Sentencia 2012-00199 de junio 29 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente T-68001 22 13 000 2012 00199 01.

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil doce.

Discutido y aprobado en Sala de 27-06-2012

Se decide la impugnación formulada por la autoridad accionada contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2012, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, concedió la tutela impetrada por Julián Rozo Ospina Morales frente a la dirección de sanidad de la Policía Nacional.

Antecedentes

1. Demandó el peticionario, en causa propia, la protección de sus derechos fundamentales a la salud y vida digna, habida cuenta que fueron vulnerados por la entidad acusada al negarse a realizar la consulta con el endocrinólogo tratante, bajo la excusa de que no se ha contratado la prestación de ese servicio especializado, y abstenerse de brindar atención integral para tratar la enfermedad catastrófica que le detectaron hace varios años.

2. Asentó su pretensión en los siguientes hechos relevantes:

2.1. Que hace varios años se le diagnosticó la patología “Macro adenoma hipofisiario (tumor en la hipófisis)”, habiendo acudido a la última cita médica el 28 de septiembre de 2010 con el especialista en endocrinología, oportunidad en la que le ordenó la práctica de los exámenes de laboratorio “T4 Libre, prolactina y parcial de orina”, así como una consulta de seguimiento dentro de los tres (3) meses siguientes.

2.2. Que dichos exámenes fueron practicados hace más de doce (12) meses, de los cuales el de prolactina no fue nada favorable, pero a la fecha y pese a la gravedad de su dolencia todavía no se ha realizado la consulta de control, pues en diciembre de 2010 le informaron que no existía contrato con esa especialidad y en abril de 2011, pese a que le entregaron la orden para ser atendido en la Clínica Chicamocha, esta entidad no le asignó la cita.

2.3. Que a lo anterior se suma la falta de atención médica integral, toda vez que los controles con el endocrinólogo han estado acompañados de resonancias magnéticas nucleares, con las que se monitorea el tumor, las cuales no se volvieron a practicar desde el año 2010, lo que pone en evidencia que la incuria de la entidad ha sido extrema e indolente con su delicado estado de salud, ya que padece una enfermedad ruinosa.

2.4. Que tras 22 años de servicios y siendo titular de la asignación de retiro, continúa como afiliado del subsistema de salud de la Policía Nacional, motivo por el cual no halla justificado que la dirección regional de sanidad de Bucaramanga le niegue el acceso integral a los servicios médico-asistenciales.

3. Solicitó, en consecuencia, que se ordene a la encartada prestar efectivamente la consulta de control con el endocrinólogo tratante, así como la atención integral de la patología “Macro adenoma hipofisiario (tumor en la hipófisis)”, incluidas las consultas especializadas, exámenes de laboratorio, cirugías, hospitalizaciones, medicamentos y demás servicios necesarios para recuperar su salud.

La respuesta de la autoridad accionada

La jefatura seccional de sanidad de la Policía de Santander pidió que se negara la solicitud de amparo, en la medida que esa entidad no ha vulnerado los derechos superiores del actor y, por el contrario, ha garantizado el acceso a los servicios médico-asistenciales a los cuales tiene derecho en su calidad de afiliado del sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los que continuarán prestando en los términos y condiciones que para tal efecto establecen las normas especiales que regulan dicho régimen de excepción.

La sentencia del tribunal

Concedió la tutela suplicada y, subsecuentemente, ordenó a la jefatura seccional de sanidad de Santander de la Policía Nacional que realice todo lo pertinente para que el quejoso sea atendido por el endocrinólogo con el que la entidad tenga contrato de prestación de ese servicio especializado y preste la protección integral que requiere el tratamiento de su patología, so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991, aduciendo para ello, por un lado, que la consulta de control o seguimiento está incluida en el plan de servicios de ese sistema especial de salud y, por otro, que si bien no se acreditó que el paciente es sujeto de especial protección y que su enfermedad sea ruinosa, esta requiere forzosamente del tratamiento y control del médico especialista.

La impugnación

La interpuso la accionada y la fundó en que por haber terminado el contrato de prestación de servicios con la Clínica Chicamocha no fue posible realizar la consulta con el especialista tratante, razón por la cual autorizó la valoración por endocrinología con la Clínica Regional del Oriente y se requirió al paciente para que retirara la orden y de ese modo le asignaran la cita. En lo demás, reiteró lo expuesto en el escrito de contestación.

Consideraciones

1. El derecho a la salud, que antaño era susceptible de salvaguarda por conexidad con los derechos a la vida, integridad personal o dignidad humana, o cuando sus destinatarios eran sujetos de especial protección, como los niños, discapacitados o adultos mayores, a partir de la emisión de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, esta se concibe como una prerrogativa autónoma, de tal modo que el recurso de amparo es idóneo para reclamar directamente su protección cuando sea vulnerada o amenazada.

2. La controversia planteada en esta instancia consiste en establecer si la entidad denunciada quebrantó los derechos invocados por el accionante, al negarse a prestar de manera efectiva la consulta de control o seguimiento con el endocrinólogo tratante y a brindarle la atención médica integral a su enfermedad “Macro adenoma hipofisiario (tumor en la hipófisis)”.

3. La impugnación será desestimada y, por tanto, se prohijará el fallo de primer grado, toda vez que la prestación del servicio de consulta especializada reclamada y la atención integral y oportuna de los servicios médico-asistenciales se sustentan en la condición de afiliado que ostenta el actor en el sistema especial de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y en que aquellos requerimientos se encuentran amparados por las normas que regulan ese régimen de excepción.

En efecto, la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el sistema de salud para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en su artículo 2º, prescribe que su objeto es prestar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de los afiliados y sus beneficiarios, calidad que ostenta el accionante como miembros de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro y que fue reconocida por la entidad acusada al contestar la demanda de tutela, cuyo plan de beneficios incluye la protección integral a la enfermedad general y maternidad, en las fases de promoción y fomento de la salud, y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, precisando que tendrán derecho a la atención médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y otros servicios asistenciales en hospitales y clínicas o por medio de contratos con personas naturales o jurídicas (art. 23). Tales preceptos fueron desarrollados por el Decreto 1795 de 2000, en su título II.

De otra parte, el Acuerdo 2 de 2001, por el cual se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial, contempla la consulta de control en cualquier atención integral durante las fases de promoción de la salud y/o prevención de la enfermedad (art. 9º, sección 00, capítulo 16, aparte 89.0.3), de manera que encontrándose incluido en dicho manual el servicio médico especializado requerido por el paciente afiliado, nada justifica que la entidad haya dilatado su prestación efectiva durante más de dieciséis (16) meses, si se tiene en cuenta que en diciembre de 2010 venció el plazo para realizar la cita de seguimiento prescrita por el galeno tratante.

Finalmente, como la entidad accionada, en su escrito de impugnación, adujo que ya adelantó las gestiones pertinentes para remediar la situación del accionante, tal proceder no da lugar a tener por superada la vulneración denunciada, habida cuenta que corresponden al cumplimiento de la medida provisional adoptada en el auto que admitió a trámite la solicitud de tutela, fechado de 7 de mayo de 2012.

4. En este orden de ideas y sin más elucubraciones, se confirmará el fallo objeto de impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia puntualizadas en la motivación que antecede.

Comuníquese lo resuelto en este fallo a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.