Sentencia 2012-00189 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE TOLIMA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 730011102000 2012 00189 01

Acta 101 de la misma fecha 730011102000 - 2012 00189 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref. Apelación fallo sancionatorio.

Bogotá D.C., diez de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto 196 de 1971, hoy numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En tal virtud, entra entonces esta Corporación a decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

2.2. Fundamentos de la decisión.

La Corte Constitucional, en diversos fallos, se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”.

El Derecho Disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por su parte, el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 establece como presupuestos probatorios para proferir fallo sancionatorio la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En efecto, de una lectura sistemática del Código Disciplinario del Abogado se desprende que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse dentro del proceso a cualquiera de los medios probatorios existentes, siempre que las pruebas se encuentren legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.

Así, al momento de proferir el fallo, corresponde al operador disciplinario hacer un análisis en conjunto de cada uno de los elementos con que cuenta la investigación, de conformidad con las reglas de la sana crítica, a efectos de determinar si existe prueba que ofrezca certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

De este modo, la legislación disciplinaria ha adoptado como método para la valoración de la prueba el denominado sistema de persuasión racional, según el cual ningún medio de prueba tiene previamente señalada la valoración que debe darle el funcionario que conoce del asunto -tarifa legal-, por el contrario, corresponde a aquél examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias.

El sistema de valoración de la prueba descrito está llamado a coadyuvar en la conquista de los fines del proceso disciplinario, especialmente, el de la aproximación razonable a la verdad material.

Adicionalmente, el análisis de las pruebas en las que se basa el fallo constituye garantía para preservar uno de los principios rectores de la ley disciplinaria cual es la motivación de los actos, pues la decisión definitiva del proceso en torno a la responsabilidad de los implicados, bien sea sancionatoria o absolutoria, solo puede desprenderse de la valoración probatoria.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-244 del 30 de 1996 sostuvo:

“(…) Como es de todos sabido, el juez, al realizar la valoración de la prueba, la que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Reacuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. (…)”.

En todo caso, nótese que las pruebas objeto de valoración por parte del intérprete son aquellas allegadas en forma regular al proceso, esto es, cumpliendo con todos los principios generales de la prueba judicial, incluido, el de oportunidad de la prueba. Así, las pruebas deben ser practicadas dentro de las etapas preclusivamente establecidas por el legislador para ello; y sólo sobre ellas se puede fundar la motivación de la decisión, pues éstas son el camino a través del cual el operador se aproxima, en forma razonable, a la realidad material que debe conocer observando el debido proceso.

En este orden de ideas, dentro del proceso disciplinario la prueba cumple un papel fundamental cual es conducir al operador a una mayor aproximación a la verdad real sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado, requisitos esenciales para proferir fallo sancionatorio, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley.

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la prueba.

Por su parte la adecuación típica, tiene que ver con el hecho de subsumirse la conducta en la descripción abstracta que hace el legislador. Cuando se está en presencia de una conducta ejecutada por un sujeto disciplinable, le corresponde a operador judicial verificar si encuadra perfectamente en la norma sustantiva disciplinaria, vale decir si es típica.

La conducta típica o tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como falta dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código.

Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo disciplinario. Si se adecua es indicio de que es falta. Si la adecuación no es completa no hay tipicidad.

Tradicionalmente la tipicidad, desde la dogmática del derecho penal, comprende una parte subjetiva y otra objetiva, la primera referida a los aspectos intelectual y volitivo del dolo, mientras que la segunda implica la inmersión de la conducta del sujeto activo en la acción u omisión típica y la descripción del resultado, es decir, que la conducta es objetivamente típica, cuando la conducta se encuadra en la descripción legal, atendiendo en todo caso, los elementos normativos y descriptivos del tipo.

El artículo 83 superior establece el principio de la buena fe, que quiere decir, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, en igual sentido el artículo 1603 del Código Civil Colombiano determina que Los contratos deben ejecutarse de buena fe.

Los tratadistas y la jurisprudencia consideran que el término mala fe está ligado con una conducta desleal realizada para la obtención de un beneficio. Toda maniobra engañosa, fraudulenta y tramposa está precedida de la mala fe.

El abogado actúa de mala fe cuando en su conducta hay presencia de artificios o engaños, con los cuales se altera la verdad, o se muestra una realidad ficticia y se crean circunstancias especiales inexistentes con los cuales se logra inducir en error o mantener en el mismo a la víctima, esto es, la convence, o la disuade con el propósito de que se equivoque al dar por cierto lo falso, vea ganancia donde hay pérdida; conforme a lo anterior, ésta toma decisiones, se compromete y sigue el sendero trazado por el victimario y así ; lograr el fin perseguido, con el correlativo perjuicio del damnificado.

2.3. La nulidad planteada.

Antes de entrar a resolver el recurso de apelación, procede la Sala a pronunciarse de cara a la solicitud de nulidad planteada por la defensa del disciplinado.

Se cuestionó por parte del recurrente, el hecho de no haberse accedido a la solicitud de unidad procesal propuesta por la defensa del disciplinado, con lo cual en sentir del abogado se vulneró el derecho al debido proceso. Al respecto vale la pena hacer las siguientes precisiones:

El debido proceso es una garantía constitucional instituida en favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial (artículo 29). Consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa. No obstante, debe precisarse que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, es decir sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.

No todo vicio o irregularidad que se presente en el trámite de la actuación disciplinaria, necesariamente tiene el potencial para generar la nulidad de la misma, pues se requiere en todo caso que este o esta sea sustancial, es decir, que afecte de manera evidente el debido proceso, lo que se traduce en el hecho de que al investigado se le hayan desconocido los derechos que le asisten de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.

Es así, como no cualquier irregularidad puede dar lugar a la invalidación del proceso, pues se requiere que ella afecte hondamente las bases del procedimiento, de forma tal que su estructura se quebrante.

En materia de nulidades, se tiene, que:

1. La declaratoria de nulidad no procede ante la presencia de cualquier irregularidad, sino cuando la misma trasciende a la existencia de un vicio irremediable, caso en el cual reclama su reconocimiento por el mecanismo de la nulidad.

2. La nulidad sólo puede ser declarada una vez el funcionario haya constatado que no existe remedio procesal diferente y que la decisión está informada por los criterios señalados en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, por virtud de lo ordenado por el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

En este orden de ideas, se pueden vislumbrar como irregularidades sustanciales que afectan de manera efectiva el debido proceso, entre otras, las siguientes: 1. La violación de los términos otorgados al implicado para presentar sus descargos; 2. La no práctica de las pruebas conducentes solicitadas por el implicado al presentar sus descargos; 3. La violación del derecho de defensa del implicado, cuando se nombra apoderado de oficio y éste, una vez posesionado, no actúa en procura de salvaguardar los derechos del primero, dejando a la deriva el proceso por su no intervención o descuido;

4. (sic) El no otorgamiento de los recursos establecidos en la Ley para atacar las providencias dictadas dentro del proceso disciplinario;

5. La falta de notificación de las providencias proferidas en el curso de la actuación disciplinaria, de manera que se hagan oponibles al implicado cuando no se le ha dado la oportunidad de conocerlas y controvertirlas en los términos de Ley, etc.

Antes de acometer al análisis de la petición de nulidad, es pertinente ilustrar al abogado defensor, que no toda irregularidad debe llevar necesariamente la existencia de una nulidad sino que, por el contrario, para que ésta se presente se requiere que sea sustancial, es decir, que de manera real afecte el debido proceso o que la persona sea procesada arbitrariamente, con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso consagradas en la Constitución y la ley; por cuanto esta figura está pensada y consagrada como remedio extremo y por ende último. Además, para conocimiento del apelante, las causales de nulidad en la actuación disciplinaria seguida contra abogados se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, estableciéndose en ellas, como vicios del procedimiento, la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo, la violación del derecho de defensa del investigado y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, las cuales en todo caso no basta con alegarlas, hay que demostrarlas.

En el presente asunto se tiene de un lado, que de haber existido la irregularidad denunciada por el abogado recurrente, la misma no tiene la contundencia para anular la actuación disciplinaria y además, la misma fue convalidada en la medida que debió proponerse antes de que se profiriera el fallo de primera instancia y no en este estadio procesal.

El hecho de no decretarse la conexidad o unidad procesal en el trámite de primera instancia no conlleva de manera inexorable la violación al debido proceso o derecho de defensa; por tal razón no se accederá a la solicitud de nulidad deprecada por el recurrente.

2.4 Del recurso de apelación.

Tenemos que el abogado defensor atacó el fallo sancionatorio de primera instancia bajo dos argumentos, y en tal sentido la Sala procederá a pronunciarse respecto de cada uno de ellos.

Considera la defensa del abogado disciplinado, que las pruebas recaudadas en la investigación no cumplieron con el fin de llevar a juez más allá de toda duda razonable, puesto que los testigos de cargos entraron en contradicciones, las cuales se permitió transcribir en el recurso de apelación.

Sobre este tópico, conviene traer a colación algunos apartes de la Sentencia C-244 de 1996, cuyo Magistrado Ponente es el doctor Carlos Gaviria Díaz:

“...El in dubio pro disciplinado, al igual que el in dubio pro reo emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado...”.

Las pruebas acopiadas en la investigación disciplinaria de manera diáfana enseñan que el disciplinado ofreció sus servicios de asesoría e intermediación para la adquisición de unos inmuebles a los quejosos, para tal efecto hizo valer su condición de profesional del derecho, e inclusive se comprometió a el resultado, lo que generó un grado de confianza en los contratantes, así lo detallaron los declarantes, EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ.

Si bien pueden existir algunas contradicciones en cuanto circunstancias de tiempo modo y lugar, tal y como lo resalta el recurrente, lo cierto, es que tales contradicciones no tienen la contundencia para enervar una duda razonable que deba ser absuelta a favor del disciplinado, dado que en lo esencial y fundamental, las testimoniales son contundentes en demostrar que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, actuó de mala fe al hacerles creer que él tenía la facultad de interceder por los quejosos ante entidades públicas y privadas encargadas de rematar los bienes inmuebles objeto de intereses por parte de los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA, HORACIO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO GÓMEZ.

No existe duda sobre la calidad de sujeto disciplinable, puesto que las declaraciones de los señores, EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ coinciden en el hecho de que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA les enseñó la tarjeta profesional al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios, inclusive la señora María Ester Melo Farfan en su declaración dijo, que el disciplinado se presentaba siempre como abogado y que en el medio de los comisionistas era reconocido como el abogado que se encargaba de los remates.

Ahora bien, el hecho que no hubiese existido un poder especial o general, no desvirtúa la relación cliente abogado, pues las testimoniales recaudadasen el presente proceso son lo suficientemente contundentes en señalar que los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO

MARTÍNEZ contrataron al quejoso por su condición de abogado. Y es que no existe prueba que demuestre que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA se dedicaba al ejercicio de comisionista de bienes raíces, véase que el mismo en la versión libre diferencia su labor con la de los comisionistas, entonces no puede considerarse que los contratos que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA celebró con los quejosos eran para el prestar los servicios personales de comisionista.

Las pruebas no generan duda sobre el hecho de la exigencia de dinero por parte del señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA a los denunciantes, como tampoco sobre el incumplimiento de lo prometido.

Al señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, se le sancionó por la incursión en tres faltas disciplinarias a saber:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión.

(…)“.

Y

ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable;

c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;

(…)”

Las testimoniales enseñan que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, actuó de mala fe no solamente al momento de suscribir los contratos de prestación de servicios con los quejosos sino durante todo el tiempo que los tuvo engañados, haciéndoles creer que iba a cumplir su compromiso, pese a que desde mucho antes, inclusive de la suscripción de los mismos, era conocedor de la imposibilidad de cumplir con lo prometido. Y es que basta con analizar los contratos de prestación de servicios celebrados con los quejosos para concluir que debido a su ambigüedad, los mismos no iban hacer cumplidos.

Los contratos de prestación de servicios hacen parte del ardid que utilizó el profesional del derecho para timar a los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA, HORACIO MARTÍNEZ y LUIS HERNANDO GÓMEZ, por tanto no puede ser considerado como lo pretende el recurrente en un simple incumplimiento de un contrato mercantil, pues se itera, el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA, sobrepuso al momento de la celebración de los mismos, su condición de profesional del derecho.

No existe igualmente duda sobre el hecho de haber garantizado como abogado un resultado favorable. Los señores EGIDIO CAPERA, AGAPITO PERDOMO POLANÍA y HORACIO MARTÍNEZ fueron claros en enseñar que el abogado se comprometió inicialmente en un lapso de tiempo a obtener el resultado, que en el caso del señor EGIDIO CAPERA era el de la materialización de la correspondiente compraventa por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y en el caso del señor LUIS HERNANDO GÓMEZ, la cesión de derechos litigiosos del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 350-130604 y con el señor HORACIO MARTÍNEZ se comprometió al igual que con el señor AGAPITO PERDOMO POLANÍA a cancelar el crédito a la Compañía de Gerenciamiento Activos CGA para acceder a un inmueble.

En igual sentido, las pruebas enseñan que el señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA guardó silencio durante todo el tiempo que sostuvo la relación cliente –a bogado con los quejosos de las implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada; pues nunca les informó que existía otra persona que era la encargada de realizar los trámites.

En este orden de ideas el fallo de primera instancia será confirmado, puesto que el extenso escrito del recurrente no logró desvirtuar la responsabilidad disciplinaria del señor EDWARD ANCIZAR RAMÍREZ CORREA en cuanto las faltas enrostradas.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 20 de marzo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima(4), mediante la cual declaró disciplinariamente responsable al profesional del derecho y lo sancionó con EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y MULTA DE 50 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES

LEGALES VIGENTES por la comisión de las faltas disciplinarias descritas en el numeral 4º del artículo 30 y literales b) y c ) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

4 La Sala de instancia estuvo conformada por los Magistrados JOSÉ GUARNIZO NIETO (Ponente) y CARLOS FERNANDO REYES CORTES.