Sentencia 2012-00145 de mayo 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. T. 11001-22-03-000-2012-00145-01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Discutido y aprobado en Sala de 25-04-2012

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte ha precisado que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por sí misma o a través de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a través de mandatario, es imperativo que allegue el respectivo poder. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario manifestar tal circunstancia. Tales reglas se predican, igualmente, del sujeto pasivo de esta acción.

2. En el caso en estudio, el quejoso pide como apoderado general de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., la protección de los citados derecho fundamentales, sin que haya conferido poder especial al profesional del derecho para tal fin o esgrimido su condición de agente oficioso.

3. En efecto, en el sub lite es diáfano que Carlos Eduardo Bermúdez Muñoz impetra la acción de tutela en su calidad de mandatario general de la citada empresa, en virtud de la escritura pública 000 de 28 de marzo de 2006, otorgada en el Consulado General de Colombia, para cuyo efecto aportó. No obstante, ese mandato no lo faculta para interponer la presente acción de tutela en representación de aquella y, en tal condición, apelar el fallo que negó el amparo constitucional, omisión que lo coloca ante la insalvable circunstancia de falta de legitimación en la causa como mandatario de la accionante (D. 2591/91, art. 10), amén que carece de legitimidad para aducir la eventual violación de las garantías constitucionales de la parte que prohíja, que es la supuestamente afectada con las decisiones adoptadas en el proceso.

Al respecto, la Sala ha dicho, por demás en forma insistente que:

“(...) la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.

“De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.

“La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (...)”. (Sents. T-658/2002; T-451/2006 y T. 2011-00118-01 de jun. 10/2011 y T. 2011-00153-01 de jul. 27 del mismo año, entre otras). (Destacados fuera del texto).

Conclúyese, entonces que como al impugnante no se le confirió mandato especial para que representara a la actora en este escenario constitucional ni se invocó la calidad de agente oficioso, indicando la circunstancia habilitante, su intervención en este trámite sumarial deviene inviable por carencia total de poder.

4. Al margen de lo anterior, según se evidenció de las acreditaciones últimamente allegadas a esta corporación, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió la susodicha apelación por auto de 10 de abril de 2012, mediante el cual confirmó la decisión impugnada “en lo atinente a la decisión del juzgado de levantar el embargo que pesaba sobre los dividendos de las acciones de propiedad de Fernando Londoño Hoyos, cauteladas dentro del trámite de la ejecución, de conformidad con lo planteado en las consideraciones de este proveído”, de modo que el motivo que generó la impugnación desapareció, razón por la cual, por sustracción de materia, no hay nada que resolver y, en consecuencia, la acción de tutela perdió eficacia y razón de ser frente a esa censura.

5. Conforme a lo discurrido, se impone confirmar el fallo impugnado, con soporte en las razones de marras expuestas.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese por el medio más expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia».