Sentencia 2012-00153/2398-2014 de febrero 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 730012333000201200153 01

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Nº interno: 2398-2014

Demandante: Maria Rubiela Ortíz Bermudez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Medio de control: pensión gracia

Segunda instancia - Ley 1437 de 2011

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de definir si la demandante para el 31 de diciembre de 1980, se encontraba vinculada como docente nacionalizada para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, conforme con lo preceptuado en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.

El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la sentencia recurrida, declaró la ocurrencia del silencio administrativo negativo, la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación en favor de la señora Maria Rubiela Ortiz Bermúdez, a partir del 9 de marzo de 2008, con inclusión de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios.

2.3. Hechos probados.

A folio 15 del expediente, obra copia simple del registro civil de nacimiento de la señora Ortiz Bermúdez en el cual se observa que nació el 21 de octubre de 1954, es decir, que para la fecha en que se presentó la solicitud —9 de marzo de 2011—, contaba con 56 años de edad.

De los antecedentes administrativos, obra copia del formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 2 de diciembre de 2010 (fls. 176-177 reverso), en el cual se observa que la demandante ostento una vinculación como docente de primaria del orden nacionalizado, así:

— Decreto 818 del 10 de junio de 1981 (fl. 133) fue vinculada al Plantel Educativo Gabriela Mistral en el municipio de Dolores (Tolima), cargo que desempeño a partir del 16 de julio de 1981 (fl. 134) hasta el 18 de junio de 1990.

— Decreto 129 del 19 de febrero de 1990 fue incorporada a esta misma institución educativa, a partir del 19 de febrero de 1990 y hasta el 15 de julio de 1994.

— Decreto 59 del 16 de julio de 1994 fue designada en el Plantel Educativo Antonia Santos del municipio de Dolores (Tolima), a partir del 16 de julio de 1994 hasta el 29 de diciembre de 1997.

— Decreto 1401 del 30 de diciembre de 1997 designada en el Plantel Educativo Antonia Santos, para desempeñarse como docentes desde el 30 de diciembre de 1997 hasta el 14 de diciembre de 2000.

— Resolución 1996 del 15 de diciembre de 2000, trasladada a la Institución Doima en el municipio de Piedras (Tol.) a partir del 15 de diciembre de 2000 hasta el 11 de enero de 2005.

— Se retiró voluntariamente a partir del 31 de enero de 2010, el cual fue aceptado mediante Resolución 166 del 27 de enero de 2010. 1

A folio 12 del expediente, obra certificación suscrita por el Rector y Coordinador de la Institución Educativa “Antonia Santos” del municipio de Dolores (Tolima), mediante la cual le informó a la entidad demandada, que la señora Mariela Rubiela Ortíz Bermúdez “laboró en esta Institución Educativa durante los años lectivos de 1980 y 1981 en la jornada nocturna”.

No obstante lo anterior, mediante comunicación dirigida a la Subgerente de Normalización de la Unidad de Gestión Misional - Patrimonio Autónomo “Buen Futuro”, la Coordinadora de Talento Humano de la Secretaría de Educación de la gobernación del Tolima, visible a folio 138 del expediente, en respuesta a la petición elevada, manifiesta que “una vez revisados nuevamente los archivos sistemáticos y físicos tanto de la Secretaría de Educación como del archivo departamental (1º piso de la gobernación) noseencontróinformaciónalgunadelaseñoraMariaRubiela,anterioralavigenciade1980. Sin embargo, si la señora posee algún documento que desvirtúe lo anteriormente dicho, le sugiero muy respetuosamente informarle a la señora que debe acercarse a esta secretaría con esos documentos para aclarar su tiempo de servicios.”. (Resalta y subraya la Sala).

En el mismo sentido, el rector de la Institución Educativa “Antonia Santos” en respuesta al derecho de petición del 10 de mayo de 2011, elevado por la coordinadora de Buen Futuro, manifestó que (fl. 139):

“(...) revisados los archivos de la Institución Educativa “Antonia Santos” del municipio de Dolores Tolima, y el archivo documental de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental del Tolima, NOseencontróningúnACTOADMINISTRATIVODENOMBRAMIENTO- ACTADEPOSESIÓNY/ODECRETODEVINCULACIÓN, correspondientealavigenciadelaño1980. (Subraya la Sala).

En el archivo documental de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental solo aparece registrado el Decreto 818 de 10 de junio de 1981 y el acta de posesión de 16 de julio de 1981.”.

(...).”.

Mediante solicitud presentada ante la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación el 9 de marzo de 2011, la demandante peticionó el reconocimiento de la pensión gracia.

Por Resolución UGM 2519 del 14 de diciembre de 2011 (fls. 5-7), la entidad demandada da respuesta en forma negativa, al considerar que los años lectivos 1980 - 1981 no se pueden tener en cuenta, por no obrar acto de nombramiento, vinculación o posesión; acto administrativo notificado el 28 de diciembre de 2011 (fl. 8). Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición (fls. 9-10), sin que la entidad demandada hiciera manifestación alguna al respecto.

Por requerimiento realizado por auto de mejor proveer de fecha 9 de mayo de 2017 (fl. 321), previo a dictar sentencia de segunda instancia, con el fin de que se informara la modalidad de vinculación que ostentaba la demandante, la Secretaria de Educación Departamental del Tolima, hizo constar que la señora María Rubiela Ortíz Bermúdez, ingresó a trabajar para la entidad el 16dejuliode1981, desempeñándose como docente hasta el 31 de enero de 2010, en la Institución Educativa Doima en el municipio de Piedras (Tolima) —fl. 335—.

Así mismo, allegó formato único para la expedición de certificado de historia laboral con fecha 4 de julio de 2017, en el cual se observa que la demandante se vinculó como docente de primaria, con régimen de pensiones nacionalizado, a partir del 16 de julio de 1981 (fl. 336), para tales efectos allegó los actos administrativos de nombramiento (1981), posesión, designación (1997) y traslado (2000). Así mismo, acompañó copia de la Resolución 166 del 27 de enero de 2010 mediante el cual se aceptó la renuncia a partir del 1º de febrero de 2010 (fls. 346-347).

2.4. Análisis de la Sala.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. A su vez, el numeral 3 del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, prescribía que para ser acreedor a la gracia de la pensión, era preciso que el interesado, entre otras cosas, comprobara “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6º(3), a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933(4), el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. De lo que se concluye, que la pensión gracia no se limitó a los maestros de primaria, sino que cobija a quienes hubieren prestado sus servicios como normalistas o inspectores educativos, y que el tiempo de servicios se puede completar con el prestado en secundaria o, incluso, haberse laborado solo en este nivel.

Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 a través de la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías y en ella se estableció que “La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley”(5).

Finalmente, el literal a), numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para losdocentesvinculadoshastael31dediciembrede1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. […].”.

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(6), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:

“(...) 4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “…. con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “… otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

5. La norma mencionada, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para losdocentesnacionalizadosquesehayanvinculadodespuésdelafechaaqueseacabadehacerreferencia,noexistelaposibilidaddelreconocimientodetalpensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “… pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, No. 2, art. 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. (...).”.

Ahora bien, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-084 del 4 de mayo de 1999, al estudiar la constitucionalidad del literal b) del ordinal 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989(7), concluyó:

“3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.

De manera pues que, en cuanto a las situaciones jurídicas particulares y concretas, ya constituidas, ellas en nada resultan afectadas por la nueva normatividad.

3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para estos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del tesoro público, situación esta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (L. 114/13, art. 4º, num. 3º), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

3.2.3. La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, solo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación […].”.

De lo anterior se concluye que la pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, fue concebida como una prerrogativa gratuita en favor de los docentes nacionalizados con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que quienes se hayan vinculado con posterioridad a esta fecha, no tienen la posibilidad de acceder a dicho reconocimiento prestacional, sino exclusivamente a la establecida en el literal b) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir, a una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año, que se otorga por igual tanto a docentes nacionales como nacionalizados.

Conforme con lo expuesto, la Sala procederá a verificar si la señora María Rubiela Ortíz Bermúdez cumple con el requisito de haberse vinculado en la docencia oficial del orden territorial y/o nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, para así determinar si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.

En relación con el tiempo de servicio acreditado por la demandante para efectos del reconocimiento pensional, se estableció que:

Por Decreto 818 del 10 de junio de 1981, el gobernador del departamento del Tolima nombró a la demandante como docente en el Plantel Educativo Gabriela Mistral en el municipio de Dolores (Tolima), a partir del 16 de julio de 1981, cargo que desempeñó hasta el 29 de diciembre de 1997, fecha en que fue designada en el Plantel Educativo Antonia Santos a partir del 30 de diciembre de 1997 hasta el 14 de diciembre de 2000, cuando fue trasladada al Instituto Doima en el municipio de Piedras (Tol), a partir del 15 de diciembre de 2000, cargo que desempeñó hasta cuando presentó renuncia a partir del 1º de febrero de 2010.

Previo a dictar sentencia, el magistrado ponente advirtió inconsistencias entre los certificados allegados al expediente, en los cuales se hacía constar que la demandante se había vinculado para los años 1980 y 1981 como docente en el Colegio Bachillerato Nocturno “Antonia Santos” en el municipio de Dolores (Tolima). Para tal efecto, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante auto para mejor proveer del 9 de mayo de 2017 (fl. 321), se solicitó información sobre la clase de vinculación que ostentaba la señora Ortíz Bermúdez.

El Secretario de Educación Departamental del Tolima hizo constar que ingresó como docente el 16 de julio de 1981 hasta el 31 de enero de 2010 (fl. 335), para tal efecto, allegó copia del acto de nombramiento —Decreto 818 del 10 de junio de 1981 y posesión llevada a cabo el 16 de julio de la misma anualidad— junto a los posteriores actos de incorporación, traslado y aceptación de renuncia, referentes a la señora Ortíz Bermúdez.

Si bien el a quo en la sentencia objeto de censura, encontró probado que la demandante estuvo vinculada como docente para los años 1980-1981, esta afirmación no se pudo corroborar en esta instancia, pues del análisis de las pruebas allegadas, no se estableció la vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, requisito contemplado en el inciso primero del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por lo tanto los tiempos de servicios desempeñados a partir del 16 de julio de 1981 por la señora María Rubiela Ortíz Bermúdez, no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión de gracia, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta corporación, lo que le impide el reconocimiento, dado el carácter excepcional con que fue instituida, pues es indispensable acreditar que la interesada haya prestado los servicios en planteles departamentales o municipales antes del 30 de diciembre de 1980, supuestos fácticos que no se cumplen en el sub examine.

La Sala no puede dar por cierto, que la demandante estuvo vinculada con la Institución Educativa Antonia Santos en el municipio de Dolores (Tol), para los años lectivos 1980 - 1981, tal y como se sustentó en el escrito de demanda y el juez de primera instancia lo encontró probado, y tener por ciertos el hecho de que los documentos que así lo confirmaban, fueron destruidos a raíz de la toma guerrillera de la que fue objeto el municipio en el año 2000, sin que exista prueba que lo confirme; pues si ello fuera así, la interesada debió solicitar ante la entidad encargada la reconstrucción de dichos documentos, con el objeto de demostrar su vinculación en dicho tiempo y hacer valer y salvaguardar sus posibles derechos prestacionales, previo a la solicitud de reconocimiento realizada a la entidad demandada, circunstancia que no se demostró a lo largo del proceso, y afirmado por el alcalde municipal de Dolores (Tol), en el oficio de fecha 8 de octubre de 2013, obrante en el cuaderno II.

En este orden de ideas, y contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia objeto de estudio, la Sala constató que la señora María Rubiela Ortíz Bermúdez, ingresó a prestar sus servicios como docente nacionalizada a partir del 16 de julio de 1981 mediante designación realizada por Decreto 818 del 10 de junio de 1981, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, por lo que no es apta para acceder al reconocimiento de la pensión gracia pretendida, por no cumplir con el requerimiento de encontrarse vinculada como docente territorial, con anterioridad a la mencionada fecha.

La Sala reitera que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, únicamente los docentes que presten sus servicios a instituciones educativas del orden territorial o nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, tendrían derecho al reconocimiento y pago de una prestación pensional gracia, por lo que resulta evidente que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el a quo, en la cual se accedieron a negaron las pretensiones de la demanda.

III. Decisión

Corolario de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 13 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo del Tolima, y, en su lugar, se negará el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación en favor de la señora María Rubiela Ortíz Bermúdez, en cuanto se logró establecer que prestó sus servicios como docente con vinculación de carácter nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, circunstancia que hace que los actos administrativos enjuiciados, conserven la presunción de legalidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por la señora Maria Rubiela Ortíz Bermúdez contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

En su lugar, se dispone:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Por secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

3 “Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.”.

4 “(...) Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.

5 Artículo 1º de la Ley 43 de 1975.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

7 Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley. Ley 812 de 2003; art. 81.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.