Sentencia 2012-00183 de diciembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 54001-23-33-000-2012-00183-02 (52.605)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Demandante: Aldo Leonel Flórez González

Demandado: Nación-Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, departamento Norte de Santander y otros

Referencia: Medio de control de reparación directa.

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Antes de resolver la controversia debe estudiarse si la Sala tiene competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la decisión que resolvió las excepciones previas, dictada en el trámite de la audiencia inicial, y luego se resolverán los recursos que resulten procedentes para tal fin.

Sobre el particular, se cita el auto de unificación(1) proferido por esta corporación que analizó el asunto, en el que se precisó:

“Así las cosas, no acertó el tribunal en la decisión de no conceder el recurso de apelación contra la decisión que no declaró probada una excepción previa, toda vez que en los términos del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —norma especial— esa decisión es pasible o susceptible del recurso de apelación. Y, para efectos de competencia funcional, habrá que recurrir a lo dispuesto en el artículo 125 ibídem, es decir, que si la excepción que se declara probada da por terminado el proceso —por tratarse de una de aquellas decisiones a que se refieren los numerales 1º a 4º del artículo 243 de la misma codificación— tendrá que ser proferida por la respectiva sala de decisión del tribunal administrativo en primera instancia; a contrario sensu, si la providencia no declara probada la excepción y, por lo tanto, no se desprende la finalización del plenario, entonces será competencia exclusiva del ponente, y en ambos casos será procedente el recurso de apelación, en el primer caso resuelto por la respectiva sala de decisión del Consejo de Estado, y en el segundo por el consejero ponente a quien le corresponda el conocimiento del asunto en segunda instancia.

“En efecto, el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina que “el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso…”, lo que significa que en procesos de primera instancia será procedente la apelación, mientras que tratándose de asuntos de única instancia lo procedente será el recurso de súplica.

“Como se aprecia, la expresión “según el caso” sirve de inflexión para dejar abierta la posibilidad de la procedencia del recurso de apelación o de súplica dependiendo la instancia en que se desarrolle el proceso, puesto que si se trata de un asunto cuyo trámite corresponde a un Tribunal Administrativo o al Consejo de Estado en única instancia, el medio de impugnación procedente será el de súplica, mientras que si se tramita en primera instancia por un tribunal administrativo procederá el de apelación, bien que sea proferido por el magistrado ponente —porque no se le pone fin al proceso— o por la Sala a la que pertenece este último —al declararse probado un medio previo que impide la continuación del litigio—”(2).

Conforme a lo anterior, esta Sala es competente para conocer de los recursos interpuestos por las partes contra la decisión contenida en el auto proferido por el a quo en audiencia celebrada el 7 de octubre del presente año, toda vez que se cumple el supuesto establecido en el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Establecida la competencia se procede a resolverlos, haciendo el análisis correspondiente de cada uno, como se muestra a continuación.

1. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el tribunal decidió:

“(…) De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que no existe legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el presente proceso, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 99 de 1993 y 1444 del 2011 y el Decreto 3570 de 2011, únicamente ejercer una función de inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales, y frente a lo cual la Corte Constitucional concluyó mediante la Sentencia C-570 del2012, que la asignación de dicha función al Ministerio de Ambiente es ejercicio legítimo de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1444, específicamente al amparo de los literales c) y d) de su artículo 18, y que no lo habilita para revocar decisiones del ente sujeto a control o para revocar decisiones del ente sujeto a control o para ordenarle adoptar correctivos, por cuanto el poder de decisión de las corporaciones autónomas regionales se mantiene intacto.

“(…) Además, se encuentra acreditado en el proceso con el contrato 218 del 27 de mayo de 2008, que Corponor suscribió con la Unidad Ingeniería y Suministros UIS Ltda. El contrato de obra por urgencia manifiesta 218 con el objeto de “dragado y corrección cauce del rio pamplonita corregimiento Agua Clara del municipio de Cúcuta. Igualmente, con el acta de liquidación por mutuo acuerdo del 15 de diciembre del 2008, se prueba que se dio por terminado por mutuo acuerdo el precitado contrato, por cuanto el contratista cumplió con el objeto del contrato y todas las obligaciones y actividades.

“(…) En consecuencia, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por el apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al quedar acreditado que no tuvo dirección o control sobre la obra desarrollada mediante el contrato 218 de 2008, del cual se desprende presuntamente el daño que la parte actora está reclamando dentro del proceso y, la función de inspección y vigilancia que le fue asignada legalmente, no implicaba la toma de decisiones por el contrario, dicha dirección estuvo a cargo de Corponor quien era la competente para tomar las medidas del caso (…)” (fl. 393, cdno. ppal.).

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que manifestó:

“Así las cosas, para el caso que nos ocupa, los trabajos de obra, dragado y corrección del río pamplonita sector agua clara, municipio de San José de Cúcuta que ejecutó la corporación autónoma regional, Corponor, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se apersonó del proyecto que Corponor iba a ejecutar en el río pamplonita, en tratándose de que una de sus funciones es la de ejercer inspección y vigilancia de los organismos que tiene a su cargo la ejecución local de políticas ambientales como las corporaciones autónomas regionales, toda vez que esta obra era de gran importancia y debería contar con todos los estudios y análisis pues lo que se buscaba era el cambio del cauce del rio pamplonita y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nunca se preocupó por ejercer su papel como coordinador del SINA. De lo expuesto resulta claro que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a pesar de sus múltiples funciones y como primera autoridad de la gestión ambiental hizo caso omiso de sus atribuciones y no cumplió con dicha gestión respecto de la obra, dragado y corrección del cauce del río pamplonita, si bien es cierto era una obra para beneficiar a una comunidad, se debió tener en cuenta los daños y perjuicios que se le causaría a una persona por cuanto el meandro que se le quitaría a l rio, este pasa por la finca de mi poderdante y al no tomar las previsiones y realizar los respectivos estudios de pre factibilidad y factibilidad, que amerita este tipo de proyectos, trajeron como consecuencia la causación de daños y perjuicios a la finca bella cruz de propiedad de mi mandante y también causó daños a la flora y fauna y en general al ecosistema de la región” (Min. 20:30 al min 27:51 de la grabación de la audiencia inicial, fl. 412, cdno. ppal.).

Atendiendo al contenido de las normas constitucionales que se refieren a la materia, es claro que el constituyente le asignó al legislador la facultad para reglamentar la creación y funcionamiento de estas corporaciones, dentro de un régimen de autonomía(3). Como consecuencia de ello, se expidió la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente(4) y reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente, que desarrolló lo dispuesto en la norma constitucional relacionado con estas corporaciones y se autorizó al Ministerio de Ambiente para evaluar y controlar los proyectos asignados y vigilados por estas corporaciones(5), esto es, le dio competencia a aquel para intervenir en el ámbito funcional de éstas. En este sentido, la Corte Constitucional expresó(6):

“(…) En este marco debe advertirse que la potestad de intervención del ministerio es discrecional y selectiva, cuando las circunstancias lo ameriten, lo que de ninguna manera autoriza la intervención inconsulta o arbitraria en los asuntos propios de las corporaciones autónomas regionales. La corte entiende que cuando la ley limita dicha intervención en estas circunstancias exige la presencia de motivos objetivos, verificables y serios que justifiquen la incursión del ministerio en los asuntos manejados por las corporaciones”.

“(…) La autonomía de la CAR no es absoluta y que la misma consiste en el ejercicio más o menos independiente de las funciones asignadas, pero sometido a las directivas generales fijadas por la autoridad central. Pues bien, dado que la autonomía de las entidades ambientales locales está circunscrita a las normas de dirección de la administración central, es lógico suponer que también el gobierno central tiene competencia para verificar el cumplimiento de dichas normas. No estaría jurídicamente justificado que la administración central en un estado unitario ostentara la facultad de definir la política ambiental pero estuviera desposeída de la potestad de vigilar el cumplimiento de dicha política. La facultad de inspección y vigilancia es, entonces, connatural a la función directiva que de suyo posee el Ministerio (…)”.

Así las cosas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la suprema autoridad en el sector ambiental, por lo que tiene a su cargo la función de vigilar e inspeccionar la actividad de las corporaciones autónomas regionales. Sin embargo, ello no implica que se pueda considerar como una obligación a cargo de dicha entidad, por el contrario, resulta ser una facultad discrecional y selectiva, como lo establece el artículo 10 del Decreto 3570 de 2011 y como lo ha sostenido la Corte Constitucional. Por lo tanto, sería contrario a derecho imputar el daño a la entidad en cuestión, por omisión de una actuación que en verdad no estaba obligada a efectuar.

La Sala considera que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se encuentra legitimado para tener la calidad de parte demandada en el proceso de la referencia, de allí que se confirmará el auto apelado, en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad.

2. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de San José de Cúcuta y del Departamento de Norte de Santander, el a quo precisó:

“(…) por lo anterior, al tenor de los artículos 2341 y 2343 del Código Civil “es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”, lo cual significa que en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, quien debe indemnizar el perjuicio es a quien se le puede imputar la causa del daño y por ello, considera la Sala que no es posible declarar probada de manera previa la falta de legitimación por pasiva del municipio de Cúcuta y de la Gobernación de Norte de Santander, teniendo en cuenta que resulta indispensable realizar el estudio de existencia del daño y de imputación en el análisis del caso, lo cual es materia de estudio dentro de la sentencia. En consecuencia, se declarará no probada la falta de legitimación por pasiva propuesta por el municipio de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander.

Contra esta decisión, la parte demandada, departamento de Norte de Santander, interpuso recurso de apelación, en el siguiente sentido:

“En razón a que el departamento Norte de Santander como ente, no es competente de la reparación y de las pretensiones a las cuales, de manera detallada quiere el accionante en la presente acción, como quiera que el municipio de San José de Cúcuta tiene funciones propias y de orden legal directas contempladas en el artículo 61 del decreto 969, el cual se encontraba vigente para la época en que ocurrieron los hechos, de igualmente éste fue derogado por medio el artículo 96 de la Ley 1523 de 2012. En cuanto a los hechos causados como consecuencia de la ola invernal previamente y teniendo en cuenta que hubo unas obras de carácter de construcción de obra pública y de manejo de remoción de masas, pero en consecuencia quien desencadenó las pretensiones de la parte accionada es la ola invernal, entonces también hay que tener muy en claro ese aspecto y es por esta razón que el tópico canaliza la gobernación del departamento de Norte de Santander y por el cual presenta la presente excepción, es la falta de legitimación por pasiva, es por las consideraciones de orden legal que se están diciendo y las establecidas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, el cual establece: …

”En el presente caso se debate es sobre una obra para una comunidad, por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta lo anterior y respecto a los deberes de prevención y mitigación de desastres, la Corte Constitucional, en Sentencia T-238A de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, manifestó lo siguiente: …

”Por estas razones de orden legal le doy base a la excepción propuesta.” (Min 36:39 al min 41:00 de la grabación de la audiencia inicial, fl. 412, cdno. ppal.).

El municipio de San José de Cúcuta también interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:

“Me permito solicitarles dar aplicación al principio “iura novit curia” en razón a que, se desprende, tanto de los hechos, como de las oposiciones que se hicieran en la contestación de la demanda, como son la insistencia del mismo actor de la presente acción, mediante el cual habla de un convenio-cooperación que es el número 107 y el contrato 218 de mayo 19 de 2008, que fue ejecutado a través de Corponor, entonces teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la falta de legitimación en la causa por pasiva, el cual es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso, de tal forma que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas, por lo que solicito entonces desestimar las pretensiones de la demanda con respecto al municipio de San José de Cúcuta, en razón de que el municipio de San José de Cúcuta no intervino en el procedimiento de esta obra, es un ente territorial que hasta el momento de presentarse la presente acción, desconocía de todos estos hechos, igualmente también debo dejar constancia y hacer mucha énfasis que fue un fenómeno de la naturaleza el que causó el presunto daño que hoy alega la parte actora” (Min 41:20 al min 43:26 de la grabación de la audiencia inicial, fl. 412, cdno. ppal.).

Conforme a la organización política de la Nación, establecida en la Constitución Política de 1991, los municipios, como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, tienen a su cargo el deber y la obligación de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes; son la primera autoridad política y administrativa en su territorio y como tal deben velar por los intereses de sus habitantes.

Debido a los múltiples fines que le fueron encargados a las entidades municipales, se expidió la Ley 136 de 1994, que asignó funciones determinadas a dichas entidades, dentro de las cuales se puede observar, en el artículo 3º, la de ordenar el desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el progreso municipal, planificar el desarrollo económico, social y ambiental, solucionar las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental, entre otros; de allí que es necesario realizar un estudio más profundo respecto de la imputación del daño al municipio de Cúcuta, y analizar detalladamente su conducta para poder establecer si debe asumir la responsabilidad de los daños ocasionados al demandante o no.

De lo anterior se concluye que el municipio de Cúcuta está legitimado para tener la calidad de parte demandada, toda vez que es factible realizar el juicio de imputación de los daños padecidos por la parte demandante a dicha entidad, en razón a que, si se llegare a demostrar en el curso del proceso que su conducta desplegada fue la que ocasionó los daños en cuestión, es posible declararla patrimonialmente responsable de los mismos.

Ahora bien, respecto a los departamentos, según el régimen departamental contenido en el Decreto 1222 de 1986, son entidades territoriales que tienen, entre otras funciones, participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos, prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen y colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los recursos naturales.

En relación con lo anterior, la Sala considera razonable afirmar que el departamento de Norte de Santander tiene la calidad subjetiva necesaria para comparecer como demandado en el proceso de la referencia, toda vez que si se llegare a probar la ocurrencia del daño antijurídico en el curso del proceso, es factible realizar el análisis de imputación del daño a la entidad territorial, en virtud del contenido obligacional de carácter legal en cabeza del departamento de Norte de Santander.

3. Respecto a la excepción de caducidad el tribunal argumentó:

“(…) En consecuencia, considera la Sala que comoquiera que el apoderado de la parte actora sostiene que solo hasta finales de septiembre del 2010, el actor tuvo certeza y conoció el perjuicio ocasionado a él, como consecuencia, de la ejecución del contrato de obra 218 del 27 de mayo de 2008. Además, no obra en el proceso documento alguno que permita desvirtuar la afirmación realizada por la parte actora, en cuanto a que solamente a finales del mes de septiembre de 2010, se pudo evidenciar el perjuicio al presentarse la ola invernal. Y en aplicación del principio pro damato y de acceso a la justicia, cuando quiera que existan dudas sobre la fecha a partir de la cual se deba empezar a contar el término de caducidad de la acción, considera el despacho que en el momento debe declararse no probada la excepción de caducidad de la acción, con la posibilidad de que si se llegare a probar en el transcurso del proceso cosa distinta, se decrete en la sentencia. Por lo anterior, se declara no probada la caducidad presentada por Corponor.

Corponor interpuso recurso de apelación respecto a la decisión de no declarar probada la excepción de caducidad formulada en su contestación de demanda, y expresó lo siguiente:

“Considero que si hay documentos que prueban que la parte actora conocía los daños que se estaban ocasionado incluso desde antes de haberse construido la obra, dentro de los anexos presentados con la demanda, la parte actora presentó un documento que denominó anexo 11, ese anexo 11 data del 21 de noviembre del año 2008, donde le informa a Corponor los daños que se están presentando en el predio del señor demandante denominado Bellacruz y solicita la realización de obras con el fin de mitigar los daños y perjuicios que se le han venido presentando, es decir, para el 21 de noviembre de 2008, en que se recibe le documento, denotado como anexo 11, la parte actora sabía sin ninguna duda lo que estaba sucediendo con su predio, tenía pleno conocimiento de los daños que se estaban causando, por eso señala en ese oficio “con el fin de menguar parte del perjuicio causado al predio Bellacruz se generaron los siguientes compromisos” y recuerda los compromisos que supuestamente se habían generado con una reunión de junta y con la comunidad para realizar obras de mitigación. Por tal razón considero con todo respeto que en el presente caso y con la prueba documental que estoy señalando sí se configura la caducidad de la acción.” (Min 55:00 al min 56:36 de la grabación de la audiencia inicial, fl. 412, cdno. ppal.).

La caducidad es la sanción consagrada en la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en el principio de preclusión que rige todo proceso judicial, en la medida en que el acceder a la jurisdicción encuentra un límite temporal, frente a las situaciones particulares consagradas en la norma que determina ese lapso, es decir, se establece una oportunidad, para que en uso de ella, se promuevan litigios, so pena de fenecer la misma y con ella la posibilidad de tramitar una demanda judicial y llevarla a buen término. Asimismo, se fundamenta en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente, tornándose en ininterrumpidas. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de un medio de control y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del estado, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelto con carácter definitivo por un juez de la República con competencia para ello.

Pues bien, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral octavo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, a su vez, modificado por el artículo 44, de la Ley 446 de 1998, establece lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones(7), que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio.

Si bien es posible que, en ocasiones específicas, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, no significa que el término de caducidad se postergue indefinidamente, por cuanto la norma no consagra ese supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad inicie en el momento en que el daño se concreta por completo, por el contrario, prescribe que se cuenta a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría aquél con las secuelas o efectos del mismo.

Ahora bien, el término en mención encuentra un periodo de suspensión que se concreta al momento de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, que es de obligatorio cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009(8). Y en lo que a los efectos de esa solicitud atañe, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, precisa que el término de caducidad de las acciones que en materia contencioso administrativa, admiten el mecanismo alternativo de solución de conflictos de la conciliación, puede ser suspendido, por una sola vez, hasta que se arribe a cualquiera de los supuestos que se presentan a continuación, sin que en ningún caso pueda superar dicha situación el plazo de 3 meses, según lo que acaezca primero.

En el sub lite, para contar el término de caducidad se debe establecer el momento exacto en el que ocurrieron los hechos que causaron el daño que alega el demandante; para ello se revisó el escrito de la demanda, que en el hecho número 13 (fl. 7, cdno. 1) afirmó lo siguiente:

“Para efecto de demostrar que no ha operado la caducidad de que trata el artículo 164, numeral 2º literal i de la Ley 1437 de 2011, es de vital importancia precisar, que con la realización de la obra ‘Corrección cauce río Pamplonita y/o dragado y corrección cauce del río Pamplonita - sector Aguaclara, municipio de Cúcuta’ que de acuerdo a los elementos materiales probatorios se realizó a finales del año 2007, pero que observadas otras pruebas, al parecer se ejecutó entre mayo y diciembre de 2008; se ha generado a mi poderdante un daño por acción, el que solo se evidenció a partir de los últimos días de septiembre de 2010, al presentarse la temporada invernal que en ese sector del municipio se inició para esa fecha, y existe además una conducta omisiva de carácter permanente, pues como se demostrará pese a las reiteradas solicitudes de prevención a todas y cada una de las demandadas, de parte de estas poco y nada se hizo para evitar el daño y menos para corregirlo”.

De lo anterior se advierte que la parte demandante no establece una fecha cierta de la ocurrencia del daño, sólo señala que se presentó en los últimos días del mes de septiembre de 2010.

La Sala, en aras de ser garantista, tomará como fecha de producción del daño el 30 de septiembre de 2010, es decir, el último día del mes que señaló el demandante como época en la que se produjo el daño; entonces, el término de caducidad de la acción se debe empezar a contar a partir del día siguiente, es decir, desde el 1º de octubre de 2010, y finaliza dos años después, esto quiere decir el 1º de octubre de 2012.

A su vez, el demandante suspendió el término de caducidad el 20 de septiembre de 2012, cuando solicitó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 23 Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2012, como se muestra en el anexo 54 de la demanda (fl. 220, cdno. 1); y luego, se presentó la demanda el 21 de noviembre de 2012, cinco días después de que se reanudó el término de caducidad de la acción.

Lo anterior demuestra que la parte demandante interrumpió el término de caducidad establecido en la ley, al presentar la demanda en la fecha antes señalada, por lo que se confirmará la decisión del tribunal en cuanto a no declarar probada la excepción de caducidad formulada por Corponor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por la que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Confirmar la decisión que no declaró probadas las excepciones previas de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander.

3. Por secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Auto del 25 de junio de 2014. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49.299.

(2) Auto del 25 de junio de 2014. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49.299.

(3) Constitución Política, artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…) 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

(4) La Ley 1444 de 2011, artículo 12. Reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Reorganícese el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados en las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 11 de la presente ley.
PAR.—Serán funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en todo caso, las asignadas al Ministerio de Ambiente en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 388 de 1997, en lo relativo a sus competencias.

(5) Ley 99 de 1993, artículo 5º. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:

“(…) 16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las corporaciones autónomas regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;”.

“(…) 36) ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-462-08 del 14 de mayo de 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: 11 de mayo de 2000, expediente 12200; 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; 10 de abril de 1997, expediente 10954, y de 3 de agosto de 2006, expediente 32537. Autos de: 3 de agosto de 2006, expediente 32537; 7 de febrero de 2007, expediente 32215.

(8) Ley 1285 de 2009. Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la el siguiente:

“ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.