Sentencia 2012-00149 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2012-00149 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 20001-23-33-000-2012-00149-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Nidia Esther Ardila Sánchez

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y El Ministerio de Educación Nacional

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional, contra la sentencia de 14 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que amparó los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y al trabajo.

I. Antecedentes

I.1. La Solicitud.

La señora Nidia Esther Ardila Sánchez, por intermedio de apoderado, promovió acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Valledupar, por considerar que le fueron violados sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, al trabajo y a la igualdad.

I.2. Hechos.

Manifestó que mediante el Decreto 409 de 2007, el municipio de Valledupar culminó un proceso de nivelación salarial de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación Municipal, ordenado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se asignó la correspondiente denominación, código, grado y asignación básica mensual de los referidos cargos de la entidad. Esta normativa fue modificada parcialmente por el Decreto 416 de 1º de julio de 2010, en el que se homologó su cargo como auxiliar de servicios generales, grado 1, con una asignación básica mensual de $ 1.118.284.

Señaló que al producirse una nueva escala de salarios, se generó un retroactivo, cuya liquidación fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, según oficio 2011 EE43037 de 17 de agosto de 2011, por un monto total de $ 6.643.911.313.

Adujo que en virtud de unas certificaciones, el Ministerio de Educación Nacional estableció que el municipio de Valledupar, contaba con la suma de $ 2.937.200.342, como excedentes del balance de la vigencia del año 2010, que por un acuerdo realizado entre dichas entidades públicas, debían ser utilizados para atender la obligación de los pagos de la revisión de la nivelación salariar, junto con unos recursos faltantes ($ 3.706.711.471) que iban a ser tramitados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Expresó que cuando se le solicitó al municipio de Valledupar el pago de los $ 2.937.200.342, correspondientes a los excedentes del balance de la vigencia del año 2010, los cuales ya habían sido comprometidos para el pago de la revisión de la nivelación salarial, estos ya habían sido dispuestos para atender otras obligaciones.

Mencionó que en respuesta a un derecho de petición elevado el 25 de julio 2012, en el que se le solicitó a la administración del municipio de Valledupar explicaciones por la no atención del referido pago de la nivelación, informaron que una vez se tuvieran los recursos del saldo de la obligación ($ 3.706.711.471) tramitado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se les estaría amortizando o pagando la deuda reclamada.

Anotó que a pesar de que la deuda fue certificada y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, desde el 17 de agosto de 2011 y el Decreto de la nueva escala de salarios fue expedido hace más de dos años, a la accionante se le adeuda la suma de $ 15.530.148, sin haber obtenido solución alguna hasta el momento, lo que le ha generado graves problemas de salud física y mental e incumplimiento de algunas obligaciones, pues su deficiente salario y su condición de madre cabeza de familia agravan su situación.

Afirmó que padece de una enfermedad denominada “Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples (G401) la que requiere manejo Carbamazepina retard - tegretol de 400 de mg cada 12 horas”, la cual se altera en la medida en que se produzcan cambios emocionales, como los reflejados con los continuos agravios económicos a que se ve sometida todos los meses con los efectivos descuentos por las obligaciones económicas contraídas, impidiéndole llevar un desarrollo normal de su vida.

Agregó que tiene unas obligaciones bancarias por un crédito de consumo por suma de $ 14.623.113, que representa unas cuotas mensuales de $ 457.125 y otro con la entidad financiera Crediservicios, en el que paga mensualmente $ 230.344, como consecuencia de los problemas económicos y de salud que ha tenido que enfrentar, pues la EPS en ocasiones no le suministra el medicamento necesario para el tratamiento de la enfermedad.

Reiteró que es cabeza de hogar y lo que le queda de su salario luego de los descuentos realizados, es decir, $ 762.156, no le alcanza para solventar los gastos habituales de su vida y además acudir a un mejor tratamiento para la enfermedad, por lo tanto, aunque el dinero adeudado por las entidades tuteladas, no solventa del todo sus necesidades económicas, sí contribuiría a la solución de sus problemas y le permitiría reducir el monto de los descuentos mensuales que le realizan y acudir a un tratamiento especial para mejorar sus condiciones de salud.

I.3. Pretensiones.

Solicitó que le sean tutelados sus derechos fundamentales y, en consecuencia, disponer que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la providencia que resuelva la presente acción, las entidades tuteladas realicen todas las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para que dentro de dicho plazo le sea pagado el retroactivo reclamado.

Igualmente, solicitó que se tenga en cuenta como precedente jurisprudencial, el pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado, el día 18 de marzo de 2010, dentro del proceso radicado bajo el núm. 15001-23-31-000-2010-00032-01, magistrado ponente doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, en el cual se resolvió un caso similar al aquí planteado.

I.4. Defensa.

La doctora Sol Yadira Rojas Rivera, jefe de la oficina jurídica del municipio de Valledupar, adujo que a pesar de que la Administración ha cumplido todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, éste no ha asignado los recursos para los pagos correspondientes a la homologación o nivelación salarial.

Recordó que el municipio de Valledupar no tiene recursos para cancelar la deuda referida, teniendo en cuenta que son necesarios los $ 3.706.711.471 que fueron acordados con el Ministerio de Educación y que este le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 15 de febrero de 2012.

Indicó que los problemas económicos que presenta la actora, no son consecuencia de que el municipio a la fecha no le haya cancelado los recursos correspondientes a la nivelación salarial, pues de la documentación que obra en la tutela, se desprende un desbordamiento de créditos de la funcionaria que sobrepasan el 50% del valor de sus ingresos.

Sostuvo que la presente acción de tutela debe declararse improcedente, toda vez que se desconoció el requisito de inmediatez al instaurarla luego de dos años de la expedición de la Resolución 416 de 1º de julio de 2010 y un año después de certificada y aprobada la deuda por el Ministerio de Educación Nacional.

Recordó que reiteradamente la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela no es la vía judicial apropiada para lograr el efectivo pago de las acreencias de carácter laboral y solo procede en casos excepcionales en los que se acredite la amenaza o violación de los derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital y dignidad humana.

Manifestó que la actora se encuentra laborando en condiciones dignas y puntualmente se le paga su salario y sus prestaciones sociales, por lo tanto, no existe violación alguna ni a su derecho al trabajo ni al mínimo vital.

El doctor Fabio Hernán Ortiz Riveros, apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hizo un recuento de las normas y el procedimiento aplicable para el pago de acreencias, como las que se debaten en la presente tutela, y advirtió que hasta la fecha de la contestación, el municipio de Valledupar no les había allegado los documentos necesarios para la suscripción del acuerdo de pago, ni la minuta del encargo fiduciario, requisitos indispensables para el trámite de los referidos pagos.

Afirmó que en un oficio de 13 de septiembre de 2012, anexado con la contestación de la tutela, el Ministerio de Educación Nacional le solicita al Secretario de Educación Municipal de Valledupar que dé cumplimiento a un fallo de tutela que versa sobre el mismo tema aquí debatido y lo conmina para que cumpla con los requisitos necesarios para la suscripción del acuerdo de pago en los términos del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, situación que demuestra que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene responsabilidad en el tema, pues es el municipio quien no ha cumplido con su obligación.

Indicó que la acción de tutela se torna improcedente, toda vez que la accionante cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para la reclamación de las acreencias laborales y no demostró ningún elemento de urgencia o inminencia que refleje la eventual presencia real de un daño a corto plazo que haga necesaria su utilización como un mecanismo transitorio.

II. Fundamentos del fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección “A”, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2012, amparó los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana y al trabajo invocados por la actora en la presente tutela.

Indicó que a pesar de que la acción de tutela se torna improcedente para ordenar el reconocimiento y pago de un retroactivo originado por la homologación o nivelación salarial de cargos administrativos, por existir otros mecanismos judiciales idóneos, excepcionalmente puede ser utilizada, siempre que se trate de evitar un perjuicio irremediable que afecte los derechos fundamentales del interesado, en especial el mínimo vital.

Comentó que se encontró demostrado dentro del expediente que la actora efectivamente tiene derecho a un retroactivo por la homologación o nivelación salarial reconocido y acreditado por los decretos 409 de 2007 y 416 de 1º de julio de 2012 y que además, su remuneración mensual asciende a la suma de $ 762.156, luego de los descuentos efectuados en virtud de unas obligaciones crediticias adquiridas.

Señaló que es evidente que la actora se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por razón de la enfermedad que padece, para la cual aportó la respectiva historia clínica, situación que a la luz del artículo 13 de la Constitución Política le impone al Estado brindar una protección especial.

Adujo que para la Sala es indiscutible que el pago del retroactivo reclamado por la actora, por las circunstancias familiares en que ésta se encuentra, alivia su situación económica y conlleva que cuente con mejores condiciones para el tratamiento de su enfermedad.

Mencionó que bajo el esquema del mecanismo excepcional de evitar un perjuicio irremediable, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, tuteló los derechos fundamentales en un caso similar al de la actora.

III. Fundamentos de la impugnación

El doctor Fabio Hernán Ortiz Riveros, apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reiteró todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la presente acción de tutela y manifestó que no comparte la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que no puede realizar ninguna actividad hasta tanto el municipio no cumpla con los requisitos necesarios para el giro de los recursos y por lo tanto no puede ser condenado por el incumplimiento de otras entidades.

Reiteró que el municipio de Valledupar no ha enviado la documentación solicitada mediante Oficio 2-2012-014899 de 7 de mayo de 2012, aportado con la contestación de la tutela, en el que la subdirectora de financiamiento-Otras entidades, seguimiento, saneamiento y cartera de la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita al Alcalde de Valledupar los documentos necesarios para la suscripción del acuerdo de pago, así como la minuta del encargo fiduciario.

El doctor Ítalo Emiliano Gallo Ortiz, asesor de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional, insistió en que la competencia de dicha cartera dentro del proceso de saneamiento de las deudas laborales del sector educativo, es la contemplada en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, es decir, revisar las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales, certificar el monto a reconocer y establecer las fuentes de financiación, en los términos de la ley, mas no la de girar los recursos para efectuar dichos pagos, por lo tanto, una vez aprobado el estudio técnico de homologación y nivelación salarial, la correspondiente liquidación del retroactivo y las fuentes de financiación, corresponde entonces al municipio de Valledupar y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adelantar el correspondiente acuerdo de pago, tramite en el que no participa el Ministerio de Educación Nacional.

Expresó que la homologación y nivelación de los cargos de la planta de personal administrativo, adscrita al sector educativo es de competencia exclusiva de las entidades territoriales, en este caso, la Secretaria de Educación Municipal de Valledupar, a quien le corresponde efectuar los pagos por dichos conceptos celebrando el correspondiente acuerdo de pago con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para obtener los recursos necesarios que permitan cumplir las obligaciones mencionadas.

Arguyó que conminar al Ministerio de Educación Nacional a cumplir y gestionar la asignación de recursos y pagos correspondientes a nivelar y homologar asignaciones salariales del personal docente y administrativo vinculado a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, cuando ya esta cartera ministerial cumplió con sus funciones, es obligarlo a lo imposible.

IV. Consideraciones de la Sala:

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, se advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar tuteló los derechos fundamentales de la señora Nidia Esther Ardila Sánchez, por considerar que sus condiciones económicas y de salud daban cuenta del estado de debilidad manifiesto, el cual imponía una protección constitucional especial, a pesar de que existieran otros medios de defensa idóneos para reclamar sus acreencias laborales.

En efecto, manifestó el a quo que en la historia clínica de la actora, se constató que padece de la enfermedad llamada epilepsia que sumada a las múltiples dificultades económicas demostradas con los descuentos que se le hacen mensualmente a su salario, advierten la necesidad apremiante de la cancelación de la homologación y nivelación salarial, debidamente reconocida y liquidada por los entidades tuteladas.

Igualmente, el Tribunal Administrativo del Cesar hizo énfasis en que la acreencia laboral que aquí se discute, no es ninguna prebenda de la administración municipal y nacional con la actora, sino una justa retribución por su trabajo que debe entregarse de forma completa y oportuna.

Frente a estos argumentos, los ministerios tanto de Educación Nacional, como de Hacienda y Crédito Público, manifestaron su inconformidad aduciendo básicamente que no son ellos los que han incumplido con los trámites correspondientes para el pago de los dineros por concepto de homologación y nivelación salarial y que la actora cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos para reclamar las acreencias laborales referidas.

Ahora bien, lo primero que es pertinente advertir es que la acción de tutela tiene una naturaleza eminentemente subsidiaria, lo que significa que no puede ser utilizada cuando existen otros medios de defensa judiciales idóneos para proteger los derechos que presuntamente están siendo afectados.

No obstante lo anterior, tanto el Decreto 2591 de 1991 como innumerable jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, han señalado que la acción de tutela puede utilizarse excepcionalmente a pesar de la existencia de otros medios de defensa judiciales, cuando se busque evitar un perjuicio irremediable y aquellos mecanismos no sean eficaces para la protección de los derechos fundamentales alegados, por las condiciones y circunstancias particulares del caso que se estudie.

Es evidente que en el presente caso, la actora tiene a su alcance otros medios para reclamar la acreencia laboral adeudada por las entidades demandadas, lo que en principio impediría que haga uso de la tutela para este fin, sin embargo, como claramente quedó consignado en los escritos presentados por su apoderado, las particulares circunstancias económicas y especialmente médicas, obligaron su utilización inminente buscando un amparo que permitiese mejorar en parte sus condiciones actuales, por lo que será necesario estudiar la procedencia excepcional de la presente acción, bajo las situaciones propias de este caso.

Como primera medida, es preciso manifestar, que no existe discusión alguna respecto del derecho que le asiste a la accionante para reclamar las acreencias laborales originadas del proceso de homologación y nivelación salarial de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, teniendo en cuenta que dicha situación es aceptada y no contrariada por todas y cada una de las entidades demandadas en el presente proceso, tanto en las contestaciones de la demanda, como en las impugnaciones interpuestas.

Por otra parte, revisado el expediente, se advierte que así como lo indicó el Tribunal Administrativo del Cesar, la señora Nidia Esther Ardila Sánchez allegó historia clínica, firmada por una médica neuróloga, en la que se constata que padece de “Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y ataques parciales simples (G401)”.

Igualmente, allegó certificación expedida por el Banco BBVA, en la que se demuestra que tiene una deuda por un crédito de consumo por valor de $ 14.623.113.30, por el que le descuentan mensualmente $ 467.421.67.

A folios 15 del expediente de la referencia, también se encuentra constancia expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, en la cual se certifica que la actora, luego de los descuentos recibe un neto de $ 762.156.

Es pertinente resaltar, que las impugnaciones presentadas por los ministerios tutelados, no discuten, ni controvierten las condiciones de vulnerabilidad alegadas por la actora, simplemente se centran en el argumento de la improcedencia de la tutela por existir otros medios de defensa judiciales y solicitan su desvinculación alegando el cumplimiento de todas sus obligaciones respecto del caso estudiado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte la posición del a quo, cuando consideró que la actora se encuentra en una condición manifiesta de vulnerabilidad, no solo por las dificultades y apremios económicos que atraviesa, sino principalmente por el padecimiento de una enfermedad cerebral crónica, como lo es la epilepsia, la cual la coloca en una condición especial, frente a las demás personas que también tienen legítimo derecho al pago de las acreencias laborales aquí discutidas.

En efecto, es evidente la existencia de otros medios de defensa judiciales idóneos para atender las reclamaciones de la actora, sin embargo, sus condiciones particulares hacen que en la actualidad estos no sean eficaces y efectivos para la protección de los derechos fundamentales invocados, por lo tanto, la acción de tutela se torna totalmente procedente para evitar que las mencionadas vulnerabilidades económicas y sobre todo de salud, generen un perjuicio irremediable en la vida de la actora.

Respecto de lo anterior, es menester traer a colación la Sentencia C-352 de 2011, en la que la Corte Constitucional advierte la procedencia de la acción de tutela, cuando se está frente a un sujeto de especial protección:

“De la misma forma se tiene que a pesar de la existencia otros medios de defensa judiciales, hay ocasiones en las que el juez de tutela debe realizar un juicio de procedibilidad menos exigente, debido a que los medios ordinarios de defensa resultan ineficaces para el caso concreto y además debe primar la protección de los derechos fundamentales solicitados; asimismo, en atención a la existencia de circunstancias subjetivas del solicitante por razón de su origen, capacidad o edad, que lo ubican en un estado de vulnerabilidad, que hace procedente la acción de tutela.

Así se expresó en Sentencia T-789 de septiembre 11 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa):

“…en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional —esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.

3.2. En lo que al perjuicio irremediable se refiere, la Corte Constitucional ha reiterado que algunos grupos con características particulares, como los niños, los ancianos, las personas discapacitadas o las mujeres cabeza de familia entre otros, pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aún cuando para la generalidad de la sociedad no representan un perjuicio irremediable, sí se configura para ellos, en virtud de las especiales circunstancias de debilidad o vulnerabilidad en que se encuentran”.

Lo anterior deja en evidencia la excepcional procedencia de la acción de tutela, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, para casos como el aquí estudiado, en el que existe un evidente estado de vulnerabilidad y los medios señalados no son eficaces para la protección de los derechos fundamentales invocados, por lo tanto, se hace necesario el amparo constitucional a través de la presente acción.

En este punto, es pertinente reiterar, que las acreencias laborales reclamadas y solicitadas por la actora, no constituyen ninguna clase de prerrogativa, ni es una mera expectativa, sino un verdadero derecho reconocido incluso por las entidades aquí demandadas, el cual ya se encuentra debidamente liquidado como se demuestra en las pruebas allegadas al expediente y a la espera de unos trámites administrativos para ser pagado.

Ahora bien, frente a la solicitud de desvinculación de la tutela, realizada por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Educación Nacional en las impugnaciones interpuestas contra el fallo de primera instancia, la Sala advierte que todas las entidades vinculadas cumplen alguna función inherente al trámite de la homologación y/o nivelación salarial y sus respectivos pagos, por lo tanto, no es posible su separación del proceso o desvinculación de la orden perentoria dada en la sentencia del mismo, hasta tanto acrediten el cumplimiento y demuestren el pago de las obligaciones laborales adeudadas a la actora, que hasta la fecha en la que se instauró la presente acción de tutela no se había llevado a cabo.

Sumado a lo referido anteriormente, la Sala destaca que en las contestaciones e impugnaciones presentadas en la acción de tutela bajo estudio, tanto el municipio, como los ministerios vinculados se imputan unos a otros la demora y falta del pago del retroactivo originado en el proceso de homologación y nivelación salarial.

En efecto, el municipio de Valledupar adujo que los recursos faltantes para el pago de las referidas acreencias laborales, que debía ser tramitado por el Ministerio de Educación Nacional ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha sido girado y por lo tanto, no se han cancelado las mencionadas obligaciones. A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, refiere que el municipio de Valledupar no ha remitido los documentos necesarios para la suscripción del acuerdo de pago, ni la respectiva minuta del encargo fiduciario, los cuales constituyen requisitos necesarios para girar el dinero con el cual se van a cancelar las acreencias referidas por la actora.

Por su parte, el Ministerio de Educación aduce que la obligación inherente a sus funciones ya fue cumplida y por lo tanto, son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Valledupar quienes deben adelantar el correspondiente acuerdo de pagos y girar los respectivos recursos.

Desde esta perspectiva, en la que las entidades demandadas se imputan la responsabilidad unas a otras, la Sala debe velar por el cumplimiento de la sentencia y en especial por la protección a los derechos fundamentales de la actora y por lo tanto, debe mantenerse la orden a cada una de los vinculados, para que realicen las gestiones administrativas y presupuestales que les competan, necesarias para el pago a la actora del retroactivo reclamado.

En conclusión, la Sala evidencia que la actora se encuentra en un estado de vulnerabilidad palpable, debido a sus condiciones particulares económicas y de salud, las cuales hacen necesaria una protección especial e inminente que evite la ocurrencia de un perjuicio irremediable para su vida y le ayude afrontar su enfermedad de una forma más digna, máxime cuando la medida de protección constituye un derecho económico-laboral legalmente adquirido, el cual no ha sido pagado por mera tramitología administrativa.

Los razonamientos anteriores conducen a la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia, modificando el numeral primero de la parte resolutiva del mismo, pues de los derechos invocados por la actora, se encuentra acreditado que únicamente se le vulneró su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual quedara así:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital invocados por la actora en la presente tutela”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

3. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

4. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 28 de febrero de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente, ausente con permiso—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.