Sentencia 2012-00168 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 15001233300020120016801(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Luis Arturo Escobar Cetina

Demandado: Consejo Nacional Electoral

Acción de cumplimiento - fallo

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” y 1º del Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011 por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, esta Sección es competente para pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el actor contra la sentencia proferida el 28 de enero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2. De la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, propende por la materialización efectiva de aquellos mandatos contenidos en leyes o en actos administrativos, a efectos de que el juez de lo contencioso administrativo ordene a la autoridad renuente, provea al cumplimiento de la norma invocada.

Al igual que ocurre con la acción de tutela es subsidiario, en tanto que no procede cuando la persona que promueve la acción tiene o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto incumplido. Tampoco cuando su ejercicio persiga el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

3. Requisitos de la acción y deberes del juez.

La Ley 393 de 1997 señala como requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos, de una manera inobjetable y por ende exigible frente a la autoridad de la cual se reclama su efectivo cumplimiento; que la administración haya sido y continúe siendo renuente a cumplir; que tal renuencia sea debidamente probada por el actor, y que, tratándose de actos administrativos de carácter particular, el afectado no tenga ni haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento, salvo el caso en que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

4. Normas cuyo cumplimiento se solicita.

Ley 649 de 2001 “Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”:

“CAPÍTULO IV

De las minorías políticas

ART. 4º—Candidatos de las minorías políticas. Podrán acceder a una curul por la circunscripción especial para las minorías políticas, los movimientos o partidos políticos:

a) Que hubiesen presentado candidatos a la Cámara de Representantes como mínimo en un 30% de las circunscripciones territoriales;

b) Que no hubiesen obtenido representantes en el Congreso Nacional, y

c) Que su votación mayoritaria en un mismo departamento o circunscripción territorial sea menos del 70% de la sumatoria de su votación en todo el país.

La curul corresponderá al partido o movimiento político que, cumpliendo con los requisitos, de los literales anteriores obtenga la mayor votación agregada en todo el país.

La lista a la cual se le asignará la curul será la conformada por las cabezas de lista de mayor a menor votación de las inscritas por el respectivo partido o movimiento en todo el territorio nacional.

TÍTULO II

Disposiciones finales

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

ART. 7º—Incompatibilidades e inhabilidades. Los representantes a la Cámara elegidos a través de esta circunscripción especial están sujetos al régimen general de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas.

ART. 8º—Requisitos generales. Para ser elegido representante a la Cámara a través de esta circunscripción especial se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección.

ART. 10.—Asignación de curules. Los representantes a la Cámara por la circunscripción especial serán elegidos mediante el sistema que en el momento sirva de escogencia a los congresistas”.

5. Caso concreto.

El actor apeló la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar que la presente acción sí es procedente. Para el efecto, precisó que contrario a lo expuesto por el a quo, la finalidad de esta acción es que se ordene cumplir las disposiciones legales alegadas. Además, de manera extemporánea, pues no lo hizo en la demanda, expone ahora las razones por las cuales considera que existe perjuicio irremediable.

La Sala anticipa que la decisión del tribunal a quo será confirmada, con fundamento en los siguientes argumentos:

Afirmó el actor que el Consejo Nacional Electoral se niega a asignar la curul de minorías políticas de conformidad con los artículos 4º, 7º, 8º y 10 de la Ley 649 de 2001, a pesar de que el movimiento que lo inscribió y el propio accionante cumplen con los requisitos exigidos por la norma en comento, en tanto que ninguno de los demás partidos o movimientos ni los candidatos cumplieron tales exigencias.

La Sala pone de presente que el Consejo Nacional Electoral para dar respuesta al escrito con el cual el actor cumplió con el requisito de renuencia, expidió el Oficio CNE-P-JJPA-0121-2012 de 17 de abril, en el cual le explicó detalladamente al peticionario las razones legales por las cuales no tiene derecho a acceder a la curul que reclama, como lo son: i) que el Movimiento Apertura Liberal obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes por los departamentos de Casanare y Putumayo. Por tanto, no cumple con el requisito del literal b) artículo 4º de la Ley 649 de 2001; ii) dicho movimiento no obtuvo la mayor votación para la Cámara de Representantes que impone la citada ley, votación que si obtuvo el partido Alas; iii) además, el peticionario no fue cabeza de lista porque de acuerdo con su votación, ocupa el octavo puesto.

Los anteriores argumentos los reiteró en el Oficio CNE-P-JJPA-0134-2012 de 7 de mayo de 2012 por el cual negó el recurso de reposición que interpuso el accionante contra el oficio de 17 de abril y coinciden con lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral al contestar la demanda.

Tanto la demanda como los documentos aportados al proceso evidencian que lo pretendido con la acción de cumplimiento es la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que le negaron al actor su petición de asignarle la curul de minorías políticas, que estima debió corresponderle a él, y no propiamente que se atienda a un mandato imperativo de la disposición que estima incumplida, que además es norma-condición y no una regla sin exigencias para que opere.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá “...cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante” (negrilla fuera del texto original).

Para controvertir decisiones de naturaleza electoral el ordenamiento jurídico ha previsto un mecanismo judicial especial: la acción de nulidad electoral, que está sometida a unas reglas especiales y a un término de caducidad, por lo que el interesado debió acudir a ella en procura del control de legalidad que pretende respecto de los actos de elección involucrados, en la cual incluso pudo solicitar la suspensión provisional de los mismos.

Pretender la obtención del mismo propósito a través de una acción residual, la hace improcedente, máxime cuando se advierte que el término de caducidad para ejercer la acción ordinaria es de 20 días —CCA, art. 136—.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que rechazó por improcedente la presente acción de cumplimiento.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».