Sentencia 2012-00177 de abril 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 54001-23-33-000-2012-00177- 01 [20384]

Actor: Fernando Uriel Bayona Camacho

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Impuesto sobre la renta: año gravable 2007

FALLO

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si el actor tenía derecho a que la DIAN reconociera en su declaración de renta del año gravable 2007, los costos estimados a que se refiere el artículo 82 inciso 3º del estatuto tributario.

El artículo 82 del estatuto tributario hace parte de las normas comunes al costo de activos fijos y movibles, del capítulo 2 Costos del libro I del estatuto tributario, que corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios. La referida norma dispone lo siguiente:

“ART. 82.—Determinación de costos estimados y presuntos. Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.

Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.  

Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, se estimará el costo en el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad”. (Subraya fuera del texto original).

Esta norma establece los eventos en que procede la estimación de los costos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de estos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos.

Así, para aplicar la estimación de costos el funcionario de fiscalización debe encontrarse frente a alguna de las siguientes situaciones:

— Indicios de que el costo de enajenación de activos informado por el contribuyente no es real, o

— No se conoce el costo de los activos enajenados o este no puede determinarse mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.

Verificado alguno de los eventos anteriores, puede acudirse a los costos de los activos fijos enajenados en que incurrieron personas que han desarrollado la misma actividad del contribuyente, o han realizado operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a datos estadísticos de diferentes entidades.

Por último, si ninguno de los instrumentos indicados permite determinar el costo de los activos fijos enajenados en que se incurrió, este se estimará en el 75% del valor de la respectiva enajenación.

En el caso en estudio están probados los siguientes hechos:

El 1º de julio de 2008, el actor declaró renta por el año gravable 2007. Registró ingresos de $ 593.758.000, costos de $ 519.382.000, retenciones de $ 5.938.000 y un impuesto a cargo de $ 7.337.000(18).

El 26 de enero de 2010, el actor corrigió la declaración para aumentar los ingresos a $ 602.992.000, sin modificar los costos informados(19). Asimismo, declaró retenciones de $ 6.466.000 y una sanción por corrección de $ 205.000, un impuesto a cargo de $ 15.860.000 y un total a pagar de $ 9.599.000.

Como prueba de los costos, el contribuyente allegó los contratos de obra civil a todo costo suscritos en el año 2007 con PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.(20), PARQUES RESIDENCIALES BOGOTÁ S.A.(21), URBANIZADORA CLUB CAMPESTRE S.A.(22) y ESTUDIOS Y SISTEMAS S.A.(23), y las facturas que le expidieron las citadas compañías por concepto de contrato de obra civil a todo costo por los proyectos: Santillana(24), Cañafístolo(25), Edificio Plenitud Conjunto A Torre 1(26), Estación del Este(27), Urbanización El Bosque(28), Cerámica Italia S.A.(29), y El Tesoro(30). También allegó un listado de las personas naturales que contrató, a su vez, para la ejecución de dichos proyectos(31).

En dicho listado aparece la relación de los pagos por $ 519.382.000, que constituyeron costo por el año gravable 2007, con el nombre y el NIT de las personas naturales beneficiarias de estos, el concepto del pago (oficial de obra, ayudante de obra, contramaestro y almacenista) y el valor de las operaciones, que osciló entre $ 3.224.000 y $ 11.270.000.

Los contratos demuestran que el actor se obligó con las contratantes a ejecutar obras civiles respecto de las cuales asumía el valor de los costos, por lo cual no se discute que los costos existieron.

Sin embargo, tales contratos no demuestran que los pagos realizados por el actor a las personas naturales que contrató, a su vez, para el desarrollo de las obras satisfacían los requisitos legales para ser aceptados como costos, conforme con el artículo 177-2 del estatuto tributario, esto es, que las personas destinatarias de los pagos estaban inscritas en el RUT como responsables del régimen simplificado(32). Tampoco demuestran el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º del Decreto 3050 de 1997, entre otros, el nombre e identificación de quienes recibieron los pagos, el concepto y valor de estos.

Por ello, en la liquidación oficial de revisión, la DIAN rechazó todos los costos declarados por el actor ($ 519.382.000), en los siguientes términos(33):

“Como mecanismo de control, el artículo 177-2 del estatuto tributario, dispone que los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a exigir a sus proveedores de bienes y de servicios que pertenezcan al régimen simplificado la constancia de su inscripción en dicho régimen, como requisito para la aceptación fiscal de los costos y gastos que corresponden a dichas operaciones: 

Lo anterior indica que para efectos de la aceptación de costos y gastos, cuando los pagos son realizados a personas naturales no inscritas en el régimen común, vale decir régimen simplificado, que no conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del vendedor o el prestador del servicio en el régimen simplificado, no habrá lugar al reconocimiento de dichos pagos, salvo la excepción dispuesta para las operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento equivalente a la factura a que se refiere el literal f) del artículo 437 del estatuto tributario. 

Se establece entonces que $ 469.687.842 de costos no cumplen los requisitos del art. 177-2 del estatuto tributario.

Respecto de los $ 469.687.842, consta en el acta de inspección tributaria: ‘De acuerdo con lo anterior solo se podría aceptar como costo el valor de $ 49.694.635 que corresponde a seis (6) que cumplen los requisitos del citado artículo...’. 

Con base en el hallazgo anterior, se trató de ubicar al contribuyente para que aportara los soportes contables, tales como facturas o documentos equivalentes, comprobantes de egreso, etc., pero no fue posible. Me presenté varias veces en la dirección reportada en el RUT y no encontré a nadie...’ 

Dejando entonces en evidencia por parte del funcionario auditor que no se aportaron los documentos soportes de estos costos. 

Por lo expuesto, este despacho confirma el rechazo de los $ 519.382.000, registrados en la declaración privada del impuesto por concepto de Costos y Deducciones”.(34) (Subraya fuera del texto original).

Así, no existe discusión acerca de que el rechazo de los costos por $ 469.687.842 se produjo por el incumplimiento del requisito de procedencia y control relacionado con la inscripción en el RUT de los beneficiarios de los pagos como responsables del régimen simplificado de IVA (art. 177-2 del E.T.), y el rechazo de los costos por $ 49.694.635 se suscitó por la ausencia de los soportes de los costos en los términos del artículo 3º del Decreto 3050 de 1997, que, por lo demás, el demandante no allegó ante la DIAN ni en el proceso.

En el RUT del contribuyente consta que su actividad económica principal es 4530 (construcción de obras de ingeniería civil)(35).

En este caso, no procede la estimación de costos que prevé el artículo 82 inciso 3º del estatuto tributario debido a que los costos en que incurrió el actor no provienen de la enajenación de activos sino de la prestación de sus servicios profesionales.

Si bien el contrato de prestación de servicios profesionales no está definido expresamente en la legislación colombiana, lo que lo hace un negocio atípico e innominado, en los artículos 2063 a 2069 del Código Civil(36) se consagra la figura del arrendamiento de servicios inmateriales, que corresponde a aquella labor o serie de actos que se realizan con predominio del factor intelectual para el servicio de otra persona a cambio de una retribución.

Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 define así el servicio para efectos del IVA:

“ART. 1º—Definición de servicio para efectos del IVA. Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración”. 

Aunque la norma se refiere a IVA puede aplicarse al impuesto sobre la renta(37), pues para todos los efectos jurídicos la prestación de servicios excluye la relación laboral, se concreta en una obligación de hacer, sin importar si predomina el factor intelectual o material y a cambio del servicio prestado se recibe una remuneración.

En similar sentido, respecto de las características del contrato de prestación de servicios, la Sección Tercera de esta corporación se pronunció en el siguiente sentido(38):

5.3. Orígenes históricos del contrato de presentación de servicios y su presencia en el derecho civil 

[...] 

En la actualidad, el negocio jurídico de derecho civil conocido en Colombia como ‘contrato de prestación de servicios profesionales’ es un negocio atípico e innominado(39), dado que no encuentra consagración normativa dentro de las disposiciones legales civiles. No obstante, existen dos supuestos que logran adecuar tal contrato dentro de la normatividad correspondiente al capítulo ‘Del arrendamiento de servicios inmateriales’: En primer lugar, el procedimiento de calificación jurídica, en virtud del cual el intérprete compara el contrato celebrado por las partes con la legislación vigente, y le asigna, en la medida de lo posible, la regulación íntegra del tipo contractual que coincida con lo acordado por ellas; en segundo lugar, la inclusión que usualmente hacen los contratantes de cláusulas que de manera expresa remiten a los artículos correspondientes al arrendamiento de servicios inmateriales. 

La Sala puede concluir de la exposición hecha hasta el momento que son parte de la naturaleza del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales las siguientes características: bilateralidad, onerosidad, temporalidad, destinación a un propósito específico y la condición de ser una obligación de medio”. (Subraya la Sala).

En el presente asunto, los contratos suscritos por el actor tienen por objeto la realización de obras de construcción a todo costo (obligación de hacer), para lo cual en el cláusula primera de todos los contratos civiles de obra las partes convinieron que “El contratista se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. El Contratante se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas”.(40)

En la cláusula decimoquinta de los contratos se estipula el valor de estos, con lo cual se cumple el elemento de todo contrato de prestación de servicios, referente a la remuneración de la labor contratada(41).

En relación con el vínculo entre contratante y contratista, en la cláusula novena de los contratos se pactó que “Puesto que el contratista tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla con su propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera prestaciones sociales a su favor. Así mismo el pago de las obligaciones FIC y SENA según Decreto 2375-083-1047”.(42)

Por lo tanto, se encuentra cumplida la característica de los contratos de prestación de servicio, relacionada con la ausencia de relación laboral o subordinación entre los contratantes.

Los contratos de obra civil que celebró la actora son de prestación de servicios por las características propias de estos contratos, pues se identifican plenamente con el contrato de prestación de servicios, dado que las partes convienen la ejecución de una obligación de hacer (una labor o labores especificas), a cambio de una remuneración, sin subordinación laboral. Por ello, se cumplen todos los requisitos del servicio previstos en el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992.

El hecho de que para efectos de la clasificación de actividades económicas, de acuerdo con la Resolución DIAN 11351 de 28 de noviembre de 2005 la actividad del actor se clasifique como de construcción de obras de ingeniería (código 4530), no significa que el actor enajene activos, sino que el servicio profesional que presta es de construcción de obras de ingeniería. La referencia a la actividad económica del actor se realiza con el propósito de identificar de manera más precisa el origen de sus ingresos.

En suma, el objeto de los contratos de obra civil suscritos por el demandante no es la enajenación de activos sino la prestación de un servicio consistente en la realización de obras de construcción a todo costo, para lo cual, a cambio de una remuneración, este se obliga, por su cuenta y riesgo, a ejecutar la obra (obligación de hacer), de acuerdo con la descripción y los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por el contratante. En consecuencia, no es posible dar aplicación al artículo 82 inciso 3º del estatuto tributario.

Cabe anotar que, en materia de costos, la norma aplicable al actor es el artículo 87 inciso 2º del estatuto tributario, establecida para la prestación de servicios de los profesionales independientes y comisionistas de bolsa. Dicha norma prevé el límite de los costos y deducciones para los profesionales independientes que ejercen actividades de construcción de bienes inmuebles y obras civiles.

El artículo 87 del estatuto tributario dispone lo siguiente:

ART. 87.—Limitación de los costos a profesionales independientes y comisionistas. Los costos y deducciones imputables a la actividad propia de los profesionales independientes y de los comisionistas, que sean personas naturales, no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos que por razón de su actividad propia perciban tales contribuyentes. 

Cuando se trate de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el limite anterior será del noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la cámara de comercio o en la administración de impuestos nacionales.  

[...]”. (Subraya fuera del texto).

Así, en los contratos de construcción de inmuebles y obras civiles que celebren los arquitectos o ingenieros contratistas pueden llevar como costo el 90% del ingreso, siempre y cuando lleven libros de contabilidad, inscritos en la cámara de comercio(43) o en la administración de impuestos.

Sin embargo, el actor no allegó los libros de contabilidad debidamente registrados, motivo por el cual no tenía derecho al reconocimiento como costo del 90% de los ingresos percibidos en la vigencia fiscal investigada, como lo establece el inciso 2º del artículo 87 del estatuto tributario.

En cuanto a la aptitud de la sentencia citada en la providencia apelada sobre los eventos en los que procede la estimación de los costos en los términos del artículo 82 del estatuto tributario, la Sala considera que como en este caso no se aplica el artículo 82 del estatuto tributario es indiferente el alcance de la sentencia de la Sala en relación con dicha norma(44).

A su vez, como en este asunto no es aplicable el artículo 82 inciso 3º del estatuto tributario, porque no se discute el costo de activos enajenados, no es procedente analizar si existen o no indicios de que los pagos fueron inexistentes, como lo prevé dicha norma.

Por último, el recurrente alegó que la DIAN se contradijo porque en la liquidación oficial de revisión advirtió que no se daban los supuestos del artículo 647 del estatuto tributario para aplicar la sanción por inexactitud. Ello, por cuanto sostuvo que la desestimación de los costos obedeció al incumplimiento de requisitos legales, no obstante este análisis, impuso la sanción.

Sobre el particular, cabe recordar que la DIAN solo impuso la sanción respecto a la adición de ingresos(45), no frente al rechazo de costos, por lo que al imponer dicha sanción no se refirió al incumplimiento de los requisitos legales frente a los costos. En consecuencia, no existe ninguna contradicción en cuanto a la imposición de la referida sanción.

Por lo analizado, la Sala confirma la sentencia de primera instancia pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Respecto a la condena en costas, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 

El artículo 365 del Código General del Proceso señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” 

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(46).

En esas condiciones, se advierte que, una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho. Por tanto, se revoca la condena en costas impuesta en primera instancia para, en su lugar, negarla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

RECONÓCESE a Edwin Mauricio Torres Prieto como abogado de la DIAN, de conformidad con el poder que se encuentran en el folio 167 del cuaderno principal.

No se condena en costas al demandante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia, presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

18 Inciso 2º fl. 11 c.a.1.

19 Inciso 2º fl. 55 c.a.1.

20 Inciso 2º fls. 38 y 39 c.a.2.

21 Inciso 2º fls. 41 y 42 c.a.2.

22 Inciso 2º fls. 45 y 46 c.a.2.

23 Inciso 2º fls. 48, 49, 54, 55, 62, 63, 66, 67, 70 y 71 c.a.2.

24 Inciso 2º fls. 37 y 47 c.a.2.

25 Inciso 2º fl. 40 c.a.2.

26 Inciso 2º fl. 44 c.a.2.

27 Inciso 2º fls. 50 a 53 c.a.2.

28 Inciso 2º fls. 56 a 61 c.a.2.

29 Inciso 2º fls. 64 y 65 c.a.2.

30 Inciso 2º fls. 68 y 69 c.a.2.

31 Inciso 2º fls. 79 a 81 c.a.1.

32 ART. 177-2.—No aceptación de costos y gastos. <Artículo adicionado por el artículo 4º de la Ley 863 de 2003> No son aceptados como costo o gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:

a. INC. 2º—Los que se realicen a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre las ventas por contratos de valor individual y superior a sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) (valor año base 2004) (3.300 UVT) en el respectivo período gravable;  

b. INC. 2º—Los realizados a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre las ventas, efectuados con posterioridad al momento en que los contratos superen un valor acumulado de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) (valor año base 2004) (3.300 UVT) en el respectivo período gravable;  

c. Los realizados a personas naturales no inscritas en el régimen común, cuando no conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador de servicios en el régimen simplificado. Se exceptúan de lo anterior las operaciones gravadas realizadas con agricultores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento equivalente a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437 del estatuto tributario.  

Sin perjuicio de lo previsto en los literales a) y b) de este artículo, la obligación de exigir y conservar la constancia de inscripción del responsable del régimen simplificado en el RUT, operará a partir de la fecha que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 555-2”. 

33 Fls. 36 a 39 c. p.

34 Inciso 2º fl. 39 c. p.

35 Inciso 2º fl. 5 c.a.1.

36 “ART. 2063.—Normativa sobre obras inmateriales. Las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria, o la corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos 2054, 2055, 2056 y 2059.

ART. 2064.—Servicios inmateriales. Los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores, se sujetan a las reglas especiales que siguen.

ART. 2065.—Normativa sobre las obras parciales del servicio. Respecto de cada una de las obras parciales en que consista el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo 2063.  

ART. 2066.—Terminación del contrato de servicio. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera, o con el desahucio que se hubiere estipulado. Si la retribución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las dos partes deberá dar noticia a la otra de su intención de poner fin al contrato, aunque en éste no se haya estipulado desahucio, y la anticipación será de medio período a lo menos.

ART. 2067.—Gastos de transporte por traslado. Si para prestar el servicio se ha hecho mudar de residencia al que lo presta, se abonarán por la otra parte los gastos razonables de ida y vuelta.  

ART. 2068.—Terminación del contrato por culpa de quien presta el servicio. Si el que presta el servicio se retira intempestivamente, o su mala conducta da motivo para despedirle, no podrá reclamar cosa algunas en razón de desahucio o de gastos de viaje. 

ART. 2069.—Normas aplicables a los servicios que se sujetan a las reglas del mandato. Los artículos precedentes se aplican a los servicios que según el artículo 2144 se sujetan a las reglas del mandato, en lo que no tuvieren de contrario a ellas”. 

37 INC. 2º—La noción de servicio del artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 es la misma para efectos del impuesto de industria y comercio, de acuerdo con el artículo 154 numeral 4º del Decreto 1421 de 1993.

38 INC. 2º Sentencia de 27 de mayo de 2007, Exp. 41001-23-31-000-2004-00369-01(AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra

39 INC. 2º—La Sala advierte de una vez que las características de innominado y atípico no se predican del contrato de prestación de servicios en el derecho administrativo, habida cuenta de su consagración y desarrollo legal, el cual se expondrá con detalle más adelante.

40 Inciso 2º fls. 38, 41, 45, 48, 54, 62, 66 y 70 c.a.2.

41 Inciso 2º fls. 39, 42, 46, 49, 55, 63, 67 y 71 c.a.2.

42 Inciso 2º fls. 39, 42, 46, 49, 55, 63, 67 y 71 c.a.2.

43 Inciso 2º Los libros de contabilidad y los de actas de las juntas directivas ya no se inscriben las cámaras de comercio de acuerdo con el artículo 175 del Decreto 19 de 2012, sobre supresión y eliminación de trámites, que modificó el artículo 28 numeral 7 del Código de Comercio.

44 Inciso 2º Sentencia de 4 de agosto de 2011, Exp. 17628, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

45 Inciso 2º Glosa que no fue discutida por el actor.

46 Inciso 2º Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.