Sentencia 2012-00155 de marzo 2 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2012-00155-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Beatriz Enciso de Blanco

Demandado: Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El habeas corpus está consagrado en la Constitución Política, en el artículo 30, reglamentado por la Ley 1095 de 2006, que en el artículo 1º establece: “El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine(4)”.

De lo anterior se colige que el habeas corpus es una garantía excepcional para la protección del derecho a la libertad personal, el cual está consagrado en el artículo 28(5) de la Carta Política, pero, de ningún modo, puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues no tiene carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto.

Además, son causales para solicitar el habeas corpus: 1) la violación de las garantías constitucionales y 2) la privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación.

Sobre estas causales, la Corte Constitucional,(6) al analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, precisó:

— “Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que esta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

— Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en esta.

— También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

— En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona (C.P., art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho.

— En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el habeas corpus”.

De la normativa constitucional, de la ley que la desarrolla, así como de la interpretación jurisprudencial, citadas se advierte que es presupuesto para la procedencia de habeas corpus la existencia de la privación de la libertad y que esta o su prolongación sean contrarias a la ley, pues el habeas corpus garantiza el derecho a la libertad personal.

En el caso, a juicio de la impugnante, se cumplen los presupuestos legales para la procedencia de la acción constitucional. Afirma que de manera ilegal se ha prolongado la privación de la libertad de la actora, porque han transcurrido más de 210 días, contados desde el día en que pasó el expediente al despacho para fallo a la fecha de radicación de la presente acción, sin que se haya proferido la sentencia correspondiente.

Adicionalmente, en el escrito de impugnación argumenta que la medida de aseguramiento fue revocada “sin prueba de ninguna clase, sin otros medios de prueba” y que la actora “sabe que no cometió ningún delito”, que “la justicia no le probó la comisión de delito”, que “no hay denuncia contra ella como autora del delito”, que ella “tiene conciencia” que el proceso es nulo, que en la audiencia “se demostró su conducta social” y que se le están violando sus derechos porque no se ha dictado sentencia en el proceso penal.

Sea lo primero destacar que la privación de la libertad de Beatriz Enciso de Blanco no es ilegal, toda vez que la misma obedece a la orden emitida por un funcionario competente, que se hizo efectiva el 11 de octubre de 2010, según consta en el numeral “7º” del informe rendido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C.(7).

De otra parte, que precluida la audiencia pública del 16 de agosto de 2011 el juez dispuso “que de manera inmediata ingrese la actuación al despacho para emitir el fallo correspondiente”,(8) según consta en el acta correspondiente que obra en los folios 26 a 28.

De acuerdo con el informe citado, el proceso que adelanta el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá es complejo, dadas las circunstancias particulares del caso, porque en él se presenta concurso de delitos, son once (11) los procesados(9) y se trata de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, que al momento en que fue rendido dicho informe, el proceso se encontraba en el turno cuarto para proferir el fallo correspondiente y se estaba adelantando el estudio del expediente(10) razones por las cuales no es posible atribuir al mismo la mora judicial para dictar sentencia, tal como se pretendió al formular la petición de habeas corpus.

Así, la situación aducida por la actora no revela el desconocimiento del derecho a la libertad, porque no es ilegal la privación de ese derecho ni es indebida la prolongación de la misma, por lo que resulta improcedente la acción constitucional.

Es preciso advertir que la petición de libertad por vencimiento de términos debe presentarse ante el juez que lleva la causa penal, funcionario judicial que debe examinar y decidir ese tipo de solicitudes.

Por otra parte, se reitera que este instrumento no puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues no es de carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto, así que, las cuestiones adicionales mencionadas por la impugnante deben ser debatidas ante el juez natural.

En consecuencia, la Sala Unitaria estima que la acción interpuesta no tiene vocación de prosperidad por las razones antes expuestas y, por tanto, confirmará la decisión impugnada.

Por lo anterior, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala Unitaria,

RESUELVE:

Confírmase la providencia del 23 de febrero del 2012 proferida por la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

Notifíquese por el medio más expedito posible a los actores y devuélvase al tribunal de origen.

Cúmplase».

(4) La cláusula pro homine es uno de los principios de interpretación en materia de derechos humanos, según la cual las restricciones a los derechos deben entenderse restrictivamente mientras que sus ampliaciones y accesos deben comprenderse extensivamente.

(5) Constitución Política, artículo 28. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

(6) C-187 del 2006, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

(7) Cfr. folio 11, en el numeral 7º “En lo que atañe a la privación de la libertad de los ciudadanos (...) y Beatriz Enciso de Blanco, debe advertirse que la misma obedece a la expedición de orden de captura impartida por la fiscalía instructora, misma que se hizo efectiva el 11 de octubre de 2011, en desarrollo de la audiencia preparatoria atendiendo el informe de captura remitido por la policía judicial de Puerto Boyacá, por los delitos de lavado de activos y rebelión, respectivamente, y que corresponde a la causa en comento”.

(8) Cfr. folio 28 “Decisión”.

(9) En las actas de las audiencias públicas que obran en los folios 23 a 28, se mencionan los nombres de las 11 personas, en las que se incluye el de la actora, contra las cuales se adelanta el proceso 11-001-31-07-005-2010-00048-00.

(10) Folio 12, numeral 9º.