Sentencia 2012-00156 de diciembre 6 de 2012

 

Sentencia 2012-00156 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 08001233300020120015601

Actora: Procuraduría 30 Judicial II Ambiental y Agrario y el Atlántico

Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otros.

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce

Acción de tutela

La Sala decide la impugnación formulada contra la sentencia de 14 de septiembre de 2012 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó por improcedente el amparo constitucional por una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

I. La pretensión y los hechos en que se funda

El ciudadano Mario Odilón Orozco Fontalvo, en su calidad de Procurador 30 Judicial II Ambiental y Agrario del Atlántico, instauró acción de tutela contra la Nación - Departamento del Atlántico - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en la cual invocó como vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes del Distrito de Barranquilla.

Dentro del acápite de pretensiones señaló:

“...se les ordene en un plazo prudencial y perentorio la implementación de un sistema de alcantarillado que permita la evacuación de las aguas lluvias hasta sitios donde no provoque daños a la vida y la salud de los habitantes del Distrito de Barranquilla...”(1).

El actor indica como fundamentos fácticos, en resumen, los siguientes:

1. El sistema hídrico del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está conformado por el Mar Caribe, las aguas del Río Magdalena, la Ciénaga, el Marroquín, los caños y los arroyos(2).

2. Los habitantes del Distrito de Barranquilla han convivido con los arroyos por más de cincuenta (50) años, tiempo en el cual las principales vías del Distrito se han convertido en caudalosos y peligrosos ríos(3), y a la fecha han muerto 43 personas por inmersión.

3. Los arroyos se constituyen en foco de contaminación, pues además de recoger la escorrentía superficial generada por las lluvias, recogen aguas negras, residuos sólidos y desechos de urbanizaciones.

II. La respuesta a la acción de tutela

II.1. La gobernación del Atlántico contestó la tutela, en síntesis, así:

Asegura que el departamento del Atlántico no tiene injerencia alguna en las presuntas vulneraciones que por efecto de la ola invernal afectan a los habitantes del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, es un ente territorial autónomo y diferente al departamento del Atlántico.

Solicita ser excluido de la presente acción, por falta de legitimación por pasiva.

Afirma que en el presente caso la tutela(4) es improcedente por cuanto lo que el actor pretende es la protección de derechos colectivos, objeto de una acción diferente.

II.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó la tutela, en síntesis, así:

Solicita vincular al Fondo de Restauración y Obras en Inversiones Hídricas del Distrito de Barranquilla - Fondo hídrico, cuya misión es entre otras, la de desarrollar y mejorar ambientalmente los recursos hídricos de ese Distrito, mediante el diseño, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de infraestructura necesarios, que aporten soluciones integrales a los problemas de seguridad, tranquilidad, salubridad y el sano esparcimiento de los habitantes del territorio en los parques y cuerpos existentes.

Indica que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ha tomado las medidas tendientes a evitar tragedias en las zonas donde se forman los arroyos y asegura que muchas de las muertes a que se alude en la tutela de la referencia, obedecen a imprudencia de los ciudadanos.

Solicita negar por improcedente la solicitud de amparo, considerando que no es la tutela sino la acción popular el mecanismo de defensa idóneo para defender los derechos invocados por el actor.

III. El fallo impugnado

La Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 14 de septiembre de 2012, rechazó por improcedente la presente acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

Sostiene que en el presente asunto se busca la protección de derechos colectivos, pretensiones que deben ser debatidas a través de la acción popular, y no en ejercicio de la acción de tutela, sin perjuicio de que proceda como mecanismo transitorio si se invoca la ocurrencia de un perjuicio irremediable, situación que no acontece en el caso que se examina.

Recuerda que en reiteradas oportunidades ese tribunal ha abordado la problemática de los arroyos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en ejercicio de la acción de tutela y de igual manera las ha rechazado por improcedentes, habida cuenta de que existe otro medio de defensa judicial, que es la acción popular.

IV. La impugnación

La parte actora solicita revocar el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, comoquiera que, para ella, se configura un perjuicio irremediable para los habitantes del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y como consecuencia pide sean tutelados los derechos a la vida y a la salud de los habitantes de ese Distrito.

V. Las Consideraciones de la Sala

Pretende el demandante la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, violados, a su juicio, por la Nación - Departamento del Atlántico - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

En orden a resolver lo pertinente en este asunto, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares, en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.

De acuerdo con la citada norma, la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del artículo 86 de la Constitución Política se infiere la existencia de dos reglas básicas que aseguran la procedencia de la acción de tutela, en primer lugar, que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, caso en el cual adquiere el carácter de mecanismo principal, y en segundo lugar, que, existiendo otro medio de defensa judicial, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así también el inciso 3 del artículo 86(1) de la Constitución Política, consagra el carácter subsidiario de la acción de tutela como mecanismo de defensa judicial, lo que supone que no procede en lugar de otra acción existente para los mismos efectos, por lo que no puede ser utilizada para reemplazar otros medios de defensa judicial ni para adicionarlos como instancia posterior cuando ya han sido utilizados.

Es por eso que se ha entendido que la acción de tutela fue concebida únicamente para dar solución eficiente a situacionesde hecho creadas por actos u omisiones que implican violación o amenaza de violación de un derecho fundamental respecto de las cuales el ordenamiento jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, es decir, tiene origen dentro del ordenamiento jurídico con el fin de dar respuesta oportuna a circunstancias en que, por la falta de previsiones normativas específicas, el afectado se ve expuesto a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona sus derechos fundamentales.

Comoquiera que en el presente caso la solicitud de amparo se dirige a obtener la implementación de un sistema de alcantarillado en el Distrito de Barranquilla, lo que sin duda guarda relación con la protección de los derechos colectivos relacionados con el acceso a la prestación de los servicios públicos, a la seguridad y salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la Sala colige que no se cumplen los presupuestos para que el juez de tutela pueda examinar el amparo deprecado, toda vez que no están en discusión acciones que impliquen vulneración de derechos fundamentales, en los términos de la norma constitucional aludida.

Conviene traer a colación el pronunciamiento que hiciera esta Sección el 10 de mayo de 2007, en el cual se diferenciaron los intereses subjetivos de los colectivos así:

“No deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables. La distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica. Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en relación con los derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o puede ejercerlo con exclusión de los demás, y solo por razones de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la indemnización cuando han sufrido un daño por una causa común, sin perjuicio de las acciones individuales que cada uno pueda iniciar”(5).

Por lo precedente, concluye la Sala que existiendo la acción popular(6), el actor cuenta con un mecanismo de defensa judicial diferente, lo que hace improcedente la tutela de los derechos invocados por medio de la presente acción.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de diciembre de 2012.

Magistrados: María Elizabeth García González, presidenta—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Folio 1 del expediente.

(2) A folio 1 del expediente el actor define los arroyos como corrientes de agua que se forman en las calles durante la temporada de lluvias, los que azotan a la ciudad durante algunos meses.

(3) Los principales arroyos de Barranquilla son Country, Rebolo, Lindero, Platanal, el Salado, La Paz y los de las carreras 8ª, 15, 19, 51, 53 58, 65 y 71.

(4) Decreto 2591 de 1991, ART. 1º—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.

(1) (...) Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...).

(5) Sentencia de 10 de mayo de 2007, Rad.: 76001233100020030185601, Actor: Fernando Bolaños Gil, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

(6) Artículo 88 de la Constitución Nacional, reglamentado por el Decreto 472 de 1998.