Sentencia 2012-00151 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012-00151-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Actor: Román Guillermo Peña Murcia

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La causal en que se fundamenta la demanda, es la prevista en el artículo 48, numeral 4º, de la Ley 617 de 2000, que prevé:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...) 4. Por indebida destinación de dineros públicos (...)”.

El actor considera que el demandado incurrió en dicha causal, dado que en su condición de presidente de la Asamblea Departamental del Huila, omitió y guardó silencio de manera consciente para no reclamar el excedente de los honorarios pagados de más en el año de 2005 a la diputada Gladys Salazar, por el presidente de la época, conducta con la cual permitió un detrimento patrimonial del erario del ente territorial en mención.

Para establecer si el diputado demandado incurrió o no en la causal prevista en el artículo 48, numeral 4º, de la Ley 617 de 2000, esto es, la indebida destinación de dineros públicos, la Sala precisa lo siguiente:

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(1) y también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Exp. 2003-00194, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Exp. 2005-01133, C.P. Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Exp. 2008-00700, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón) y 14 de diciembre de 2009 (Exp. 2009-00012, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta).

Conforme a lo anterior, dentro de los presupuestos que dan lugar a que se configure dicha causal está la de la aplicación de los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, o no autorizados por estos, que, para el caso sub examine, a juicio de la Sala no concurren, toda vez que el demandado no ordenó ni realizó el pago de los honorarios en el año 2005, —que el actor considera en exceso—, a la diputada Salazar, pues para esa época el presidente de la Asamblea Departamental del Huila era el señor Pedro Hernán Suárez Trujillo, conforme lo admite el actor en la demanda.

En efecto, está acreditado dentro del proceso que el demandado, señor Luís Alfonso España Rojas, el 26 de octubre de 2003, resultó elegido diputado para la Asamblea Departamental del Huila, por el Partido Liberal Colombiano, para el periodo constitucional 2004-2007, cargo en el que se posesionó el 2 de enero de 2004, siendo presidente de la DUMA en el año de 2006.

Así mismo, está demostrado en el plenario que en el año 2005 el Departamento del Huila fue recategorizado, pasando de categoría segunda a tercera, y que el 4 de junio de ese año (2005) la señora Gladys Salazar tomó posesión como diputada de la Asamblea Departamental del Huila, para llenar la vacancia dejada por el diputado Carlos Augusto Rojas Ortiz, a quien se le declaró la nulidad de su elección (fls. 17 a 38, cdno. pp. 1).

Como quedó visto, el diputado demandado ejerció la presidencia de la DUMA en el año 2006, periodo dentro del cual la remuneración de la citada diputada pasó de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 18, con fundamento en conceptos emanados del departamento jurídico de la Gobernación del Huila, visibles a folios 42 a 50 del cuaderno principal 1, en los que se adujo, entre otros, que:

“... El Decreto 1186 de octubre de 2004, sitúa al departamento en categoría tercera teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley 617 de 2000, a partir del 1º de enero de 2005, conforme a lo anterior, los diputados que ingresen o tomen posesión a partir del 1º de enero de 2005 tienen derecho a 18 smlmv, y los diputados que ingresaron en el 2004 cuando el departamento se encontraba en categoría dos continúan recibiendo 25 smlmv, por tener un derecho adquirido...”.

Ahora, cabe señalar que conforme lo indicó el demandado en la contestación de la demanda, lo cual fue corroborado por el a quo en el fallo apelado, ante el Tribunal Administrativo del Huila se solicitó la pérdida de investidura del diputado Pedro Hernán Suárez Trujillo, proceso en el cual se invocó la causal que ahora es objeto de examen, por haber ordenado el pago de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes como honorarios a la diputada Gladys Salazar,(2) quien, a juicio del demandante, no tenía derecho a tal asignación, toda vez que cuando se posesionó, 4 de junio de 2005, el departamento del Huila había descendido a la categoría tercera, que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 617 de 2000 la remuneración de los diputados en esa categoría es de 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dicho proceso fue fallado por el citado tribunal el 6 de mayo de 2011 (Exp. 2011-00158-01, M.P. Enrique Dussán Cabrera), en el cual denegó la solicitud de pérdida de investidura, bajo el argumento de que el presidente de la DUMA para el año 2005, había actuado en estricto acatamiento de las disposiciones superiores y en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, providencia que se encuentra en firme, pues no hay prueba que indique lo contrario.

Cabe señalar que con antelación a la providencia referida en el párrafo anterior, esta Sala, a través del fallo de 6 de marzo de 2008 (Exp. 2007-01326 (PI), C.P. Marco Antonio Velilla), con fundamento en la Sentencia C-1098 de 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible, entre otros, el parágrafo 3º(3) del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, confirmó el fallo de 22 de octubre de 2007, que denegó la solicitud de pérdida de investidura de dos concejales del municipio El Cerrito (Valle del Cauca), en el que el a quo precisó:

“... al expedirse el Acuerdo 003 de 2007 se acató la Sentencia C-1098 de 2001, que estableció claramente que cuando un municipio desciende de categoría no se pueden rebajar los salarios y/o honorarios y siendo el periodo constitucional del alcalde que iba del 2004 a 2007, hasta tanto no se terminara dicho periodo no se podía cambiar el salario de este, no importando si hubo renuncia del Alcalde anterior, pues el periodo es uno solo y a los concejales no se les podían rebajar sus honorarios por el hecho de que se hubiere nombrado otro alcalde...”.

Tal criterio ha sido reiterado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela T-1280 de 2005, que cita el actor en el recurso de apelación, cuando indica:

“...considerando que los cargos vinculados a la categoría de los municipios, son cargos de periodo, es claro que cuando este descienda de categoría los salarios correspondientes a estos cargos deberán ajustarse. Distinta es la situación de los funcionarios que fueron elegidos o nombrados antes de la recategorización del municipio, los cuales mantendrán el salario que venían devengando mientras se vence el respectivo periodo constitucional...” (negrillas y subrayas fuera de texto).

Por último, resalta la Sala que las causales que dan lugar a la pérdida de investidura son taxativas, lo que impide que el juzgador les dé un alcance extensivo, como lo pretende el actor en el sub lite, al querer encausar una conducta no prevista en la causal endilgada, como es la omisión en la recuperación de un dinero pagado en exceso por concepto de honorarios a un diputado, que, como quedó visto, no resultó ser así, ante la legitimidad del pago amparado legal, constitucional y jurisprudencialmente.

Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto la no configuración de la causal de pérdida de investidura alegada, lo que impone a la Sala la confirmación de la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1º de agosto de 2013».

(1) En sentencias de 20 de junio de 2000 (Exp. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Exp. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Exp. 0063-01).

(2) Igual que a los demás diputados posesionados en el año 2004.

(3) Que preveía: “Cuando un departamento descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de los servidores públicos serán los que corresponda a la nueva categoría”.