

(23) Presentada el 22 de agosto de 2012 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 2 y 15 cdno. ppal.).

(24) Fls. 77-78 cdno. ppal.

(25) Fls. 77-78 cdno. ppal.

(26) Sobre facultades al Municipio de Bogotá.

(27) Cfr. el artículo 17 de la Ley en cita.

(28) Radicado 25000-23-27-000-1999-0148-01-10029, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

(29) Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital.

(30) En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 9 de octubre de 2014, radicado 2012-00155-01 (20330), actor: Fundación Teatro Libre de Colombia, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(31) Cfr. la Sentencia C-594 de 2010, en la que además se cita la Sentencia C-228 de 1993.

(32) Cfr. la Sentencia C-594 de 2010, en la que se expuso que “el principio de certeza tributaria se vulnera no solamente con la omisión en la determinación de los elementos esenciales del tributo, sino también cuando en su definición se acude a expresiones ambiguas o confusas. No obstante, ha precisado esta corporación, que en tales eventos, la declaratoria de inexequibilidad solo es posible cuando la falta de claridad sea insuperable, es decir, cuando no sea posible establecer el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas generales de hermenéutica jurídica”.

(33) Por el cual se concede un sobresueldo a algunos maestros de escuela, se hacen varios traslados, se aprueba un contrato y se dictan otras disposiciones.

(34) Fls. 95-96 cdno. ppal.

(35) En este sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 9 de octubre de 2014, Radicado 2012-00155-01 (20330), actor: Fundación teatro libre de Colombia, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(36) Fl. 104 cdno. ppal.

(37) Fls. 104 y 109 cdno. ppal.

(38) Fls. 108 y 110 cdno. ppal.

(39) Fls. 111-112 cdno. ppal.

(40) Ibíd.

(41) Fls. 100-103 cdno. ppal.

(42) Expedido por el Alcalde Mayor de Santa fe de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2º, del Decreto 1421 del 21 de julio de 1993.

(43) Expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 12, numerales 1º, 3º y 11 y el artículo 162 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

(44) Modificado. D. 422/96, D. 401/99 y D. Distrital 362/2002 (art. 2º).

(45) Cfr. el artículo 79 del Decreto 352 de 2002, que dispuso que bajo la denominación de impuesto de azar y espectáculos, se cobran unificadamente, entre otros, el impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.

(46) Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

(47) Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.

(48) Declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-232/98.

(49) Sentencia del 29 de noviembre de 2012, radicado 2007-00060-01 (17062), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(50) Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1114/03.

(51) Sentencia del 29 de noviembre de 2012, radicado 2007-00060-01 (17062), argumento reiterado en la providencia del 24 de octubre de 2013, radicado 2009-00058-01 (19735), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(52) Ibíd.

(53) Conforme con el artículo 9 del acuerdo 52 de 2001, en concordancia con el numeral 8º del artículo 12 del Decreto 807 de 1993.

(54) Cfr. el numeral 3º del artículo 9º del acuerdo 27 de 2001, por el cual se adecua el régimen sancionatorio en materia impositiva para el Distrito Capital de Bogotá, que corresponde al numeral 3º del artículo 60 del Decreto Distrital 807 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 33 del Decreto Distrital 362 de 2002.

(55) Unificado con otros, en el denominado impuesto de azar y espectáculos.

(56) El artículo 85 del Decreto 807 de 1993 dispone: “Emplazamientos. La Dirección Distrital de Impuestos podrá emplazar a los contribuyentes para que corrijan sus declaraciones o para que cumplan la obligación de declarar en los mismos términos que señalan los artículos 685 y 715 del Estatuto Tributario Nacional, respectivamente” y el artículo 103 que señala: “Liquidación de Aforo. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62”.

(57) En la sentencia del 6 de diciembre de 2012, radicado 2007-00059-01 (18016), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se expuso que:
“(…) la facultad de las entidades territoriales de disminuir el monto de las sanciones debe entenderse referida a aquellas sanciones que son compatibles con los impuestos territoriales, dada la especialidad y particularidad de tales impuestos.
Y la compatibilidad con el régimen sancionatorio nacional se mide por el paralelismo de forma de los impuestos, es decir, se mide por aquello que se predica tanto del impuesto nacional como del impuesto territorial. Así, por ejemplo, como cuando se exige la presentación de la declaración tributaria, obligación que se predica de ciertos impuestos nacionales, como el de renta o ventas, y de ciertos impuestos territoriales, como el de industria y comercio.
En estos casos, entonces, se deberá verificar que la norma territorial no establezca una sanción mayor a la contemplada en el estatuto tributario nacional. Solo en el caso de que la norma territorial establezca una sanción mayor a la prevista en el estatuto tributario nacional, la norma territorial será inaplicable”.

(58) Sanción por no declarar el impuesto al fondo de pobres por los periodos de julio a diciembre de 2006, de enero a diciembre de 2007 y de enero y febrero de 2008.