Sentencia 2012-00167/21363 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 760012331000201200167 01 (21363)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Paola Andrea Montoya Rodríguez

Demandado: U.A.E. DIAN

Referencia: costos en la adquisición de aves en postura y por el mantenimiento de las mismas.

Fallo

Bogotá, D. C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Cuestión previa.

1.1. Antes de entrar a resolver el asunto de fondo, la Sala debe pronunciarse sobre la supuesta incongruencia en que incurrió la sentencia apelada, advertida en el recurso de apelación.

1.2. Para la apelante, el tribunal incurrió en una incongruencia porque a pesar que en la parte motiva indicó que los actos administrativos están viciados de falsa motivación, esa corporación resolvió negar las súplicas de la demanda.

1.3. La Sala considera que el tribunal con su decisión observó el principio de congruencia de las sentencias, por las razones que pasan a explicarse:

1.3.1. El artículo 281 del Código General del Proceso dispone que la sentencia que ponga fin al proceso deberá estar acorde con los hechos y las pretensiones de la demanda, toda vez que, en relación con ellos, el demandado ejerció su derecho de defensa y contradicción.

En esta norma se describe el principio de la congruencia tanto interna como externa de la sentencia, entendida la primera como la conformidad entre la parte motiva y la resolutiva del fallo y la segunda como la conexión entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación.

1.3.2. La parte motiva y resolutiva de la sentencia apelada guardan correspondencia, toda vez que el tribunal resolvió negar las pretensiones de la demanda con fundamento en que no dio prosperidad a los cargos de la actora.

Si bien el tribunal consideró que la DIAN incurrió en falsa motivación cuando indicó que la deducción por amortización no procedía respecto de la contribuyente por no estar obligada a llevar contabilidad, lo cierto es que esa corporación encontró probado otro de los motivos expuestos en los actos demandados para rechazar la deducción, relativo a que la actora realizó de forma indebida el cálculo de la amortización.

En tal sentido, el tribunal observó que existen fundamentos que soportan la legalidad de la actuación administrativa.

De ahí que la irregularidad advertida en la sentencia apelada respecto de uno de los argumentos para desconocer la deducción, no da lugar a la declaratoria del vicio de nulidad por falsa motivación.

Por el contrario, resulta consecuente que el juzgador al encontrar que el actor no probó los cargos alegados, entre ellos, el relativo al cálculo de la deducción por amortización, rechazara las pretensiones de la demanda.

1.4. En consecuencia, en este caso no se presenta una contradicción entre los fundamentos de la sentencia y la parte resolutiva de la misma.

2. Problema jurídico.

2.1. En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración de renta presentada por la señora Paola Andrea Montoya Rodríguez por el año 2006.

En concreto, deberá verificar si es procedente:

(i) La expedición del emplazamiento por corregir que suspendió el término de firmeza especial del beneficio de auditoría que amparaba la declaración tributaria.

(ii) La solicitud de deducción por amortización de las gallinas en postura de huevos que presentó la contribuyente en la respuesta al requerimiento especial.

(iii) Los costos declarados por mantenimiento de las gallinas en postura de huevos.

3. Procedencia de la expedición del emplazamiento para corregir.

3.1. Para la demandante el emplazamiento para corregir solo tuvo por objeto que la declaración de renta perdiera el beneficio de auditoría.

Lo anterior, porque ese acto no se derivó de una investigación seleccionada por computador, como lo exige el artículo 689 del estatuto tributario, sino por un informe gerencial que es anterior a la declaración.

Además, el emplazamiento se profirió sin que existieran indicios y su contenido no fue el plasmado en el requerimiento especial.

3.2. De acuerdo con el artículo 689-1 del estatuto tributario, vigente para el año gravable discutido, el beneficio de auditoría reduce a un año el tiempo durante el cual la DIAN puede fiscalizar y modificar la declaración del contribuyente.

La Sala ha señalado(2) que la fiscalización de las declaraciones cobijadas con el beneficio de auditoría puede hacerse por otros medios, además de la selección por programa de computador prevista en el artículo 689 ibídem(3).

Lo anterior, por cuanto esa norma –689– no limita el ejercicio de las facultades de fiscalización contempladas en el artículo 684 del estatuto, pues independientemente de que esas declaraciones puedan ser seleccionadas con un programa de computador, las mismas no están excluidas del control fiscal.

Todo, porque la administración cuenta con amplias facultades para adelantar las investigaciones que estime convenientes y establecer la ocurrencia de los hechos generadores de la obligación tributaria.

3.3. En este caso, la DIAN inició la investigación tributaria de la declaración del impuesto de renta del año 2006, que estaba acogida al beneficio de auditoría, con fundamento en el programa “GO investigación surgida de otros programas de gestión”, derivado de la solicitud del nivel central del 27 de abril de 2007 y las solicitudes de devolución del impuesto sobre las ventas del período 1 al 6 de 2006(4).

Lo que significa que la DIAN a partir de las solicitudes de devolución del IVA del año 2006, tuvo conocimiento de un hecho que constituye una posible inexactitud en la declaración de renta del año 2006.

Aunque las solicitudes que dieron lugar a la investigación fueron anteriores a la declaración de renta del año 2006 presentada el 13 de agosto de 2007(5), esa situación no vulneró el debido proceso del contribuyente, porque la DIAN solo dio inicio a la investigación tributaria y a la constatación de los hechos, con posterioridad a la presentación de la liquidación privada.

No puede perderse de vista que cuando la administración tenga indicios de inexactitud, se encuentra facultada para iniciar la investigación respectiva, siempre que la realice dentro del término legal, que para el caso de los contribuyentes acogidos al beneficio de auditoría, era dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de la declaración.

Todo ello se verifica en el expediente administrativo en el que consta que mediante auto de apertura de investigación Nº 210632007001027 del 7 de diciembre de 2007(6) y el auto de inspección tributaria Nº 210632007000129 del 11 de diciembre de 2007(7), la administración llevó a cabo el traslado de pruebas del impuesto sobre las ventas, visitas de inspección tributaria y el requerimiento de documentos, en los que verificó la posible existencia de irregularidades en el registro de producción de huevos(8).

3.4. En desarrollo de esa investigación, la DIAN profirió el emplazamiento para corregir Nº 210632008000004 del 11 de febrero de 2008(9), con base en los indicios recaudados hasta esa fecha.

De tal manera que, no se configura una vulneración al debido proceso pues en virtud del ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 684 del estatuto tributario, y con fundamento en indicios de la posible comisión de una infracción tributaria, la DIAN adelantó la investigación y expidió el emplazamiento para corregir.

3.5. A lo que hay que sumar, que el hecho de que las glosas del emplazamiento para corregir no fueran las mismas propuestas en el requerimiento especial, no constituye una irregularidad en la expedición de los actos demandados.

El emplazamiento para corregir no tiene que guardar correspondencia con el requerimiento especial(10), porque es un acto previo al inicio de la investigación de fondo, que puede expedir la DIAN con fundamento solo en indicios, para invitar al contribuyente a corregir la declaración tributaria(11). De tal manera, que es un acto que no es vinculante para el contribuyente ni le genera sanción alguna.

Lo único que requieren los artículos 685 y 689-1 del estatuto tributario para que proceda la expedición del emplazamiento para corregir, es que el mismo se notifique dentro del término legal –12 meses– y se fundamente en indicios, como ocurrió en el presente caso.

3.6. En todo caso, se precisa que las glosas que se propusieron en el requerimiento especial, entre ellas, el desconocimiento de costos por compras de gallinas ponedoras de huevos y el mantenimiento de las mismas, fueron consecuencia de la constatación de los hechos que realizó la DIAN, con fundamento en las pruebas allegadas por la contribuyente y terceros, aportadas con posterioridad al emplazamiento para corregir y antes de que finalizara la inspección tributaria –el 16 de octubre de 2009–(12).

3.7. Por las razones expuestas, la expedición del emplazamiento para corregir impidió que la declaración de la contribuyente adquiriera la firmeza especial del beneficio de auditoría.

En consecuencia, no prospera el cargo para la apelante.

4. Deducción por amortización de activos.

4.1. En el presente cargo se discute la procedencia de la “deducción por amortización de activos fijos” solicitada por la señora Paola Andrea Montoya Rodríguez en la respuesta al requerimiento especial.

4.1.1. Para la contribuyente no puede negarse la deducción por no haber sido declarada, por cuanto “su configuración está sujeta a la existencia de un bien clasificado como activo”.

Más todavía, cuando la amortización se encuentra soportada en la contabilidad, cumple con el principio de asociación y tiene relación directa con la actividad productora de renta. La proporción que se toma como deducción es razonable toda vez que la vida útil de producción de las gallinas es de 54 semanas.

4.1.2. En cambio, para la administración no es procedente la deducción porque no fue declarada ni registrada contablemente como se verificó en la visita de verificación y en los libros auxiliares de la contabilidad.

Además, porque esa deducción no procede respecto de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad.

En todo caso, consideró que la contabilización de la amortización, presentada en la respuesta al requerimiento especial, no fue realizada de acuerdo con la técnica contable, en tanto no fue discriminada mensualmente, ni precisa el método utilizado ni la vida útil estimada del activo. En ese documento solo se observa el movimiento de cuentas.

4.2. Verificado el expediente administrativo, la Sala advierte que la señora Paola Andrea Montoya Rodríguez no registró la deducción por amortización de las gallinas ponedoras en la declaración de renta del año 2006, sino el costo por la compra de tales semovientes.

4.2.1. Ese costo fue rechazado por la DIAN en el requerimiento especial, bajo el argumento de que las gallinas ponedoras debieron registrarse como activo fijo, en tanto la contribuyente no adquiere las aves para la venta sino para desarrollar su objeto social relativo a la producción de huevos.

Con fundamento en ello, la DIAN modificó la declaración de renta llevando como activo fijo la compra de gallinas(13).

4.2.2. En la respuesta al requerimiento especial(14), la señora Montoya Rodríguez aceptó que las gallinas constituían un activo fijo y, solicitó la deducción por amortización de esa inversión.

A pesar de que con la citada respuesta, la sociedad presentó corrección a la declaración, no incluyó a las aves en el patrimonio como activo fijo. Únicamente corrigió los gastos de nómina y retenciones referidos a otras glosas propuestas por la DIAN(15).

4.3. De modo que, fue solo hasta la respuesta del requerimiento especial que la contribuyente solicitó la deducción por amortización, al aceptar la propuesta de la administración de que las aves constituían un activo fijo, y no un costo, como inicialmente lo había declarado(16).

4.4. Pero en este caso, si bien el contribuyente no declaró la deducción por amortización, ello no impide que se analice su procedencia dentro de la liquidación del tributo, en tanto la solicitud de dicha deducción se derivó de la determinación de las gallinas ponedoras como activos fijos ordenada en los actos demandados.

4.5. Es por esa razón que la Sala realiza las siguientes precisiones en torno a la procedencia de “la deducción por amortización de activos fijos” y las pruebas aportadas por la contribuyente:

El reconocimiento al desgaste o agotamiento que sufre un activo para la generación de los ingresos de una determinada actividad económica, se realiza mediante la depreciación y la amortización.

De acuerdo con los artículos 128 y 135 del estatuto tributario, la depreciación recae sobre los activos fijos tangibles, esto es, los bienes corporales usados en la actividad productora de renta. A diferencia de la amortización que, según el artículo 142 ibídem, se aplica sobre los activos intangibles y diferidos.

En este caso, como las gallinas ponedoras de huevos constituyen un activo fijo, sobre estas procedería la deducción por depreciación, y no por amortización como lo solicita la actora.

Adicionalmente, la Sala(17) ha precisado que la deducción solo opera para los sujetos obligados a llevar contabilidad, o para aquellos que no estando obligados, la lleven para efectos de la deducción.

Todo, porque la determinación de las cuotas anuales de depreciación de un activo fijo tangible se da como resultado de un proceso de carácter contable, que por expresa disposición legal debe registrarse en la contabilidad del contribuyente(18).

En tal sentido, para que proceda la deducción por depreciación, esta debe contabilizarse sobre el precio de adquisición del activo fijo –incluidos los impuestos a la ventas(19), los de aduanas y de timbre, más las adiciones y gastos necesarios para ponerlo en condiciones de iniciar la prestación de un servicio normal(20)–, durante el tiempo de vida útil del bien(21) y utilizando los métodos de línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico(22).

Ese cálculo no es posible verificarlo en los documentos contables allegados por la actora para soportar la deducción.

Primero, en los libros auxiliares de contabilidad se registran las facturas de las compras realizadas por la contribuyente, entre ellas, la de los semovientes, pero no se verifica el gasto por depreciación(23).

Segundo, el documento contable denominado “amortización de aves” no se verifica el cálculo de la deducción, ni se precisa el precio total del activo sobre el cual debe realizarse la depreciación, como tampoco el método utilizado y la vida útil del bien(24).

En ese escrito solo se plasma un valor por amortización que varía mes por mes, en algunos períodos aumenta para luego disminuir(25), sin que pueda establecerse la forma como se obtuvieron dichas sumas.

4.6. Todo lo anterior impide que la Sala pueda verificar que la contribuyente utilizó los procedimientos contables necesarios para establecer la suma real de la pérdida del valor de los activos fijos.

En consecuencia, no procede la deducción por amortización de activos solicitada por la actora.

5. Costo por mantenimiento de las gallinas ponedoras de huevos.

5.1. La DIAN rechazó como costo las siguientes compras de drogas y vacunas para aves, por considerar que esas erogaciones constituyen un mayor valor de activo fijo –gallinas ponedoras de huevos–.

ProveedorConceptoValor de la compra
Proquimpi Ltda. Drogas y vacunas $264.655
Carlos A. GutiérrezDrogas y vacunas $7.305.000
Farmacia Nacional AgropecuariaDrogas y vacunas$11.877.000
Superagro Ltda.Drogas y vacunas $272.259.648
Universal Avícola y Cía. S.C.S.Drogas y vacunas $14.428.000
Total $306.134.303(26)

5.2. En cambio, para la demandante, esas erogaciones tienen por objeto el mantenimiento de las aves y, por tanto, constituyen un costo de producción.

Precisó que las drogas y las vacunas no aumentan el valor del activo –gallinas– porque su uso no tiene por objeto incrementar la producción de huevos sino evitar eventuales enfermedades virales o bacterianas.

Además, afirmó que las compras realizadas a Superagro Ltda. fueron de $272.259.648, y no de $235.768.301 como lo sostiene la DIAN en la liquidación oficial.

5.3. La Sala considera que las compras de drogas y vacunas para aves que realizó la contribuyente constituyen un costo, por las razones que pasan a explicarse:

5.3.1. En desarrollo de una actividad económica, una persona –natural o jurídica– incurre en erogaciones que, dependiendo de la finalidad que cumplan dentro del objeto social, deben contabilizarse como mayor valor del activo, costo o gasto.

En este caso interesa señalar que entre las erogaciones que se llevan como mayor valor del activo, se encuentran las concernientes a las adiciones y mejoras de tales bienes.

Específicamente en los activos fijos, esto es, aquellos bienes corporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios(27), la contabilización de esos bienes se realiza en el activo –patrimonio– con el precio de adquisición o el costo declarado en el año anterior, másel valor de los ajustes, adiciones y mejoras que se realicen al bien(28).

Las adiciones y mejoras son aquellas erogaciones que incrementan significativamente la capacidad productiva o la vida útil del bien(29), y en tal sentido, se registran como un mayor del valor del activo.

A diferencia de las erogaciones que se llevan como costo, que son aquellas que están asociadas clara y directamente con la adquisición o la producción de bienes o la prestación de servicios, de los cuales un ente económico obtiene sus ingresos(30).

Por consiguiente, deben llevarse como costo todas aquellas erogaciones en que se incurre para producir o vender un producto o servicio.

Por su parte, se tratan como gasto las expensas que se realizan para administrar, vender, investigar, y financiar el negocio(31). Es decir, las erogaciones que tienen relación indirecta con la producción de los bienes o el servicio.

5.3.2. En ese contexto, se encuentra que la compra de vacunas y drogas de aves que realizó la contribuyente constituye un costo, por cuanto se trata de una erogación necesaria para el desarrollo del proceso de producción de huevos, en tanto contribuye al mantenimiento de las gallinas ponedoras.

Y, ello es así porque las drogas y vacunas mantienen a las aves –activo fijo– en su condición ya existente, para que continúen con la producción de los huevos.

De modo que, el hecho de que las vacunas y las drogas se apliquen a las gallinas ponedoras –activo fijo–, no implica que las mismas constituyan un mayor valor del semoviente, porque tales erogaciones no tiene por objeto incrementar el valor de las aves, sino que las mismas se encuentren en óptimas condiciones de salud para el proceso de producción de huevos.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que uno de los criterios que estableció el PUC para el registro de las erogaciones como mayor valor del activo o como costo, consiste en que “las erogaciones realizadas para atender el mantenimiento que se realice para la conservación de los bienes muebles e inmuebles, se deben llevar como gastos del ejercicio en que se produzcan”(32).

Es por esas razones que la compra de vacunas y drogas constituye un costo de producción, y no una inversión para incrementar el valor del bien.

5.4. De otra parte, la actora discute que el valor de las vacunas y drogas que compró a Superagro Ltda. fue por $272.259.648, y no por $235.768.301, como lo sostiene la DIAN en la liquidación oficial de revisión.

Al respecto la Sala advierte que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN determinó el valor de la compra realizada por la demandante a Superagro Ltda. en la suma de $272.259.648(33), con fundamento en las pruebas allegadas por la contribuyente en el recurso de reconsideración. Por tanto, se encuentra zanjada la discusión sobre el valor de esta compra.

5.5. Por las razones expuestas, debe reconocerse costos por compras de vacunas y drogas por valor de $306.134.303.

En consecuencia, prospera el cargo para la apelante.

6. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos demandados, en el sentido de aceptar costos por valor de $306.134.303, tal y como se refleja en la siguiente liquidación:

Paola Andrea Montoya Rodríguez - año gravable 2006
ConceptoLiquidación privadaLiquidac. DIANLiq. C de E
Gastos de nómina20.033.00020.033.00020.033.000
Aportes al sistema de seguridad social5.718.0005.718.0005.718.000
Aportes al SENA, ICBF, bancos, inversiones1.803.0001.803.0001.803.000
Total patrimonio bruto444.015.000879.439.000609.920.000
Deudas204.616.000204.616.000204.616.000
Total patrimonio líquido239.399.000674.823.000405.304.000
Salarios y demás pagos laborales000
Honorarios, comisiones y servicios000
Intereses y rendimientos financieros3.941.0003.941.0003.941.000
Otros ingresos1.074.571.0001.074.571.0001.074.571.000
Total ingresos recibidos1.078.512.0001.078.512.0001.078.512.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional2.692.0002.692.0002.692.000
Total Ingresos netos1.075.820.0001.075.820.0001.075.820.000
Deducción inversiones activos fijos000
Otros costos y deducciones1.041.508.000569.468.000875.602.000
Total costos y deducciones1.041.508.000569.468.000875.602.000
Renta líquida del ejercicio34.312.000506.352.000200.218.000
O Pérdida líquida 000
Compensación por exceso renta presuntiva000
Renta líquida 34.312.000506.352.000200.218.000
Renta presuntiva13.800.00013.800.00013.800.000
Rentas exentas000
Rentas gravables000
Renta líquida gravable34.312.000506.352.000200.218.000
Ingresos por ganancias ocasionales000
Costos y gastos ganancias ocasionales000
Ganan ocasión no gravadas y exentas000
Ganancia ocasional gravable000
Impuesto sobre la renta gravable2.340.000164.123.00056.976.000
Descuentos tributarios000
Impuesto neto de renta2.340.000164.123.00056.976.000
Sobretasa impuesto a la renta234.00016.412.0005.698.000
Impuesto de ganancias ocasionales000
Impuesto de remesas000
Total Impuesto a cargo2.574.000180.535.00062.674.000
Anticipo renta por el año gravable 000
Saldo a favor año anterior5.140.0005.140.0005.140.000
Total retenciones año gravable 20073.406.0003.406.0003.406.000
Anticipo año gravable siguiente6.312.0006.312.0006.312.000
Saldo a pagar por impuesto340.000178.301.00060.440.000
Sanciones218.000218.000218.000
Total saldo a pagar por impuesto558.000178.519.00060.658.000
o Total saldo a favor000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

“1. Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión del impuesto sobre la renta Nº 212412010000023 del 23 de julio de 2010 y la Resolución 900133 del 5 de agosto de 2011, por medio de la cual la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá, modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año 2006 presentada por la señora Paola Andrea Montoya Rodríguez.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena que el impuesto de renta del año 2006 a cargo de la contribuyente corresponde al liquidado en la parte motiva de esta providencia”.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Clara Patricia Quintero Garay, de conformidad con el poder que obra en el folio 249 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

2 Sentencia del 25 de junio de 2012, C. P. William Giraldo Giraldo, Expediente 17701.

3 Artículo 689. Con el fin de estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, el Gobierno Nacional señalará, mediante reglamentos, las condiciones y porcentajes en virtud de los cuales se garantice a los contribuyentes que incrementen su tributación, que la investigación que da origen a la liquidación de revisión, proviene de una selección basada en programas de computador.

4 Folio 137 c. a. 2.

5 Folios 9-11 c. a. 2.

6 Folio 1 c. a. 2.

7 Folios 23-26 c. a. 2.

8 Folios 27-146 c. a. 2.

9 Folios 148-156 c. a. 3.

10 Así lo ha señalado la Sala en sentencias del Sentencia del 28 de junio de 2007, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, Expediente 15238, y del 16 de diciembre de 2014, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 20095.

11 Artículo 685 del Estatuto Tributario. “cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, responsable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 644. La no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna”.

12 Folios 159-223 c. a. 3.

13 Folios 226-243 c. a. 3.

14 Respuesta al requerimiento especial (fls. 269-270 c. a. 3), recurso de reconsideración (fls. 323-325), y demanda (fls. 8-10 c. p.)

15 En la corrección la contribuyente aceptó la glosa de gastos de nómina por valor de $771.316 y un menor valor de retención de $75.767. Folios 276 c. a. 3 y 310 c. a. 4.

16 Folios 264-275 c. a. 3.

17 Sentencia del 2 de diciembre de 2015, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 19902.

18 Artículo 141 del estatuto tributario. Registro contable depreciación. Las cuotas anuales de depreciación de que tratan las normas tributarias, deberán registrarse en la contabilidad del contribuyente en la forma que indique el reglamento.

19 En el caso de las personas jurídicas el costo de un bien depreciable no involucra el IVA cancelado en su adquisición o nacionalización, cuando haya debido ser tratado como descuento en el impuesto sobre la renta. Artículo 131-1 del estatuto tributario.

20 Artículo 131 del estatuto tributario.

21 Artículo 128 del estatuto tributario.

22 Artículo 134 del estatuto tributario.

23 Folios 278-284 c. a. 3.

24 Folios 285-296 c. a. 3.

25 Mes de enero: 10.432.500, febrero: 10.752.613, marzo: 11.406.459, abril: 11.406.459, mayo: $18.962.371, junio: $18.962.371, julio: $18.962.371, agosto: $13.974.415, septiembre: $12.761.923, octubre: $12.761.923, noviembre: $12.761.923 y diciembre: $12.761.923.

26 Resolución recurso de reconsideración. Folio 43 c. p.

27 Artículo 60 del estatuto tributario.

28 Artículo 69 del estatuto tributario.

29 Artículo 64 del Decreto 2649 de 1993. Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.
El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria proveniente del Upac y ajustes por diferencia en cambio.
[…]
El valor histórico se debe incrementar con el de las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo.

30 Artículo 39 Decreto 2649 de 1993.

31 Artículo 40 Decreto 2649 de 1993.

32 Estos criterios fueron incluidos en la Cuenta PUC 15.-Activo/Patrimonio- Propiedades, Planta y equipo.

33 Folio 43 del c. p.