Sentencia 2012-00153 de julio 145 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 54001 23 33 000-2012-00153-01; 54001 23 33 000-2012-00149-01 (acumulados)

Nº interno: (20879)

Demandantes: María Isabel Medina Apolón y Seguros del Estado S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Sanción por devolución improcedente

FALLO

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por Seguros del Estado S.A., decide la Sala sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a la contribuyente María Isabel Medina Apolón la sanción por devolución improcedente prevista en el artículo 670 del estatuto tributario.

Para el efecto, la Sala establece (i) si la DIAN estaba obligada a notificar a la Aseguradora, en calidad de garante, el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución sanción; (ii) si los actos demandados establecieron que la responsabilidad de la actora superaba el monto asegurado, respecto de las obligaciones garantizadas; (iii) si la declaración privada de la contribuyente quedó en firme por la falta de notificación del requerimiento especial que precedió el acto de determinación del tributo; iv) si expiró la vigencia de la póliza y se afectó la solidaridad de la Aseguradora por no habérsele notificado liquidación oficial de revisión y v) si la jurisdicción contencioso administrativa puede declarar la nulidad del contrato de seguro.

Falta de notificación a la aseguradora del requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución sanción

El artículo 670 del estatuto tributario establece que las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. De manera que si, mediante liquidación oficial de revisión, la administración rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, procede, también, la imposición de la sanción por devolución improcedente. En consecuencia, deben reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción debe imponerse dentro del término de dos años, contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

El artículo 670 del estatuto tributario también prevé que “”Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente”.

El artículo 860 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos(17), preveía que cuando con la solicitud de devolución, el contribuyente o responsable presenta una garantía a favor de la Nación, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días siguientes.

Además, disponía que si dentro del término de vigencia de la garantía, que era de dos años, la administración notificaba la liquidación oficial de revisión, el garante respondía solidariamente por las obligaciones garantizadas y por la sanción por devolución improcedente. Estas obligaciones se hacen efectivas una vez quede en firme, ante la administración o la jurisdicción, la liquidación oficial o la sanción por improcedencia de la devolución.

Contrario a lo sostenido por la aseguradora, el artículo 860 del estatuto tributario exige que la notificación de la liquidación oficial de revisión dentro del término de vigencia de la póliza, debe hacerse solo al contribuyente y no al garante de la obligación, en razón a que este es un acto de determinación tributaria y el contribuyente es el titular de la relación jurídica sustancial y el directo responsable del pago del tributo.

Por este motivo, la Sala ha establecido que no es procedente que la aseguradora demande directamente la liquidación oficial de revisión que sirve de fundamento para la expedición de la resolución sanción(18).

Igualmente, la Sección ha precisado que solo cuando ocurre el siniestro, esto es, la imposición de la sanción, surge el interés o legitimación de las compañías de seguros, en calidad de garantes, para recurrir la sanción y demandarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del límite de cobertura de la póliza de seguros(19).

Lo anterior, porque en las solicitudes de devolución amparadas con póliza de garantía, la resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro y, por ende, el que determina la exigibilidad de la obligación garantizada. En consecuencia, la resolución sanción debe ser notificada a la compañía de seguros para que pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción(20).

Como se precisó, el cargo se sustenta en la falta de notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión a la aseguradora. No obstante, la ley tributaria no exige la notificación de dichos actos a la garante. Se reitera, jurisprudencialmente se ha aceptado que en estos casos el acto que debe ser notificado al garante es la resolución sanción por devolución improcedente.

En cuanto a la notificación a la aseguradora de la Resolución Sanción Nº 900007 del 9 de junio de 2011, la Sala precisa lo siguiente:

En el numeral segundo de la citada resolución, la DIAN ordenó “Notificar a la Contribuyente en su dirección registrada en el RUT y comunicar a la compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578-6; de conformidad con lo establecido en los artículos 555-2, 565 y 568 del estatuto tributario, y circular 140 de 2004”(21).

Por oficio Nº 107201241-283 del 13 de junio de 2011, dirigido al representante legal de Seguros del Estado S.A., la DIAN precisó lo siguiente(22):

“Me permito comunicarle que dentro de la investigación que le adelanta esta Dirección Seccional a MARÍA ISABEL MEDINA APOLÓN, identificada con NIT 37.440.196, expediente Nº IX2008-2010-0127, referente al impuesto a las VENTAS 2007, periodo QUINTO, este despacho le profirió la Resolución Sanción Nº 900007 del 09 de junio de 2011. 

En dicho acto se impuso la siguiente sanción: Reintegro del valor de sumas devueltas y/o compensadas en exceso por valor de $ 66.390.000, más los intereses moratorios que correspondan aumentados en un 50%, adicionalmente 500% del valor de devolución con utilización de medios fraudulentos por valor de $ 331.950.000. 

Es de anotar que los valores registrados como saldo a favor en las liquidaciones privadas antes mencionadas fueron objeto de devolución por parte de esta dirección seccional, solicitud de devolución que fue amparada con la póliza de seguro de cumplimiento Nº 96-43-101000447 del 13 de DICIEMBRE de 2007, expedida en la ciudad de Bucaramanga, por la Aseguradora que Usted representa, en la cual el Beneficiario es la NACIÓN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADIANAS NACIONALES NIT 800.197.268, el tomador el señor (a) MARÍA ISABEL MEDINA APOLÓN, identificada con NIT 37.440.196. 

Así mismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la circular Nº 00140 del 04 de octubre de 2004 suscrita por el director de impuestos nacionales en atención al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1201 del 09/12/2003 y de conformidad con el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el Artículo 14 del mismo ordenamiento, con el presente se le cita para que pueda hacerse parte y hacer valer sus derechos como deudor subsidiario y/o solidario, respecto del acto administrativo referenciado, actuación que debe ejercerse mediante la figura del litisconsorcio facultativo dentro del proceso de determinación y discusión del impuesto, o de imposición de sanciones según sea el caso, que se sigue en contra del deudor principal, en los términos y condiciones de este. 

Igualmente le comunico la posibilidad que le asiste de revisar el acto administrativo o de obtener copia del mismo, previa cancelación del importe correspondiente”. 

Así, es evidente que la resolución sanción fue comunicada a la aseguradora pero no le fue notificada. Sin embargo, esta situación no generó la violación del debido proceso para la recurrente porque tuvo la posibilidad de conocer el acto y de obtener copia de este para ejercer su derecho de defensa.

Además, conoció la resolución sanción, prueba de lo cual fue el recurso de reconsideración que interpuso contra esta el 25 de julio de 2011 en el que planteó, entre otras las siguientes inconformidades(23):

• La calidad de deudor solidario

• Violación al debido proceso por falta de notificación de la resolución sanción

• Límite del valor asegurado contenido en la póliza de cumplimiento

• Expiración de la vigencia de la póliza, por la falta de notificación de la liquidación oficial de revisión.

• Firmeza de la declaración tributaria

Así pues, aunque la resolución sanción no fue notificada sino comunicada, no es procedente anular el acto acusado por esa sola circunstancia. Ello, porque la falta o indebida notificación del acto definitivo, no es per se causal de nulidad de los actos administrativos (artículo 84 del Código Contencioso Administrativo). La violación del debido proceso como motivo de nulidad de los actos se refiere a su formación, no a su falta de notificación, dado que ello los hace inoponibles (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo), no nulos(24).

Además, toda vez que la actora interpuso recurso de reconsideración, en el que planteó aspectos de fondo contra la resolución sanción, se evidencia que tuvo pleno conocimiento del acto recurrido. En consecuencia, debe entenderse que la actora se notificó de la resolución sanción por conducta concluyente, conforme con lo previsto en el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo(25).

Es de anotar que aunque en el oficio de 13 de junio de 2011, la DIAN indicó a la Aseguradora que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional C-1201 de 2003, le comunicaba la resolución sanción para que respecto de dicho acto se hiciera parte, como deudor solidario o subsidiario, la referida sentencia no es aplicable a la Aseguradora.

En efecto, si bien en la Sentencia C-1201 de 2003 la Corte Constitucional precisó que en todo proceso de determinación de la obligación tributaria deben citarse los deudores solidarios, excluyó de los efectos del fallo a las aseguradoras porque su responsabilidad por las obligaciones que se garantizan se rige por normas especiales del contrato de seguro(26).

Al respecto, en la Sentencia C-1201 de 2003, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

“Además, la responsabilidad solidaria en materia tributaria exige la determinación e individualización de las personas solidariamente obligadas en cada uno de los supuestos legales en que dicha solidaridad resulta exigible, así como las circunstancias de la solidaridad que les incumbe según lo prescrito por los artículos 793 y siguientes del estatuto tributario. Es decir, dentro del proceso de determinación de la obligación tributaria que culmina con la liquidación de revisión, la liquidación de aforo o la resolución de sanción, es necesario individualizar los terceros que resultan ser solidariamente responsables y las circunstancias de su responsabilidad, en cada uno de los supuestos de hecho a que se refieren los artículos 793 y siguientes del estatuto tributario, pues así lo exige la naturaleza misma de esta solidaridad legal. De esta manera, es menester precisar lo siguiente en cada uno de esos casos:

[...]

f. En el caso del literal f) debe establecerse quiénes son los terceros que se han comprometido a garantizar las obligaciones tributarias del deudor, diferentes de las compañías de seguros (cuya responsabilidad por las obligaciones incumplidas de terceros se regula por normas especiales relativas al seguro de cumplimiento). 

[...]

Sólo de esta manera es posible que en todos los eventos anteriores, durante la etapa del cobro coactivo, la administración libre un mandamiento de pago “determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor”, como lo ordena perentoriamente el inciso primero del artículo 828-1 del estatuto tributario ahora bajo examen. Es decir los artículo 793 y siguientes exigen que, para que opere la responsabilidad solidaria, se demuestren los supuestos de hecho previstos en esas disposiciones”.

En el mismo sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente(27):

“Para la Sala es importante aclarar que las compañías aseguradoras no son deudoras solidarias de los tributos o las sanciones que se impongan por la administración tributaria, como sí ocurre, por ejemplo, con los socios de las sociedades contribuyentes, ya que de lo que se trata es de una obligación de aseguramiento que se rige por un contrato de seguro, que tiene una regulación especial en el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, conforme lo dispone el artículo 1037 del Código de Comercio, el asegurador es la persona que asume los riesgos del interés o la cosa asegurada, obligación muy diferente a la solidaridad derivada de un contrato o por ministerio de la ley, ya que es la realización del riesgo asegurado lo que da origen a la obligación del asegurador, tal como lo dispone el artículo 1054 del Código de Comercio. 

Así pues, cuando ocurre el “siniestro”, que estaría constituido por la resolución que impone la sanción o por la ejecución forzosa de la sanción dentro del proceso coactivo administrativo, es cuando surge el interés o legitimación de las compañías de seguros, en su calidad de aseguradoras, para actuar dentro del proceso que se surta ante la administración tributaria y/o demandar, ante la jurisdicción contencioso administrativa, los actos que ella expida, en el límite de cobertura de la póliza de seguro”. 

En suma, no hubo violación del debido proceso, puesto que la demandante conoció la resolución sanción e interpuso contra esta el recurso de reconsideración, que fue resuelto por la DIAN mediante la Resolución 900.155 del 6 de julio de 2012(28).

La responsabilidad del garante supera el monto asegurado respecto de las obligaciones garantizadas

Según la aseguradora, con cargo a la póliza Nº 96-43-101000447, la DIAN pretende una suma superior a $ 398.340.000, a pesar de que esta fue expedida por un valor asegurado máximo de $ 66.390.000, para garantizar la procedencia de la devolución originada en el impuesto sobre las ventas por el 5º bimestre de 2007, como se estableció en el objeto de la póliza.

Alega, igualmente, que los actos administrativos demandados pretenden que la compañía responda por unos valores que desbordan el límite de la suma asegurada, que incluyen el cobro de la devolución, los intereses moratorios correspondientes incrementados en un 50% y, el 500% de la suma devuelta mediante medios fraudulentos o documentos falsos.

En el expediente está demostrado que en la declaración del impuesto sobre las ventas del quinto bimestre de 2007, la contribuyente registró un saldo a favor de $ 66.390.000(29), que pidió en devolución con garantía y que posteriormente fue rechazado por la administración, mediante liquidación oficial de revisión.

Por ello, con fundamento en el artículo 670 del estatuto tributario, la DIAN profirió la Resolución Sanción 900007 del 9 de junio de 2009, que en la parte resolutiva, dispuso lo siguiente(30):

“PRIMERO: Imponer a la contribuyente MARÍA ISABEL MEDINA APOLÓN, NIT 37.440.196-7 de conformidad con lo previsto en el artículo 670 del estatuto tributario, la sanción por improcedencia de las devoluciones por los motivos expuestos en la presente resolución. En consecuencia ordenar a la contribuyente el reintegro de la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($ 66.390.000) devuelta en forma improcedente más los intereses moratorios aumentados en un 50%; y adicionalmente la sanción del 500% del valor devuelto, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 331.950.000) por utilización de medios fraudulentos. 

SEGUNDO: Advertir que dentro del plazo de DOS MESES (2) siguientes contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, la contribuyente puede interponer el recurso de reconsideración ante la división de gestión jurídica de esta seccional de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del estatuto tributario previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 722 del mismo ordenamiento; y radicado en el grupo interno de trabajo de documentación de la dirección seccional de impuestos Cúcuta, ubicada en la calle 8ª Avenidas 3 y 4 edificio Santander; acreditando la personería con que actúa (art. 555 y 557, del E.T.). 

NOTIFICACIÓN: Notificar a la Contribuyente en su dirección registrada en el RUT y comunicar a la compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578-6; de conformidad con lo establecido en los artículos 555-2, 565 y 568 del estatuto tributario, y Circular 140 de 2004”. 

Así, contrario a lo afirmado por la Aseguradora, la resolución sanción no estableció que la responsabilidad de la compañía desbordaba el límite del valor asegurado en la póliza, pues se limitó a imponer la sanción por devolución improcedente prevista en el artículo 670 del estatuto tributario a cargo de la señora María Isabel Medina Apolón y a ordenar la notificación de dicho acto a la Aseguradora, en calidad de garante, sin establecer monto alguno a su cargo.

Lo que dispuso el acto sancionatorio fue ordenar el reintegro de las sumas devueltas de forma improcedente, más el valor de los intereses moratorios correspondientes, incrementados en el 50%, a título de sanción y, adicionalmente le impuso a la contribuyente la sanción del 500% del valor devuelto por la utilización de medios fraudulentos.

De igual forma, como lo prevé el artículo 860 del estatuto tributario, el acto administrativo demandado dispuso la exigibilidad de la obligación garantizada, sin que por ello, se reitera, pueda afirmarse que la administración haya tasado el valor con que debe responder la firma aseguradora, en calidad de garante de dicha obligación.

Cabe advertir que con base en la resolución sanción, la determinación del monto de la deuda a cargo de la aseguradora debe hacerse en el mandamiento de pago y que la aseguradora responde dentro del límite de la cobertura del riesgo asegurado(31).

En otro caso en que la compañía demandante presentó un argumento similar, la Sala advirtió que “el cargo así propuesto, constituiría una de las excepciones contra el mandamiento de pago, que podría proponer la aseguradora en caso de que la DIAN decidiera hacer efectiva la póliza y en el evento de que la obligación no sea tasada dentro de los límites de cobertura establecidos en la póliza de seguro(32)”. No prospera el cargo.

Firmeza de la declaración por la falta de notificación del requerimiento especial

Según la apelante, como el requerimiento especial no fue notificado a la aseguradora dentro de la oportunidad prevista en el artículo 714 del estatuto tributario, el 14 de diciembre de 2009 la declaración de IVA del 5º bimestre del año 2007 adquirió firmeza frente a la aseguradora.

La Sala reitera que en los términos del artículo 860 del estatuto tributario, el requerimiento especial que precede a la expedición de la liquidación oficial de revisión, al igual que este acto, solo deben notificarse al contribuyente, que es el titular de la relación jurídica sustancial, calidad que no tiene la garante. En consecuencia, no puede predicarse la firmeza del acto frente al garante.

En el mismo sentido, como ya se precisó, el artículo 860 del estatuto tributario exige que la notificación de la liquidación oficial de revisión dentro del término de vigencia de la póliza, que es de dos años, debe hacerse solo al contribuyente y no al garante de la obligación.

En consecuencia, la falta de notificación de la liquidación oficial de revisión al garante no afecta la vigencia de la póliza. No prospera el cargo.

Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para declarar la nulidad del contrato de seguro

El a quo sostuvo que carece de competencia para decidir sobre la nulidad del contrato de seguro, teniendo en cuenta que dicha pretensión no fue indicada en la demanda y que la jurisdicción competente es la ordinaria.

La aseguradora alegó que en el folio 36 de la demanda la actora planteó este cargo, motivo por el cual debió ser estudiado.

La Sala advierte que, en efecto, en la demanda la actora alegó que el contrato de seguro es nulo por cuanto la asegurada utilizó medios fraudulentos para obtener la devolución cuestionada. Lo anterior, porque, “el consentimiento otorgado por Seguros del Estado S.A., al momento de celebrar el contrato (momento de expedir la póliza), resultó viciado, ya que el ánimo del tomador era fraudulento, doloso y de mala fe (con fundamento en la sanción impuesta”.(33)

También debe advertirse que a pesar de que el a quo anunció que no estudiaría el cargo por no haberse planteado en la demanda, lo estudió pues concluyó que “el competente para decidir sobre dicha nulidad contractual es la jurisdicción ordinaria, al ser el contrato de seguro, uno de los regulados y previstos en el artículo 1036 ss., del Código de Comercio, debido a la calidad de personas privadas que ostentan tanto el asegurador como el asegurado. En consecuencia, este cargo de legalidad no está llamado a prosperar”.

Observa la Sala que el régimen del contrato de seguro es de derecho privado y además, está considerado por la ley como un acto de comercio, tanto es así, que el numeral 10 del artículo 20 del Código de Comercio señala que son actividades mercantiles las empresas de seguros y la actividad aseguradora. En consecuencia, el análisis sobre el régimen de la responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones contractuales, corresponde a la jurisdicción civil. Así lo precisó la Sala, en los siguientes términos(34):

“La ley comercial define al contrato de seguro como un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva; conformado por las siguientes partes: “1. El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y “2. El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos” (arts. 1036 y 1037 del C. de Co.).

Dicho contrato constituye un instrumento jurídico oportuno mediante el cual se asegura la ejecución oportuna y perfecta del objeto del contrato y frente al contrato estatal protege el interés público del posible incumplimiento de las obligaciones del contratista.  

Ahora bien, en cuanto a su naturaleza es derecho privado y además, está considerado por la ley como un acto de comercio, tanto es así, que el numeral 10 del artículo 20 del Código de Comercio señala que son actividades mercantiles las empresas de seguros y la actividad aseguradora. Pero, no obstante que el régimen jurídico aplicable sea por naturaleza de derecho privado y se regule básicamente por las normas del Código de Comercio; la cláusula de garantía incorporada en los contratos estatales es de orden público, pues su finalidad es la protección del patrimonio público”. 

Toda vez que el competente para decidir sobre dicha nulidad contractual es la jurisdicción ordinaria, no prospera el cargo.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la decisión del a quo de negar las pretensiones de la demanda.

Condena en costas y agencias en derecho

La sentencia apelada condenó en costas a la parte demandante. Esta decisión debe revocarse por las siguientes razones:

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:

“CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 

En materia de costas, la normativa aplicable a los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo establece la regla, según la cual, en la sentencia, el juez debe pronunciarse sobre la condena en costas, con excepción de los asuntos de interés público. Además, señala que la liquidación y ejecución de estas se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala las reglas para su determinación, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. 

En el presente asunto, se está ante la circunstancia prevista en el numeral 1º, dado que el tribunal negó las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, tal circunstancia está sujeta a la regla del numeral 8, según la cual solo habrá lugar a condenar en costas cuando aparezcan causadas en el expediente y se hallen probadas.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, señaló lo siguiente:

“La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. (Subraya la Sala)

En el caso concreto, no existe prueba que justifique la condena en costas, razón suficiente para, como se advirtió, revocar la decisión del a quo en este aspecto (numeral cuarto de la parte resolutiva). En su lugar, se dispone no condenar en costas al demandante.

En suma, se revoca el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, no se condena en costas a la parte demandante. También se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva, que dispuso declararse inhibido para decidir sobre la legalidad de los oficios 107201241-0282 y 107201241-283 del 13 de junio del 2011, pues tales oficios no fueron demandados por la actora. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

Como consecuencia de revocar el numeral segundo de la parte resolutiva y no reemplazar esa decisión, la parte resolutiva queda con cuatro numerales y no con cinco, en los siguientes términos: en el numeral primero, se niegan las pretensiones, en el numeral segundo, se ordena devolver a la actora los gastos del proceso, en el numeral tercero se niega la condena en costas y en el numeral cuarto, se ordena el archivo del expediente, una vez esté en firme la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCANSE los numerales segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada y de acuerdo con la parte motiva, dispone:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. DEVUÉLVANSE a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

3. No se condena en costas a la parte demandante.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

17 ART. 860.—Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración de Impuestos, dentro de los diez (10) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro.

La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la administración tributaria notifica liquidación oficial de revisión, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con posterioridad a los dos años.

18 Auto de 28 de agosto de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

19 Auto de 21 de mayo de 2014, Exp. 19879, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

20 Entre otras, ver sentencias de 12 de abril de 2002, Exp. 12466, C.P. German Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de 2002, Exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009, Exp. 16885 C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz y auto de 28 de julio de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

21 Fl. 62 cdno. ppal.

22 Fl. 96 cdno. prueba Nº 1.

23 Fls. 137 a 150 cdno. pruebas Nº 1.

24 Sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp 15586, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

25 Código Contencioso Administrativo, artículo 48. Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46.

26 Auto del 28 de agosto de 2013, Exp. 19880 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

27 Auto del 21 de mayo de 2014, Exp. 19879 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

28 Fl. 45 cdno. ppal.

29 Fl. 5 cuaderno prueba Nº 1

30 Fl. 62 cdno. ppal.

31 Auto del 21 de mayo de 2014, Exp. 19879, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

32 Sentencia 20493 del 27 de agosto de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

33 Folio 37 cdno. ppal.

34 Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2003, Exp. 19929, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.