Sentencia 2012-00156 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 66001-23-31-000-2012-00156-01 [20416]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Luis Fernando Jaramillo Duque

Demandada: Municipio de Dosquebradas-Risaralda

Asunto: Acción de simple nulidad —ICA— servicio de notarías

FALLO

Bogotá, D.C. nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

La demandante controvierte la legalidad del aparte “servicios de notarías” del artículo 2º del Acuerdo 26 de 1º de septiembre de 2006, proferido por el Concejo Municipal de Dosquebradas-Risaralda.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, corresponde a la Sala analizar (i) si la autoridad territorial tiene la competencia para determinar servicios gravados con el impuesto de industria y comercio, adicionales a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 y (ii) si los “servicios de notarías” pueden ser catalogados como actividades de servicio sujetos al impuesto de industria y comercio.

Al respecto se advierte que sobre el tema de la facultad impositiva de los entes territoriales y, concretamente, frente a la sujeción del servicio de notarías al impuesto de industria y comercio, esta Sección(8) ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse y en esta oportunidad reiterará su criterio, como pasa a exponerse.

Facultad impositiva de las entidades territoriales

La Constitución Política de Colombia de 1991 mantuvo los principios de legalidad tributaria y autonomía de las entidades territoriales consagrados en la Constitución de 1886, así mismo, otorgó a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

El artículo 287 de la Carta dispuso que las entidades territoriales tienen autonomía para gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones a su cargo.

Resulta del caso resaltar el concepto de autonomía de las entidades territoriales, sobre el que la Corte Constitucional ha indicado:

“La Constitución institucionalizó el concepto de autonomía, con el fin de acentuar y fortalecer la descentralización territorial, de modo que las entidades territoriales gocen de un ámbito de libertad e independencia política, administrativa y fiscal, para la gestión de sus propios intereses, aunque bajo las limitaciones que se derivan de la Constitución y las que el legislador puede imponer respetando el núcleo o la esencia de dicha autonomía.

Conforme al artículo 287 de la Constitución es expresión de la autonomía el reconocimiento de las facultades que poseen las entidades territoriales para gobernarse por autoridades propias, ejercer competencias específicas acordes con la libertad de gestión de sus intereses, y administrar sus propios recursos, sea que estos provengan de los tributos que establezcan o de la participación en las rentas nacionales, con el propósito de atender a la realización de los cometidos que se les han asignado” (Subrayas fuera de texto)(9).

Por su parte, el artículo 338 de la Constitución consagra que en tiempo de paz, solo el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales o Distritales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales. A su vez, la norma dispuso que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

Del precepto en comento es pertinente realizar una interpretación armónica con lo previsto en los artículos 1º, 150 numeral 12, 287 numeral 3º, 300 numeral 4º y 313 numeral 4º de la Constitución, lo que permite inferir que en materia tributaria las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales no gozan de plena autonomía, toda vez que su potestad impositiva está enmarcada en los parámetros que fije la Constitución y la ley(10).

En este punto debe precisarse que, en materia de facultad impositiva de los entes territoriales, el criterio actual de la Sala quedó plasmado en la sentencia de 9 de julio de 2009, Exp. 16544(11), en la que se indicó lo siguiente:

“Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 se mantuvieron los principios de legalidad tributaria y de autonomía de las entidades municipales consagrados en la anterior Constitución, al disponer en el artículo 338:

ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

(...) (Subrayas fuera de texto).

La norma constitucional transcrita introduce como modificación que sean la Ley, las ordenanzas o los acuerdos las que determinen los elementos del tributo, en clara concordancia y desarrollo de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en los artículos 1º, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Carta, al conferirles a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

En efecto, la Corte Constitucional(12) respecto del artículo 338 de la Carta ha sostenido:

“Ante lo afirmado en la demanda, es necesario destacar que el aludido precepto constitucional no tiene el sentido de concentrar en el Congreso la competencia exclusiva y excluyente para establecer los elementos de todo tributo, incluidos los que establezcan las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales, pues ello implicaría, ni más ni menos, el desconocimiento del ámbito propio e inalienable que la Constitución reconoce a las entidades territoriales en cuanto al establecimiento de gravámenes en sus respectivos territorios.

(...).

“Cuando la Constitución estatuye que tales competencias de los cuerpos de elección popular habrán de ser ejercidas de acuerdo con la ley no está dando lugar a la absorción de la facultad por parte del Congreso, de tal manera que las asambleas y los concejos deban ceder absolutamente su poder de imposición al legislador. Este, por el contrario, al fijar las pautas y directrices dentro de las cuales obrarán esas corporaciones, tiene que dejar a ellas el margen que les ha sido asignado constitucionalmente para disponer, cada una dentro de las circunstancias y necesidades específicas de la correspondiente entidad territorial, lo que concierne a las características de los gravámenes que vayan a cobrar.

“Por eso, el mismo artículo 338 de la Constitución, que el demandante estima violado, dispone con claridad que no solamente la ley sino las ordenanzas y los acuerdos son los actos que consagrarán directamente los elementos de los tributos. Tal competencia está deferida, pues, según que el gravamen sea nacional, departamental, distrital o municipal, al Congreso, a las asambleas y a los concejos.

(...).

“Dentro de ese contexto, la referencia a la obligación de señalar en el acto creador del impuesto los elementos esenciales de la obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el tipo de gravamen, por el nivel territorial al que corresponda, de lo cual se infiere que si el legislador, como puede hacerlo (arts. 295, 300-4 y 313-4), decide regular o establecer normas generales sobre tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir, ni debe permitírsele, que en la ley respectiva incluya directamente todos los componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, sujetos activos, sujetos pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, el método y el sistema para recuperación de costos o la participación en beneficios —como sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales—, pues su función no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, la de sustituir a los órganos de estas en el ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los Departamentos y Municipios en tales aspectos”.

En consecuencia, en materia tributaria la facultad de los entes territoriales, no es ilimitada, pero a partir de la autorización general del legislador, pueden señalar los elementos de los tributos de conformidad con las pautas dadas por la ley, cuando esta no los haya fijado directamente.

Impuesto de Industria y Comercio - actividad de servicio

Tratándose del impuesto de industria y comercio, la Ley 14 de 1983 reguló el impuesto de industria y comercio, como un gravamen de carácter municipal que recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se realizan en los distritos especiales y en los municipios, ya sea en forma permanente o transitoria, y en establecimientos de comercio abiertos o no al público.

El artículo 36 de la Ley 14 de 1983 define las actividades de servicio gravadas, así:

Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas(13) actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra-venta y administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánica, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y vídeo, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.

La Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad de la expresión “o análogas”, contenida en la norma transcrita(14), advirtió que la enunciación de las actividades de servicios que hace el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, no es taxativa, por lo que la calificación de las actividades “análogas” a las enumeradas en tal disposición corresponde hacerla a los Concejos Municipales como ente facultado constitucionalmente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley(15).

En la misma oportunidad, la Corte manifestó que las actividades de servicios análogas a las consagradas por el legislador en el artículo 36 de la Ley 14 de 1984 son determinables, pues debe tratarse de servicios que guarden similitud o semejanza con los enunciados en la mencionada disposición.

Conforme a tales precisiones, debe concluirse que el legislador en la Ley 14 de 1983 fijó los elementos del impuesto de industria y comercio y dejó a los concejos municipales la calificación de las actividades de servicio análogas a las citadas en el artículo 36, pues se reitera, no se trata de una enunciación taxativa.

Actividad notarial

El servicio que prestan los notarios es de carácter público, según lo consagra el artículo 131 de la Constitución Política. La Corte Constitucional, al resolver sobre la exequibilidad de los numerales 6º y 7º del artículo 133 del Decreto 960 de 1970(16), reiteró que la prestación de dicho servicio apareja el cumplimiento de una función pública” y destaca lo siguiente:

“‘... los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de la “función fedante”, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de interés general.

(...).

Esta función de dar fe es además claramente de interés general por cuanto establece una presunción de veracidad sobre los documentos y los hechos certificados por el notario, con lo cual permite un mejor desarrollo de la cooperación social entre las personas, en la medida en que incrementa la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de los contratos y de las distintas actividades sociales...’(17).

Los notarios no son, en sentido subjetivo, servidores públicos, así objetivamente ejerzan la función de dar fe pública de los actos que requieren de su intervención. Son, en cambio, particulares que prestan en forma permanente la función pública notarial, bajo la figura de la descentralización por colaboración, de conformidad con los artículos 123 inciso final, 210 inciso segundo, y 365 inciso segundo, de la Carta Política.

En síntesis, las principales notas distintivas del servicio notarial, tal como se expuso en la Sentencia C-1508/2000, son: (i) es un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los particulares en desarrollo del principio de descentralización por colaboración y (v) a los cuales se les otorga la condición de autoridades”.

De acuerdo con lo anterior, la actividad notarial es un servicio público y constituye una función pública que implica el ejercicio de la fe notarial(18). La función fedante es competencia del Estado, desarrollada por particulares que, aunque ejercen tal función, no son servidores públicos(19).

Jurisprudencia de la Sección en relación con la sujeción del servicio notarial al impuesto de industria y comercio

En la sentencia del 13 de agosto de 1999(20) se consideró, con fundamento en la Sentencia C-741 de 1998, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio:

“Lo anterior significa que el servicio notarial encuadra dentro de la noción de servicio del numeral 4º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993, pues se reitera, el hecho de que la actividad notarial sea una función pública no excluye que sea un servicio público, ni el hecho de que sea un servicio público, impide que sea a su vez, función pública. Adicionalmente, y de conformidad con la definición de servicios que trae la citada norma, es una actividad de servicio que se concreta para quien lo presta, el notario en su calidad de tal, en una obligación de hacer, esto es, una obligación positiva, consistente esta en dar fe notarial, que mal podría confundirse con una obligación de dar que implica de suyo la transferencia del dominio.

Ahora bien, sobre la base de que la actividad notarial es un servicio público y una función pública, debe la Sala analizar si existe o no relación laboral, pues a juicio del actor existe una relación de trabajo entre el notario y el Estado dado el carácter de funcionario público del primero.

Al respecto debe observarse que de conformidad con el numeral 4º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993, Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata.

Nótese cómo la exigencia de la relación laboral es respecto de la persona que contrata el servicio, que en el caso de los notarios son los usuarios del mismo, por lo que mal puede esgrimirse como argumento, el vínculo existente entre el notario y el Estado, vínculo por demás que no requiere ser estudiado en el sub judice, pues, se repite, la relación laboral debe existir con las personas a las que se les presta el servicio.

En el presente caso, es evidente que entre los usuarios del servicio y los notarios no existe ningún vínculo laboral, pues, adicionalmente, se llegaría al absurdo de que el notario tendría tantos patronos como usuarios del servicio existieran en la notaría a su cargo.

Así las cosas, no está llamado a prosperar el cargo del actor en el sentido de que al existir una relación laboral con el Estado, no se cumplen todos los requisitos de la definición de servicios traída por el numeral 4º del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993”.

Si bien la anterior decisión fue proferida respecto de la normativa que rige el impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital, la Sección en sentencia del 5 de diciembre de 2003, Exp. 13911, M.P. Ligia López Díaz, decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira, para lo cual reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999, antes transcrita, e indicó lo siguiente:

“Al margen de lo anterior, y si bien no es materia de decisión en el presente proceso la no sujeción al impuesto de industria y comercio de los servicios notariales alegada por el accionante, la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal[2](21)” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En la misma línea jurisprudencial, la sentencia del 27 de mayo de 2010(22), que ahora se reitera, la Sala negó la nulidad contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 44 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá (Valle), que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notaría. En este mismo sentido, se pronunció la Sección en la sentencia del 21 de agosto de 2014(23).

De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que el servicio notarial es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.

Caso concreto

En el sub examine, el artículo 56 del Decreto 205 de marzo 28 de 2006(24), compilatorio del Estatuto Tributario de Dosquebradas —que es objeto de adición por la disposición acusada— definió la actividad de servicio como hecho generador del impuesto de industria y comercio, así:

“ACTIVIDADES DE SERVICIOS: Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer las necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: Expendio de bebidas y comidas, servicio de restaurante, cafés, hoteles, casa de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles, servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, servicio de portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine, arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, negocio de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho”.

De lo anterior se observa que el municipio de Dosquebradas optó por gravar las actividades de servicios y, para el efecto, no solo hizo referencia a las actividades que consideró gravadas, sino que también aludió a la expresión “análogas”.

Conforme a las precisiones hechas, la Sala advierte que la actividad notarial encuadra en la definición del artículo 56 del Decreto 205 de marzo 28 de 2006, además, tratándose del hecho generador del impuesto, el Concejo Municipal es la autoridad competente para definirlo, dentro de los límites que fije el legislador.

Así, el servicio prestado en las notarías, el cual encuadra en la definición de actividad de servicio, es gravado y, por ello, la autoridad municipal fijó la tarifa correspondiente.

Con fundamento en lo anterior, resulta del caso precisar que contrario a lo señalado por el a quo, si bien la norma enuncia las actividades de servicio, tal condición no impide que el concejo municipal establezca las actividades análogas a las descritas en la norma, dentro de los términos consagrados en la Constitución y la ley, como en efecto lo hizo el concejo municipal de Dosquebradas-Risaralda.

En esas condiciones, el texto de la disposición demandada “servicios de notarías” no debe ser anulado porque el servicio que prestan las notarías constituye una actividad de servicio que no se opone a la norma superior y su alcance debe ser entendido e interpretado de acuerdo con las normas que consagran el impuesto de industria y comercio.

Finalmente, la Sala considera necesario referirse al parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012(25), que dispuso lo siguiente:

ART. 15.—Radicación de documento o título vía electrónica en las notarías, despachos judiciales o entidades estatales. Una vez otorgado un título o documento de los relacionados en el artículo 4º, el Notario, la autoridad judicial, administrativa o estatal competente, a petición de cualquiera de los interesados o de manera oficiosa, podrá radicarlo en el sistema de información de registro o sistema adoptado para tal fin, remitiendo vía electrónica a la oficina de registro la copia del documento o título digitalizado con firma digital, así como los soportes documentales del cumplimiento del pago de los impuestos y derechos establecidos en la ley y decretos reglamentarios.

PAR. 1º—El pago de los impuestos y derechos de registro se podrá efectuar a través de medios virtuales o electrónicos bajo condiciones de seguridad y confiabilidad, debidamente integrados al proceso de registro. La Superintendencia de Notariado y Registro, reglamentará el procedimiento y desarrollo tecnológico para la puesta en marcha de este servicio.

PAR. 2º—Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen (Negrillas fuera de texto).

La Sala precisa que la norma transcrita no tiene aplicación para el caso concreto, pues los actos notariales y sujetos a registro, son diferentes a los ingresos que las notarías perciben en virtud de todos los trámites que los ciudadanos realizan ante ellas, a los que no se les aplica la exclusión de gravámenes contenida en la norma transcrita, teniendo en cuenta su alcance, pues una cosa es que no puedan gravarse con tributos locales los actos sujetos a registro, por ejemplo, una escritura pública de compraventa de un inmueble y otra, muy distinta, el ejercicio de la actividad notarial, que constituye un servicio gravado con el impuesto de industria y comercio, en los términos de las normas tributarias y de la jurisprudencia de esta Sección y que se reiteró en esta providencia.

Por las razones expuestas, se dará prosperidad al recurso interpuesto por la parte demandada, razón por la cual se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 30 de mayo de 2013 del Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar,

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase».

(8) Sentencia del 27 de mayo de 2007, Exp. 17324, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, criterio reiterado en la sentencia del 21 de agosto de 2014, Exp. 18338, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(9) C-495 de 1998.

(10) Sentencia de 25 de marzo de 2010, Exp. 16428, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E).

(11) M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(12) C-413 de 1996.

(13) Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional. Sentencia C-220 del 16 de mayo de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(14) Artículo subrogado por el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986 en el que aparece la misma expresión que fue declarada exequible en la misma Sentencia C-220/96.

(15) Sentencia de 23 de julio de 2009, Exp. 16684, reiterada el 18 de marzo de 2010, Exp. 17239, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(16) Sentencia C-1212 de 21 de noviembre de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(17) Sentencia C-741/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(18) En la sentencia citada la Corte aclara que “A diferencia de las normas citadas (D. 2163/70, leyes 29/73 y 588/2000) el artículo 1º del Decreto 960/70 señala expresamente que “el notariado es una función pública que implica el ejercicio de la fe pública o notarial. La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que este exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece”.

(19) En este sentido, entre otras, las sentencias de 13 de agosto de 1999, Exp. 9306, C.P. Delio Gómez Leyva (C.E.) y C-741/98 y C-399/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero (C. Const.).

(20) Exp. 9306, M.P. Delio Gómez Leyva.

(21) Sentencias de agosto 13 de 1999, Exp. 9306 C.P. Delio Gómez Leyva, de septiembre 1º de 1995, Exp. 6026 C.P. Consuelo Sarria Olcos, entre otras.

(22) Exp. 17324, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(23) Exp. 18338, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

(24) “POR EL CUAL SE COMPILA EL ACUERDO 37 DE 2002, ACUERDO 18 DE 2003, ACUERDO 3 DE 2004, ACUERDO 13 DE 2004, ACUERDO 37 DE 2004, ACUERDO 10 DE 2005, ACUERDO 40 DE 2005, ACUERDO 45 DE 2005 Y EL ACUERDO 6 DE 2006”.

(25) “Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”.