Sentencia 2012-00145/51194 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 20001-33-31-003-2012-00145-01(51194)

Actor: J. d. L. R. C. S. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: Consideraciones

I. Presupuestos procesales.

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (C.N., art. 90 y CCA, art. 86).

Caducidad.

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —30 de marzo de 2012— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 8 de abril de 2010, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que decidió la acción de revisión, dejó sin efectos el fallo condenatorio y declaró la prescripción de la acción penal [hecho probado 6.10].

Legitimación en la causa.

4. J. d. l. R. C. S., E. R. A. d. S., Y. C. A., I. C. A., B. C. A., V. C. A., H. C. A., A. I. C. A., N. C. A. y E. C. C. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, ya el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación - Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva pues la entidad encargada de la investigación, acusación y juzgamiento de J. d. l. R. C. S. La Registraduría Nacional del Estado civil no es la llamada a representar a la Nación en este asunto, pues únicamente cumplió una orden impartida por un juez de la República, que solicitó dar de baja el documento de identificación de J. d. l. R. C. S.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se configura un daño antijurídico en los casos en que el sindicado, sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva, huye y no comparece al proceso penal en el que es absuelto.

III. Análisis de la Sala.

5. Como la sentencia fue recurrida por la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados.

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 17 de marzo de 1997, la Fiscalía 24 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar abrió instrucción en contra de J. d. l. R. C. S. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y lo citó para rendir indagatoria, según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 48 y 49, cdno. 4).

6.2. El 24 de junio de 2000, la Fiscalía 24 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar declaró persona ausente a J. d. l. R. C. S. y le nombró defensor de oficio, según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 101 y 102, cdno. 4).

6.3. El 3 de agosto de 2000, la Fiscalía 24 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar dictó medida de aseguramiento contra J. d. l. R. C. S. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 105 a 109, cdno. 4).

6.4. El 17 de julio de 2001, la Fiscalía 24 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar profirió resolución de acusación en contra de J. d. l. R. C. S. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 123 a 125, cdno. 4).

6.5. El 20 de enero de 2004, el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar celebró la audiencia pública de juzgamiento en contra de J. d. l. R. C. S., según da cuenta copia auténtica del acta de la audiencia (fls. 156 a 159, cdno. 4).

6.6. El 24 de junio de 2004, el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar condenó a J. d. l. R. C. S. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y le impuso una pena de 48 meses en prisión y la inhabilitación de derechos y funciones públicas, según da cuenta copia auténtica de la sentencia (fls. 160 a 166, cdno. 4).

6.7. El 4 de mayo de 2006, J. d. l. R. C. S., mediante apoderado, presentó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Valledupar, Cesar solicitud de corrección de la sentencia del 24 de junio de 2004, según da cuenta copia auténtica del escrito presentado (fls. 193 a 195, cdno. 4).

6.8. El 18 de agosto de 2006, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Valledupar, Cesar resolvió no acceder a la solicitud de corrección, ni de nulidad de la sentencia condenatoria proferida en contra de J. d. l. R. C. S., según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 245 a 249, cdno. 4).

6.9. El 21 de octubre de 2008, J. d. l. R. C. S., mediante apoderado, presentó acción de revisión en contra de la sentencia condenatoria proferida el 24 de junio de 2004 por el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar, según da cuenta copia auténtica del escrito presentado (fls. 2 a 4, cdno. 3).

6.10. El 8 de abril de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar dejó sin efecto el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar, el 24 de junio de 20014 y declaró prescrita la acción penal, según da cuenta copia auténtica de la providencia respectiva (fls. 141 a 152, cdno. 3). El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establecía que las providencias que decidían la acción de revisión quedaban ejecutoriadas el día en que eran suscritas por el funcionario correspondiente y como la providencia que dejó sin efectos la sentencia condenatoria es de 8 de abril de 2010, se encuentra debidamente ejecutoriada (fls. 146 a 157, cdno. 3).

6.11. J. d. l. R. C. S. es cónyuge de E. R. A. d. S. y padre de Y. C. A., I. C. A., B. C. A., V. C. A., H. C. A., A. I. C. A., N. C. A. y E. C. C., según da cuenta copia auténtica del registro civil de matrimonio y de los registros y certificados de registros civiles de nacimiento (fls. 12 a 23, cdno. 1).

Daño antijurídico como presupuesto de la responsabilidad del Estado.

7. En los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño, que además debe tener el carácter de antijurídico. La noción de antijuridicidad del daño, que no se encuentra en la Constitución ni en la ley, se predica según la jurisprudencia cuando aquel es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo(5).

8. Toda persona debe colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.N., art. 95.7) y acatar los mandatos de la Constitución y de las leyes, conforme con los artículos 4º inciso 2º, 6º inciso 1º y 95 inciso 2º Constitucionales, que retomaron lo dispuesto por los artículos 9º y 18 del Código Civil, 56 y 57 del Código de Régimen Político y Municipal y 66 del Código Contencioso Administrativo (hoy CPACA, art. 89).

El artículo 355 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos(6), disponía que los fines de la medida de aseguramiento de detención preventiva eran garantizar la comparecencia del sindicado al proceso y evitar su fuga, entre otros. El artículo 145.5 del mismo código establecía que los sujetos procesales debían acudir a la autoridad judicial a cargo del proceso cuando fueran citados.

Si el sindicado, que es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva, evade a las autoridades y huye, incumple el deber constitucional de colaborar con la administración de justicia, desconoce el imperativo de acatar la Constitución y las leyes y trasgrede los deberes que tiene como sujeto procesal. Asimismo, cualquier daño que se le haya causado, como consecuencia de su rebeldía con las autoridades judiciales, es imputable únicamente a su conducta contumaz frente a los requerimientos de la justicia(7).

9. En este caso, está demostrado que la Fiscalía 24 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná, Cesar dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra J. d. l. R. C. S. y que la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar dejó sin efecto la sentencia condenatoria proferida en su contra [hechos probados 6.3 y 6.10].

También está acreditado que J. d. l. R. C. S. evadió a las autoridades y huyó mientras estuvo vigente la medida de aseguramiento en su contra, pues así lo confesó en los hechos 12 y 18 de la demanda de reparación directa instaurada y que dio origen a este proceso (CPC, art. 194).

El daño que alega la parte demandante no tiene el carácter de antijurídico, porque no fue el resultado de la privación de la libertad que dispuso la autoridad competente contra J. d. l. R. C., sino de la conducta del procesado, quien decidió huir e incumplir los deberes de colaboración con la administración de justicia, de acatar la Constitución y las leyes y de no comparecer ante los funcionarios judiciales que tuvieron a cargo el proceso penal. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada.

10. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 14 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de indebida representación de la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. Sin costas.

4. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, rad. 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

(3) Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

(4) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, rad. 11.425.

(5) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio de 1991, rad. 6.454 [fundamento jurídico B].

(6) Hoy retomado por el artículo 309 de la Ley 906 de 2004.

(7) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2014, rad. 28.526 [fundamento jurídico 2.4], sentencia complementaria del 26 de septiembre de 2016, rad. 35.990 [fundamento jurídico 3] y sentencia de 15 de noviembre de 2016, rad. 48,545 [fundamento jurídico 8].