Sentencia 2012-00198/20701 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Rad.: 170012331000-2012-00198-01 (20701)

Actor: DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A.

Demandado: UAE - DIAN

Ref.: Impuesto sobre la renta del año gravable 2007. El beneficio de auditoría no procede respecto de una declaración que mediante auto declarativo, que se encuentra en firme y no se demanda su nulidad, la administración tuvo por no presentada. La competencia del funcionario se examina en el marco del procedimiento que dio lugar a la expedición de los actos administrativos demandados. No es forzoso para la administración la aceptación incondicional de la apariencia de los contratos celebrados por el contribuyente. Inversión de la carga de la prueba. Se debe probar que los gastos son necesarios y guardan relación de causalidad para que proceda la deducción prevista en el artículo 107 del E.T. La sanción por inexactitud. Aplicación del principio de favorabilidad.

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar: (i) si la declaración del impuesto sobre la renta del año 2007, presentada el 24 de abril de 2008 (por medio litográfico), estaba cobijada por el beneficio de auditoría y, por ende, si para la fecha en la que se expidió el acto administrativo que la tuvo por no presentada, ya se encontraba en firme y (ii) si al proferirse el auto que tuvo por no presentada la declaración del impuesto de renta del año 2007, la liquidación oficial de revisión demandada, se quedó sin sustento.

En el evento en el que se determine que la DIAN estaba facultada para adelantar el proceso de fiscalización por el impuesto de renta del año 2007, porque la liquidación privada no se encontraba en firme, debe la Sala analizar: (i) si los funcionarios que actuaron en dicho trámite tenían competencia para hacerlo, (ii) si el contrato de cuentas en participación se debe tener en cuenta como soporte para el reconocimiento del “gasto operacional de ventas”, o si por el contrario, se requería de la factura como soporte de la erogación, porque conforme con las pruebas recaudadas por la Administración, el contrato que en apariencia correspondía al de cuentas en participación, en realidad, era un contrato de prestación de servicios, (iii) si las erogaciones en las que incurrió la sociedad por pasajes aéreos, casino, restaurante y otros, cumplieron con los requisitos de necesidad y de proporcionalidad en los términos del artículo 107 del E.T y (iv) si la parte actora incurrió en alguno de los hechos sancionables por inexactitud o si por el contrario, se configuró una diferencia de criterios entre las partes.

2. La declaración respecto de la que se predica que operó el beneficio de auditoría, se tuvo por no presentada mediante acto administrativo que goza de presunción de legalidad

2.1. El artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, vigente para la época de los hechos, modificó el inciso tercero y adicionó dos incisos al parágrafo 3 del artículo 689 del E.T.

Conforme con esta norma:

Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos cinco (5) veces la inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna(11) y el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.

Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y/o compensación será el previsto en este Parágrafo para la firmeza de la declaración.

El beneficio contemplado en este artículo se prorroga por cuatro (4) años a partir del año gravable 2007 (Subraya la Sala).

2.2. De lo anterior se infiere que uno de los requisitos previstos por el legislador para que proceda el beneficio de auditoría, es que la declaración se presente en debida forma y de manera oportuna.

2.3. Si el contribuyente está obligado a presentar su declaración de forma virtual y lo hace por otro medio, como ocurrió en este caso, que lo hizo por medio litográfico(12), hecho que no es controvertido por la parte actora, esa declaración se tiene por no presentada. Así lo dispone el artículo 579-2 del E.T, modificado por el artículo 38 de la Ley 633 de 2000; por lo tanto, el contribuyente no se podía acoger al beneficio de auditoría.

2.4. Ahora bien, al margen de la discusión respecto del término que tenía la Administración para proferir el auto por el que se tuvo por no presentada la declaración del 24 de abril de 2008 (por medio litográfico)(13), lo cierto es que la DIAN, mediante el auto 102382009000149 de 15 de diciembre de 2009, de conformidad con el artículo 580 del E.T, decidió que el “formulario correspondiente al impuesto de Renta, periodo 1, año gravable 2007, radicado bajo el número 12050011043641, de fecha 24 de abril (sic) de 2008 se tiene como no presentada(14), porque se presentó por un medio diferente al que el contribuyente estaba obligado.

2.5. El anterior auto declarativo se notificó por correo(15), sin que conste o se alegue que contra el mismo se agotó la vía gubernativa (contra este acto procedía el recurso de reposición y en subsidio apelación), como tampoco que se haya demandado su nulidad, menos aún, que se encuentre suspendido; por lo tanto, conforme con lo previsto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al caso concreto, su observancia resulta obligatoria, en este caso, por presumirse su legalidad.

2.6. En este orden de ideas, no se puede predicar la firmeza de una declaración que (i) no se presentó en debida forma y (ii) que se tuvo por no presentada por la DIAN, mediante acto administrativo que goza de presunción de legalidad.

2.7. En conclusión, la declaración de renta del año 2007, presentada por medio litográfico el 24 de abril de 2008, respecto de la cual, la parte actora afirmó que operó el beneficio de auditoría, se tuvo por no presentada mediante acto administrativo que goza de presunción de legalidad, que por no estar demandado en este proceso, no es posible referirse al mismo.

3. Los actos administrativos demandados en este proceso se refieren a una declaración del impuesto de renta del año 2007, diferente a la que la DIAN tuvo por no presentada. El procedimiento de determinación oficial del impuesto de renta del año 2007, cuestionado en este asunto, se adelantó respecto de la declaración virtual, presentada por el contribuyente, que no se encontraba en firme

3.1. Expuso la parte actora que si se acepta que el auto declarativo por el que se tiene por no presentada la declaración presentada por medio litográfico tiene los efectos predicados por la DIAN, la liquidación oficial de revisión que se demanda en este proceso carece de fundamento, porque no es posible hacer la revisión de algo que no existe.

3.2. Al respecto, observa la Sala que no le asiste razón a la parte actora en su argumento, porque en la Liquidación Oficial de Revisión 102412010000088 de 9 de diciembre de 2010(16) -demandada—, la Administración decidió modificar la liquidación privada presentada de manera virtual el 24 de noviembre de 2008 por la sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A.(17). Decisión que se confirmó con la Resolución 900263 de 14 de diciembre de 2011(18), con la que se agotó la vía gubernativa.

3.3. Es decir, los actos administrativos demandados en este proceso, se refieren a una declaración del impuesto de renta del año gravable 2007, diferente a la presentada el 24 de abril de 2008, que se tuvo por no presentada mediante el auto 102382009000149 de 15 de diciembre de 2009.

3.4. Aunque la parte actora insiste en que la declaración presentada de manera virtual el 24 de noviembre de 2008(19) —a la que se refieren los actos administrativos demandados—, corresponde a la corrección de la declaración litográfica del 24 de abril de 2008(20) —que se tuvo por no presentada—, de hecho, en el formulario de esa declaración así se indica(21), lo cierto es que antes de esta última declaración, le precedió otra presentada de manera virtual el 28 de abril de 2008(22), en la que no se indicó que se tratara de una corrección a la que le antecedía, es decir, a la litográfica, menos aún, se prueba que se haya seguido el trámite previsto en el artículo 589 del E.T(23), vigente para la época de los hechos, que se debía atender en el caso de las declaraciones de corrección que aumentan el saldo a favor, como ocurrió en este caso(24).

3.5. De esta manera, es razonable que la DIAN haya proferido los actos administrativos respecto de la declaración del 24 de noviembre de 2008, porque a esta le antecedió una presentada de manera virtual el 28 de abril del 2008, respecto de la cual, el contribuyente no indicó que correspondiera a una corrección de la del 24 de abril del mismo año (litográfica), que se tuvo por no presentada mediante auto de 15 de diciembre de 2009 por haberse presentado por un medio que no correspondía.

3.6. En este orden de ideas, se concluye que una es la declaración litográfica del 24 de abril de 2008, que se repite, se tuvo por no presentada y otra, a la que se refieren los actos administrativos demandados, respecto de la cual, la DIAN bien podía iniciar el proceso de determinación del tributo, porque no se encontraba en firme, en la medida en que no había transcurrido el término previsto en el artículo 714 del E.T(25), antes de la modificación introducida por el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016(26)

4. Los funcionarios a los que se refiere la parte actora y respecto de los cuales acusa su falta de competencia, actuaron en el procedimiento en el que se resolvió la solicitud de devolución del saldo a favor, que es diferente al analizado en este proceso. Las funcionarias que intervinieron en el procedimiento de determinación oficial del impuesto tenían competencia para actuar.

4.1. Según se desprende de los antecedentes administrativos que obran en el expediente, en relación con la declaración del impuesto sobre la renta del año 2007, presentada por la sociedad actora, la Administración de Impuestos adelantó tres procedimientos, a saber: (i) resolvió la solicitud de devolución del saldo a favor, (ii) profirió el auto que tuvo por no presentada la declaración litográfica y (iii) liquidó de manera oficial el impuesto, siendo este último el que interesa analizar en esta oportunidad.

4.2. En efecto, se advierte que mediante el auto de archivo 103 de 14 de mayo de 2009, la División de Gestión de Fiscalización —Grupo Interno de Trabajo Auditoría Tributaria I, “una vez culminada la investigación adelantada en el programa DI Devolución de Impuestos Tributarios expediente DI 2007-2008-0037, del contribuyente D.C.P. Auditores y Revisores Fiscales S.A., (…) profiere auto de archivo 103, a la solicitud de devolución y/o compensación de la declaración de renta del año gravable 2007”, porque el “saldo a favor solicitado por el contribuyente se origina de las retenciones en la fuente que le practicaron en el año gravable 2007, las cuales fueron soportadas”(27).

4.3. En este mismo auto se hace alusión a que mediante acta de comité nº 004 del 25 de noviembre de 2008, “se decide trasladar el expediente al programa PD-Postdevoluciones”(28), acta en la que consta que se “presenta incertidumbre del vínculo que existe entre la empresa D&D Consultores y Asesores S.A. y la empresa objeto del presente estudio”(29).

4.4. Trasladado el expediente a la División de Gestión de Fiscalización Grupo Interno de Auditoría Tributaria I de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales, la funcionaria Isabel Cristina Valencia Valencia, mediante el auto de apertura nº 102382009000079 de 28 de enero de 2009, inició la correspondiente investigación(30), con el fin de determinar si había lugar a determinar de manera oficial el tributo.

4.5. Respecto de esta funcionaria, la parte actora, en la reforma a la demanda, manifestó que “[n]o reposa en el expediente acto administrativo alguno que faculte a la funcionaria Isabel Cristina Valencia Valencia para ejecutar las funciones de la Jefe de División de Fiscalización”(31).

4.6. Argumento que fue controvertido por el apoderado de la DIAN, quien, con ocasión de la contestación a la reforma de la demanda, aportó copia de la Resolución 5 de 4 de noviembre de 2008, en la que consta que esa funcionaria pertenece al Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de la UAE - DIAN y se le designó como jefe del grupo(32).

Grupo interno que fue creado con la Resolución 0011 de 4 de noviembre de 2008(33), en cuyo artículo 63 numeral 7 se dispuso que tiene por funciones, entre otras, proferir “autos de apertura” y “demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, en relación con las investigaciones que estén a su cargo y de las demás funciones propias de la División”(34), dentro de los que se encuentra el auto por inclusión 102382009000158 de 16 de abril de 2009, por el que incluyó “en la investigación ordenada mediante Auto de Apertura 10232009000079 (sic) de fecha 28 de Enero de 2009 al (los) funcionario (os)” Gloria Patricia Marín Arenas(35).

4.7. Esta última funcionaria, fue comisionada(36) por Isabel Cristina Valencia Valencia, en su calidad de Jefe GIT Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización DIAN - Manizales, para adelantar investigación respecto de la declaración del impuesto de renta del año 2007, expediente PD 2007-2009-0079(37).

4.8. En virtud de dicha comisión, Gloria Patricia Marín Arenas realizó visita el 16 de julio de 2009 en las instalaciones de la sociedad contribuyente(38), visita que continúo el 30 de julio de 2009, oportunidad en la que se le solicitó al contribuyente “copia de la liquidación del contrato de colaboración empresarial 01-2007 celebrado entre DCP Auditores y Revisores Fiscales (…) y D&D Consultores y Asesores S.A. (…)”(39).

4.9. Esta funcionaria también suscribió el anexo de 1 de septiembre de 2009 al auto de verificación o cruce nº 102382009000007(40), en el que se determinó que la sociedad debía corregir el renglón de devoluciones para suprimir la suma de $13.897.000 y el renglón de gastos operacionales de ventas para disminuirlo en $426.648.000.

4.10. En este orden de ideas, se advierte que las funcionarias que actuaron en el trámite de determinación oficial del impuesto sobre la renta del año 2007 tenían competencia para hacerlo.

4.11. En lo que tiene que ver con los demás funcionarios citados en la demanda y en su reforma, la Sala advierte que estos actuaron en el trámite de la solicitud de devolución, procedimiento que es distinto del de determinación oficial del tributo, que es el que es objeto de análisis en este proceso.

4.12. En efecto, el funcionario Alexander Vanegas Chacón expidió el Requerimiento Ordinario de Información nº 191 de 22 de octubre de 2008, en el que se hizo referencia a la solicitud de devolución nº DI 2007 2008 991(41) y la funcionaria Carmen Méndez Soto profirió el auto de apertura nº 102382008000037 de 26 de noviembre de 2008 (expediente 2007 2008 000037), por el que se dispuso “[i]niciar investigación a solicitud: de la administración [a la sociedad demandante y por concepto de renta del año 2007], por el programa: devoluciones impuestos tributarios(42).

4.13. En este orden de ideas se concluye que: (i) no es posible analizar la presunta falta de competencia de los funcionarios que intervinieron en el trámite de devolución de un saldo a favor del impuesto de renta del año 2007, porque resulta ajeno a este proceso, en el que se examina la legalidad de los actos administrativos que determinaron de manera oficial dicho tributo. Es decir, la competencia del funcionario se examina en el marco del procedimiento que dio lugar a la expedición de los actos administrativos demandados y (ii) como las funcionarias que actuaron en el proceso de determinación oficial del tributo tenían competencia para hacerlo, las pruebas recaudadas no desconocieron el derecho al debido proceso y de defensa.

5. El contrato de cuentas en participación. No es forzoso para la Administración aceptar de manera incondicional la apariencia de los contratos suscritos por los contribuyentes, cuando de las pruebas aportadas en el trámite administrativo surge que, en realidad, el acuerdo de las partes corresponde a un contrato diferente al señalado por el contribuyente (reiteración). La parte actora no desvirtuó los argumentos que tuvo en cuenta la administración para concluir que el acuerdo entre las partes corresponde a un contrato de prestación de servicios; por ende, al no presentarse la factura que soporta la erogación reclamada por el contribuyente, procedía el rechazo de la suma de $415.000.000.

5.1. Analizadas las pruebas que obran en el expediente, en especial, el anexo al requerimiento especial, se advierte que el 2 de enero de 2007, la sociedad actora suscribió un contrato con D&D Consultores y Asesores S.A., denominado Contrato de Colaboración Empresarial (registrado el 4 de enero de 2007 en la Notaría 2 de Manizales)(43).

5.2. Las partes acordaron el objeto del contrato, los aportes y la participación y pago en los siguientes términos:

Cláusula primera: Objeto. El objeto del presente contrato es la alianza para la prestación de servicios de Asesoría (sic) y consultoría contable, comercial, financiera y tributaria, auditorías y revisorías fiscales, y todo l (sic) relacionado con la contaduría en general, con el fin de lograr un crecimiento en el mercado nacional y posicionamiento en la prestación de los servicios que ofrecen las sociedades DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A., y D&D Consultores y Asesores S.A., contemplados dentro de su objeto social.

Cláusula segunda: Aportes de las partes. Los aportes consistirán en los siguientes:

1. DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A. aporta para la ejecución de este contrato, los bienes y servicios que a continuación se relacionan, que son de su- (sic) exclusiva propiedad y desempeño:

• El Nombre Comercial del Establecimiento Comercial propiedad de DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A. el cual se encuentra debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Manizales.

• Todos los muebles, enseres, equipo (sic) y demás elementos que son de su exclusiva propiedad y al servicio exclusivo de la Sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A.

• Toda su Infraestructura Organizacional.

1. D&D Consultores y Asesores S.A. aporta para la ejecución de este contrato, toda su capacidad intelectual y comercial de sus empleados, asumiendo todos los gastos necesarios y los bienes que sean necesarios y de su exclusiva propiedad, para la promoción y posicionamiento de los productos y servicios que ofrecen ambas sociedades, para así aumentar el numero (sic) de clientes con el fin de poder crecer en el mercado Nacional e Internacional y lograr un mejor posicionamiento de los bienes y servicios que ofrece la sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A. y D&D Consultores y Asesores S.A.

(…).

Cláusula sexta: Participaciones y pago. El partícipe inactivo D&D Consultores y Asesores S.A., recibirá a título de participación sobre utilidades operacionales que generen el presente contrato por valor de cuatrocientos quince millones de pesos ($415.000.000,00) m/cte, liquidados a la terminación del mismo.

El pago del valor de la participación sobre utilidades que corresponde a D&D Consultores y Asesores S.A. lo realizará la Sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A., a medida que tenga capacidad económica para ello y mediante el mecanismo de cruce de cuentas por medio de cuentas de cobro, notas contables u otro documento que sirva como soporte contable para las partes.

PAR.—La Sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales S.A. podrá realizar anticipos a D&D Consultores y Asesores S.A. sobre los cuales efectuará las retenciones en la fuente a que haya lugar, anticipos que se tendrán en cuenta al momento de la liquidación final del presente contrato(44).

5.3. El contrato de cuentas en participación, regulado en el Código de Comercio, es un “contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”(45).

5.4. Aunque se trata de un contrato que no está sometido a solemnidades en cuanto a su formación y, por ende, el objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán por el acuerdo de los partícipes(46), es incuestionable que en este tipo de contratos se requiere que el gestor reparta a sus copartícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida.

5.5. En cuanto al reparto de las ganancias o de las pérdidas, esta corporación ha dicho que “sostener que deben distribuirse utilidades y no ingresos y que éstos no deben repartirse cuando se perciben, o que no sea una actividad comercial la que desarrollan, son objeciones que atentan contra el principio de la autonomía de la voluntad que rige la contratación entre particulares”(47); por ende, lo primordial, en esta clase de contrato, es que se pruebe el reparto de las ganancias o pérdidas, independientemente del mecanismo de reparto que hayan acordado las partes y de su periodicidad(48).

5.6. La administración cuestionó que sin conocerse las utilidades que arrojaría la sociedad a 31 de diciembre de 2007, de antemano se había establecido un valor a favor del partícipe inactivo, por lo que en estricto sentido no se trataba de un reparto de utilidades y, agregó, que “[f]ijar la remuneración al inicio de la ejecución del contrato, es un hecho que permite inferir que es una remuneración por prestación de servicios”(49), lo que trae consecuencias en materia fiscal.

5.7. Respecto de la participación y pago, la parte actora afirmó que “el hecho de que se haya determinado en un principio un pago de $415.000.000, no le quita la connotación de contrato de cuenta en participación”(50) y que esa cifra “no correspondía[n] a un precio pactado previamente entre las sociedades, es decir que no era una obligación inmodificable a cargo de DCP, pues como se señaló (…) eran la suma máxima que la sociedad D&D podía recibir como participación en las utilidades, atendiendo el acuerdo inicial”(51).

5.8. Al respecto, la Sala observa que los argumentos expuestos por la parte actora no están soportados en ninguna prueba adicional al contrato, del que vale la pena decir, no se infiere que los $415.000.000 a la que se refiere la cláusula sexta del contrato corresponda al acuerdo de la suma máxima que la sociedad D&D podía recibir como participación en las utilidades obtenidas por la ejecución del contrato de colaboración empresarial.

5.9. Es decir, lo que consta en el expediente es que entre las partes intervinientes en el contrato denominado de “Colaboración empresarial”, se acordó el pago de una suma determinada ($415.000.000), a “título de participación sobre utilidades operacionales”, lo que contrasta con el reparto o la división de las ganancias o las pérdidas entre los partícipes, como lo prevé el artículo 507 del Código de Comercio.

5.10. En efecto, el acuerdo del pago de una suma determinada no se puede asimilar a un reparto(52) de ganancias o pérdidas; por el contrario, este acuerdo se asimila más de un pacto de remuneración por servicios prestados.

5.11. Así las cosas, le correspondía a la parte actora controvertir los argumentos expuestos por la DIAN y aportar los medios de prueba que condujeran a tener certeza de que el contrato celebrado por las partes sí corresponde al denominado de colaboración empresarial, porque “tratándose de los pactos o convenciones de los particulares y, en especial de los contribuyentes frente a un tercero de buena fe, como lo sería en el caso la Administración, el efecto de dichas convenciones, aun las que se hagan constar por escritura pública es susceptible de valorarse “conforme a las reglas de la sana crítica”, según el inciso final del artículo 264 del Código de Procedimiento Civil(53), esto es, en el contexto de otras pruebas, lo cual quiere decir que no es forzosa para la administración, en cualquier caso, la aceptación incondicional de la apariencia o formalidad de los actos o contratos de los contribuyentes, cuando quiera que de otras pruebas surja la verdad real o verdadera”(54), de lo contrario, resultaría ineficaz la acción fiscalizadora(55).

5.12. En efecto, en esta oportunidad, la Sala reitera que no es forzoso para la Administración aceptar de manera incondicional la apariencia de los contratos suscritos por los contribuyentes, cuando de las pruebas aportadas en el trámite administrativo surge que en realidad, el acuerdo de las partes corresponde a un contrato diferente al señalado por el contribuyente.

5.13. Así las cosas, se concluye que si la administración, en el proceso de fiscalización, encuentra serios elementos de juicio que le permiten inferir que un contrato, que en apariencia corresponde al de colaboración empresarial, en realidad, concierne a uno de prestación de servicios, se invierte la carga de la prueba(56), correspondiéndole al contribuyente probar la realidad contractual.

5.14. En el caso sub examine la parte actora no logró desvirtuar los argumentos expuestos por la Administración para rechazar la erogación en discusión, correspondiéndole la carga de la prueba; por ende, al no presentarse la factura que soporta la erogación reclamada por el contribuyente, procedía el rechazo de la suma de $415.000.000.

6. Improcedencia de las deducciones solicitadas por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 107 del E.T.

6.1. Gastos de viaje - pasajes aéreos: la sociedad demandante solicitó el reconocimiento de la deducción por los gastos en los que incurrió por concepto de transporte de los señores Felipe Arango y Rodrigo Jaramillo, porque eran empleados de la firma D&D Consultores y Asesores S.A, encargada de suministrar el personal a la sociedad contribuyente.

6.1.1. Afirmó, que el primero viajó a la ciudad de Medellín para realizar unas revisiones de la empresa Metálicos PER y, el segundo, se desplazó a la ciudad de Manizales, sede principal de esa sociedad, para la rendición de informes.

6.1.2. En el caso del señor Fernando Estupiñán, se le reconoció el pago del transporte por la capacitación que realizó en las instalaciones de la empresa.

6.1.3. La Sala ha sido enfática en señalar que “en materia tributaria no resulta suficiente la inclusión dentro del denuncio privado de una erogación para que esta sea deducible, pues de una parte, el gasto efectivamente debe realizarse dentro de la vigencia fiscal correspondiente y de la otra, reunir los requisitos exigidos por la disposición tributaria para la deducibilidad de las expensas que se dicen necesarias”(57).

6.1.4. Por esta razón, no es suficiente, para que se reconozca la deducción por este gasto, que se aporten las facturas o documentos soportes que den cuenta de la existencia del mismo, porque, en todo caso, es imprescindible que se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 107 del E.T. para que proceda el beneficio.

6.1.5. En este caso, la parte actora omitió aportar y solicitar los medios de prueba que acreditaran que los gastos por concepto del transporte aéreo de las personas señaladas con anterioridad, además de ser forzosos para que se generara la actividad productora de renta, guardaban relación de causa-efecto con la actividad generadora de renta del contribuyente en la vigencia analizada.

6.1.6. Las facturas que obran en el expediente(58), dan cuenta de la existencia del gasto, es decir, del pago del pasaje aéreo, más no de la necesidad y del nexo de causalidad de la erogación en la que la sociedad actora incurrió; porque ni siquiera se aportó prueba del motivo del viaje.

6.1.7. En conclusión, no basta con que la sociedad afirme que los citados señores le “prestaban servicios” a la empresa, porque, en todo caso se necesita de la prueba que acredite qué clase de servicio se prestó y en qué condiciones, solo de esta manera se puede establecer la necesidad y la relación de causalidad del servicio prestado por un tercero (sin vínculo laboral), respecto de la actividad productora de renta.

6.2. Gastos diversos - casino, restaurante y otros: la parte actora aportó las facturas por transporte en autobús de personal de la ciudad de Manizales a Chinchiná, bebidas y otros (gaseosa, cerveza, ron, cigarrillos, entre otros), placa en oro (despedida Roberto Herman Saldarriaga) e inscripción al seminario de planeación fiscal cierre fiscal año 2007. También se aportó el documento equivalente por servicios de restaurante, alquiler finca y servicio de asado(59).

6.2.1. La sociedad demandante afirmó que estos gastos, vistos con criterio comercial, resultaban necesarios como “incentivo y reconocimiento a las labores desarrolladas en la empresa por estas personas que son las que permite (sic) el buen funcionamiento y continuidad de los negocios”(60), argumento, que por sí solo, no prueba el requisito de la necesidad y el nexo de causalidad con la actividad generadora de renta.

6.2.2. Aclara la Sala, que si el contribuyente determina una expensa con criterio comercial, por tratarse de aquellas que “son normalmente acostumbradas en cada actividad” (inc. 2 art. 107 E.T), esta afirmación no es suficiente para que se acceda al beneficio, porque siempre se requerirá de los medios de prueba que acrediten de manera idónea que la expensa es necesaria, ya sea porque: (i) vista desde el entorno en el que se desarrolla la actividad productora de renta y en el marco del objeto social de la empresa, resulta ser de aquellas que son de usual, normal, común o de habitual aplicación por parte de otras empresas del sector en el que se desarrolla la actividad económica, para la generación de la renta o (ii) porque aunque no se trate de una conducta generalizada en el respectivo sector, el contribuyente prueba que al amparo de un criterio razonable y ostensible, la expensa en la que incurrió es de aquellas que resultan indispensables para el desarrollo de la actividad productora de renta.

6.2.3. En el caso concreto, la parte actora probó que incurrió en el gasto pero, no acreditó que todos los gastos a los que se ha hecho referencia, cumplieron con el criterio de necesidad al que se refiere el artículo 107 del E.T, como tampoco al de causalidad.

6.2.4. Ahora bien, después de revisadas en conjunto las pruebas que obran en el expediente, se establece relación de la sociedad demandante con los señores Ricardo Cano Baena y Rafael Eduardo López López, que se señalan en la factura 0702 de 25 de octubre de 2007 como unos de los asistentes al seminario de planeación fiscal cierre fiscal año 2007(61).

6.2.5. Los citados señores aparecen relacionados en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá aportado al expediente, en el que consta que por acta de asamblea de accionistas de 26 de junio de 2007, hacían parte de la junta directiva principal y suplente de la sociedad, respectivamente(62), documento del que no se infiere que estos señores participaran en el desarrollo del objeto social de la empresa, es decir, prestaran los “servicios y asesoría relacionadas con la contaduría pública la administración de empresas, sistemas derechos ingenias, industria y de producción (…)”(63); por lo tanto, se mantiene el rechazo respecto de los pagos realizados por la sociedad demandante.

6.2.6. Finalmente, respecto de la factura 00436 de 8 de febrero de 2007, por el seminario en Apulo, que no se encuentra en el expediente, la Sala advierte que el rechazo del gasto de $765.000 obedeció a que “la factura no está a nombre de la sociedad”(64), hecho que no fue controvertido por la parte actora.

6.2.7. En conclusión, la parte actora no probó que los gastos en los que incurrió, que fueron cuestionados por la Administración, fueron necesarios y guardaron relación de causalidad con la actividad productora de renta.

7. Procedencia de la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados, porque la parte actora incurrió en la conducta sancionable. Aplicación del principio de favorabilidad.

7.1. Conforme con el artículo 647 del E.T(65), es claro que constituye inexactitud sancionable (i) la omisión de ingresos, la inclusión de costos, deducciones o descuentos inexistentes y (ii) en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados; siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

7.2. Esta misma norma señala que no se configura inexactitud sancionable cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

7.3. Respecto de los errores de apreciación o de la diferencia de criterio relativos al derecho aplicable, la Sala ha dicho que debe versar sobre el derecho aplicable, con la condición que los hechos y cifras declaradas sean veraces y completos. De esta manera, existe diferencia de criterio “cuando la discrepancia debe basarse en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente, pero no ocurre lo mismo, cuando a pesar de su apariencia jurídica, no tiene fundamento objetivo y razonable”(66).

7.4. Es por lo anterior que, aunque una erogación sea real, no necesariamente conduce a que se exonere al contribuyente de la sanción por inexactitud, porque en cada caso particular se debe analizar si la inclusión de esta, como costo, deducción o descuento, obedeció a una errónea interpretación que “se presenta cuando se aplica la norma pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde”(67), caso en el cual, se debe examinar si el contenido de la norma se prestaba a distintas interpretaciones y, en concreto, a la dada por el contribuyente, o a una indebida interpretación que “ocurre cuando, sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma, se aplica a un hecho o situación no previsto en el supuesto fáctico de la disposición, o se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal”(68).

7.5. En casos como el presente, en el que la parte actora alega una diferencia de criterios en cuanto a la norma aplicable, es imprescindible que se parta del hecho que la redacción de la norma induce a varias interpretaciones, incluida la otorgada por el contribuyente, por lo que se descarta la exoneración de la sanción por inexactitud cuando la norma es clara o cuando se hace una interpretación forzada o carente de argumentación.

7.6. Conforme con lo anterior y descendiendo al asunto sub examine, aunque la suma de dinero solicitada por concepto de deducción es real, esta resulta improcedente, debido a una indebida interpretación de la norma aplicable, por lo que se descarta la diferencia de criterio alegada por la parte demandante, en la medida en que el artículo 107 del E.T es claro en señalar los requisitos para que proceda la deducción de las expensas necesarias en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta y, las razones aducidas por la parte actora no son objetivas y lo suficientemente razonadas para soportar su actuación.

7.7. En este orden de ideas, la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia.

7.8. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(69), que modificó el artículo 640 del E.T, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

7.9. Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del E.T(70), con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que esta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -determinado en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

7.10. En consideración a lo anterior, se dará aplicación al principio de favorabilidad y se establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados(71).

8. La condena en costas.

No se condena en costas [gastos o expensas del proceso y agencias del derecho], en esta instancia, porque en el expediente no se probó su causación, como lo exige el numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable al caso concreto por expresa remisión del artículo 188 del CPACA.

9. Conclusión.

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del Tribunal y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para declarar que la sanción por inexactitud corresponde a la suma de $149.785.000, tal como se desprende del siguiente cálculo:

 Liquidación DIANLiquidación
C. de Edo.
Valor a pagar según modificaciones propuestas $111.537.000$111.537.000
Más saldo a favor según liquidación privada$38.248.000$38.248.000
Diferencia (base) $149.785.000$149.785.000
Porcentaje 160%100%
 $239.656.000$149.785.000

En consecuencia, el saldo a pagar se determina de la siguiente manera:

ConceptoLiquidación DIANLiquidación C. Edo.
Saldo a pagar por impuesto $111.537.000$111.537.000
Total sanciones $239.656.000$149.785.000
Total saldo a pagar $351.193.000$261.322.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia del diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar,

DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión nº 102412010000088 de 9 de diciembre de 2010, proferida por la UAE- DIAN, por medio de la cual se determinó de manera oficial el impuesto sobre la renta a cargo de la sociedad DCP Auditores y Revisores Fiscales, S.A, por el año gravable 2007 y, de la Resolución 900263 de 19 de diciembre de 2011, que la confirmó.

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declara que la sanción por inexactitud corresponde a $149.785.000 y, por ende, el saldo a pagar por concepto del impuesto de renta del año gravable 2007 es de $261.322.000, conforme con el cálculo que obra en la parte motiva de esta providencia.

2. SIN CONDENA EN COSTAS.

3. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Pablo Nelson Rodríguez Silva, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el folio 287 de este cuaderno.

4. Se confirma en lo demás.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

11 Conforme con el Decreto 4818 de 2007, el plazo para que la sociedad contribuyente presentara de manera oportuna la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, venció el 24 de abril de 2008. La declaración que se presentó por medio litográfico, se hizo dentro del plazo señalado por el Gobierno Nacional. Pero, con posterioridad a este, por el mismo tributo y periodo, se presentaron las declaraciones de manera virtual, esto es, el 28 de abril de 2008 y el 24 de noviembre de 2008.

12 La parte demandante no discutió este hecho.

13 En el informe final de la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la UAE DIAN Seccional Manizales, proferido en el expediente DI 2007 -2008 0091 (Devolución), se concluyó que “la declaración de renta del año gravable 2007 no fue debidamente presentada por lo que el contribuyente pierde el Beneficio de Auditoría” Folio 179 del c.a. 3 A.

14 Folio 458 del c.a. 3B.

15 Folio 459 del c.a. 3B.

16 En el requerimiento especial 102382010000004 de 22 de abril de 2010, la DIAN propuso “modificar mediante liquidación de Revisión: la liquidación privada 9100006113833 de fecha 24 de Noviembre (sic) de 2008”. Folios 460 a 482 del c.a. 3B.

17 Folios 522 a 539 del c.a. 3 B.

18 Folios 588 a 601 del c.a. 3B.

19 Folio 171 del c.a. 3 A.

20 Folio 8 c.a. 3.

21 En el formulario se indicó que corresponde a una corrección de la declaración con número de formulario 1107006210605, que coincide con el número del formulario de la declaración de renta del año 2007 presentada por medio litográfico el 24 de abril de 2008.

22 Folio 169 del c.a. 3 A.

23 El artículo 589 del ET, antes de la modificación introducida por el artículo 274 de la Ley 1819 de 2016, era del siguiente tenor literal: “[p]ara corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro de los dos* años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.
La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contara a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso.
(…)”.

24 Nótese que en la liquidación presentada el 24 de abril de 2008 (litográfica), la sociedad se liquidó un saldo a favor de $38.248.000, ese saldo a favor se aumentó con la liquidación presentada el 28 de abril de 2008 (virtual), en la medida en que se liquidó un saldo a favor de $38.555.000, que posteriormente fue reducido a $38.248.000, mediante declaración virtual presentada el 24 de noviembre de 2008.

25 “ART. 714.—Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó”.

26 El Requerimiento Especial 102382010000004 de 22 de abril de 2010, se notificó el 24 de abril de 2010. (fl. 461 del c.a. 3 B). Conforme con el Decreto 4818 de 2007, este contribuyente tenía como fecha máxima para declarar el 24 de abril de 2008.

27 Folio 199 del c.a. 3 A.

28 Folio 199 del c.a. 3 A.

29 Folio 183 del c.a. 3 A.

30 Folio 193 del c.a. 3A.

31 Cfr. el numeral 3.1.15 de la reforma de la demanda. Folio 96 del c.p.

32 Folio 125 del c.a.

33 “Por la que se cran Grupos Internos de Trabajo y se asignan funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. En el artículo 63 se crearon los Grupos Internos de Trabajo de Auditoría Tributaria I en la División de Gestión de Fiscalización de las Direcciones Seccionales de Impuestos, entre otras, de Manizales. Folio 152 anverso del c.p.

34 Folios 152 anverso y 153 del c.p.

35 Folio 197 del c.a. 3 A.

36 Oficio 110238416-01681 de 15 de julio de 2009.

37 Folio 202 del c.a. 3 A.

38 De esta visita quedó constancia en el acta de visita visible en el Folio 229 del c.a. 3 A.

39 Folio 429 del c.a. 3 B.

40 Folios 443 a 457 del c.a. 3 B.

41 Folios 91 a 93 del c.a. 3.

42 Folio 184 del c.a. 3 A.

43 Aportado con la respuesta al requerimiento especial. Folios 513 a 518 del c.a. 3B.

44 Folio 515 del c.a. 3 B.

45 Artículo 507 C. de Co.

46 Artículo 508 del C. de Co.

47 Sentencia de 1º de abril de 2004, radicado 25000-23-27-000-2001-01539-01(13724), C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En esta providencia, la Sala de dio la razón a la parte actora, quien sostuvo que libertad y autonomía contractual, podían repartirse ingresos o utilidades indistintamente y ello podía hacerse en cualquier momento. Al respecto, se precisó que “En el presente caso los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad celebraron verbalmente un contrato de cuentas en participación, en el que acordaron la distribución entre los partícipes, de los ingresos en el momento de percibirlos. En cuanto a la forma de reparto, que si bien no corresponde a la definición que de esta clase de contrato hace el artículo 507 del Código de Comercio, no hay impedimento legal para ello, al no tener el carácter de norma orden público pues regula un tema de estricto derecho privado, no está involucrado el interés general ni establece cláusula alguna que contenga disposiciones tributarias por cuyo cumplimiento debe velar la DIAN”. Providencia reiterada el 12 de octubre de 2006, radicado 25000-23-27-000-2002-00141-01(15272), M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

48 En el caso analizado en la providencian antes citada, la DIAN sostuvo que no se podían repartir ingresos sin depurar. Que el “reparto de las utilidades o pérdidas significa una depuración de los ingresos, lo que igualmente debe tener repercusión para efectos tributarios”, en tanto que el contribuyente sostuvo que las “disposiciones que rigen los contratos de cuentas en participación, artículos 507 y siguientes del C. Co, no exigen que las utilidades o pérdidas deban distribuirse por año, como lo pretende la administración. Las partes pueden acordar hacerlo por semestres, trimestres o por negocios, caso en el cual se pueden presentar unos que se desarrollen por períodos cortos, inferiores a un año, por lo cual no es necesario esperar la culminación del año calendario para dividir las utilidades o pérdidas”.

49 Folio 475 del c.a. 3 B. Anexo del requerimiento especial.

50 Folio 13 del c.p.

51 Folio 257 del c.p.

52 Repartir significa “Distribuir algo dividiéndolo en partes” o “Entregar a personas distintas lo que han encargado o deben recibir”, conforme con el Diccionario de la Lengua Española. en http://dle.rae.es/?id=W0fVFWP.

53 El artículo 267 del Código General del Proceso, se refiere al alcance probatorio de los documentos y de manera textual dice que: “Las declaraciones que hagan los interesados en escritura pública tendrán entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 250; respecto de terceros se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica”.
El artículo 250 en cita señala lo siguiente: “Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.

54 Consejo de Estado, sentencia del 7 de septiembre de 2001, radicado 12184, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, en la que se reiteró lo expuesto en la sentencia del 11 de febrero de 2000, radicado 9743, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

55 Cfr. sentencia del Consejo de Estado del 22 de febrero de 2002, radicado 12323, C.P. Germán Ayala Mantilla, reiterada en las sentencias del 12 de diciembre de 2014, radicado 19121, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 15 de septiembre de 2016, radicado 20555, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

56 La Sala, en la sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado 20555, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiteró lo expuesto en las sentencias de 13 de marzo de 2003, radicado 12946 C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 13 de agosto de 2015, radicado 20822, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, en las que se afirmó que ante la contundencia de los indicios, se invierte de la carga de la prueba en contra del contribuyente.

57 Sentencia del 7 de octubre de 2010, radicado 1695, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Reiterada en la sentencia del 6 de agosto de 2014, radicado 19288, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

58 Folios 397 a 405 del c.a. 3 B.

59 Folios 410 a 426 del c.a. 3.

60 Folio 16 del c.p.

61 La inscripción al seminario a favor de los señores Ricardo Cano Baena, Camilo Giraldo Rendón, Diana Cristina Cardona, Diego Alzate Rendón, César Augusto Henao, Diego Sánchez Rivas, José Arturo Benites, Lina María Cárdenas, Lucía Cardona, Luz Deoledy Cortes y Rafael Eduardo López. Folio 426 del c.a. 3B.

62 Folio 21 anverso del c.p.

63 Folio 21 del c.p.

64 Así se expuso en la liquidación oficial de revisión. Folio 29 del c.p.

65 Texto vigente antes de la modificación introducida por el artículo 287 de la Ley 1918 de 2016.
“ART. 647.—Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior”.

66 Sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado 16575, C. P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en la sentencia del 6 de agosto de 2014, radicado 250002327000-2009-00220-01 [19288], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

67 Cfr. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora, sentencia del 10 de abril de 2003, expediente 20059, M.P. Eduardo López Villegas.

68 Ibídem.

69 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

70 ART. 647.—Sanción por inexactitud. (…)
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

71 En este sentido, cfr. la sentencia de esta Sección, proferida el 20 de febrero de 2017, radicado 150012333000-2013-00685-01 (21089), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.