Sentencia 2012-00137 de octubre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2012-00137-01 (21791)

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Banco de la República

Demandado: Contraloría General de la República

Temas: Tarifa de control fiscal 2010

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Contraloría General de la República determinó la tarifa de control fiscal al Banco de la República, correspondiente a la vigencia 2010.

Sobre el particular, se reitera el criterio fijado por la Sala en sentencia de 2 de agosto de 2017, en la que resolvió un conflicto entre las mismas partes, por los mismos hechos, pero por la vigencia fiscal 2011(14).

La Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política(15), ejerce la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen recursos de la Nación.

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 42 de 1993 “el control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles”.

A su vez, el artículo 2º de la Ley 42 de 1993 establece que son sujetos de control fiscal “los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República” (resaltados fuera de texto)

Por su parte, el artículo 4º de la Ley 106 del 30 de diciembre de 1993 establece que “la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada”.

Como indicó la Sala en la sentencia que se reitera, sobre la vigilancia y control fiscal que la Contraloría General de la República ejerce al Banco de la República, la Corte Constitucional se pronunció al estudiar la exequibilidad de los artículos 2º, 42 y 108 de la Ley 42 de 1993, en la Sentencia C-529 de 1993, así:

“11. La Corte tomará en cuenta el concepto de gestión fiscal y su justificación tradicional de obediencia al principio de legalidad y la moderna de eficiencia, eficacia y economía con el objeto de determinar si las funciones asignadas al Banco de la República configuran una modalidad específica de actuación que exija su tratamiento como sujeto al que deba extenderse de manera permanente la vigilancia fiscal de la Contraloría.

Conviene detenerse brevemente a analizar las principales funciones atribuidas al Banco de la República a fin de establecer si ellas denotan algún tipo de actividad fiscal.

11.1. El Banco de la República es la entidad del Estado a la que se confía de manera exclusiva la función de emitir la moneda legal. Comprende esta competencia la producción y destrucción de las especies que constituyen la moneda legal, el retiro de billetes y de moneda metálica y la provisión de billetes y monedas metálicas, tareas que cumple con sujeción a las normas legales que expide el Congreso (C.P., art. 15-13) con el propósito de determinar la moneda legal, su convertibilidad y alcance liberatorio. El Banco de la República, en ejercicio de la anotada función, suministra el numerario que demanda el desarrollo normal de la economía. La misión esencial del Banco Central de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, se opone a las emisiones inflacionarias. De ahí que se prohíba al legislador y al banco —con las taxativas excepciones y requisitos que incorpora el precepto constitucional— la creación de cupos de crédito en favor del Estado o de los particulares (C.P., art. 373; L. 31/92, art. 2º).

11.2. La Junta Directiva del Banco de la República, conforme a las funciones que le asigne la ley, es la máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país (C.P., art. 372). Las competencias que le concede la Constitución y la ley —fijar y reglamentar el encaje de los establecimientos de crédito y demás entidades que reciban depósitos; disponer la realización de operaciones en el mercado abierto; señalar las condiciones financieras a las cuales deben sujetarse los emisores públicos; establecer límites al crecimiento de las operaciones activas de los establecimientos de crédito; prescribir las tasas máximas de interés activas o pasivas; regular el crédito intercambiario; disponer la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario, etc.— le permiten al Banco de la República regular la circulación monetaria, controlar la liquidez del mercado financiero y gobernar el sistema de los pagos internos y externos de la economía (L. 31/92, art. 4º).

11.3. Corresponde al Banco de la República administrar las reservas internacionales, lo que apareja su manejo, inversión, depósito y disposición. La ley ordena a este respecto que el Banco de la República administrará las reservas internacionales conforme al interés público, el beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los pagos del país en el exterior (L. 31/92, art. 14).

11.4. El Banco de la República, como banco central, cumple en el ámbito financiero la función de banquero y prestamista de última instancia, la que se manifiesta en las distintas facilidades que les suministra a los establecimientos de crédito: apoyos transitorios de liquidez, intermediación de líneas de crédito externo y prestación de distinta suerte de servicios fiduciarios (L. 31/92, art. 12).

11.5. Siempre que se celebre el respectivo contrato con el gobierno o las demás entidades públicas, el Banco de la República puede actuar como banquero y agente fiscal del gobierno y, en los términos de la Ley 31 de 1992, artículo 13, desempeñar las siguientes funciones: “a) A solicitud del gobierno, actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos y en aquellas operaciones que sean compatibles con las finalidades del banco; b) Otorgar créditos o garantías a favor del Estado en las condiciones previstas en el artículo 373 de la Constitución Política; c) Recibir en depósito fondos de la Nación y de las entidades públicas. La Junta Directiva señalará los casos y las condiciones en que el banco podrá efectuar estas operaciones; d) Servir como agente del gobierno en la edición, colocación y administración en el mercado de los títulos de deuda pública; e) Prestar al Gobierno Nacional y otras entidades públicas que la junta determine, la asistencia en asuntos afines a la naturaleza y funciones del banco”.

11.6. Las funciones descritas del Banco de la República giran alrededor de la moneda, las reservas y el crédito.

La moneda legal es la expresión misma de un signo monetario al que la ley le asigna el carácter de único medio de pago de curso legal con poder liberatorio inmediato (L. 31/92, art. 8º). La moneda que emite el Banco de la República no representa obligación alguna a cargo del tesoro y no es, por lo tanto, recurso fiscal.

El crédito cuya regulación se confía al Banco de la República no es tampoco recurso fiscal. Se trata de una función indispensable de la economía que permite, en términos generales, la financiación de los déficits que registran temporalmente ciertas unidades económicas, los cuales tienden a enjugarse con base en los superávits que arrojan las restantes. El Banco de la República interviene en el mercado del crédito estableciendo su marco regulatorio en aspectos tan vitales como la fijación de encajes y la adopción de políticas en materia de las tasas de interés. De otra parte, en los casos previstos en la Constitución, excepcionalmente el Banco de la República puede abrir cupos de crédito e intermediar líneas de crédito externas (C.P., art. 373). Por lo visto la regulación del crédito no tiene como referente recursos fiscales sino el ahorro público y no obra, en consecuencia, sobre los ingresos recaudados por el estado y sus utilizaciones.

La función del Banco de la República como agente fiscal del gobierno tampoco trasluce una competencia fiscal originaria. Por el contrario, sus actuaciones en este campo requieren necesariamente de la previa celebración de los contratos con el Gobierno Nacional y las demás entidades públicas. Las obligaciones que contrae el banco son las que se convienen en dichos contratos y en ellos se deben consagrar los métodos y mecanismos de control. Como función inmediatamente derivada de un título contractual, la gestión fiscal que pueda ejecutar el Banco de la República se sujetará a la vigilancia fiscal eventual y operativa por parte de la Contraloría General de la República que, en este caso, se restringe a la actividad y bienes objeto del respectivo contrato.

Finalmente, la función del Banco de la República como eje del sistema financiero —banquero y prestamista de última instancia— se encuentra relacionada con la concesión directa de crédito a las entidades financieras en los casos previstos en la ley. No siendo asimilable el crédito a bien o recurso fiscal, no es posible otorgarle a ésta función carácter fiscal.

11.7. La gestión fiscal se asienta en el principio de legalidad y en los modernos criterios de eficiencia, eficacia y economía, las que a su turno se vinculan con la idea de racionalidad, cumplimiento de las metas propuestas y ahorro en el manejo y administración de los recursos fiscales. La legitimidad del recaudo y del gasto público no es ajena a los mencionados principios. Ello explica que la finalidad de la vigilancia fiscal consista básicamente en la verificación de su cumplimiento.

La legitimidad del quehacer del Banco de la República reside, en cambio, en otro orden de prioridades y de valores funcionales enmarcados en el sistema económico. El ideal de la “moneda sana” —estabilidad de su capacidad adquisitiva (C.P., art. 373)— se erige en la misión que justifica la atribución de una serie de competencias al Banco de la República y en su configuración como entidad constitucional autónoma de naturaleza eminentemente técnica. Inclusive a este principio se debe la actual estructura técnica e independiente de las competencias monetarias, cambiarias y crediticias, así como la nítida separación de éstas de la hacienda pública y de la política presupuestal. En el orden sustantivo el Constituyente pretendió definitivamente proscribir que la moneda fuera utilizada como recurso fiscal o sufriera manipulaciones en tal sentido.

(...).

A la luz de las consideraciones anteriores es evidente que someter el Banco de la República al control fiscal total que ejerce la Contraloría General de la República contraría el texto y el espíritu de las normas constitucionales. Adicionalmente, desconoce los límites de la materia fiscal y desvirtúa los propios de la monetaria, crediticia y cambiaria, amén de que el principio de eficiencia y economía dejan de observarse al pretender sumar al sistema de control especialmente estructurado para el Banco de la República otro que no es idóneo para los fines que persigue y que en todo caso resultará redundante (C.P., art. 209).

En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la frase “y el Banco de la República” que aparece en el artículo 2º de la Ley 42 de 1993, así como su parágrafo y las demás expresiones demandadas, en cuanto se refieren al Banco de la República, pero en el entendido que respecto de éste y de las funciones que la Constitución Política le atribuye en el artículo 371 el control se circunscribirá a los actos de gestión fiscal que realice y en la medida en que lo haga.

La Corte no cree que el Banco de la República, pese a ser un órgano constitucional autónomo e independiente, quede sustraído de los controles político, judicial, administrativo y fiscal, entre otros, que la propia Constitución determina y a los cuales se ha hecho referencia. Sostener esto último quebrantaría toda la construcción del Estado colombiano como Estado de derecho y república unitaria y democrática. De hecho, las funciones básicas atribuidas al banco se deben cumplir con estricta sujeción a la Constitución y a la ley. De otra parte, los controles existentes garantizan que ese novísimo órgano constitucional no quede cubierto con un manto de silencio y de oscuridad y se torne en parcela tecnocrática oculta y aislada del Estado. El control del Presidente, del Congreso, de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República y de la Justicia, de suyo desvanecen cualquier pretensión de invisibilidad que pudiera abrigarse respecto de las actuaciones y operaciones de la entidad. No obstante, en lo que concierne al control fiscal, debe precisarse que éste no es permanente como equivocadamente lo articula la norma acusada, sino que ha de llevarse a cabo cuando el banco ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES las partes demandadas del artículo 2º de la Ley 42 de 1993.

PAR.—Respecto del Banco de la República y de las funciones que la Constitución Política le atribuye en el artículo 371, el control fiscal predicable de esta entidad sólo estará circunscrito a los actos de gestión fiscal que realice y en la medida en que lo haga”.

(Resaltados fuera de texto).

En la Sentencia C-566 de 2000, la Corte Constitucional reiteró el criterio expuesto en la Sentencia C-529 de 1993 y concluyó:

“En síntesis: el control que la norma acusada le asigna al Presidente de la República difiere sustancialmente del que la Constitución le ha asignado a la Contraloría General de la República, pues aquél es de carácter administrativo, permanente, y recae sobre todas las actividades del Banco de la República; el segundo, es excepcional y solamente opera sobre los actos o actividades de gestión fiscal que cumpla el banco. Bajo este entendimiento se declarará exequible el precepto acusado”.

De igual manera, en la Sentencia C-827 de 2001, la Corte Constitucional hizo referencia a la Sentencia C-529 de 1993 y señaló:

“..., respecto de las relaciones del Banco de la República con los órganos constitucionales de control, esta Corte ha tenido también ocasión de formular los pertinentes parámetros. Sobre el particular ha expresado que del reconocimiento del Banco de la República como organismo autónomo e independiente, no se sigue la ausencia de controles. Como es natural en todo Estado de derecho, los entes públicos, sin excepción, deben estar sujetos a algún tipo de control, de manera que se garantice el recto ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas”.

De acuerdo con los apartes trascritos de la jurisprudencia señalada, el Banco de la República no es ajeno al control de la Contraloría General de la República, pero el control no es total, es excepcional y procede cuando: “i) administre recursos de la Nación o de otras entidades públicas, ii) ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga”(16).

Recordó la Sala en la sentencia que se reitera, que en la Sentencia C-566 de 2000 la Corte Constitucional precisó que el Banco de la República también se encuentra sujeto al control administrativo ejercido por el Presidente de la República, que es de carácter permanente y recae sobre todas las actividades, a diferencia del control fiscal que ejerce la Contraloría, que tiene un carácter excepcional y se refiere de manera exclusiva a las actividades de gestión fiscal.

De otra parte la Sala precisó, que frente a lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-529 de 1993, el Decreto 267 de 22 de febrero de 2000 «Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones», en el artículo 4º señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, entre los cuales se encuentra el Banco de la República, así:

“ART. 4º—Sujetos de vigilancia y control fiscal. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República:

1. Los órganos que integran las ramas Legislativa y Judicial del Poder Público;

2. Los órganos que integran el Ministerio Público y sus entidades adscritas;

3. Los órganos que integran la organización electoral y sus entidades adscritas o vinculadas;

4. La Comisión Nacional de Televisión y sus entidades adscritas o vinculadas;

5. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible;

6. Las universidades estatales autónomas que administren bienes recursos nacionales o que tengan origen en la Nación;

7. El Banco de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga;

8. Los demás organismos públicos creados o autorizados por la Constitución con régimen de autonomía;

9. Las entidades u organismos que integran la Rama Ejecutiva del Poder Público tanto del sector central como del descentralizado por servicios, del orden nacional, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998;

10. Las demás entidades públicas y territoriales que administren bienes o recursos nacionales o que tengan origen en la Nación;

11. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones mixtas cuando quiera que administren recursos de la Nación;

12. Los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los bienes públicos que obtengan o administren o cuando manejen bienes o recursos de la Nación.

De conformidad con la normatividad transcrita y la jurisprudencia de la Corte Constitucional referenciada, la Sala concluyó en la sentencia que se reitera, que “el control fiscal que corresponde ejercer a la Contraloría General de la República sobre el Banco de la República no recae, como sí ocurre con otros sujetos, sobre toda su actividad, sino que ha sido restringido a precisas actuaciones dada la naturaleza especial y funciones que le corresponden y que le han sido asignadas por la ley. En esa medida, la tarifa de control fiscal también es expresa y especial para el Banco de la República, diferente al resto de los demás entes”.

Caso concreto

El 26 de marzo de 2010, la Contraloría General de la República expidió la Circular 6, mediante la cual requirió a los representantes legales de los organismos y entidades vigiladas por esa entidad, para que, en aplicación del artículo 4º de la Ley 106 de 1993 con el objeto de determinar la tarifa de control fiscal para la vigencia 2010, remitieran la información sobre la programación y ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2009 y participación estatal en el capital de la entidad a 31 de diciembre de 2009(17).

El 15 de julio de 2010, mediante el Oficio 210EE46843 0 1 de 15 de julio de 2010, el director de la oficina de planeación de la Contraloría General de la República requirió al Banco de la República para que allegara la información solicitada en la Circular 6 de 2010, con el fin de determinar la tarifa de control fiscal para la vigencia 2010(18).

El 16 de julio de 2010, el subgerente de operación bancaria del Banco de la República dio respuesta al requerimiento de la Contraloría General de la República, en los siguientes términos(19):

“(...).

Ahora bien, tal como se efectuó el año anterior, con base en la aclaración amablemente formulada por el doctor Milton Javier Gutiérrez González, funcionario de ese organismo de control, el Banco de la República remitirá la información requerida, sin necesidad de diligenciar el anexo 1, y excluyendo el presupuesto de 2010.

En esa medida, detallamos a continuación los gastos ejecutados en la vigencia fiscal de 2009 que fueron indispensables para administrar y operar la entidad, relacionados directamente con las funciones del Banco de la República como agente fiscal del gobierno(20), los cuales corresponden a información extracontable derivada de los resultados que arroja la aplicación de costos establecida por el banco:

Servicios administrados por el bancoCostos por la administración Año 2009 (pesos)
Títulos de tesorería TES y DCV5.143.661.842
Administración del FAEP3.733.000.000
Títulos Fogafín1.113.828.148
Títulos de desarrollo agropecuario1.159.645.960
Otros títulos - Gobierno Nacional1.187.142.891
Administración FRECH630.000.000
Totales12.967.278.841

(…)”.

El 22 de noviembre de 2010, la Contraloría General de la República, expidió la Resolución 96, “Por la cual se fija el valor del tributo especial de tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2010, a BANCO DE LA REPÚBLICA”, en la cual tomó el presupuesto de gastos ejecutado por el banco en la vigencia 2009 por la suma de $ 330.501.000.000,00, menos el valor del tributo especial de tarifa de control fiscal determinado para la vigencia 2009 equivalente a la suma de $ 45.034.894,00(21).

A la base gravable de $ 330.455.965.106,00 la Contraloría aplicó el factor de 0.001936432, que resulta de la fórmula de dividir el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República sobre la sumatoria del valor de las bases gravables registradas de los organismos y entidades vigiladas, por lo cual se determinó el valor del tributo por valor de $ 639.905.541,00.

Además se advierte, que la Contraloría General de la República, para liquidar la tarifa de control fiscal a cargo de la demandante, tuvo en cuenta el presupuesto ejecutado en los rubros de egresos corporativos, compuesto por gastos de personal, gastos generales, impuestos, seguros, contribuciones, afiliaciones y gastos culturales y el rubro de programas de inversión.

Consideró el ente de control, que la información suministrada por el Banco de la República corresponde a un costo prorrateado del servicio de administración de títulos de tesorería TES y DCV, FAEP, títulos de FOGAFÍN, títulos de desarrollo agropecuario, FRECH, y otros títulos, que no dejan de ser solamente el punto de vista o la aproximación que hace el banco sobre los gastos ejecutados en la vigencia fiscal 2009, pero que no se asimila al presupuesto de acuerdo con el criterio utilizado por el artículo 4º de la Ley 106 de 1993, para desarrollar la fórmula para establecer la tarifa de control fiscal.

La Sala observa, que los rubros que tuvo en cuenta el ente de control para calcular la base gravable del tributo, se encuentran definidos en el régimen presupuestal del Banco de la República, de la siguiente forma(22):

Presupuesto corporativo: Comprende los ingresos y egresos de la entidad relacionados con su existencia como persona jurídica, con excepción de los que se reflejan en el presupuesto monetario.

Presupuesto de inversión e inventarios: Comprende la estimación de los recursos necesarios para la adquisición y reposición de bienes muebles e inmuebles que la entidad requiera para el cumplimiento de sus funciones, conceptos que, por su naturaleza, forman parte de los activos no monetarios en los estados financieros”.

Por su parte los egresos que hacen parte del presupuesto corporativo, se clasifican en(23):

“...personal, pensionados, generales, impuestos, seguros, contribuciones y afiliaciones, culturales, depreciaciones, provisiones, amortizaciones y otros gastos corporativos”.

Como se observa, la Contraloría General de la República, al determinar la tarifa de control fiscal en cabeza del Banco de la República para la vigencia 2010, incluyó en la base gravable del tributo la totalidad de los gastos ejecutados en los presupuestos corporativo y de inversión, a pesar de que en estos se encuentran erogaciones que no hacen parte de las actividades de gestión fiscal de esa entidad, las cuales fueron precisadas en los precedentes judiciales citados y que son a las que estrictamente se debe remitir el ente de control.

En efecto, la Contraloría General de la República en los actos acusados determinó la tarifa de control fiscal incluyendo los egresos corporativos por valor de $ 290.638.000 y el presupuesto de inversión por $ 39.863.000 al considerar que refleja la ejecución presupuestal para el año 2009, afirmando sin precisar que el banco cumplía actividades de gestión fiscal.

En el presente asunto, le correspondía a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 371 de la Constitución Política y numeral 7º del artículo 4º del Decreto-Ley 267 de 2000, con base en lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado antes referenciada, establecer la base gravable para determinar la tarifa de control fiscal, incluyendo exclusivamente el presupuesto ejecutado por el Banco de la República durante el año 2009, correspondiente a la actividad de gestión fiscal realizada durante esta vigencia.

Como señaló la Sala en la sentencia de 2 de agosto de 2017(24), “...teniendo en cuenta la naturaleza del Banco de la República, la estructura de su presupuesto y el método de determinación de costos por actividades que determina cuáles son los asignados estrictamente a la gestión fiscal, no podía la Contraloría General de la República calcular el tributo de acuerdo al criterio general utilizado para las demás entidades públicas y pretender establecer la tarifa sobre la totalidad de los presupuestos corporativo y de inversión”.

En el presente asunto, el Banco de la República suministró la información para efectos del cálculo de la tarifa de control fiscal correspondiente al año 2010, relacionando los costos por administración de títulos de tesorería TES y DCV, administración del FAEP, títulos Fogafín, títulos de desarrollo agropecuario, otros títulos y administración FRECH, que corresponde a los gastos incurridos durante el año 2009 en ejercicio de la función de agente fiscal del gobierno(25), sin que la Contraloría General de la República haya controvertido dicha información.

En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos acusados.

A título de restablecimiento del derecho, liquidará la tarifa de control fiscal con base en la información reportada por el Banco de la República en el Oficio de 16 de julio de 2010, que corresponde a la actividad de gestión fiscal, la cual no fue tenida en cuenta por la Contraloría General de la República en el trámite que se surtió en sede administrativa.

Para el efecto, la Sala practicará una nueva liquidación, así:

DescripciónLiquidación Contraloría General de la RepúblicaLiquidación Consejo de Estado 
Total costos$ 330.501.000.000$ 12.967.278.841
-Tarifa de control año 2009-45.034.894-45.034.894
Base gravable330.455.965.10612.922.243.947
Tarifa de control fiscal 20110.0019364320.001936432Suma pagada en exceso
TOTAL A PAGAR$ 639.905.541$ 25.023.046$ 614.882.495

De esta forma, teniendo en cuenta que el Banco de la República pagó la suma de $ 639.905.541 el día 8 de febrero de 2012, como consta en el folio 91 vto., habrá lugar a ordenarse la devolución del pago en exceso.

La suma devuelta deberá ajustarse teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo(26). De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:

Sin título
 

En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago.

Además, con base en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, sobre los $ 614.882.495 debidamente actualizados, se causan intereses de mora, a partir del vencimiento de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, pues dicho término lo concede la primera de las normas en mención para adoptar las medidas necesarias tendientes a dar cumplimiento a la sentencia(27).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 30 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, que negó las súplicas de la demanda. En su lugar:

2. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las resoluciones 96 de 22 de noviembre de 2010, 18 de 15 de marzo de 2011, y 451 de 14 de septiembre de 2011, proferidas las dos primeras por la dirección de la oficina de planeación, y la última por el vicecontralor de la Contraloría General de la República, por medio de las cuales se fija la tarifa de control fiscal para la vigencia 2010 a cargo del Banco de la República, en cuanto determinaron el valor a pagar en la suma de $ 639.905.541, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. A título de restablecimiento del derecho:

A) FIJAR la tarifa de control fiscal para la vigencia 2010 a cargo del Banco de la República, en la suma de VEINTICINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 25.023.046).

B) ORDENAR a la Contraloría General de la República devolver al Banco de la República, la suma de SEISCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 614.882.495), ajustada conforme con lo dispuesto en la parte motiva. Dicha suma devengará intereses de mora a partir del vencimiento de los treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

14 Expediente 20919, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

15 C.P., artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. // Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. // La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. // La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. (...).

16 Sentencia de 2 de agosto de 2017, radicación 20919, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

17 Folio 93.

18 Folio 92.

19 Folio 78.

20 De acuerdo con la Sentencia de la Corte Constitucional C-529 del 11 de noviembre de 1993, ratificada en la Sentencia C-566 del 17 de mayo de 2000, respecto del Banco de la República y de las funciones que la Constitución Política le atribuye, el control fiscal solo estará circunscrito a los actos de gestión fiscal que realice y en la medida que lo haga.

21 Folios 42 a 48.

22 http://www.banrep.gov.co/es/marco-legal_planeación-y-presupuesto

23 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/páginas/regimen_presupuestal.pdf

24 Radicación 20919, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

25 La Constitución y la ley le asignan al Banco de la República varias funciones en relación con el gobierno. Se destacan la de servir como agente del gobierno en la edición, colocación, custodia y administración de papeles en el mercado de títulos de deuda pública; actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos, y en aquellas operaciones que sean compatibles con los objetivos del banco. La ley le ha asignado al Banco de la República la de administrar algunos fondos de carácter público, como son el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE).

26 Sentencias de 18 de septiembre de 2014, expediente 20253. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 5 de febrero de 2015, expediente 20720, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

27 Sentencia de 28 de mayo de 2015, expediente 20228, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.