Sentencia 2012-00154 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000-2012-00154-01 (21011)

Consejero ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Compañía colombiana de tejidos S.A. – Coltejer S.A.

Demandado: Departamento de Antioquia

Decisión: Confirma la sentencia apelada

Asunto: Impuesto de registro – Capitalización del pasivo derivado del acuerdo de reestructuración empresarial

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

Problema jurídico

En primer lugar, debe la Sala determinar si los oficios demandados son actos administrativos susceptibles de control de legalidad mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Dilucidado lo anterior, y en el evento de que se decida que los oficios demandados constituyen actos administrativos susceptibles de control de legalidad ante esta jurisdicción, se debe analizar si la inscripción del aumento del capital suscrito y pagado por Coletejer S.A, en lo referente al monto de la capitalización de pasivos, está gravada con el impuesto de registro como un acto sin cuantía, conforme con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 550 de 1999.

1. El acto administrativo

Para resolver el caso sub examine, es necesario abordar el tema del acto administrativo.

Pues bien, se entiende por acto administrativo toda manifestación de la voluntad de la administración, capaz de producir efectos jurídicos, ya sea creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica(3).

Dentro de este concepto encaja toda expresión de la voluntad de la administración, siempre que de su contenido se deriven los efectos citados, independientemente de la forma o la denominación que se le dé (resolución, oficio, certificación, etc.).

Tratándose de actos administrativos de contenido particular o individual, se identifican los elementos claves para llegar a la conclusión de que se trata de esta clase de acto, a saber: (i) expresión o manifestación concreta o específica, proveniente de quienes ejercen funciones administrativas, inclusive de los particulares a quienes se les hubieren atribuido dichas funciones, (ii) de naturaleza unilateral, (iii) expresión de la voluntad y (iv) con naturaleza decisoria(4).

Respecto de la naturaleza decisoria que debe tener el acto administrativo, es importante aclarar que si la manifestación de la voluntad de la administración carece de este atributo —decisorio—, no se puede predicar que produzca efectos jurídicos creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica, es decir, aunque se trata de un acto de la administración, no se trata de un acto administrativo; por lo tanto, no puede ser sometido a control de legalidad.

Conforme con estas precisiones, le corresponde a la Sala determinar si los oficios demandados son o no un acto administrativo, para lo cual es preciso analizar el contenido de los mismos.

2. Antecedentes de los oficios demandados y contenido de los mismos.

2.1. En este asunto se solicita la nulidad de los siguientes oficios:

Oficio del 8 de junio de 2011, notificado el 16 de junio de 2011, mediante el cual la directora de rentas departamentales de la secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia dio respuesta al derecho de petición presentado por Coltejer S.A. en relación con la liquidación del impuesto de registro en aumentos de capital en procesos de reestructuración empresarial.

Oficio del 21 de septiembre de 2011, notificado el 27 de septiembre de ese mismo año, por el cual la Directora de Rentas Departamentales de Antioquia dio respuesta a la solicitud del “Recurso de Reconsideración contra la respuesta al derecho de petición del 8 de junio de 2011”.

2.2 Estos oficios son el resultado de una actuación iniciada con ocasión del derecho de petición en interés particular presentado por Coltejer S.A.

Para mejor ilustrar, se relacionan los antecedentes de los oficios demandados y su contenido, así:

2.2.1 Además de los hechos relacionados en esta providencia, que se encuentran debidamente acreditados con las pruebas documentales aportadas al expediente, en especial, lo relacionado con el proceso se reestructuración empresarial al que se sometió Coltejer S.A., está probado que el 20 de mayo de 2011, la representante legal de la sociedad Coltejer S.A. presentó derecho de petición ante la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, mediante el cual solicitó que se “realice el respectivo registro del aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, en lo referente al monto de la capitalización de pasivos como un acto sin cuantía”(5), porque el aumento de capital suscrito y pagado para efectos del registro, en virtud de la capitalización de pasivos derivados del acuerdo de reestructuración (hecho no discutido), debe considerarse como acto sin cuantía, si se tiene en cuenta que la finalidad de la Ley 550 de 1999 era hacer menos gravosa la situación económica en la que se encontraban las empresas que tramitaron estos acuerdos y su posterior ejecución.

Esta solicitud se fundamentó en el contenido del artículo 31 de la Ley 550 de 1999, en el concepto de la Superintendencia de Sociedades 155-036546 del 29 de julio de 2001, en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2008(6), en el concepto de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin número ni fecha, y en comunicados de las Cámaras de Comercio de Cali y Bogotá que señalan como actos exentos del impuesto de registro, entre otros, los documentos de aumentos de capital provenientes de capitalización de pasivos dentro de los acuerdos de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999.

2.2.2. Mediante comunicado de fecha “2 de marzo de 2011”, el director jurídico y de registros de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en cumplimiento del artículo 33 del CCA remitió, por competencia, a la directora de rentas departamentales de la secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia, el anterior derecho de petición, en los términos que se transcriben a continuación:

“Teniendo en cuenta que nuestra entidad en virtud del convenio suscrito con el departamento de Antioquia, liquida y recauda el pago correspondiente al impuesto de registro, conforme a las instrucciones precisas impartidas por la dependencia.

Le damos traslado del derecho de petición presentado por la representante Legal (sic) de la sociedad Coltejer S.A. por medio del cual solicita el registro del aumento de capital suscrito y pagado de la referida sociedad por la suma de $381.281.132.982 teniendo dicho aumento para efectos del pago del impuesto de registro, como un acto sin cuantía”(7).

2.2.3. El 8 de junio de 2011, la directora de rentas departamentales de la secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia, en comunicado dirigido a la representante legal de Coltejer S.A., dio respuesta al derecho de petición, en los siguientes términos:

“En atención a su oficio radicado el 27 de mayo de 2011 con el Nº 201100075651 según traslado realizado por la dirección jurídica y de registro de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur mediante el cual solicita en derecho de petición a esa entidad para que registre como acto sin cuantía el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía en lo referente al monto de la capitalización de pasivos, argumentando que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 550 de 1999, para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro, el citado acto se considerará “sin cuantía” y en consecuencia, también se liquidará bajo esa circunstancia el impuesto de registro; al respecto me permito ilustrarle:” (negrilla de la Sala).

“1. Derecho e impuesto de registro

Como existe confusión entre los vocablos “derechos” e “Impuesto” de registro, la ley establece sus diferencias y define para cada etapa su naturaleza y objetivos, es así que como la Ley 223 de 1995 y su Decreto Reglamentario 650 de 1996 regulan lo atinente al impuesto de registro que se tramita ante el departamento donde se efectúa el registro: el hecho generador, los sujetos pasivos, su causación, la base gravable (Actos con cuantía y actos sin cuantía), las tarifas para su cobro, las exenciones, el lugar del pago, su administración y su control que para el caso presente por Ordenanza 3E de 1996 se adelanta ante la dirección de rentas departamentales; en cambio, el Decreto 1250 de 1970 regula lo concerniente a los Derechos de registro (tasa) que se surten ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, como por ejemplo: qué actos son registrables, el monto de registro y su cancelación, quién y cómo fija sus tarifas, etc; es decir, existe una total independencia en la regulación de sus trámites por lo que mal puede afirmarse que por ser etapas de un mismo proceso, deban llevar igual liquidación el impuesto y los derechos del registro (tasas) y es por esta razón que mal podría la dirección de rentas departamentales, aplicar las exenciones a los derechos de registro y notariales que las leyes 550 de 1999; 1116 de 2006 o el Decreto 2785 de 2008 (Reglamentario del 123 de la Ley 1116) o la Superintendencia ordena para las notarías y las oficinas de registro.

(…)

Como se puede apreciar, las citadas leyes en momento alguno regulan lo atinente a la liquidación del impuesto de registro, porque como ya se observó, siendo este tributo de carácter departamental según lo estatuyen la Ley 223 de 1995 en sus artículos 230; 232 y 235 y el Decreto Reglamentario 650 de 1996 en su Artículo 9º, mal pueden otros ordenamientos de carácter nacional, determinar la cuantía de actos, contratos o negocios jurídicos que tributan a las entidades territoriales sin antes atentar contra su autonomía tal y como lo prohíbe la Constitución Nacional en su artículo 294 y es por esta razón que las normas dictadas en leyes y decretos reglamentarios y en los actos emanados de la Superintendencia de Notariado y Registro aplican únicamente para las Oficinas de Registro y para las notarías pero no para las entidades que liquidan el impuesto territorial de Registro que son autónomos en su regulación.

2. Aumento de capital dentro del Acuerdo de Reestructuración:

(…)

No obstante que adjunta apartes del Concepto de septiembre 25 de 2008 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado ante la solicitud del pronunciamiento que el Ministro de Hacienda y Crédito Público (sic) sobre si es viable jurídicamente que las entidades territoriales cobren el impuesto de registro por concepto de aumento de capital suscrito efectuado por las sociedades que se encuentren en ejecución de un acuerdo de reestructuración de pasivos con base en la Ley 550 de 1999, este Despacho mantiene su criterio sosteniendo que sí procede esa liquidación como acto con cuantía con fundamento en que el citado concepto no tiene carácter vinculante y además, porque en los apartes ya emitidos en respuestas a otras solicitudes anteriores, se ilustra que por mandato constitucional “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales.” (art. 294).

Conceptuar como lo hace el H. Consejo de Estado que el artículo 31 consideró como acto sin cuantía el aumento de capital dentro del Acuerdo de Reestructuración para efectos del impuesto de registro, es similar a pretender que la Ley 550 creó una exención o concedió un tratamiento preferencial a las empresas que se encuentran dentro del marco de una reestructuración sin antes atentar contra el artículo 294 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, se ampara esta oficina en el artículo 4º de la Constitución Nacional cuando determina que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales; obsérvese que allí se configura la supremacía constitucional.

(…)

Lo anterior nos ilustra en lo que se conoce como “excepción de inconstitucionalidad” o “excepción de inaplicabilidad”, conforme a la cual cualquier autoridad al momento de aplicar una norma o desarrollar una actuación puede no hacerlo si encuentra que ellas son contrarias a la preceptiva constitucional, superior y es en este aspecto que la dirección de rentas departamentales dispone liquidar el citado aumento de capital como “acto con cuantía” no solo a “Coltejer S.A.”, sino a otras empresas que en casos similares han solicitado su liquidación como “actos sin cuantía”. (negrilla de la Sala).

En síntesis, se acoge este despacho a lo establecido en el inciso primero del artículo 6º del Decreto 650 de 1996 en cuanto a que el acuerdo de reestructuración deberá liquidarse como un acto sin cuantía (4 SMLV); y en lo referente al artículo 31 de la Ley 550 de 1999 consideramos que es claro cuando ordena que el citado Acuerdo es un acto sin cuantía para efectos de los derechos (tasas) de registro, los cuales se surten ante la Cámara de Comercio respectiva, y en lo que atañe al aumento de capital allí acordado, señalamos que es un acto con cuantía porque así se desprende de los artículos 2º del Decreto 650 de 1996 y 153 de la Ley 488 de 1998.

Es importante aclarar lo que atañe al artículo 40 de la ley 550 de 1999 cuando señala que “el aumento de capital podrá ser inscrito, sin costo, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio competente”, que sobran toda clase de consideraciones toda vez que la norma es clara en determinar que para su registro en las Cámaras de Comercio no es necesario el pago de los derechos (tasas) correspondientes.

En igual sentido se ha pronunciado el H. Consejo de Estado en el citado Concepto de septiembre 25 de 2008 aportado por la solicitante cuando expresa que:

(…)

Finalmente le aclaro que los conceptos que expide la Superintendencia de Sociedades entre los cuales se encuentra el 155-036546 del 29 de julio de 2001, no tienen efecto vinculante para la Secretaría de Hacienda – dirección de rentas departamentales entre otras muchas razones, porque el tantas veces citado artículo 294 de la C.N. concede autonomía a los entes territoriales en relación con los tributos de su propiedad”(8).

Esta respuesta fue notificada el 16 de junio de 2011, por correo.

2.2.4. El 29 de junio de 2011, la apoderada general de Coltejer S.A. interpuso “Recurso de reconsideración contra la respuesta al derecho de petición del 8 de junio de 2011” (se destaca) y solicitó que “se realice el respectivo registro del aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, en lo referente al monto de la capitalización de pasivos como un acto sin cuantía y reconsidere la posición emitida en el (sic) la respuesta al derecho de petición anterior”(9).

2.2.5 El 21 de septiembre de 2011, la directora de rentas departamentales de la secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia, en comunicado dirigido a la representante legal de Coltejer S.A., se pronunció en relación con el documento denominado recurso de reconsideración.

Expuso lo siguiente:

“En atención a sus oficios radicados el 29 de junio y el 11 de julio de 2011 con los números 201100093253 y 20100098667 respectivamente mediante los cuales nos solicita liquidar el impuesto de registro como acto sin cuantía al aumento del capital suscrito y pagado de la compañía Coltejer S.A. en lo referente al monto de la capitalización de pasivos, argumentando que la situación especial de la Ley 550 de 1999 tiene que ser cumplida y no puede ser desconocida por los funcionarios que la aplican; al respecto me permito ilustrarle: (negrilla de la Sala).

Cordialmente le reitero el criterio que mantiene la Dirección de Rentas en nuestro oficio del 8 de junio de 2011 radicado con el Nº 20100039961 en especial en lo relacionado con la aplicación de los vocablos “derechos” e “Impuesto” de registro y en las razones por las cuales las escrituras públicas que se otorguen en desarrollo de los acuerdos de reestructuración (que según lo dispone el artículo 31 de la Ley 550 de 1999, son actos sin cuantía para efectos de los derechos notariales, de registro y de timbre), no tiene aplicación para la liquidación del impuesto de registro ante la dirección de rentas departamentales.

Con relación a los soportes legales expuestos en su solicitud del 11 de julio, igualmente le conceptúo: (negrilla de la Sala).

1. Exposición de motivos de la Ley 550 de 1999:

(…)

2. Ley 1116 de 2008:

(…)

3. El principio de legalidad del artículo 31 de la Ley 550 de 1999:

(…)

4. Autonomía patrimonial y fiscal de las entidades territoriales:

(…)

5. Concepto de la Superintendencia de Sociedades:

(…)

6. Concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección de Apoyo Fiscal (DAF)

7. Instructivos de las cámaras de comercio de Bogotá y Cali sobre el impuesto de registro.

Aunque desconocemos los fundamentos jurídicos por los cuales las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cali consideran exentos para efectos de la liquidación del impuesto de registro a los documentos de aumentos de capital provenientes de capitalización de pasivos dentro de los acuerdos de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999, lo cierto es que en lo que atañe al departamento de Antioquia según convenios preestablecidos con las Cámaras de Comercio de Medellín, Aburrá Sur y Oriente Antioqueño, ellas son autónomas para la liquidación del derecho o tasa de registro, pero para la liquidación del impuesto, se rigen por los lineamientos que les expida la dirección de rentas departamentales – Secretaría de Hacienda, razón por la cual liquidan el impuesto de registro como un acto con cuantía a los aumentos de capital en procesos de reestructuración empresarial tal y como lo disponen los artículos 31 y 40 de la multicitada ley”(10).(negrilla de la Sala).

Esta respuesta fue notificada el 27 de septiembre de 2011, mediante correo.

3. Naturaleza de los oficios demandados.

3.1. Revisado el contenido de los oficios demandados, concluye la Sala que estos no crean, extinguen o modifican una situación jurídica a favor o en contra de Coltejer S.A., en lo que tiene que ver con la liquidación y pago del impuesto de registro en el aumento de capital dentro del proceso de reestructuración empresarial, por las razones que se explican a continuación:

3.1.1. En la respuesta al derecho de petición inicial, la directora de rentas departamentales le expresa a la representante legal de Coltejer S.A., las razones por las cuales la dirección de rentas departamentales ha impartido la instrucción(11) a la entidad recaudadora, en este caso, a la cámara de comercio, para que ante la solicitud de inscripción del documento del aumento de capital dentro de los acuerdos de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999, la liquidación del impuesto de registro se haga teniendo en cuenta que se trata de un acto con cuantía.

Instrucción que, según lo pone de presente la dirección de rentas departamentales, se aplica no solo a Coltejer S.A., sino “a otras empresas que en casos similares han solicitado su liquidación como “actos sin cuantía”, es decir, que la “instrucción” en el sentido anotado, es anterior a la solicitud de registro presentada por la sociedad demandante.

Esa instrucción, a la que se refieren tanto la Dirección de Rentas del departamento de Antioquia como la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, en caso de comprobarse que contiene una decisión de la administración, capaz de producir efectos jurídicos y, por ende, que cuenta con la fuerza vinculante frente a los administrados, constituiría un acto administrativo susceptible de control de legalidad, lo que no ocurre con una simple referencia a la misma, como ocurre en este caso concreto, porque si se observa, en esta se reproduce el contenido de algunas normas y se hace referencia a las decisiones judiciales que se consideraron pertinentes para ilustrar sobre la posición que la Dirección de Rentas del departamento tiene respecto de que la inscripción del documento del aumento de capital dentro de los acuerdos de reestructuración previstos en la Ley 550 de 1999, es un acto con cuantía.

3.1.2. En el caso sub examine, la respuesta al derecho de petición no constituye una declaración mediante la cual se le esté imponiendo un deber u obligación a la sociedad demandante, porque el impuesto de registro está regulado por un procedimiento que debe ser atendido tanto por la administración como por el administrado.

Conforme con las normas especiales que rigen este tributo, se observa que el hecho generador del impuesto de registro está constituido por la inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los que sean parte o beneficiarios los particulares, que deban registrarse ante la Cámara de Comercio y/o en las oficinas de registro e instrumentos públicos (L. 223/95, art. 226).

Este impuesto se causa en el momento de la solicitud de inscripción en el registro (L. 223/95, art. 228), norma que dispone que “[e]l funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo de pago del impuesto”.

Es decir, este tributo tiene la particularidad de que se causa en el momento en que se solicita la inscripción de los actos, contratos o negocios jurídicos documentales, luego de lo cual, una vez efectuado el pago del tributo, obligatorio por disposición legal para que se proceda al registro, se radica el documento y la oficina competente procede a realizar el estudio pertinente para determinar si es procedente o viable la inscripción (hecho generador).

De manera que la obligación a cargo del contribuyente por concepto del impuesto de registro, surgió con ocasión de la solicitud de inscripción ante la Cámara de Comercio(12), que dio lugar al pago realizado el 12 de abril de 2012 por Coltejer S.A., y no de manera previa, con ocasión del derecho de petición analizado en este proceso.

3.1.3. En cuanto a la liquidación y recaudo del tributo, el legislador dispuso que las Oficinas de registro de instrumentos públicos y las cámaras de comercio serán responsables de realizar la liquidación y el recaudo. Sin embargo, dejó la alternativa de que sean los departamentos los que asuman la liquidación y recaudo del impuesto, por medio de las autoridades competentes de la administración fiscal departamental o de las instituciones financieras que las mismas autoricen para tal fin (L.223/95, art. 233), e incluso, que se apliquen sistemas mixtos en los que participen las oficinas de registro e instrumentos Públicos y/o las cámaras de comercio y/o las Tesorerías Municipales (L. 788/02, art. 57 de la).

En el caso concreto, según se desprende de las pruebas aportadas al expediente, existe un convenio entre el departamento de Antioquia y la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, para que esta liquide y recaude el impuesto de registro.

De manera que si el impuesto lo liquida la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, es su actuación (la de liquidación del tributo) la que puede ser cuestionada en sede administrativa y, posteriormente, en jurisdiccional, previa la solicitud de devolución del impuesto, independientemente de que la liquidación del tributo se haya realizado siguiendo una instrucción de la Dirección de Rentas del departamento de Antioquia.

En este caso, el 12 de abril de 2012 Coltejer S.A. pagó ante la Cámara de Comercio de Aburrá Sur la suma de $3.277.217.300 por concepto del impuesto de registro(13), por la inscripción del documento contentivo del capital suscrito y pagado; por lo tanto, si la sociedad considera que no debió pagar el impuesto liquidado o su pago fue en exceso, debe agotar el procedimiento previsto en el ordenamiento fiscal para obtener la devolución de lo pagado.

En conclusión, aunque la sociedad demandante, en ejercicio del derecho de petición en interés particular inició una actuación administrativa ante la dirección de rentas departamentales de la gobernación de Antioquia, esta no culminó con la expedición de un acto administrativo susceptible de control de legalidad ante esta jurisdicción, porque no creó, modificó o extinguió la obligación tributaria a cargo de Coltejer S.A., por concepto del impuesto de registro.

3.1.4. Finalmente, la Sala advierte que con esta providencia no se pretende desconocer la fuerza vinculante que tiene el pronunciamiento del juez constitucional, en este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en la sentencia del 14 de diciembre de 2011(14), sostuvo que la sociedad “cuenta con otros mecanismos de defensa ordinarios como lo es la vía contenciosa administrativa por conducto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que sea allí, en donde se discuta y se garanticen los derechos que dice el accionante fueron vulnerados por la entidad accionada”(15).

Lo que pasa es que en el caso sub examine, para el momento en el que se pronunció el juez constitucional, no se contaba con una proposición jurídica completa, por cuanto estos actos (respuestas al derecho de petición), no podían dar lugar al restablecimiento que pretende la parte actora.

En efecto, los actos acusados en este proceso y analizados por el juez constitucional en su oportunidad presentan una irreparable ruptura en su relación con la causa petendi, que no es otra que obtener la eventual devolución del pago realizado por concepto del impuesto de registro.

Insiste la Sala que el acto que creó la obligación tributaria a cargo de la sociedad, por concepto del impuesto de registro, es la liquidación del tributo realizada por la Cámara de Comercio, que dio origen al pago realizado por la sociedad; por lo tanto, esta actuación es la que debe ser cuestionada porque define de manera adecuada la pretensión de la parte actora, en el evento de que le asista razón en su reclamación, es decir, la eventual devolución del tributo.

4. Conclusión.

En consecuencia, como no procedía demandar la nulidad y restablecimiento del derecho de las respuestas emitidas por la dirección de rentas del departamento de Antioquia, le asiste razón al tribunal en cuanto declaró que los oficios demandados no son actos administrativos y se inhibió para proferir una decisión de fondo; por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia del 15 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Libardo Rodríguez Rodríguez lo define como “las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos”, en derecho administrativo general y colombiano, decimoctava edición, Editorial Temis, Bogotá, 2013, p. 307, en tanto que para Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández, el acto administrativo será “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”, en Curso de Derecho Administrativo Tomo I, decimosexta edición, Civitas, Pamplona, reimpresión 2014, p. 591.

(4) Jaime Orlando Santofimio Gamboa analiza los elementos del acto administrativo de carácter particular en su obra Tratado de Derecho Administrativo, Acto Administrativo, Procedimiento, Eficacia y Validez, Universidad Externado de Colombia, cuarta edición, Bogotá, 2003, reimpresa en 2007, pp. 132-136.

(5) Fls. 122-130.

(6) Radicado 1916, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(7) Fl. 133.

(8) Fls. 134-138.

(9) Fls. 139-146.

(10) Fls. 173-182.

(11) Obsérvese que el director jurídico y de registros de la cámara de comercio Aburrá Sur, en el oficio que remite por competencia el derecho de petición presentado por Coltejer S.A., le manifestó a la directora de rentas departamentales que esa entidad es la competente para resolver la solicitud, porque la liquidación y el recaudo del impuesto de registro que realiza “en virtud del convenio suscrito con el departamento de Antioquia”, se hace “conforme a las instrucciones precisas impartidas” por esa dependencia.

(12) El 17 de abril de 2012, el director jurídico y de registros públicos de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, certificó que el “12 de abril de 2012 se recibió para registrar el documento contentivo del aumento del capital suscrito y pagado por Coltejer S.A. con nit. 890.900.259-1, de $27.951.581.504 a $496.125.477.417, de conformidad con el art. 1 del decreto 1154 de 1984.” y que “[d]e este incremento de acuerdo al certificado expedido por el revisor fiscal para el registro del aumento del capital suscrito y pagado de Coltejer S.A., se capitalizó la suma de $381.296.539.220, correspondiente a acreencias derivadas del acuerdo de reestructuración empresarial de la empresa, LEY 550 DE 1999, de conformidad con el artículo 19 del citado acuerdo. El impuesto de registro correspondiente a este incremento ascendió a la suma de $2.859.724.044, los cuales fueron pagados como parte del recibo R001469963” del 12 de abril de 2012 (Fls. 291 y 292).

(13) Fls. 291 y 292.

(14) Esta providencia confirmó la sentencia del 11 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Medellín.

(15) Fl. 264.