Sentencia 2012-00200/20859 de febrero 22 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2012-00200-01 (20859)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Luis Cardona Urrea E.U.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Impuesto sobre la Renta - Año gravable 2007 - Renta presuntiva

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Jorge Luis Cardona Urrea E.U., respecto del año gravable 2007.

En concreto, la Sala debe establecer: i) si el literal d) del artículo 189 del estatuto tributario autoriza detraer de la base de cálculo de renta presuntiva la totalidad de los bienes que integran el patrimonio bruto de la empresa; ii) la legalidad de la determinación de la renta gravable generada por activos exceptuados y, iii) la procedencia de la sanción por inexactitud.

Renta presuntiva - base de cálculo y determinación

La renta presuntiva es una renta líquida especial de carácter exceptivo, en tanto se aplica por defecto cuando la renta líquida ordinaria(16) es inferior a lo que la ley considera el rendimiento mínimo que genera un patrimonio.

El artículo 188 del estatuto tributario, vigente en el periodo en discusión(17), al señalar que se presume que “la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres por ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior”, fijó como base de cálculo de la renta presuntiva el patrimonio líquido del contribuyente obtenido en el año gravable inmediatamente anterior, y estableció una presunción de derecho(18) en relación con la rentabilidad mínima que genera dicho patrimonio(19).

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-238 de 1997(20), declaró la exequibilidad de los literales a), b) y c) del artículo 189 del estatuto tributario(21) y precisó que la rentabilidad constituye una presunción de derecho, pues el contribuyente no puede desvirtuar, con fundamento en los supuestos que le permiten excluir el valor de ciertos bienes de la base de cálculo de la renta presuntiva, que el patrimonio líquido no generó la rentabilidad prevista. Al efecto, señaló:

“Como se dijo antes, la Corte no comparte estas apreciaciones referentes a la naturaleza jurídica de la presunción de rentabilidad del capital consagrada en las normas bajo examen. Entiende, en cambio, que las distintas hipótesis contempladas en los artículos 188, 189, 191 y 192 del estatuto tributario, en las cuales se permite excluir ciertos bienes de la base a la cual se aplican los porcentajes mínimos de rentabilidad señalados en el artículo 188, no constituyen propiamente pruebas autorizadas por la ley para desvirtuar la presunción, sino simplemente deducciones permitidas en la determinación de la base de cálculo para liquidar la renta presuntiva. Y ello es tan evidente, que lo que en últimas corresponde al contribuyente en estos casos, no es demostrar que no hubo en realidad la renta que la ley presume, sino simplemente indicar que el activo patrimonial se ubica en una de las categorías que la ley autoriza para no contabilizar en la base de cálculo a la que se aplican los porcentajes de rentabilidad presunta, sin que en realidad sea relevante probar el que el activo haya o no producido determinado nivel de renta (…).

Así las cosas, la presunción, no obstante que la ley no lo menciona explícitamente, es una presunción de derecho, por cuanto no es posible demostrar que a pesar de darse la circunstancia de la existencia de unos bienes en cabeza del contribuyente, no se ha generado una renta a partir de ellos” (se subraya).

Así pues, dicha presunción se refiere a la imposibilidad de controvertir que el patrimonio sobre el cual se estructura el sistema de renta presuntiva produjo la rentabilidad prevista en la ley.

En cuanto a la depuración de la base de cálculo de la renta presuntiva, el artículo 189 ejusdem, vigente para el año gravable 2007(22), dispuso un procedimiento especial, mediante el cual, del patrimonio líquido obtenido por el contribuyente durante el año inmediatamente anterior, se restan los siguientes valores:

“ART. 189.—Depuración de la base de cálculo y determinación. Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:

a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales;

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior;

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo;

d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos;(23)

e) Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido;

f) Las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente.

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. 

‘PAR.—El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes reajustado fiscalmente(24)“ (se subraya).

El literal d) de la norma transcrita permite restar del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, el valor patrimonial neto(25) de los bienes vinculados directamente a empresas, cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, lo cual supone la existencia de otros bienes que, al no tener una vinculación directa con dichas empresas, que además ejerzan como actividad exclusiva la minería en desarrollo del objeto social, no hacen parte de la prerrogativa fiscal.

Nótese que el artículo 189 del Estatuto tributario establece una condición de carácter restrictivo, al indicar que “se podrán restar únicamente” los valores que la norma expresamente señala.

Para establecer a qué bienes se refiere el literal d) ibídem, se debe acudir al concepto de “empresa”, tema que fue puesto de presente por la Sala al estudiar el literal c) del artículo 189 del estatuto tributario, así(26):

“Para determinar qué debe entenderse por empresa en período improductivo, debe precisarse que empresa y sociedad no son términos equivalentes. La primera es la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios, que se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio (C. Comercio, art. 25), y, la sociedad es el contrato por el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social, la cual una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios (C. Comercio, art. 98).

A su vez, el artículo 99 ibídem precisa que la capacidad de la sociedad “se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto”, lo que ratifica que los conceptos empresa y sociedad son diferentes, puesto que la primera es, en general, la actividad económica y, la sociedad, es el empresario que la desarrolla” (se subraya).

En esas condiciones, los bienes a que se refiere el literal d) del artículo 189 del estatuto tributario, son aquellos vinculados directamente a la actividad económica organizada de la minería, realizada por la empresa cuyo objeto social exclusivo sea la minería, “distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos”, lo cual excluye el valor patrimonial neto de los bienes que no cumplan lo previsto en la norma.

En cuanto a la determinación de la renta presuntiva definitiva, el artículo 189 del Estatuto tributario establece un procedimiento específico, según el cual, una vez determinado el valor inicial de renta presuntiva obtenido al detraer de la base de cálculo los valores permitidos por la norma, se suma la renta gravable generada por los activos exceptuados que, para el caso del literal d) ejusdem, corresponde a los bienes vinculados directamente a la actividad minera, para fijar el valor definitivo de renta presuntiva comparable con la renta líquida ordinaria.

Caso concreto

El certificado de existencia y representación legal de la empresa demandante establece que su objeto social es el siguiente(27):

“La empresa unipersonal tiene por objeto las siguientes actividades: explotaciones mineras de todo tipo(28). movimientos de tierra y materiales. transporte, transformación, beneficio, comercialización de minerales y materiales. Alquiler de equipos y servicios de transporte. Asesorías mineras y en obras civiles. Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas de la existencia y actividad de la empresa” (se subraya).

Como se observa, el objeto social de la empresa contiene actividades como el alquiler de equipos y servicios de transporte, respecto de los cuales obtuvo la mayor parte de sus ingresos(29).

En los actos demandados la administración consideró procedente aplicar el literal d) del artículo 189 del estatuto tributario y por ello depuró y determinó la renta presuntiva, así(30):

Artículo 188 E.T.  
Patrimonio líquido según declaración de renta año 2006 (base renta presuntiva) 749.945.000
Patrimonio bruto según declaración de renta año 2006 (base renta presuntiva) 2.112.099.000
Porcentaje patrimonio neto 35.51%
Depuración de la renta presuntiva
Estatuto tributario, artículo 189
  
d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos (1.349.223.000(31) x 35.51%) 479.109.087
Valor en libros de los activos declarados en el renglón 40 de la declaración de renta por el año gravable 20061.349.223.000 
Total conceptos que disminuyen la depuración de la renta presuntiva 479.109.087
Base para aplicar la tarifa (Pat. Liq. 2006 – conceptos que disminuyen la depuración 270.835.913
*Tarifa 0,03
Renta presuntiva inicial 8.126.000
Más: Renta gravable generada por activos exceptuados 323.821.000
Ingresos brutos según declaración de renta año 2007 renglón 422.690.255.000 
Menos: Costo de ventas renglón 51 declaración de renta año 2007(2.346.712.000) 
Menos: Gastos de ventas renglón 53 declaración de renta año 2007(19.722.000) 
Más: costos no procedentes20.055.000 
Renta presuntiva calculada 331.947.000

La Sala observa que para fijar la renta presuntiva inicial de $ 8.126.000, la DIAN restó del valor del patrimonio líquido del año gravable 2006 ($ 749.945.000), el valor patrimonial de los activos fijos registrados en la declaración del impuesto sobre la renta de ese año ($ 479.109.087), que fue obtenido al aplicar el procedimiento previsto en el artículo 193 del estatuto tributario(32), y al resultado de la anterior operación ($ 270.835.913) aplicó la tarifa del 3%.

Para ello, argumentó que los activos fijos “son en esencia los activos sobre los cuales es predicable la depuración para los fines del literal d) del artículo 189 ibídem” y “cumplen con la condición de bienes destinados a la actividad minera(33)”. Además, destacó que el contribuyente no probó que los demás activos cumplieran el requisito referido.

En términos similares, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, señaló(34):

No está demostrado que todos los bienes incluidos por parte de la sociedad en el patrimonio líquido de la declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable de 2006, permitían el desarrollo de la actividad principal de contribuyente como es la minera y que por medio de ellos se generaba renta, por lo tanto, para la determinación de la renta presuntiva la administración tributaria excluyó los valores autorizados en el artículo 189 del estatuto tributario, es decir, aquellos que participaban directamente del desarrollo del objeto social, siendo estos los bienes muebles e inmuebles que se encuentran detallados como activos fijos en el renglón 40 de la declaración de renta del año 2006” (se resalta).

La Sala considera que el beneficio tributario previsto en el literal d) del artículo 189 del estatuto tributario, no opera sobre la totalidad de los bienes que conforman el patrimonio bruto del contribuyente, sino sobre el valor patrimonial neto de los bienes directamente vinculados a la actividad minera que desarrolla la compañía y que, para el caso, son los activos fijos determinados por la DIAN en los actos administrativos demandados.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, el concepto de activo fijo corresponde a aquellos bienes del ente económico que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios, esto es, que no están destinados para ser comercializaos, sino para ser utilizados y explotados por la empresa, con el fin de generar ingresos, y a ese criterio apunta la característica exigida por la norma en cuestión (E.T., art. 189, lit. d), al concretar los bienes que se pueden detraer para el cálculo de la renta presuntiva, a aquellos “vinculados directamente” a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería.

Ahora bien, en cada caso, corresponde al actor probar que los bienes que integran su patrimonio bruto ostentan el requisito previsto en la norma.

En efecto, en el sub-lite, se echa de menos que la sociedad demandante demostrara que los demás bienes que conforman su patrimonio bruto están vinculados directamente a la empresa, en los términos precisados, sin que baste la mera afirmación en torno a la calidad de los mismos, pues se insiste que al contribuyente le corresponde demostrar los supuestos de hecho del artículo 189 del estatuto tributario(35).

Al respecto, la Sentencia C-238 de 1997 señaló que los bienes que se permiten detraer de la base de cálculo de la renta presuntiva son “simplemente deducciones”, lo cual indica que la sociedad demandante podía demostrar que los activos rechazados estaban directamente vinculados con la actividad minera y formaban parte de los bienes señalados en el citado literal d) del artículo 189 del estatuto tributario.

Además, dicho fallo precisó que la presunción de derecho que consagra el artículo 189 del estatuto tributario se refiere a la imposibilidad de controvertir que el patrimonio sobre el cual se estructura el sistema de renta presuntiva no produjo la rentabilidad prevista en la ley, tema que no es objeto de discusión en el caso que se decide.

En cuanto a la alusión a los antecedentes legislativos de la Ley 685 de 2001(36), para aducir la intención del legislador de otorgar tratamiento preferencial al sector minero, se reitera que el beneficio previsto en el literal d) del artículo 189 del estatuto tributario, procede frente a los bienes directamente vinculados a la actividad minera, de conformidad con lo precisado.

De otro lado, la demandante manifestó que, como la liquidación de revisión fijó la renta gravable generada por los activos exceptuados por el sistema de renta ordinario en la suma de $ 13.080.000, la Administración no podía determinar sin ninguna motivación una segunda renta gravable más gravosa por valor de $ 323.821.000, para adicionarla a la renta presuntiva ($ 8.126.000) mediante un procedimiento no previsto en la ley.

La Sala advierte que no existe la falta de motivación invocada por la actora y que la liquidación oficial de revisión no fijó la renta gravable generada por los activos exceptuados en la suma de $ 13.080.000, cifra que fue registrada por la actora en la casilla 64 de la corrección de la declaración tributaria presentada ocasión del requerimiento especial, como renta líquida gravable(37).

Se observa que para fijar la renta gravable generada por los activos exceptuados en la suma de $ 323.821.000, la ampliación al requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión restaron de los ingresos brutos operacionales registrados en la corrección a la declaración por valor de $ 2.690.255.000(38) (renglón 42), el costo de ventas en cuantía de $ 2.346.712.000 (renglón 49) y los gastos operacionales de ventas por $ 19.722.000 (renglón 53), por considerar que(39):

“(…) para la adición de la renta presuntiva, debe ser lo correspondiente a la renta gravable de los activos ya referidos (…) La renta presuntiva aplica para el año gravable 2007 en la suma de $ 331.946.000, luego de adicionar a la base de la renta presuntiva inicial de $ 8.125.077, la renta gravable propuesta por $ 323.821.000, de conformidad con el artículo 189 del estatuto tributario, toda vez que la renta generada por los activos exceptuados corresponde a la diferencia entre los ingresos brutos operacionales menos el costo de ventas, los gastos operacionales de ventas; renta presuntiva superior a la renta líquida gravable declarada por la sociedad en la declaración de corrección (…)”.

Sobre este punto se reitera que el artículo 189 del estatuto tributario estableció un procedimiento especial para calcular y determinar la renta presuntiva, diferente del establecido por el artículo 26 del estatuto tributario, según el cual, al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se suma la renta gravable generada por los activos exceptuados, que corresponde a la obtenida por los bienes vinculados directamente a la actividad minera que desarrolla la compañía [literal d) del artículo 189 ibídem]. Al efecto, se incluye el siguiente cuadro explicativo:

Depuración ordinaria de la renta 2007 – artículo 26 del estatuto tributario
Ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo
Menos
Devoluciones, rebajas y descuentos
Ingresos netos $ 2.730.258.000
Menos
Costos $ 2.346.712.000
Renta bruta
Menos
Deducciones $ 370.466.000
Renta líquida $ 13.080.000 - Comparable con la renta presuntiva
Depuración renta presuntiva – artículo 189 del estatuto tributario
Patrimonio líquido (2006) $ 749.945.000
Menos
Valor patrimonial neto de bienes exentos $ 479.109.087*
Base renta presuntiva inicial $ 270.835.913
Por
Tarifa (art. 188 E.T.) 3%
Renta presuntiva inicial $ 8.126.000
Más
Renta gravable generada por los activos exceptuados $ 323.821.000**
Renta presuntiva final $ 331.947.000 - comparable con la renta líquida ordinaria
*Conforme al artículo 193 del estatuto tributario, el valor patrimonial neto de los bienes se determinó así:
El patrimonio líquido año 2006 $ 749.945.000 se dividió en el patrimonio bruto año 2006 $ 2.112.099.000, lo cual arrojó un porcentaje del 35.51%, el cual se multiplicó por el valor patrimonial de los bienes exentos (Activos fijos) $ 1.349.223.000, dando como resultado el valor patrimonial neto de bienes exentos $ 479.109.087
**Para obtener el valor de la renta gravable generada por los activos exceptuados se realizó la siguiente operación:
Ingresos brutos operacionales $ 2.690.255.000
Menos
Costo de ventas $ 2.346.712.000 y Gasto de ventas $ 19.722.000 (asociados a los bienes excluidos)
Renta gravable generada por los activos exceptuados $ 323.821.000

En consecuencia, según lo precisado, como surge del literal d) del artículo 189 del estatuto tributario y lo aplicó la DIAN en los actos acusados, para la determinación de la renta gravable de los activos exceptuados son procedentes los costos y gastos asociados a los bienes vinculados directamente a la actividad minera, que en el caso corresponden a los activos fijos determinados por la administración con fundamento en los datos registrados en la corrección de la declaración del impuesto sobre la renta presentada por la contribuyente, sin tener en cuenta otros conceptos (ingresos brutos no operacionales, intereses y rendimientos financieros, gastos operacionales de administración y otras deducciones), sobre los cuales la actora no ejerció actividad probatoria.

Sanción por inexactitud - Reiteración jurisprudencial(40). 

El artículo 647 del estatuto tributario establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.

En este caso, si bien la parte actora adujo que no se dieron los presupuestos previstos en el artículo 647 del estatuto tributario, la Sala considera procedente la sanción, porque la demandante incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales se derivó un mayor saldo a favor, lo que constituye inexactitud sancionable.

Ahora bien, la Sala pone de presente que el parágrafo 5º del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(41), que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”. Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del estatuto tributario(42), fue modificada por la Ley 1819 de 2016(43), al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.

En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia apelada, en el sentido declarar la nulidad parcial de los actos demandados, sólo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud y, en consecuencia, procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta del año gravable 2007, en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud y el total saldo a pagar, así:

Liquidación sanción por inexactitud

ConceptoValor
Saldo a favor declarado sin sanciones105.928.000
Saldo a pagar determinado2.487.000
Diferencia108.415.000
Tarifa100%
Sanción por inexactitud108.415.000

Liquidación total sanciones

ConceptoValor
Sanción por inexactitud108.415.000
Sanción declarada por el contribuyente5.935.000
Total sanciones114.350.000

Liquidacion declaracion de renta año gravable 2007

ConceptoLiquidación PrivadaLiquidación DIANLiquidación C. E.
Total impuesto a cargo4.447.000112.862.000112.862.000
Saldo a favor año anterior66.575.00066.575.00066.575.000
Total retenciones año gravable43.800.00043.800.00043.800.000
Valor a favor o a pagar antes sanciones$ 105.928.000*$ 2.487.000**$ 2.487.000
Sanciones5.935.000179.399.000114.350.000
Saldo a favor99.993.000  
Total saldo a pagar 181.886.000116.837.000

*A favor. **A pagar.

Total a pagar por el contribuyente

ConceptoValor
Mayor valor por impuesto2.487.000
(+) Sanción por inexactitud108.415.000
Total neto a pagar por el contribuyente110.902.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 15 de noviembre de 2013, proferida por la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone:

1. ANÚLASE parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión 312412010000042 del 21 de octubre de 2010, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes y la Resolución 900224 del 16 de noviembre de 2011, emitida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

2. A título de restablecimiento del derecho, FÍJASE como valor a pagar a cargo de Jorge Luis Cardona Urrea E.U., por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, la suma establecida en la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha».

16 El artículo 26 del estatuto tributario establece el procedimiento ordinario de depuración de la renta, así: “La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley” (se subraya).

17 La Ley 1111 de 2006 redujo el porcentaje de renta presuntiva del 6% al 3% y, actualmente, la Ley 1819 de 2016 fijó dicho porcentaje en el 3.5%.

18 Sentencia C-238 de 1997.

19 La exposición de motivos de las normas demandadas (Gaceta del Congreso año IV N° 218 del 2 de agosto de 1995) indicó que “Constituye una realidad económica innegable, la presunción de que todo patrimonio debe generar utilidades dentro de un período específico, salvo en presencia de excepcionales situaciones de coyuntura económica, pero aun así, a largo plazo la generación de utilidades es efectiva y evidente. A esa realidad responde el principio de la renta presuntiva, la cual se erige en un elemento de cuantificación importante para la determinación mínima de montos tributarios por parte de las autoridades fiscales de un estado”.

20 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

21 Declaró, además, la exequibilidad de las siguientes normas del estatuto tributario: parágrafos segundo y tercero del artículo 188, incisos 3º y 4º del artículo 191 y artículo 192.

22 Artículo modificado por la Ley 1607 de 2012 y adicionado por la Ley 1819 de 2016.

23 Literal adicionado por el artículo 233 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)

24 El término “reajustado fiscalmente” fue derogado por la Ley 1819 de 2016.

25 El artículo 193 del estatuto tributario prevé que “El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto, del año gravable base para el cálculo de la presunción” (se subraya).

26 Sentencia del 11 de diciembre de 2008, Exp. 16067, C.P: Dr. Héctor J. Romero.

27 Fls. 31 y 286 del c.a.

28 El artículo 95 de la Ley 685 de 2001 dispuso que la “explotación es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura. El acopio y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de dicha área. El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para su posterior utilización o transformación”.

29 El total de ingresos brutos operacionales ($ 2.690.254.829.01) fueron obtenidos por actividades de transporte y alquiler de maquinaria y equipo, así:
CuentaSubcuentaConceptoVr. ParcialValor $
4145 Transportes 2.589.309.829.01
 414505Transporte475.351.515 
 414595Actividades conexas2.113.958.314.01 
4155 Actividades inmobiliarias, empresariales y alq. 100.945.000
 415520Alquiler maquinaria y equipo100.945.000 
  Total ingresos brutos operacionales 2.690.254.829.01

(Fl. 42, cdno. ppal. - Liquidación Oficial de Revisión.)

30 Requerimiento Especial Fl. 86, cdno. ppal. - Liquidación Oficial de Revisión fls. 42 vto, y 43, cdno. ppal.

31 Activos fijos - renglón 40 de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006 (Fl. 24 del c.a.).

32 “El Valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto, del año gravable base para el cálculo de la presunción” (E.T., art. 193).

33 Fl. 10 de la liquidación oficial de revisión (fl. 42 vto., cdno.ppal.).

34 Fl. 78, cdno. ppal.

35 Ver sentencia del 11 de agosto de 2000, Exp. 9980 C.P: Dr. Germán Ayala Mantilla.

36 Art. 233 L. 685 de 2001, adicionó el literal d) al art. 189 E.T.

37 Fl. 34, cdno. ppal.

38 Esta cifra corresponde a los ingresos obtenidos por actividades de transporte ($ 2.589.309.829) y alquiler de maquinaria y equipo ($ 100.945.000)- Fl. 42 vto, cdno. ppal.

39 Liquidación oficial de revisión fls. 42 vto. y 43, cdno. ppal.

40 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P: Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.

41 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones”.

42 “ART. 647.—Sanción por inexactitud. (…) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente”.

43 L. 1819/2016, art. 288, que modificó el artículo 648 del estatuto tributario.