Sentencia 2012-00140 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 20001-23-33-000-2012-00140-01 (21768)

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: C.I. Prodeco S.A.

Demandado: Municipio de Becerril

Temas: Proceso de cobro activo - Excepciones contra el mandamiento de pago

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala establecerá:

(i) Si procede el estudio de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Becerril rechazó las excepciones propuestas por la actora contra el mandamiento de pago 0018 del 12 de abril de 2012.

(ii) Si prosperan las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

(iii) Si prosperan o no las excepciones de interposición de demanda y falta de título ejecutivo propuestas contra el mandamiento de pago. En caso afirmativo, se determinará si procede la devolución de las sumas pagadas por la actora, por concepto del impuesto de alumbrado público por los meses de diciembre de 2010 a diciembre de 2011.

(iv) Si procede la condena en costas.

Para resolver, la Sala precisa lo siguiente:

1. Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo.

Con fundamento en el artículo 704 del Acuerdo 9 de 27 de noviembre de 2005 “Cuando existan vacíos u omisión en el procedimiento tributario debe hacerse remisión al libro V del estatuto tributario nacional”(27), se aplicarán las normas que al respecto contempla el estatuto tributario nacional.

De conformidad con el artículo 835 del estatuto tributario, los actos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo que son susceptibles de control judicial, son aquellos que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago, los que ordenan a llevar adelante la ejecución y los que liquidan el crédito.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que también son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que contengan una decisión definitiva que cree, modifique o extinga una situación jurídica(28).

Por su parte, el artículo 831 del estatuto tributario prevé:

“ART. 831.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 

1. El pago efectivo.

2. La existencia de acuerdo de pago.

3. La de falta de ejecutoria del título. 

4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos. ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

6. La prescripción de la acción de cobro, y

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

PAR.—Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:

1. La calidad de deudor solidario.

2. La indebida tasación del monto de la deuda” (resaltado fuera de texto).

En el caso sub examine, la sociedad demandante acudió al medio del control de nulidad y restablecimiento para controvertir la Resolución 38 de 25 de mayo de 2012, por la que el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución. Así mismo, la Resolución 54 de 5 de julio de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión.

De la lectura íntegra de los actos administrativos demandados(29) se advierte que la discusión ante la administración se circunscribió a controvertir la falta de ejecutoria del título [E.T., art. 831, num. 3º] y al hecho de haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de liquidación del impuesto de alumbrado público que sirven de sustento al procedimiento de cobro [E.T., art. 831, num. 5º].

La Sala observa de las pruebas aportadas, que la sociedad demandante, previo a interponer el medio de control, pagó la obligación que se ordenó en el mandamiento de pago expedido por el municipio de Becerril(30) y, por consiguiente, la administración dio por terminado el proceso de cobro coactivo a través de la Resolución 79 de 2014(31). En consideración a lo anterior, mediante sentencia de 12 de febrero de 2015(32), el tribunal se declaró inhibido para resolver de fondo.

La Sala considera que en atención a que el objeto de la demanda interpuesta por la actora es el control de legalidad de los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo, mediante los cuales se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, el tribunal debió pronunciarse de fondo para determinar si las excepciones propuestas de falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estaban llamadas a prosperar, independientemente de que se haya efectuado el pago de la obligación(33).

Lo anterior, porque dentro de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago no se encuentra la de pago efectivo de la obligación, ni fue alegada por el municipio demandado en la contestación de la demanda. Además, en las pretensiones de la demanda, C.l. PRODECO S.A. solicitó como restablecimiento del derecho, el reembolso de todas las sumas que hubiere pagado por concepto del cobro coactivo del impuesto de alumbrado público, por los periodos gravables comprendidos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 junto con la indexación correspondiente.

Por lo tanto, el recurso prospera y la Sala procederá a realizar el estudio de fondo del presente asunto.

2. Excepciones propuestas por el municipio en la contestación de la demanda.

En cuanto a las excepciones propuestas por el municipio de Becerril en la contestación de la demanda, la Sala advierte que no están llamadas a prosperar, por las siguientes razones:

En el presente caso, el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 38 de 25 de mayo de 2012, por la cual el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, se notificó por edicto el 26 de julio de 2012(34), por lo que el plazo para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 27 de noviembre de 2012.

Como la demanda se presentó el 20 de noviembre de 2012(35), es claro para la Sala que no operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se presentó dentro del término de cuatro (4) meses señalado en el numeral 2º, literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Del contenido del escrito de la demanda y de la reforma a la misma, la Sala estima que la parte demandante sustentó en debida forma el concepto de la violación, toda vez que explicó los argumentos por los que, a su juicio, considera que los actos demandados, violan las normas constitucionales y legales en que debieron fundarse.

Tales argumentos fueron planteados por la sociedad actora en sede administrativa y, por ende, objeto de pronunciamiento por el municipio Becerril en los actos acusados. En consecuencia, no se violó el debido proceso y derecho de defensa del demandado.

De otra parte, se advierte que si bien es cierto en la demanda se mencionan los actos que regulan el impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del municipio de Becerril y, a su vez, las liquidaciones oficiales que determinaron del tributo, fundamento de los actos acusados, es claro para la Sala que la intención de la demandante solo va encaminada a controvertir aquellos actos que resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.

En esas condiciones, no prosperan las excepciones propuestas por el municipio demandado, denominadas “inepta demanda, caducidad de la acción, indebida acumulación de pretensiones, indebida escogencia de la acción, falta de agotamiento de la vía gubernativa e imposibilidad de alegar hechos nuevos”.

3. Excepciones contra el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012.

Del artículo 831 del estatuto tributario, se establece que dentro de las excepciones que se pueden formular contra el mandamiento de pago, está la de «interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Respecto de esta excepción, la Sala ha precisado que «su efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes»(36).

Por su parte, el numeral 4º del artículo 829 estatuto tributario, dentro de los eventos en los que se entienden ejecutoriados los actos administrativos para efectos del procedimiento de cobro, se establece «Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso».

Al respecto, la Sección Cuarta de esta corporación ha señalado que(37) “la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando esta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra”.

En el presente caso, de las pruebas allegadas al expediente, se observa que el 12 de abril de 2012, el municipio de Becerril profirió el mandamiento de pago 0018 contra C.I. Prodeco, por concepto de la deuda del impuesto de alumbrado público por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, por $ 624.798.000 más los intereses de mora(38).

Pues bien, se observa que el título ejecutivo contenido en el mandamiento de pago, lo constituye las liquidaciones oficiales 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, por las que el municipio de Becerril determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad C.I. Prodeco S.A., por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Así mismo, por la Resolución 13 de 28 de febrero de 2012, por la que se resolvió el recurso de reconsideración(39).

El 24 de abril de 2012, la actora instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de revisión y contra la resolución que resolvió el recurso de reconsideración(40). El Tribunal Administrativo del César admitió la demanda el 10 de mayo de 2012(41).

La Sala advierte que para la fecha en que la demandante presentó excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 17 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cesar ya había admitido la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora contra las liquidaciones oficiales de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, actos que constituyen el título ejecutivo de cobro.

No obstante lo anterior, el demandado, al no haber sido aportada al proceso de cobro la copia auténtica del auto admisorio de la demanda, decidió rechazar las excepciones planteadas, argumento en el cual insiste en los actos demandados y en la contestación de la demanda. En efecto, en la Resolución 38 de 25 de mayo de 2012 indica textualmente:

«Es por eso que la prueba allegada al expediente no es suficiente para demostrar el supuesto de hecho en que se fundamenta su pretensión por tratarse de una copia simple del auto admisorio de la demanda (...)»(42).

Con ocasión del recurso de reposición contra la Resolución 38 de 25 de mayo de 2012 que rechazó las excepciones planteadas contra el mandamiento de pago, C.I. Prodeco S.A. aportó copia autenticada del auto del 10 de mayo de 2012(43), mediante el cual se admitió la mencionada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En esas condiciones, se advierte que la admisión de la demanda contra el título objeto de cobro fue conocido por el municipio antes de proferir los actos demandados, porque C.I. Prodeco S.A. aportó copia simple del auto admisorio de la demanda con el escrito en el que propuso excepciones contra el mandamiento de pago y copia auténtica cuando interpuso el recurso de reposición, contra la Resolución 38 de 25 de mayo de 2012.

Es de anotar que el municipio de Becerril no debió exigir a la sociedad demandante la presentación de copia auténtica del auto admisorio de la demanda, para efectos de acreditar la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, conforme con lo previsto en la Ley 962 de 2005(44) y en el artículo 25 del Decreto 19 de 2012(45).

En conclusión, puesto que la demandante demostró desde la vía administrativa, que se había admitido la demanda interpuesta contra los actos objeto de cobro, se constituyó en su favor la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” y, en consecuencia, al no encontrarse ejecutoriado el título ejecutivo, el municipio debió haber declarado la prosperidad de dicha excepción propuesta contra el mandamiento de pago.

Precisa la Sala que el municipio pudo haber rectificado su decisión, accediendo a la prosperidad de la excepción, teniendo en cuenta que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación del impuesto de alumbrado público ya había sido admitida, lo cual impedía tener por ejecutoriado el título ejecutivo objeto de cobro.

En ese sentido, es claro para la Sala que la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue probada e informada por la sociedad actora. No obstante, el municipio demandado se abstuvo de declararla al momento de resolver el recurso de reposición.

Adicionalmente, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 23 de febrero de 2017(46), revocó el fallo del 25 de septiembre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado y negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados.

La parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, dispuso lo siguiente:

“REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

SEGUNDO. ANÚLANSE las liquidaciones oficiales 355 del 1º de diciembre de 2010, 0361 del 3 de enero, 0367 y 0373 del 1º de marzo, 0379 del 1º de abril, 0385 del 2 de mayo, 0391 del 1º de junio, 0397 del 1º de julio, 0403 del 1º de agosto, 0409 del 1º de septiembre, 0415 y 0421 del 1º de noviembre y 0427 del 1º de diciembre de 2011, expedidos por el municipio de Becerril, que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de C.I. Prodeco S.A., por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y la Resolución 13 del 28 de febrero de 2012, expedida por el municipio de Becerril, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra las referidas liquidaciones oficiales.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que C.I. Prodeco S.A., no está obligada a pagar los valores liquidados en los actos administrativos anulados.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada”.

Por consiguiente, si las resoluciones que constituyen el título ejecutivo del mandamiento de pago fueron anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que en esta oportunidad se demandan perdieron fuerza de ejecutoria, pues cesaron las razones que sirvieron de fundamento para su expedición.

Sobre este punto en particular, la Sección ha precisado que “la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto”(47).

En consecuencia, dado que los actos administrativos que contienen la obligación que sirvió de base para el proceso de cobro fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su legalidad quedó desvirtuada y esa obligación ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el proceso de cobro ya no tiene finalidad y los actos administrativos dictados con el propósito de hacer efectiva la obligación deben ser igualmente declarados nulos, dados los efectos que un proceso tiene en el otro.

Comoquiera que se encuentra acreditado que la actora pagó el total de la suma [$ 624.798.000](48) que el municipio de Becerril ordenó en el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012, con fundamento en los actos administrativos de determinación del impuesto de alumbrado público que fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, tiene derecho a que se le devuelva dicha suma.

Así, la devolución a la actora del valor pagado por concepto del impuesto de alumbrado público por los periodos diciembre de 2010 a diciembre de 2011, procede en los siguientes términos:

a. La suma a devolver, es decir, $ 624.798.000, debe ajustarse teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(49). De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:

Sin título
 

En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago.

b. Además, con base en los artículos 192 inciso 3º y 195 numeral 4º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(50), sobre los $ 624.798.000, debidamente actualizados, se causan intereses de mora a una tasa equivalente al DTF, a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha del pago a la actora, que deberá realizarse en un plazo máximo de 10 meses, a partir de la ejecutoria(51). Vencido este término o el de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos, que tiene la entidad demandada para pagar la condena(52), lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago, la suma adeudada causará intereses de mora a la tasa comercial(53).

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, se declara la terminación del proceso de cobro coactivo y se ordena la devolución a la actora de $ 624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión.

3. Condena en costas.

La Sala revoca la decisión del a quo de condenar en costas a la parte demandante. En su lugar, niega la condena en costas en las dos instancias, por las siguientes razones:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“[...] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

[...] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(54):

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(55). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(56), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso. siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Resalta la Sala.

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), por cuanto se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accede a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(57), estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en ninguna de las dos instancias. Por lo tanto, no procede la condena en costas.

En resumen, la Sala revoca la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, declara la terminación del proceso de cobro coactivo y ordena la devolución a la actora de $ 624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión. La suma indexada devengará intereses de mora, a partir del vencimiento de los 30 días, contados a partir de la ejecutoria de este fallo. Además, niega la condena en costas en las dos instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones 38 de 25 de mayo de 2012 y 54 de 5 de julio de 2012, proferidas por el MUNICIPIO DE BECERRIL de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLARAR la terminación del proceso de cobro coactivo con ocasión de las liquidaciones oficiales 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, expedidos por el municipio de Becerril, que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de C.I. Prodeco S.A., por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y la Resolución 13 del 28 de febrero de 2012, expedida por el municipio de Becerril, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra las referidas liquidaciones oficiales.

TERCERO: ORDENAR a la demandada devolver a la actora la suma de $ 624.798.000, ajustada conforme con lo dispuesto en la parte motiva. Dicha suma devengará intereses de mora en los términos fijados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR la condena en costas en las dos instancias”.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

27 Procedimiento tributario y sanciones.

28 Entre otras, ver sentencia de 12 de agosto de 2014, expediente 20298, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

29 Folios 39 a 47 y 49 a 59 c.p. 1.

30 Folios 83 a 94 c.p. 1 y 815 a 827 c.p. 3.

31 Folios 871 a 875 c.p. 3.

32 La sentencia fue proferida en el año 2015 según se evidencia de las fechas de notificación y de ejecutoria de la sentencia (fls. 933 a 939, c.p. 3).

33 Pago que fue posterior a la expedición de la resolución que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.

34 Folio 60, c.p. 1.

35 Folio 383, c.p. 2.

36 Sentencia del 11 de julio de 2013, expediente 18216, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

37 Sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente 20658, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

38 Folios 860 a 862, c.p. 3.

39 Folios 152 a 158, c.p. 1.

40 Folios 96 a 120, c.p. 1.

41 Folios 356 a 358, c.p. 2.

42 Folios 39 a 46, c.p. 1.

43 Folios 356 a 358, c.p. 2.

44 En sentencia de 5 de diciembre de 2011, expediente 17545, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala precisó que de acuerdo con los antecedentes legislativos, “la Ley 962 de 2005 tenía como finalidad desde el mismo inicio del debate, fijar medidas claras para establecer los términos más perentorios a la administración pública con el fin de garantizar la eficacia en los trámites que los ciudadanos adelanten ante la misma y ante los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos”.

45 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

“ART. 25.—Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento.

Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de pensiones. [ ...]”.

46 Expediente 20001-23-31-000-2012-00164-01(21735), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

47 Sentencia de 12 de noviembre de 2015, expediente 21537, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

48 Folios 83 a 94 c.p. 1 y 815 a 827, c.p. 3.

49 El artículo 187, inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que “Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.

50 El artículo 192, inciso 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoría de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código.

El artículo 195, numeral 4º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que “Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial”.

51 El artículo 192, inciso 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.

52 El artículo 195, numeral 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos”.

53 De conformidad con el artículo 192, inciso 5º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se dejan de causar intereses de mora si pasados tres meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena los beneficiarios no han acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. La causación de intereses cesa desde que vence el plazo en mención hasta cuando se presente la solicitud.

54 Cfr. la Sentencia C-157 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

55 Se transcribe el artículo 365 del Código General del Proceso.

56 Se transcribe el artículo 366 del Código General del Proceso.

57 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, expediente 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.