Sentencia 2012-00158 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00158-01 (49750)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: L.R.H.

Demandado: Nación - Rama Judicial

Referencia: Reparación directa (L. 1437/2011)

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes, terceros o intervinientes, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la pretensión de reparación directa; 4) las pruebas aportadas al proceso; 5) el caso concreto; 6) la culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad y 7) la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor L.R.H., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada(14).

2. La competencia de la Sala.

Si bien es cierto que al proferir el auto admisorio del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se estudió el tema de la competencia de esta corporación(15), resulta necesario precisar lo siguiente:

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “los(sic) reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (resalta la Sala).

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa(16), razón por la cual se concluye que esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de XXX.

Todo lo anterior con el fin de significar que, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el criterio de competencia por razón de la cuantía para los procesos con pretensión de reparación directa resulta aplicable, inclusive, para los asuntos que se tramiten con fundamento en los títulos de imputación de error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad(17) y como en este caso la pretensión mayor superó los 500 SMLMV, se concluye que el conocimiento de esta controversia, en segunda instancia, es del resorte de esta corporación.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2º, del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Sin perjuicio de la regla contenida en la mencionada disposición normativa, en los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, consideración que resulta compatible con la norma puesta de presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión absolutoria(18).

En el caso bajo estudio, la Sala considera necesario precisar que en la audiencia inicial el tribunal de primera instancia declaró la caducidad respecto de las pretensiones por error judicial, en relación con la providencia que dispuso la pérdida de investidura del aquí demandante, decisión que quedó en firme, puesto que no fue apelada.

Ahora, en cuanto a la privación injusta de la libertad, asunto frente al cual se fijó el litigio y se centró la presente controversia, se observa que la sentencia absolutoria proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue expedida el 15 de septiembre de 2010, de suerte que, independientemente de su ejecutoria y de la suspensión de la caducidad con ocasión de la conciliación prejudicial, la demanda podía ser presentada, en principio, hasta el 16 de septiembre de 2012 y como ello ocurrió el 10 de agosto de ese mismo año, se concluye que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad.

4. Las pruebas aportadas al proceso.

Tanto en la audiencia inicial como en la audiencia de pruebas se incorporaron en debida forma a la actuación, los siguientes documentos:

4.1. Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor L.R.H.(19).

— Copia auténtica del acta de la diligencia de indagatoria rendida por el señor L.R.H., el 25 de abril de 2003, ante la Corte Suprema de Justicia(20).

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de marzo de 2008, a través de la cual resolvió la situación jurídica del señor L.R.H. y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como probable autor del delito de peculado por apropiación(21).

— Copia auténtica del acta de derechos del capturado suscrita por el señor L.R.H., con ocasión de la aprehensión realizada por servidores de policía judicial, el 8 de marzo de 2008(22).

— Copia auténtica del auto proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de marzo de 2008, mediante el cual accedió a la solicitud del procesado, en el sentido de concederle la libertad provisional por haber consignado la suma correspondiente a los tiquetes aéreos supuestamente apropiados de manera indebida(23).

— Copia auténtica de la resolución de acusación proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de febrero de 2009, contra el señor L.R.H., como autor del delito de peculado por apropiación(24).

— Copia auténtica de la sentencia del 15 de septiembre de 2010, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual absolvió al señor L.R.H. del delito por el cual fue acusado(25).

5. El caso concreto.

Como punto de partida para el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario precisar que el objeto de la controversia se centra en la privación de la libertad que afrontó el señor L.R.H., tal como se indicó en la fijación del litigio durante la audiencia inicial celebrada por el tribunal de primera instancia, de ahí que los demás argumentos expuestos por la parte actora, particularmente los asociados al fallo que dispuso la pérdida de investidura del aquí demandante no serán estudiados.

En este sentido, resulta importante destacar que las etapas previstas por la Ley 1437 de 2011 están dirigidas a la estructuración y orientación del litigio, con el fin de fijar el tema de la prueba y, de esta manera, brindar certeza a las partes acerca de los límites de la controversia, para lo cual disponen de las oportunidades procesales para intervenir y ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Lo anterior para señalar que las partes manifestaron su conformidad con la fijación del litigio que hizo el tribunal y bajo esta óptica se dirimió la controversia en primera instancia, de suerte que a esta Subsección le corresponde pronunciarse, exclusivamente, sobre la privación de la libertad que afrontó el ahora demandante, en orden a verificar si se causó o no un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado.

Precisada esta situación, en atención al material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal contra el señor L.R.H., por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación.

De igual manera, se demostró que el sindicado fue vinculado a la actuación, a través de indagatoria, y que posteriormente se le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Entre los argumentos expuestos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para proferir decisión en tal sentido se destacan los siguientes (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):

“(...) Siguiendo tales directrices jurisprudenciales, se advierte sin dificultad la relación funcional tejida entre el procesado y los tiquetes que a su nombre se expidieron entre finales de 1994 y mediados de 1998, en tanto no se le dieron en su condición de persona particular, sino por ostentar la calidad de representante a la Cámara, quedando por ende sujeto en su uso a las especiales finalidades que justificaban que el Estado asumiera los costos de traslado hasta la capital de la circunscripción electoral que representaba en el Congreso de la República.

“Tal es la situación que aparece acreditada en el presente proceso comoquiera que las pruebas acopiadas en su desarrollo son indicativas de que existió el referido acto de apropiación de buena parte de los 152 tiquetes expedidos al representante R.H. en la ruta XXX-XXX-XXX, pues según se pudo establecer la gran mayoría de ellos no fueron utilizados por su titular y porque procedió a cambiarlos por otros en rutas distintas y a favor de terceras personas.

“(...).

“(.. .) Así las cosas, las preguntas que surgen obvias son: i) cuál fue el destino que se dio a los 131 tiquetes que no fueron ni utilizados por L.R.H. ni devueltos a la secretaría de la Cámara de Representantes con miras a obtener su reembolso; ii) quién pudo autorizar el cambio de dos tiquetes para ser utilizados por (...) y iii) cómo pudo ser utilizado un tiquete en la misma fecha en la cual el congresista R.H. cumplía una comisión de servicios en el exterior.

“(...) Recapitulando, al encontrar que están satisfechos los requisitos de orden probatorio para imponer medida de aseguramiento contra el sindicado con ocasión del cambio de rutas o beneficiarios respecto de 131 tiquetes aéreos que le expidió la Cámara para ser utilizados en ejercicio de sus funciones, se impone examinar a continuación si concurre alguna de las finalidades que justifique adoptar tal determinación.

“(…).

“(...) Por su parte, el artículo 355 del mismo ordenamiento concreta las hipótesis que integran cada una de estas categorías, restringiendo la privación de la libertad con miras a i) garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga; (...).

“Con ese objetivo, empiece por señalarse que en cuanto hace a la primera de las finalidades en cita, encuentra la Sala que el pronóstico sobre la eventual comparecencia voluntaria del procesado a la actuación ha de ser negativo, si en cuenta se tiene que a expensas de la imposibilidad de ubicarlo, como de excusas de su apoderada, se mostró renuente a concurrir para que le fuera ampliada su indagatoria.

“En efecto, esa diligencia fue ordenada en auto del 13 de junio de 2003 y programada para el 4 de julio siguiente, denegándose el aplazamiento que solicitó la defensora por hallarse injustificado, pese a lo cual resultó imposible comunicarle esta última decisión al procesado por cuanto no se le logró ubicar en las direcciones suministradas en su indagatoria.

“Posteriormente, luego de solicitudes elevadas por la defensa y el sindicado para que se le certificara el estado del proceso, se señaló nueva fecha para el día 25 de agosto de 2006, oportunidad en la cual tampoco se le encontró, de suerte que nuevamente, sin motivo justificable, incumplió la orden de comparecer a la Corte para ser escuchado en ampliación de indagatoria.

“Por tercera vez, se dispuso llevar a cabo la diligencia el día 15 de noviembre de 2006 siendo nuevamente imposible llevarla a cabo ante la inasistencia del procesado y su defensora, según se dejó constancia en autos, circunstancia significativa y reveladora del ánimo de no comparecer al proceso si se tiene en cuenta que para el 10 de noviembre anterior, la defensora presentó a la Sala solicitud dirigida a que se decretara la prescripción de la acción penal, misma que fue denegada en razón a su improcedencia mediante auto del 30 de noviembre del mismo año, lo que sin duda revela que conocía del estado de la actuación y de la citación que obraba en autos.

“En suma, la ampliación de indagatoria vino a realizarse el 10 de abril de 2007, quiere decir, cuatro años después de ser ordenada.

La secuencia puesta de presente deja al descubierto la renuencia del procesado a comparecer a la actuación, elemento de juicio suficiente para pronosticar que en el futuro esa será su conducta procesal, advirtiéndose así la necesidad de imponer la detención preventiva con miras a asegurarla(26) (resalta la Sala).

En cuanto a la privación de la libertad del ahora demandante, se evidencia que esta se produjo desde el 8 de marzo de 2008 —fecha en que fue capturado— hasta el 31 de marzo siguiente, fecha en la cual le fue concedida la libertad condicional por haber constituido título judicial correspondiente al valor supuestamente apropiado, para un total de veinticuatro (24) días.

En punto de la conclusión de la actuación penal adelantada, se encuentra acreditado que, mediante sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de septiembre de 2010, se absolvió al señor L.R.H. del delito por el cual fue acusado, por no haberse acreditado la responsabilidad penal del investigado.

Como fundamento de su decisión la alta corporación afirmó (se transcribe literal, incluso con los posibles errores):

“(...) está demostrada la disponibilidad jurídica y material que ostentaba el procesado sobre los pasajes aéreos por cuya apropiación se le radicó en juicio criminal (…).

“(.. .) pese a lo anterior, se demostró en grado de certeza que 131 tiquetes de los entregados a L.R. no fueron usados por él y pese a tener la custodia sobre los mismos, terminaron nuevamente en poder de la agencia de viajes que los había expedido y a la cual se le habían cancelado con dineros públicos, dando lugar a que esa firma solicitara el reembolso de sus valores ante la aerolínea XXX, a través de operaciones sucedidas entre los años 1996 a 1998, según quedó evidenciado a través de la certificación expedida por esta última empresa así: (...).

“Así las cosas, resulta evidente que de alguna manera los pasajes que debían permanecer en poder del congresista fueron retornados a XXX dando lugar a que esa empresa solicitara que su valor fuera descontado de las facturas de pago para con XXX, como así se desprende de lo informado por dicha aerolínea (…).

“Con todo, ya en lo que hace a la prueba del acto de apropiación de dichos pasajes aéreos por parte de L.R.H., núcleo central de la conducta que se le ha reprochado, encuentra la Sala que la tenida en cuenta para proferir acusación en su contra decayó seriamente en su poder demostrativo a partir de la actividad probatoria llevada a cabo en el juicio, al punto que a estas alturas del proceso no resulta claro de qué manera o a través de quien, los 131 pasajes retornaron a la agencia de viajes dando lugar a que esta última gestionara ante XXX el reintegro de su importe, no obstante que ya le habían sido cancelados por la Cámara de Representantes como si el congresista hubiese hecho uso de ellos.

“(...).

“Por manera que, acogiendo los argumentos expresados por el procurador delegado y el defensor del acusado, encuentra la Sala que ciertamente el señalamiento efectuado por este testigo de referencia en contra del ex representante R.H., resulta insuficiente para concluir en grado de certeza que este se haya apropiado de los tiquetes que le fueran expedidos por la Cámara de Representantes para el cumplimiento de sus funciones, a través de hipotéticos cambios por otros pasajes en desconocidas rutas o a favor de innominados terceros, pues como ha quedado visto, de su confrontación con otros medios de prueba emerge evidente su poca credibilidad.

“En suma, se impone proferir sentencia absolutoria a favor del ex representante a la Cámara R.H., pues a lo largo del proceso no fue posible derruir la presunción de inocencia que lo ampara”.

De conformidad con la providencia en cita, se advierte que la absolución del procesado se produjo como consecuencia de la falta de acreditación de su responsabilidad penal, toda vez que si bien se estableció que el ex representante a la Cámara tenía a su cargo la custodia de los tiquetes entregados por la corporación para el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que no se pudo verificar la apropiación indebida por la cual se adelantó toda la actuación judicial, habida cuenta de que los medios de prueba no tuvieron la contundencia necesaria para constatar los cambios en los pasajes y en las rutas, como se había señalado en su momento.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala no hay duda de que la absolución del procesado devino de la ausencia de su responsabilidad penal; sin embargo, como la decisión apelada negó las pretensiones por considerar que había operado la culpa exclusiva de la víctima, se procede a examinar este preciso tema, a la luz de las objeciones formuladas por la parte actora sobre el particular.

6. La culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad.

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.

Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la imposición de la medida de aseguramiento tiene su justificación en alguna circunstancia jurídicamente relevante que sea atribuible al sindicado, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la justicia ordinaria, se hubiere proferido sentencia absolutoria(27).

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia v en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(28).

Con fundamento en estas consideraciones y con la precisión de que en este escenario procesal, a esta jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación, da cuenta de que la conducta del aquí demandante resultó determinante para la imposición de la medida de aseguramiento que devino en la privación de su libertad.

Previo a exponer las razones por las cuales se considera que la medida de aseguramiento estuvo justificada y que la misma resultó atribuible a la víctima, es importante reiterar que la presente controversia se enmarcó en la privación de la libertad que afrontó el aquí demandante y no en el hecho de haber sido investigado y procesado por la posible comisión de un delito.

Lo anterior para significar que el daño antijurídico, en este caso, consiste en la detención preventiva que le fue impuesta al señor L.R.H. y, por ende, su conducta será analizada en relación con la medida de aseguramiento impuesta y no con su eventual participación en la conducta delictiva.

Ello es así, por cuanto la demanda hizo alusión a la privación de la libertad que afrontó el aquí demandante, con ocasión de la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia a partir de la cual fundamentó sus pretensiones.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que la fijación del litigio se circunscribió al estudio de la eventual responsabilidad de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad que, según se adujo en la demanda, debió soportar el señor L.R.H., determinación con la cual las partes manifestaron expresamente estar de acuerdo, de ahí que el objeto de la controversia no podía ser otro que la supuesta afectación de este derecho fundamental, a partir de la imposición de la medida de aseguramiento por cuenta de la autoridad judicial.

Ciertamente, los argumentos expuestos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia que resolvió la situación jurídica del sindicado y que fueron transcritos en precedencia resultan válidos y razonables, puesto que la conducta renuente del procesado, en el sentido de no acudir a las citaciones para ampliar su indagatoria durante casi cuatro años, permitió entender que esa sería su conducta procesal, de ahí que se hiciera necesaria su detención preventiva a la luz de la disposición normativa vigente para la época en que se adelantó la investigación.

En otras palabras, el ocultamiento del procesado y las maniobras dilatorias puestas de presente en su momento por la autoridad judicial dan cuenta de un comportamiento anormal que incidió directamente en la decisión restrictiva de su libertad, dado que el argumento central del auto proferido por la Corte Suprema de Justicia consistió en la renuencia para concurrir a la actuación y en la necesidad de la detención preventiva para garantizar la presencia del investigado.

En este orden de ideas, no resultan de recibo para la Sala los argumentos de la parte actora en el recurso de apelación al afirmar que el señor L.R.H. decidió refugiarse en su finca para eludir los señalamientos de la colectividad, toda vez que ello no comporta una razón válida para desconocer las citaciones de las autoridades judiciales y menos para procurar la dilación de un proceso, so pretexto de considerar injustas las decisiones emitidas por las autoridades competentes.

Tampoco es aceptable el argumento según el cual el imputado podía ser vinculado al proceso como persona ausente y que la investigación podía continuar su curso sin su presencia, puesto que era deber del implicado acatar los llamados de las autoridades —máxime cuando ya había acudido a rendir indagatoria y conocía la existencia del proceso— y como no lo hizo, dio lugar a la aplicación de las medidas de que dispone el juez para garantizar la comparecencia al proceso, como fue en este caso, a través de la medida de aseguramiento.

En estas condiciones, es dable concluir que, independientemente de la absolución del acusado, la medida de aseguramiento tuvo como causa determinante la conducta del sindicado y como el fundamento de las pretensiones consistió en la privación de la libertad que debió afrontar aquel, hay lugar a concluir que el daño provino de su propio comportamiento.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la causa eficiente del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al imponer medida de aseguramiento al aquí demandante, sino justamente la conducta de aquel, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la detención preventiva como consecuencia de su renuencia para acudir al proceso; asunto distinto es que la mencionada autoridad judicial se apartara de las consideraciones plasmadas en el escrito de acusación y por no configurarse el delito referido decidiera proferir sentencia absolutoria.

Todo lo anterior para concluir que la absolución del procesado no deviene en la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial, por cuanto en el caso bajo estudio se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, quien con su actuación dio lugar a la investigación penal, pero fundamentalmente a la imposición de la medida de aseguramiento, lo cual se traduce en la exoneración de la entidad demandada frente a la imputación efectuada por el daño antijurídico supuestamente irrogado al actor.

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia apelada.

7. Condena en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso en el numeral 3º dispone que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente a pagar las costas de la segunda.

Es importante precisar que, aunque podría entenderse que la apelación pretendía la revocatoria de la sentencia de primera instancia en su integridad, lo cierto es que el tema de la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el tribunal a quo no fue objeto del recurso de alzada, de ahí que no haya lugar a realizar modificación alguna al respecto y, por tanto, se confirmará la decisión proferida en tal sentido.

En cuanto a las costas y agencias en derecho de la segunda instancia, ha de tenerse en cuenta que se confirmará en su integridad el fallo apelado, por lo que la parte actora será condenada al pago de aquellas. El tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, en atención a las reglas aplicables a la materia.

Así las cosas, como la Sala condenará en costas a la parte actora, se impone su liquidación de manera concentrada por parte del tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso(29).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de XXX, el 14 de noviembre de 2013, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

2. CONDENAR a la parte actora a pagar, además de las agencias en derecho determinadas por el tribunal en el fallo apelado, las costas que se hubieren causado en esta instancia.

Para lo anterior, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

3. Ejecutoriada la presente providencia por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

14 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, expediente 45525, 14 de septiembre de 2016, expediente 43874 y del 24 de octubre de 2016, expediente 43159, entre muchas otras providencias, las cuales, si bien fueron proferidas en vigencia del régimen jurídico anterior, resultan aplicables al caso, en la medida en que el sustento normativo de las mismas —Ley 1285 de 2009— no fue modificado ni derogado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

15 Folios 180 y 182, cuaderno del Consejo de Estado.

16 La pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, ascendió a la suma de $ 511´676.200, monto que excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda —10 de agosto de 2012—.

17 En providencia del 29 de mayo de 2013, expediente 46490, reiterada en decisión del 7 de enero de 2014, esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, explicó lo atinente a la aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía en esta clase de asuntos.

18 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, expediente 13622, C.P. Dra. María Elena Giralda Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, expediente 21801 y auto del 9 de junio de 2010, expediente 37410, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Se tiene en cuenta que el tribunal decretó como prueba de oficio la copia del expediente contentivo del proceso penal, documento que fue aportado por la parte demandada y del cual se corrió el correspondiente traslado en la audiencia de pruebas, por lo que se le dará valor probatorio al mismo, en tanto no fue tachado por las partes y, además, emana de la parte contra la cual se aduce. De igual manera se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la controversia.

20 Folios 112 a 125, cuaderno 3.

21 Folios 116 a 161, cuaderno 6.

22 Folio 167, cuaderno 6.

23 Folios 279 a 285, cuaderno 6.

24 Folios 96 a 151, cuaderno 7.

25 Folios 69 a 107, cuaderno 8.

26 Folios 127 a 156, cuaderno 6.

27 Al respecto puede consultarse la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), expediente (38438), C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

28 Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 39049.

29 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...)”.