Sentencia 2012-00136 de dicembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201200136 01 / 2730 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado Según Acta 99 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia:

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En punto a la competencia, procede reiterar el criterio expuesto por la jurisprudencia, conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, pues no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de los argumentos presentados por el recurrente(3).

Sobre el particular, necesario también se hace insistir en que “la sustentación del recurso constituye carga ineludible del apelante, e irrumpe como presupuesto imprescindible para acceder a la segunda instancia, pero a su vez, se erige en límite de la competencia del ad quem, el cual sólo puede revisar y pronunciarse acerca de los aspectos reprochados salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación”''(4).

2. Marco normativo y conceptual:

En lo que corresponde a los injustos de que trata el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, que corresponden a la falta por la cual resultara sancionado el abogado inculpado y se convierten en el marco normativo para resolver la apelación, tenemos que ellas prescriben:

"ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas: Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho a reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o la falta cometidas por dichas personas."

En relación con la falta endilgada al togado, se tiene que el bien jurídico tutelado es el respeto debido a la administración de justicia, misma que es consecuente con la función social asignada al abogado y con las obligaciones que en ese campo debe asumir.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por expresa disposición de la Ley 1123 de 2007, la abogacía está llamada a cumplir una función social, cual es la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

3. Caso concreto:

Aparece plenamente demostrado en el proceso que el abogado Gabino González Baena, actuó en calidad de curador ad lítem de la parte demandada en el proceso ejecutivo singular surtido ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Circasia-Quindío, dentro del radicado 2012-00005, y fue quien presentó el escrito de contestación de la demanda dentro del mismo, que dio lugar al proceso disciplinario en su contra, por envió que del mismo él hiciera; así como de la queja puesta posteriormente la abogada de la parte demandante en dicho proceso doctora María Victoria Mejía Bermúdez.

Sea lo primero indicar, que en efecto tiene la razón el disciplinado al indicar que no cuenta con antecedentes por la comisión de la misma falta disciplinaria, dado que al verificar la certificación obrante en el expediente a folios 13 y 14, y debidamente referidas en este proveído, no cuenta con sanciones por la comisión de esta clase comportamientos, ni en vigencia del Decreto 196 de 1971, ni en el actual estatuto de la profesión, pero sí tiene antecedentes tal como él mismo lo reconoce en su escrito de apelación.

Respecto a la interpretación dada a que cuando consignó en su escrito contestatario de la demanda que cuando hace referencia a la “…malhadada auxiliar portadora de la tarjeta 86019…”, lo hace es para referirse a la secretaria de la abogada de la contraparte y no contra la profesional del derecho, en principio hay que señalar que bien cabe la prédica defensiva expuesta en tal sentido, pero solo frente a esta expresión, pero también lo es que dado el conjunto en que se encuentra articulado es escrito de contestación de la demanda, lo observado por el Seccional de instancia en su oportunidad contenía una interpretación de conjunto; no obstante esta Sala frente a este hecho dará aplicación al principio de la duda, ya que no hay forma de eliminarla en este estado procesal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien frente a cada una de las frases restantes consignadas en el escrito de contestación de demanda y enunciadas en la sentencia sancionatoria y admitidas ser de autoría del disciplinado en la versión libre rendida ante esta jurisdicción, así como en el escrito de apelación, para el evento, sin mayores extensas motivaciones, se puede afirmar sin asomo de duda de ninguna naturaleza, que el encartado, al haber actuado en la forma como lo hizo, adecuó su conducta en un todo a los extremos e integrantes normativos del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, pues los contenidos de las frases empleadas en efecto son afrentosos e injuriosos en contra de la abogada María Victoria Mejía Bermúdez, a quien el togado de manera expresa le señaló que su demanda “parece un sancocho” o un “guisote esquinero de esos cocinan en el barrio Santander de Armenia” o que se es un “asqueroso desaguisado”, así como cuando hace referencia a que la demanda contiene un “léxico no es el propio de una persona que optó un título en leyes, le hizo falta un curso de sintaxis, no es tarde para la treintayochoañera, puede tomar uno en el SENA, lo dictan gratis” y adicionó refiriéndose a esta como alguien que “...está en buen estado de conservación pero se desconoce su funcionamiento como dicen los secuestres, ostenta meros 38 añitos, con un esqueleto bien armado, bonita, agradables costumbres y célibe, todo un partidote”, adjetivos que en sus extremos contraen injurias y ofensas, porque conforme con las reglas de la experiencia, nadie se va a sentir honrado o alagado conque se las digan y menos se las dejen consignadas en un escrito de contenido judicial, y por el contrario con dichas expresiones se atenta contra el honor, el nombre y reputación de una persona, toda vez que frases de ese calado tienen proyecciones de agravio.

En efecto, el encartado no podía emplear el citado lenguaje, como quiera que en los procesos contenciosos y en las contradicciones jurídicas, si bien es cierto contraen oposición de pruebas, argumentos, razones de hecho o de derecho, en manera alguna pueden concitar ni permitir que los abogados en sus intervenciones procesales afrenten a quienes intervienen en el proceso como para el caso se dio, sin que se evidencie ninguna causal de justificación.

De otra parte, dígase que el abogado estaba en todo su derecho de ejercer la defensa de su prohijado al interior del proceso, pero de ninguna manera se legitimaba para haber empleado las frases de referencia, las que como se observara estuvieron facturadas en términos descomedidos, ultrajantes e injuriosos, que contrarían la ética profesional y los ejercicios de la dialéctica de contradicción, la cual puede incluso llegar a contraer términos fuertes y rigurosos, pero sin abandonar, la altura y el respeto hacia la oponente o hacia sus jueces, frente al cual no se lo puede afrentar atentando contra su patrimonio moral ni dignidad personal en la forma tan evidente como para el caso lo hizo el disciplinado.

En ese orden de ideas, si el profesional consideraba que no resultaba debidamente articulada la demanda o era exigua en su argumentación o los elementos de hecho o de derecho en que se fundaba, no contenían el poder suficiente para que el juez accediera a las pretensiones contenidas en ella, ello no lo autorizaba para injuriar a la profesional del derecho que la había elaborado o utilizar vocablos dirigidos con tal propósito, como en efecto acaeció en el presente caso.

La profesión del derecho y su ejercicio lo que permite es discutir los argumentos y las razones que se tienen o se consignan sobre aspectos jurídicos o legales, pero no para dar lecciones a la contraparte del uso de la lengua castellana conforme al propio criterio que de la misma se tenga, al extremo de entrar en terrenos de la ofensa, el agravio y el sarcasmo, lo cual es que pone dicha conducta en la violación al deber establecido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y en consecuencia en la comisión de la falta descrita en el canon 32 del estatuto deontológico que rige la profesión de los abogados; independientemente de los contenidos o no sexistas que pueden en un evento dado estar implícitos en el contenido del escrito.

El lenguaje utilizado y la forma como se consignó en el escrito de contestación de la demanda por parte del togado disciplinado, a sabiendas del significado de las frases utilizadas, el conocimiento del alcance de las expresiones utilizadas, el ánimo inequívoco de emplearlas en referencia a la persona de su contraparte y su género, no encuentra justificación de su actuar, y confirma la modalidad dolosa conque fuera sancionado; por cuanto su deber era el de obrar con mesura, seriedad, ponderación y respeto los cuales se evidencia con certeza que sobrepaso y lo ubicaron en la incursión de la conducta antiética.

Lo anterior denota sin lugar a dudas el "animus injuriandi" que le asistió al profesional al momento de contestar la demanda, el cual hace que esta corporación deba confirmar íntegramente la providencia apelada, en torno a esta falta.

Así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación para ella por parte del disciplinado, lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia recurrida.

En lo que corresponde a la sanción, la Sala ha de tener en cuenta que el disciplinado cuenta con antecedentes anteriores a la fijación de la falta dentro del término que señala la norma como circunstancia de agravación, lo cual se aviene a la de suspensión del ejercicio profesional impuesta por el a quo, y en lo que respecta al quantum de la misma, esto es, la de ocho (8) meses, desde ya se advierte que la misma será confirmada, en la medida que las conductas desarrolladas por el abogado Gabino González Baena, son graves, evidenciando esta Superioridad que al tasarse de falta contra el respeto debido a la administración de justicia, la rigurosidad en la aplicación del principio de proporcionalidad, como presupuesto de hecho para la legalidad de ella resulta acorde, conforme lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007:

"ART. 13.—Criterios para la graduación de la sanción. La imposición de cualquier sanción disciplinaria, deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley".

Respecto a la conceptualización del principio antes indicado, la Corte Constitucional ha señalado entre otras en la Sentencia C-796 de 2004(5), que el mismo actúa como complemento a los principios de legalidad y tipicidad, pues por su intermedio se buscaba: “que la conducta ilícita adoptada por el legislador no solo tenga un claro fundamento jurídico, sino que permita su aplicación sin afectar irrazonablemente los intereses del potencial implicado o que tal hecho solo se presente en grado mínimo, de manera que éste quede protegido de los excesos o abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración”(6).

Bajo ese eje conceptual en la Sentencia C-022 de 1996(7), la citada corporación explicó que la proporcionalidad: “...sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales”, de manera que cuando dos principios entran en conflicto, porque la aplicación de uno conlleva la reducción del campo de aplicación del otro, corresponde al operador jurídico entrar a determinar si la aludida reducción es proporcionada, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia del principio afectado.

Así las cosas, y al amparo de tales premisas, la jurisprudencia ha sostenido que el principio de proporcionalidad debe ser analizado a la luz de: “(i) la adecuación entre la medida escogida y el fin perseguido; (ii) la necesidad de la utilización de la medida para el logro del fin, esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al mismo fin; y (iii) la proporcionalidad stricto sensu entre la medida y el fin, es decir, la ponderación entre el principio que se protege y el que se sacrifica y la debida correspondencia entre la falta y la sanción”(8).

Así mismo, se hace necesario examinar si la sanción impuesta, cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la sanción que ha de imponerse, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 “La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o le equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Así las cosas, esta superioridad procederá a confirmar como se anunció en antecedencia el quantum de la sanción de ocho (8) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, al abogado Gabino González Baena, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la falta, la cual se realizó de manera dolosa, esto es con ingredientes subjetivos de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora; injusto disciplinario que merece reprochabilidad, dada su connotación, propios de un Estado social de derecho y respetar el principio de legalidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia apelada de fecha 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío declaró disciplinariamente responsable al abogado Gabino González Baena, de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, en la que se le impuso sanción de suspensión, en el ejercicio de la profesión por el término de ocho (8) meses, conforme lo manifestado en este proveído.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con la constancia de su ejecutoria.

3. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicación 26129.

(4) Sentencia del 3 de marzo del 2004, radicación 21580. En el mismo sentido, sentencia del 2 de mayo de 2002 y providencia del 10 de octubre de 2003.

(5) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Cfr. Sentencia T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(7) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(8) Sentencia C-796 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) citando a su vez la Sentencia C-022 de 1996 M.P. Carlos Gavina Díaz.