Sentencia 2012-00206 /1598-2016 de octubre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 410012333000201200206 - 01 (1598-2016)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Nohora Ramírez de Leguizamo y otros

Accionado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Trámite: Apelación sentencia - Ley 1437 de 2011

Asunto: Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra fallos disciplinarios que sancionaron a un miembro del comité de evaluación para la selección de rector de la Universidad Surcolombiana, con multa de veinte (20) SMLMV e inhabilidad general por el término de cuatro (4) años

Decisión: Confirmar la sentencia apelada en cuanto a la condena por perjuicios morales y a la condena en costas

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

La Sala, previo a abordar el fondo del asunto debe: i) precisar el marco jurídico de su competencia en segunda instancia en el caso concreto y; ii) esclarecer cronológicamente los hechos u actuaciones jurídicos involucrados en el presente litigio.

En este proceso presentaron recurso de apelación, la demandante —Nohora Ramírez de Leguizamo— para controvertir la decisión judicial de instancia en cuanto a los perjuicios morales y materiales (resolutivos segundo y tercero de la sentencia de primera instancia) y la entidad demandada —Procuraduría General de la Nación— para controvertir lo dispuesto en esa misma providencia en relación a los perjuicios morales y la condena en costas (resolutivo segundo y cuarto de la sentencia de primera instancia).

Para efectos de dar mayor claridad a los hechos que dieron lugar al litigio y establecer posteriormente el ámbito de competencia de la Sala en la segunda instancia se presenta la siguiente gráfica:

2012-00206IMA
2012-00206IMA
 

En atención a lo anterior, se debe precisar al observar los recursos de apelación interpuestos por las partes, que únicamente se alegó lo concerniente a los daños morales, materiales y lo correspondiente a la condena en costas, por esta razón la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se limita al conocimiento de estos asuntos derivados del restablecimiento del derecho más no al fundamento de la nulidad del acto administrativo, es decir el objeto del litigio en segunda instancia se circunscribirá al conocimiento de acusaciones contra los resolutivos segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia.

2.2. Problema jurídico. 

Atendiendo a los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación de las partes, corresponde a la Sala determinar:

• ¿Si, el a quo erró al no encontrar probados los perjuicios morales y materiales a efectos de que sean reconocidos en la cuantía solicitada en la demanda?

• ¿Si de conformidad con la Ley 1437 de 2011, la condena en costas a la parte vencida es objetiva y en el presente caso estaban dados los requisitos para condenar en costas a la demandada?

2.3. Resolución del primer problema jurídico en relación a los perjuicios morales y materiales. 

Dado que la actora señala en el recurso de apelación que se le vulneró el debido proceso cuando la autoridad disciplinaria no le reconoció la totalidad de los daños morales ni materiales solicitados en la demanda, considera necesario la Sala para resolver este cargo, abordar lo siguiente: i) marco jurídico de los daños morales y materiales y, ii) análisis del cargo.

2.3.1. Marco jurídico del daño moral y material.

En relación con el perjuicio moral, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que: “(...) comporta aflicción, dolor, angustia y en general, padecimientos varios, o como ha solido decirse, dichas consecuencias “son estados del espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente o experimenta a su modo (...)”(42) con lo cual ha concluido que es posible su reparación y que al tratarse de sentimientos que permanecen en el interior del ser no es posible su cuantificación exacta.

Del mismo modo la doctrina ha considerado que los daños morales son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(43).

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala Plena de la Sección Tercera de la mencionada corporación, indicando la necesidad de acreditación de la prueba del perjuicio moral que se pretenda reclamar a través del proceso, de esta manera:

“... La reciente sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 23 de agosto de 2012 señaló que en “cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que (sic) demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso” (...) el juez reconoce la existencia de los perjuicios morales teniendo en cuenta que con base en las reglas de la experiencia, se presume que, en las circunstancias en que ocurrió, para sus parientes inmediatos debió implicar un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad”(44).

Ahora bien, con respecto a la tasación del perjuicio moral el Consejo de Estado ha indicado que estos perjuicios han sido reconocidos a quienes sufran un daño, que se debe reconocer a manera de indemnización más no de reparación, por lo tanto le corresponde al juez establecer el valor que le corresponda, el cual deberá ser básicamente proporcional al daño que le fue acaecido(45)”.

En este orden de ideas, se tiene que el perjuicio moral se ha entendido aquel que violenta a la persona directa e indirectamente reflejado en dolor, aflicción y en general sentimientos de desesperación y congoja, el cual podrá ser reconocido únicamente cuando la persona que crea haber sido perjudicada, demuestre a través de medios probatorios la ocurrencia de estos.

Por otro lado, con respecto al daño material (lucro cesante), la Corte Constitucional ha establecido que:

“El lucro cesante alude “a la ganancia o provecho que se dejó de percibir debido al acaecimiento del mismo”. Ese perjuicio se consolida cuando un bien económico debe ingresar al patrimonio de la víctima en el trascurso normal de las circunstancias, empero ello no sucedió o no ocurrirá. Dicha lesión subsana las pérdidas que sufrió una persona como consecuencia de las ganancias frustradas en el pasado o en futuro por el hecho dañino, es decir, se reemplazan las ganancias que el bien dejo de reportar. En este evento, el resarcimiento se circunscribe a los perjuicios efectivamente causados, verbigracia la perdida de lo que efectivamente producía un animal o un vehículo”(46).

De lo anterior, se observa que el daño material más específicamente el lucro cesante hace referencia al dinero, ganancia o rendimiento que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio que se le ha causado, y que para que se pueda conceder una indemnización, es necesario que esta ganancia: i) exista; ii) pueda ser probada; iii) tenga relación directa con el daño causado y; iv) pueda ser determinada económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir.

2.3.2. Análisis del caso concreto (Resolución de los argumentos presentados por la demandante y el demandado en relación con los perjuicios morales y materiales).

Sobre los perjuicios morales

En este punto del litigio la demandante argumenta —como cargo de apelación— que los daños morales sufridos por ella como consecuencia de la sanción disciplinaria fueron más cuantiosos que los tasados por el a quo y además se transmitieron a sus familiares, frente a lo cual la demandada señala en la apelación que este tipo de daños no pueden configurarse como consecuencia de la ilegalidad del acto administrativo disciplinario.

Para resolver el anterior cuestionamiento la Sala debe establecer en primer lugar: i) si la imposición de una sanción disciplinaria a una persona natural que ha quedado sin efecto —por decaimiento o nulidad— puede generar para esta un daño moral; ii) si aceptando la existencia del daño moral como consecuencia de la pérdida de efecto de una sanción disciplinaria este puede transmitirse a los familiares más cercanos y; iii) cómo debe probarse por parte del afectado la existencia y extensión del daño moral y tasarse por parte del juez contencioso administrativo la indemnización del mismo.

i) De acuerdo con lo expuesto en el acápite previo de esta providencia —marco jurídico de los daños morales y materiales— el daño moral implica una situación de agresión (fáctico-jurídico) a las condiciones de normalidad de la esfera espiritual o psíquica de una persona natural (núcleo de afectación compuesto por distintos y diversos derechos subjetivos) lo cual se refleja en la angustia o el dolor expresado por esta, detectable por los demás miembros del conglomerado social al cual aquella pertenece (reflejo externo).

Atendiendo a lo anterior la dinámica del daño moral en una persona natural contrario a lo manifestado por la entidad demandada, no responde a una única y exclusiva situación de agresión factico-jurídico ni afecta un único círculo de derechos subjetivos, en ese orden el elemento agresor (situación fáctico-jurídico) puede ser de diversa índole como en este caso el acto administrativo sancionatorio ilegal y el núcleo de afectación puede estar compuesto por los derechos al buen nombre, a la honra, a la dignidad entre otros.

Así las cosas es evidente que el acto administrativo sancionatorio ilegal puede ser fuente jurídica del daño moral, en consecuencia el argumento de la entidad demandada según el cual la actuación disciplinaria no puede dar lugar a este tipo de perjuicio no tiene vocación de prosperidad.

ii) De conformidad con lo previamente expuesto la Sala debe establecer si el daño moral de una persona natural ocurrido como consecuencia de la ilegalidad de una sanción disciplinaria puede transmitirse a los familiares más cercanos, esto con el fin de resolver el argumento del recurso de apelación de la demandante que se sustenta en el supuesto error del a quo al no acoger las pretensiones de indemnización por este concepto para las personas antes mencionadas.

Toda vez que la estructura del daño moral, previamente señalada en esta providencia, comprende elementos subjetivos que deben ser claramente identificables —agresión fáctica-jurídica, núcleo de afectación y reflejo externo— estos no pueden transmitirse a terceros sino que todos deben verificarse directamente en la persona que los reclama(47).

En ese orden de ideas, para efectos de que sea viable la indemnización por el mencionado concepto, con los mismos presupuestos de hecho del caso objeto de litigio, los familiares de la demandante deben cumplir de manera concurrente los tres (3) supuestos de la estructura del daño moral antes mencionados, lo cual salta a la vista no ocurre en este caso, por cuanto el primero de ellos, esto es la agresión factico-jurídica agresora —acto administrativo sancionatorio ilegal— no estaba dirigida a la afectación de los derechos subjetivos de aquellos —los familiares de la demandante— sino a los derechos de esta —la demandante—. En otros términos el acto administrativo ahora acusado comprendía una sanción disciplinaria de inhabilidad dirigida exclusivamente en contra de la señora Nohora Ramírez de Leguizamo y no contra sus familiares.

Lo anterior no quiere decir que los familiares de la demandante no pudieran haberse visto afectados emocionalmente en este caso sino que esta afectación o angustia es derivada del tercer elemento de la estructura del daño moral antes mencionada, esto es del reflejo externo manifestado por la demandante, y en ese orden la prueba y la indemnización de ese daño derivado responde a parámetros distintos de los generados por el daño principal, es más exigente y no puede comprender ningún tipo de presunción.

En el expediente obran las declaraciones de las señoras Nohora Ramírez de Leguizamo(48) —demandante— y Vilma Losada Gutiérrez(49) de las cuales se desprende que la posible angustia moral reclamada en esta instancia judicial derivó exclusivamente de la agresión al derecho subjetivo al buen nombre de la actora, el cual provino del acto sancionatorio proferido por la entidad demandada; en ese orden de ideas sus familiares no resultaron directamente afectados por la actuación de la Procuraduría General de la Nación —en cuanto al daño moral— ni este —como se indicó previamente— se les puede transmitir.

Por otra parte, si bien en las mencionadas declaraciones se indica que estas personas resultaron afectadas emocionalmente no se expone de manera concreta y detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan establecer que la agresión factico-jurídico a los derechos de la demandante conllevó una afectación secundaria a los derechos subjetivos de aquellas ni se demostró el nexo causal entre la supuesta afectación a la salud de la demandante con el acto administrativo de la Procuraduría General de la Nación y el estado emocional de estos, por lo tanto es claro que tal como lo estableció el a quo no hay lugar a indemnización del daño moral de este grupo de personas y por lo tanto el cargo de apelación de la demandante no tiene vocación de prosperidad.

iii) Teniendo presente el orden de los problemas establecidos por la Sala para efectos de resolver los cargos de apelación referidos al daño moral, es necesario para decidir el segundo argumento de la demandante —esto es la aparente errada cuantificación de la indemnización establecida por el a quo— determinar cómo debe probarse por parte del afectado la existencia y extensión del daño moral y tasarse por parte del juez contencioso administrativo la indemnización del mismo.

La jurisprudencia y la doctrina autorizada sobre la materia en cuanto a la prueba del daño —en su expresión moral— establece dos elementos que deben ser acreditados por quien se dice perjudicado y pretende la indemnización, esto es la existencia y la extensión(50).

En cuanto a la existencia, como lo ha establecido esta Subsección en oportunidades anteriores(51) y siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera de esa corporación(52), opera una presunción legal —admite prueba en contrario— ante la verificación de la agresión factico-jurídica a los derechos subjetivos del disciplinado verificable en la ilegalidad sustancial del acto administrativo disciplinario declarada por el juez contencioso administrativo, sin embargo al tratarse de una pretensión de naturaleza subjetiva esta solo es aplicable bajo el presupuesto de que tal indemnización haya sido solicitada en la demanda.

Ahora bien, en el libelo la demandante aduce la existencia del daño moral personal y requiere su indemnización, sin que obre en el expediente prueba alguna presentada por la demandada —más allá del simple argumento de inexistencia jurídica que fue desechado en el análisis anterior— que permita a esta Sala, de acuerdo con lo previamente expuesto, descartar la existencia de un daño moral motivo por el cual es evidente que la existencia de este se encuentra acreditada.

Para efectos de establecer la extensión del daño, esta Sala en oportunidades anteriores(53) siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera ha establecido que aquel derivado de la ilegalidad del acto administrativo disciplinario declarada por el juez contencioso, debe tener un monto máximo de 100 SMLMV, para lo cual, en esta oportunidad se establecerá el alcance de dicho criterio jurisprudencial teniendo presente, por la dinámica propia del derecho disciplinario y el acto administrativo sancionador, como mínimo los siguientes cuatro factores: i) el tipo de sanción —impuesta al demandante—; ii) el grado de efectividad de la sanción, iii) la naturaleza de falta que le fue imputada y; iv) el grado de publicidad de la sanción.

Lo anterior por cuanto de acuerdo con los instrumentos interpretativos que el ordenamiento jurídico le otorga al juez entre ellos la lógica y la experiencia, es diferente el grado de afectación al núcleo de derechos subjetivos que comprende el daño moral, cuando por ejemplo la sanción que le fue impuesta al demandante es una destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años o permanente que cuando esta solo fue una multa o amonestación escrita; afectación que también varía si la sanción independientemente de su tipología fue o no cumplida en su totalidad por el disciplinado —antes de la declaratoria de la ilegalidad del acto administrativo sancionatorio— y en lo que también influye la naturaleza de la falta imputada —un acto de corrupción o una simple irregularidad administrativa— y desde luego si esta sanción trascendió en su publicidad los ámbitos locales y regionales.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y teniendo presente los factores antes señalados, a la demandante le fue impuesta una sanción de 20 SMLMV e inhabilidad general por el término de cuatro (4) años, la cual es de las más leves dentro la escala de gravedad de sanciones dispuesta por el ordenamiento disciplinario, además se observa que en virtud de la resolución proferida el 9 de septiembre de 2013 por el Procurador General de la Nación que declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos disciplinarios, la ahora demandante no cumplió la totalidad de la sanción por lo tanto el grado de efectividad de la misma fue menor, la naturaleza de la falta no comportó un acto de corrupción sino la desatención de una norma superior y no hay prueba de que el grado de publicidad de su caso haya traspasado las esferas del ámbito local.

En este orden de ideas, teniendo presente los mencionados niveles de afectación en los que se encuentran los factores aludidos, la situación de la demandante no puede acercarse al monto máximo de indemnización —100 SMLMV— sino que por el contrario este, como acertadamente lo concretó el a quo debe bordear el límite mínimo, siendo la suma de 20 SMLMV establecida en la primera instancia un valor lógico, aceptable y proporcionado de acuerdo con lo previamente expuesto, motivo por el cual, el cargo de apelación de la demandante bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.

Sobre los perjuicios materiales

Señala la demandante como sustento de apelación respecto de los perjuicios materiales que, estos se ocasionaron por la pérdida de la utilidad o rendimiento en las acciones de las sociedades Soltempo SAS y Incihuila S.A. ESP que tuvo que enajenar como consecuencia de la inhabilidad impuesta en el acto administrativo sancionatorio y que el a quo erróneamente no reconoció.

De conformidad con las declaraciones que obran en el expediente —Nohora Ramírez de Leguizamo(54) y Vilma Losada Gutiérrez(55)— la demandante enajenó sus acciones en las mencionadas empresas de su grupo familiar —a una de sus familiares— a efectos de impedir inhabilitarlas para contratar con el Estado, sin que obre prueba de la pérdida de contrato u oportunidad contractual alguna derivada del acto administrativo disciplinario, por lo cual es lógico que el grupo familiar —e incluso indirectamente la demandante— continuó percibiendo los ingresos derivados de esta, junto con los rendimiento y utilidades que ahora reclama.

Por otra parte, y como argumento adicional, no existe prueba en el expediente de los montos ahora reclamados por pérdida de utilidad de las acciones, esto por cuanto la demandante al enajenar aquellas recibió un valor monetario y no demostró que este fuera inferior al que según su dicho debió haber obtenido, más aún, no acreditó que esta suma de dinero comparativamente haya generado menos rendimientos que el de sus acciones de no haber transferido su titularidad. En atención a lo anterior, el cargo de apelación bajo estudio no tiene vocación de prosperidad.

2.4. Resolución del segundo problema jurídico en relación a la condena en costas.  

2.4.1. De la condena en costas.

En lo relacionado con la condena en costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

ART. 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código(56) de Procedimiento Civil”.

En el mismo sentido, el Código General del Proceso ha establecido la manera en cómo se encuentran integradas las costas y la manera de cómo deben ser liquidadas, de la siguiente manera:

ART. 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

ART. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (...)”.

Ahora bien, en lo que ver con la condena en costas, el Consejo de Estado(57), ha dicho que: “La norma contenida en el citado artículo 188, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia. La mencionada sentencia, precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 del 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del Decreto 1 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, “teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes”, también los es, que no opera hoy día la condena de manera automática, frente a aquel que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que ella es el resultado de observar una serie de factores, tales como, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez ponderará tales circunstancias y se pronunciará sobre la procedencia de imposición con una decisión sustentada (...)”.

2.4.2. Análisis del cargo.

Se observa que el a quo condenó en costas a la parte demandada y fijó como agencias en derecho el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

Frente al caso concreto, la Sala precisa que la condena en costas no puede ser impuesta por el simple hecho de resultar vencida una parte dentro de un proceso judicial adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que para adoptar esa decisión, el juez debe establecer y estar comprobado en el proceso, que la parte vencida realizó conductas temerarias o de mala fe que conduzcan a dicha condena. Además, las costas deben estar probadas en el proceso, lo que quiere decir, que no pueden ser impuestas de manera automática, esto es, sin que el juez realice un debido análisis que conduzca a establecer la ocurrencia de las mismas.

En el sub lite, se observa que la contestación de la demanda, y los actos demandados proferidos por la entidad demandada, indican un interés más allá de la simple defensa de la legalidad del acto administrativo acusado, en atención a que ya existía una resolución que había decretado el decaimiento de los actos demandados, por lo que se evidenciaba que la decisión de segunda instancia de la misma entidad, no debió hacer pronunciamiento confirmando la sanción disciplinaria sino que, por el contrario, tenía que absolver a la señora Nohora Ramírez de Leguizamo, situación que estaba de presente y que a pesar de ello no puso en conocimiento de la demandada y siguió argumentando que efectivamente existió una actuación que no se regía por las normas que protegen la lealtad procesal, lo cual conlleva de manera subjetiva a que se imponga la condena en costas, tal como se hizo en la providencia apelada.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las precisiones realizadas en el acápite denominado “cuestión previa” de esta providencia, en la cual se delimitó para el presente caso el ámbito de competencia de la segunda instancia, la Sala en relación con la sentencia de 12 de enero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila confirmará los resolutivos segundo, tercero y cuarto que condenaron a la demandada al pago de perjuicios morales y costas y la absolvieron del pago de los perjuicios materiales.

III. FALLA

1. CONFIRMAR los resolutivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de la sentencia de 12 de enero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en los cuales se condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar a la señora Nohora Ramírez de Leguizamo por perjuicios morales la suma de 20 SMLMV, costas del proceso por 2 SMLMV y se negó el pago de los perjuicios materiales, de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C.P. Daniel Suárez Hernández. Bogotá. 10 de septiembre de 1998.

(43) Scognamiglio Renato. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Tratado de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(44) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Fecha 6 de marzo de 2013. Radicado. 66001-23-31-000-2001-00098-01 (24884).

(45) “Sobre el particular, resulta claro que la tasación de este perjuicio de carácter extrapatrimonial, dada su especialidad, no puede ser sino de naturaleza compensatoria, razón por la cual, corresponde al juzgador, con fundamento en su prudente juicio, en eventos como el sub examine —cuando carezca pruebas que acrediten la incapacidad médico legal o el porcentaje de pérdida de capacidad laboral—, establecer el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Bogotá. 10 de agosto de 2016. Rad 230012331000200500380 01 (37.040).

(46) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-750 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos. 10 de diciembre de 2015.

(47) Henao, Juan Carlos. “El daño”. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en derecho colombiano y francés. el daño debe ser probado por quien lo sufre. “Recordando al maestro Antonio Rocha, se puede anotar que dicha regla es apenas natural porque “los elementos que lo integran (el daño) son conocidos, mejor que por nadie, por el mismo acreedor que los ha sufrido, y a él le toca, obviamente, poner de presente los medios conducentes para conocer su existencia y su extensión”. No basta, entonces, que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque “el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”, que por demás no pueden ser valoradas “como si se tratara de hechos notorios o presumibles, y no de situaciones cuya comprobación, por mandato legal, le correspondía al demandante”. Página 39 y 40.

(48) Folio 542. Minuto 39:00 CD - Audiencia de pruebas.

(49) Folio 542. Minuto 12:28 del CD - Audiencia de pruebas.

(50) Henao, Juan Carlos. “El daño”. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en derecho colombiano y francés.

(51) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 17 de noviembre de 2016. Referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho. radicación: 110010325000201000077-00 (0714-2010). Actor: Luz Helena Gutiérrez Uribe.

(52) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. 26 de enero de 2011. C.P. Gladis Agudelo Ordóñez. Rad. 76001-23-31-000-1996-2874-01. “La jurisprudencia ha trazado las pautas para efectos de reparar el daño por el equivalente pecuniario producido en perjuicios morales, señalando que el mecanismo más adecuado para tal fin es el arbitrio judicial (arbitrium iudicis), siendo el funcionario de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las circunstancias que inciden en el ámbito más intrínseco de quien depreca la indemnización, pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma derivado del suceso”.

(53) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 27 de noviembre de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2010-00196-00. Nº interno: 1486-2010. Demandante: Heriberto Triana Alvis.

(54) Folio 542. Minuto 39:00 CD - Audiencia de pruebas.

(55) Folio 542. Minuto 12:28 del CD - Audiencia de pruebas.

(56) Código General del Proceso.

(57) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 250002342000201301959 01 (2655-2014). Fecha 3 de noviembre de 2016.