Sentencia 2012-00170 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION “B”

Rad. 15001-23-33-000-2012-00170-01(3008-13)

Consejero ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Leonel Hernández Hernández

Demandado: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Bogotá D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones

Como no se evidencia causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

I. El problema jurídico

Se trata de determinar si en el presente caso el demandante, al haber laborado como docente oficial, tiene derecho a obtener la reliquidación de la pensión de invalidez que viene percibiendo, esto es, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año en que prestó sus servicios.

II. Del régimen pensional aplicable al demandante

La Ley 812 de 2003 a través de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 reguló algunos aspectos relacionados con el régimen prestacional de los docentes oficiales, en sus niveles nacional, territorial y nacionalizado. En efecto, la referida norma distinguió entre el personal docente vinculado con anterioridad y posterioridad a su entrada en vigencia, 27 de junio de 2003, para efectos de determinar el régimen prestacional aplicable a cada grupo de docentes.

En relación con los primeros, esto es, los docentes que venían vinculados antes del 27 de junio de 2003 señaló la referida disposición que le serían aplicables las normas vigentes con anterioridad a la citada fecha y, en lo que se refiere al segundo grupo, a saber, los que se vinculan al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dispuso la norma en cita que se regirían por el régimen pensional de prima media con prestación definida, previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Ahora bien, en lo que interesa al caso concreto resulta de suma trascendencia precisar que cuando el inciso primero del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 se refiere al régimen prestacional anterior, es necesario verificar el contenido de los artículos 115 de la Ley 115 de 1994 y 6 de la Ley 60 de 1993, normas vigentes en materia del servicio docente.

Para mayor ilustración se transcribe el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 que, en lo que corresponde al caso, señaló:

“ART. 115.—Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen especial del estatuto docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la presente ley”.

En este mismo sentido, la Ley 60 de 1993 ya había establecido en su artículo 6º lo siguiente:

“(…) El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial (…)”.

Teniendo en cuenta las normas transcritas, advierte la Sala que ninguna de ellas establece, en estricto sentido, los elementos constitutivos del régimen pensional aplicable a los docentes. Empero, debe decirse, que ellas sí remiten a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 la cual, a su turno, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación(3) establecían como régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados el previsto para los empleados públicos del orden nacional, a saber, en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y los decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

Así se señaló, en la sentencia en cita proferida, por esta misma Sección:

“(…) Lo anterior permite deducir que el régimen aplicable para los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 26 de junio de 2003, es el establecido para el Magisterio antes de dicha fecha, es decir el contemplado en la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en su artículo 15 dispone:

“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes (…).

Pensiones:

Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”.

De la norma transcrita se colige que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el dispuesto para los empleados públicos del orden nacional (…)”.

Si bien es cierto el artículo 48 de la Constitución Política respetó el régimen pensional que venían gozando los docentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, también lo es que dicho régimen no contemplaba requisitos especiales para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión, por el contrario, remite a las normas de carácter general vigentes para los empleados del sector público nacional (…)”.

Ahora bien, al revisarse el contenido del Decreto-Ley 3135 de 1968 advierte la Sala que en su artículo 23 se establece el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez, a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%.

Así se observa en la citada norma:

“(…) Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado, mientras la invalidez subsista.

a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%;

b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance el 95%;

c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.

PAR.—La pensión de invalidez excluye la indemnización (…)”.

En este mismo sentido, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto-Ley 3135 de 1968, en sus artículos 60, 61 y 63 dispuso en relación con el reconocimiento de una prestación pensional por invalidez, lo siguiente:

“ART. 60.—Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.

“ART. 61.—Definición.

1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente.

2. En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%”. (…)

“ART. 63.—Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:

a) Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.

b) Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual (…)”.

La Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º (4), estableció que, a partir de su vigencia, las pensiones de jubilación e invalidez, reconocidas a favor de los trabajadores de las entidades de derecho público debían liquidarse teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.

Así mismo, el Decreto 1743 de 1966, reglamentario de la Ley 4 de 1966, en su artículo 5º(5) precisó que el promedio al que se refería el artículo 4º de la citada Ley 4 de 1966 era el promedio mensual de los salarios devengados durante el último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional.

Lo anterior, estima la Sala, sin que deba perderse de vista que la Ley 65 de 1946 ya había señalado que por salario debía entenderse no solo la asignación básica fijada por la ley sino todas las sumas habitual y periódicamente percibidas por el empelado como retribución a sus servicios(6).

De acuerdo con el recuento normativo expuesto en precedencia, estima la Sala que tratándose del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, a favor de un docente oficial, resulta necesario verificar el momento de su vinculación al servicio para efectos de determinar el régimen pensional aplicable. En efecto, si la vinculación al servicio se registró con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el régimen aplicable es el vigente con anterioridad a esa fecha si, por el contrario, la vinculación se registró con posterioridad, no hay duda que el régimen aplicable será el general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.

En este punto, debe precisarse que cuando la Ley 812 de 2003 hace alusión al régimen anterior, esto es, para los docentes que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada norma, dicha norma se refiere finalmente a lo dispuesto en el Decreto-Ley 3135 de 1968 y los Decreto 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuanto estos contemplan el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%.

Y, en cuanto al monto de la referida prestación, estima la Sala, en primer lugar, que el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 63 dispuso que el monto de la pensión de invalidez se liquidaría teniendo en cuenta el último salario devengado por el empleado beneficiario de la citada prestación y, en segundo lugar, que la Ley 4 de 1996 y su Decreto reglamentario 1743 de 1966 precisaron, respectivamente, que el monto de la pensión por invalidez debía ser igual al 75% del promedio mensual de los salarios devengados por el empleado dentro del último año en que prestó sus servicios.

Finalmente, debe decirse que la Ley 65 de 1946 dispuso que, en todo caso, por salario debía entenderse “no solo la asignación básica fijada por la ley sino todas las sumas habitual y periódicamente percibidas por el empleado como retribución a sus servicios” lo que resulta concordante con la tesis mayoritaria expresada por esta Subsección en sentencia de 18 de junio de 2009. Rad. 0179-2008. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez, según la cual la enunciación de los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 no puede ser entendida en ningún caso como taxativa(4).

Bajo estos supuestos, estima la Sala que la liquidación de la prestación pensional por invalidez reconocida a un docente oficial debe tener en cuenta, en su ingreso base de liquidación, la totalidad de los factores salariales devengados por este durante el último año en que prestó efectivamente sus servicios. Lo anterior, en consideración a lo dispuesto en la Ley 65 de 1946, Decreto 1848 de 1969, la Ley 4 de 1966, el Decreto 1743 de 1966 y el criterio jurisprudencial expuesto en precedencia.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, la Sala entrará a determinar si el señor Leonel Hernández Hernández, en su condición de docente oficial, tenía derecho a la reliquidación de la prestación pensional por invalidez que viene percibiendo desde el 22 de mayo de 2006, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados efectivamente en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por invalidez.

III. Del caso concreto

A través del presente medio de control el señor Leonel Hernández Hernández solicita la nulidad de la Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006, mediante la cual el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, en representación del Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ordenó el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez, a partir del 22 de mayo de 2006.

Precisó el demandante que, la Secretaría de Educación departamental de Boyacá, en el acto administrativo acusado, al establecer el ingreso base de liquidación de la prestación pensional reconocida, solo tuvo en cuenta la asignación básica que venía devengando como docente oficial sin incluir la totalidad de los factores salariales percibidos en el año inmediatamente anterior a su retiro por invalidez, entre ellos, las primas de navidad, vacaciones, rural, alimentación y grado, así como el auxilio de movilización y el sobresueldo del 20%.

Sobre este particular, y teniendo en cuenta el material probatorio allegado al expediente, advierte la Sala que, en efecto, mediante Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006 el Secretario de Educación departamental de Boyacá dispuso el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez, a favor del demandante, en los siguientes términos:

“Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006

“Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de invalidez El Secretario de Educación de Boyacá

En nombre y representación de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio de las facultades legales que confiere la Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 y el Decreto 2831 de 2005

Y considerando

Que el señor Leonel Hernández Hernández (…) mediante petición radicada bajo la página WEB (…) del 23 de junio de 2006, solicita el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez de conformidad con la pérdida de capacidad laboral ocasionada durante la prestación de sus servicios como docente nacionalizado en la Escuela Puente Chiquito del municipio de Chiscas en el Departamento de Boyacá.

Que como soporte de su petición adjunta los siguientes documentos:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá.

- Certificado de sueldos expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá.

- Certificado de tiempo de servicio en el cual se demuestra que el peticionario inició a laborar el 18 de febrero de 1977 al 21 de mayo de 2006, fecha de lo retiro por invalidez, así: 29 años, 3 meses y 4 días para un total de 10.534 días laborados en forma continua.

Que según Decreto 835 del 1 de junio de 2006, emanado de la Secretaría de Educación de Boyacá se le retira del servicio activo al docente a partir del 22 de mayo de 2006, por tener pérdida de capacidad laboral que de conformidad con las normas legales pertinentes le impiden seguir prestando los servicios de docente.

Que según concepto médico laboral expedido en fecha 22 de mayo de 2006, por Colombiana de Salud S.A. el médico laboral califica la pérdida de capacidad laboral de la docente superior al 95% que da derecho a una pensión de invalidez equivalente al 100% del último salario devengado.

Que son factores salariales para la liquidación de la pensión por invalidez son los siguientes (sic):

 

vegeta1
 

 

Son: un millón novecientos treinta y ocho mil doscientos noventa pesos ($ 1.938.290) M/cte mensuales efectiva a partir del 22 de mayo de 2006. (…)”.

Sin embargo, como ya quedó dicho, el demandante consideró que el monto de la prestación pensional reconocida por la Secretaría de Educación departamental de Boyacá no tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales que había devengado en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por invalidez y, para demostrar lo anterior, allegó al expediente copia del certificado “de salarios devengados” de 20 de octubre de 2010 expedido por la referida Secretaría de Educación.

Para mayor ilustración se transcriben los apartes pertinentes del citado certificado (fls. 10):

“Que el señor Leonel Hernández Hernández (…) con régimen Nacionalizado, tipo de nombramiento en propiedad, nivel primaria y dedicación de tiempo completo; devengó los siguientes factores salariales así:

Año valorMesFactor
2005
1.845.990
septiembreAsignación básica:
Auxilio de movilización: 18.459
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima rural: 184.599
2005
1.845.990
octubreAsignación básica
Auxilio de movilización: 18.459
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima rural: 184.599
2005
1.845.990
noviembreAsignación básica
Auxilio de movilización: 18.459
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima de vacaciones: 1.024.824
Prima rural: 184.599
2005
1.845.990
diciembreAsignación básica:
Auxilio de movilización: 12.306
Prima de alimentación: 300
Prima de grado: 150
Prima de navidad: 2.135.050
Prima rural: 184.599
2006
1.938.290
eneroAsignación básica:
Auxilio de movilización: 13.567
Prima de alimentación: 315
Prima de grado: 150
Prima rural: 193.829
2006
1.938.290
febreroAsignación básica:
Auxilio de movilización: 19.382
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima rural: 193.829
2006
1.938.290
marzoAsignación básica:
Auxilio de movilización: 19.382
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima rural: 193.829
2006
1.938.290
abrilAsignación básica:
Auxilio de movilización: 19.382
Prima de alimentación: 450
Prima de grado: 150
Prima rural: 193.829
2006
1.938.290
mayoAsignación básica:
Auxilio de movilización: 13.567
Prima de alimentación: 315
Prima de grado: 105
Prima rural: 135.880

(…)”.

De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que tal y como lo consideró el Tribunal en la sentencia apelada, la administración departamental del Boyacá al establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez del señor Leonel Hernández Hernández únicamente tuvo en cuenta la asignación básica que este percibía en su condición de docente oficial, excluyendo del referido cálculo, sin justificación alguna, factores como las primas de alimentación, grado, rural, navidad, vacaciones y el auxilio de movilización, pagados y debidamente certificados por la misma entidad demandada.

Así las cosas estima al Sala que, la Secretaría de Educación de Boyacá, al actuar en representación del Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desconoció el régimen pensional aplicable al señor Leonel Hernández Hernández, respecto de la definición del monto de su prestación pensional por invalidez. Lo anterior, toda vez que, como quedó visto en el acápite que antecede, el Decreto 1848 de 1964, la Ley 4ª de 1966 y su Decreto Reglamentario 1743 de 1966 preceptuaron, respectivamente, que el monto de una prestación pensional, como la que hoy ocupa la atención de la Sala, está determinado por el promedio mensual de los salarios(7) devengados por el empleado dentro del último año en que prestó sus servicio dependiendo, claro está, del porcentaje de diminución de la capacidad laboral de titular del derecho prestacional, que para el caso concreto superaba el 95%.

Bajo estos supuestos, resulta evidente que la parte demandada, al expedir la Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006, debió incluir en el ingreso base de liquidación de la prestación pensional reconocida al señor Leonel Hernández Hernández la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por invalidez, 21 de mayo de 2005 al 21 de mayo de 2006, los cuales como quedó dicho fueron certificados por la misma entidad demandada mediante oficios de 15 de junio de 2006 y 20 de octubre de 2010, respectivamente (fls. 10 a 11 y 17 a 19).

En ese orden de ideas, la omisión en que incurrió la entidad demandada desconoce, sin justificación alguna, el régimen prestacional aplicable al actor y, en consecuencia, vulnera el derecho que a este le asistía de disfrutar de una prestación pensional cuyo ingreso base de liquidación tuviera en cuenta la totalidad de los factores efectivamente devengados en el año anterior a su retiro del servicio por invalidez.

En este último punto, estima la Sala conveniente recordar que la liquidación de la pensión debe estar, en todo caso, de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, regla a la que están obligados todos los servidores públicos, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes.

Tal ha sido la filosofía del legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1º de 2005, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica a partir del año de 2005 que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Finalmente dirá Sala que, tal y como lo estimó el Tribunal, en el caso concreto si hay lugar a declarar la prescripción sobre las mesadas pensionales del demandante, causadas con anterioridad al 24 de enero de 2008, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Lo anterior toda vez que, el señor Leonel Hernández Hernández, al no tener la obligación de agotar la vía gubernativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51(8)del Código Contencioso Administrativo, solicitó audiencia de conciliación prejudicial, ante la Procuraduría 67, Judicial II, del municipio de Tunja, Boyacá, el 24 de enero de 2011(9), esto, antes de acudir a esta jurisdicción a controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó a su favor el reconocimiento y pago de una prestación pensional por invalidez a partir del 22 de mayo de 2006 (fls. 30 a 32).

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, estima al Sala que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006 y, en consecuencia, se hace necesario confirmar la sentencia de 16 de mayo de 2013, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda formulada por el señor Leonel Hernández Hernández contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 16 de mayo de 2013, por la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las súplicas de la demanda promovida por Leonel Hernández Hernández contra La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase. Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Ver Sentencia de 12 de febrero de 2009. Rad. 1959-2008. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(4) “ART. 4º—A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarán y se pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios”.

(5) “ART. 5º—A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público”.

(6) Al respecto puede verse la sentencia de 19 de noviembre de 2009. Rad. 0109-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(4) (sic) Esta Subsección consideró que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 señalan unos factores que deben ser entendidos como principio general “pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación”. Frente a este pronunciamiento el Despacho que sustancia la presente causa, mediante salvamento de voto, manifestó su disentir en relación con la providencia antes transcrita al precisar que: “El principio de favorabilidad supone elegir entre dos normas potencialmente aplicables, mientras que en el régimen de transición la norma aplicable solo puede ser la inmediatamente anterior y solo esa, pues la legislación pensional ha procurado tomar en cuenta, en materia de edad, la realidad demográfica y, por eso, ha ido aumentando gradualmente la edad para acceder a esta prestación; y en materia de factores de liquidación ha buscado la correlación y coherencia financiera del sistema de pensiones, procurando que el reconocimiento pensional se efectúe únicamente con los factores previstos de manera expresa por el legislador y no con todo lo devengado por el trabajador”.

(7) Entendiendo por salario “no solo la asignación básica fijada por la ley sino todas las sumas habitual y periódicamente percibidas por el empelado como retribución a sus servicios” en los términos de la Ley 65 de 1946.

(8) Contra la Resolución 1154 de 22 de septiembre de 2006 únicamente procedía el recurso de reposición.

(9) La Sala tendrá en cuenta esta fecha, para efectos de interrumpir el término de prescripción previsto en las normas citadas, como quiera que no se advierte dentro del expediente prueba de que el demandante, con anterioridad al 24 de enero de 2011, haya solicitado en sede administrativa la reliquidación de su prestación pensional por invalidez.