Sentencia 2012-00206/2723-2015 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 680012331000 2012 - 00206 01 (2723-2015)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Eliécer Velásquez Reyes

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Trámite: Decreto 1 de 1984

Asunto: Nulidad del acto administrativo que aceptó la renuncia al cargo de fiscal seccional

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

La Sala decide(1) el recurso de apelación que presenta la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de Descongestión - Despacho 01, mediante la cual se declaró no probada la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

Jorge Eliécer Velásquez Reyes presenta demanda a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 1 de 1984 para que se acceda a las siguientes

Pretensiones

Se declare la nulidad de la Resolución 2-1671 de 3 de junio de 2011 expedida por la secretaría general de la Fiscalía General de la Nación por medio de la cual se aceptó la renuncia irrevocable(2) que presentó el señor Jorge Eliécer Velásquez Reyes al cargo de fiscal delegado ante los juzgados del circuito.

Como consecuencia se reintegre al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría y remuneración y, además, se le paguen los salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones dejados de percibir desde el retiro y hasta cuando el reintegro se haga efectivo. Igualmente pide el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados con la expedición del acto acusado(3).

Hechos

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia se refirió de manera extensa a los hechos de la demanda, la Sala sintetiza la situación fáctica de la siguiente manera:

El demandante laboró al servicio de la Fiscalía General de la Nación desde el 1º de julio de 1992 hasta el 1º de junio de 2011 y desempeñó los cargos de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga y Barrancabermeja y antes había laborado en el cargo de juez de distintas categorías y municipios de Santander: En total prestó sus servicios a la Rama Judicial por más de 26 años.

Informó que el 21 de enero de 2011 solicitó al señor Fiscal General de la Nación que lo designara fiscal delegado de cualquier tribunal de distrito del país o en un cargo de la misma categoría, en comisión. La misma petición se repitió el 29 de abril del mismo año. El 13 de mayo de 2011 recibió respuesta con el Oficio CNAC 201170100117851 suscrito por el profesional especializado I del grupo de carrera de la fiscalía, en el cual informó que los nombramientos y ascensos se hacen de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política. Finalmente, en relación con la petición de nombramiento, la entidad le dijo que no era posible sin que se cumplieran los requisitos señalados en el concurso de méritos.

Dice el actor, en el hecho 9, que la respuesta de la Fiscalía General de la Nación de fecha el 28 de mayo de 2011, lo llevó a presentar renuncia al cargo la que se aceptó mediante el acto acusado(4).

Normas violadas y concepto de la violación

Las pretensiones del accionante se fundamentan en los artículos 1º, 2º, 6º, 25, 53, 123, 125 y 209 de la Constitución Política; 36 del Decreto 1 de 1984. El actor considera que el acto administrativo que lo separó del cargo viola el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental, su dignidad humana y su derecho a la estabilidad laboral y, además, es fruto de la desviación de poder, fue expedido con falsa motivación y que la renuncia que presentó fue provocada por acoso laboral(5).

Oposición a la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones y para el efecto formuló las excepciones: (i) producción del acto acusado en cumplimiento del deber legal y constitucional exento de vicio; (ii) ausencia de vicios de nulidad en la expedición del acto administrativo que declaró insubsistente al actor; y, (iii) caducidad de la acción.

Manifestó que la parte demandante tiene que demostrar cada uno de los hechos alegados y que en este caso no se logró probar que el acto demandado hubiese sido expedido con desviación de poder o falsa motivación.

Señaló que la acción se encontraba caducada al considerar que de acuerdo con el artículo 136 del CCA, se tiene 4 meses para presentar la demanda y si el acto acusado se expidió el 3 de junio de 2011 había plazo hasta el 4 de octubre del mismo año y comoquiera que la presentación se hizo el 28 de octubre de 2011, para esta fecha estaba caducada(6).

La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de Descongestión - Despacho 01 profirió sentencia el 16 de abril de 2015 declarando no probada la excepción de caducidad toda vez que había plazo para presentarla hasta el 2 de noviembre del mismo año y no hasta el 28 de octubre de 2011 como lo dice la demanda, por tanto, está dentro del término(7).

Observó que el actor tuvo que presentar varios derechos de petición, recursos y acción de tutela para que dentro del concurso de méritos en el que participó para fiscal delegado ante tribunal de distrito tuvieran en cuenta la experiencia laboral como juez penal desde el 31 de diciembre de 1974 hasta el 30 de junio de 1992 y que mediante el Acuerdo 4 de 22 de diciembre de 2010, se hizo el reajuste del puntaje, el cual se aumentó en 69 puntos quedando en el puesto 163 cuando en principio estaba en el puesto 673.

Dijo que tales circunstancias seguramente afectaron su estado de ánimo y generaron sentimientos de impotencia ante las dificultades para que le dieran el puntaje que considera merecía en el concurso y aumentar las probabilidades de ser fiscal de tribunal, pero que ello no puede considerarse como la causa eficiente que provocó la presentación de la renuncia el 28 de mayo de 2011, pues el motivo para hacerlo fue el que plasmó en la solicitud, esto es, disfrutar la pensión que fue reconocida mediante la Resolución 39.149 de 22 de noviembre de 2005 por la Caja Nacional de Previsión Social y que por tal razón la fiscalía emitió el acto acusado.

Argumentó que de las pruebas allegadas no se infiere que el acto hubiese sido expedido con falsa motivación pues ante un escrito que contiene una renuncia irrevocable al cargo por quien ya obtuvo el reconocimiento de la pensión, la administración no podía negarse a aceptarla, por tanto, el acto impugnado está revestido de legalidad sin que se hubiese acreditado la presencia de error de hecho o de derecho que lo afecte de nulidad. Así mismo señaló que no aparece acreditado en el expediente que la causa de la expedición de la resolución que aceptó la renuncia haya sido una decisión arbitraria y caprichosa del nominador y que se configurara la desviación de poder.

En lo relacionado con el acoso laboral, dijo que de las pruebas aportadas no se infiere que se haya incurrido de manera reiterada y sistemática en actos de violencia psicológica o constreñimiento que lo indujeran a presentar la renuncia y que tampoco puede asimilarse a dicha figura los errores que cometió la dependencia encargada de establecer el registro de elegibles al no tener en cuenta la experiencia laboral como juez para fijar el puntaje.

Igualmente señaló que está demostrado que desde antes de la renuncia, el accionante obtuvo que se corrigiera el error y ser reclasificado en el puesto 163 luego de estar en el 673, lo que no era obstáculo para que lo designaran fiscal delegado ante tribunal, ya que se ofertaron 52 cargos de estos y se había realizado esa cantidad de nombramientos.

Consideró que si bien uno de los testigos dijo que en forma verbal en varias oportunidades le solicitaron la renuncia para que disfrutara de la pensión de vejez, tal aseveración no es suficiente para dar certeza que hubo constreñimiento o presión laboral previo a la renuncia que lo obligara a presentarla pues no aparece otra prueba que respalde esa afirmación.

Infirió que la renuncia reúne las características establecidas para que se considere ajustada a la ley pues fue presentada por escrito, de manera espontánea, libre y voluntaria, y no se acreditó que previo a ella se hubiese ejercido coacción o vicio que afectara el consentimiento del actor(8).

El recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión y manifestó que el fallo omitió analizar el acoso laboral al considerar que cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante renuncia esta debe tener su origen en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y el querer del sujeto que descifran su plena voluntad, y que debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, consiente y ajena de todo vicio de fuerza o engaño.

Señaló que el fallo desconoce el trato discriminatorio de que fue objeto el actor durante todo el tiempo y los hechos probados en los cuales destaca las múltiples oportunidades en las que solicitó que se tuviera en cuenta el puntaje respectivo que le otorgaba la experiencia como juez. También dice que desconoció que las renuncias no pueden ser motivadas.

Afirmó que la sentencia omitió valorar los siguientes hechos probados: Que el actor con oficio de 21 de enero de 2011 solicitó a la fiscalía general que fuera nombrado de manera provisional como fiscal delegado ante tribunal superior de distrito o a otro de igual categoría, lo cual fue reiterado en varias ocasiones; y que ante la respuesta recibida, en su desconsuelo, presentó renuncia al cargo que se aceptó mediante la Resolución 2-1671 de 3 de junio de 2011 con efectividad a partir del 1º de julio de 2011.

Consideraciones

Problema jurídico

De conformidad con el escrito de la apelación, el problema jurídico se circunscribe a establecer si en la renuncia presentada por el actor al cargo de fiscal delegado ante los juzgados de circuito estuvo viciada su voluntad por el trato discriminatorio y acoso laboral del que considera fue objeto ante la negativa a ser nombrado como fiscal delegado ante tribunal superior de distrito judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala proceso a realizar el siguiente análisis:

Frente al concepto de acoso laboral como causante de la presentación de la renuncia, el actor señala que cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante renuncia esta debe tener origen en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto que descifran su propia voluntad.

En el proceso obra el escrito(9) de fecha 28 de mayo de 2011 dirigido a la Fiscal General de la Nación de la época doctora Viviane Morales Hoyos que contiene la renuncia del demandante cuyo texto completo es el siguiente:

“... Distinguida señor fiscal: Jorge Eliécer Velásquez Reyes, identificado con C.C. 13.803.825 de Bucaramanga, actualmente fiscal 25 delegado ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga, servidor judicial de carrera, con 36 años de servicio como juez de la República y fiscal seccional, respetuosamente presento a usted, renuncia irrevocable de mi cargo como fiscal seccional, a partir del primero (1º) de julio (inclusive) del año en curso, a fin de entrar a gozar de mi pensión vitalicia por vejez reconocida mediante Resolución 39149 del 22 de noviembre de 2005 por la Caja Nacional de Previsión...”.

El documento anterior tiene nota de presentación(10) en Bucaramanga ante la directora seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación.

La sentencia de primera instancia dedicó un capítulo(11) que tituló “acoso laboral” en el cual se citó y transcribió apartes de la sentencia de tutela de la corte constitucional(12), en la que se concluyó que ese proceder constituye una práctica que ocurre tanto en el sector público como en el privado consistente en que de manera recurrente y sistemática contra el trabajador se ejercen actos de violencia psicológica que pueden llegar a ser físicos y se dirigen a acabar con su buen crédito profesional, su autoestima y, en ocasiones, pueden ser el origen de enfermedades profesionales como el estrés laboral siendo el fin último provocar que la persona presente renuncia a su empleo.

En seguida la providencia de a quo analizó el tema de la renuncia como causal de retiro del servicio sustentado en lo que al respecto ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado(13), la cual, ha dicho que es la voluntariedad el elemento central que tipifica la renuncia y por ello, la doctrina ha indicado que en ella deben concurrir las siguientes características: ser espontánea, como expresión del libre albedrió del empleado, por ende, no puede ser provocada, inducida o compelida; individual, esto es, por la propia persona sin que exista una especie de arrastre presionado; expresa, en cuanto a su solemnidad para su validez e inequívoca de la expresión de voluntad, además, no puede ser simple o meramente protocolaria o vaga; escrita, como única forma jurídica de expresión, lo cual excluye que sea verbal.

La Sala ha revisado el contenido argumentativo de la sentencia de primera instancia y encuentra que el a quo se ocupó de estudiar el punto relacionado con la renuncia que el actor presentó y señaló que si bien es cierto el actor tuvo que presentar varios derechos de petición para que fuera reclasificado en el concurso para fiscal delegado ante tribunal superior, también lo es que esas circunstancias pudieron afectarlo, sin embargo, no se pueden considerar como la causa eficiente que provocó la renuncia al cargo de fiscal delegado ante los juzgados del circuito, pues, en el escrito de renuncia manifestó que lo hacía porque se le había reconocido la pensión(14).

Sin embargo, el demandante considera que el fallo desconoce el trato discriminatorio de que fue objeto y que la Sala interpreta el demandante la considera probada con la documental por él aportada en que acreditaba las solicitudes para reclasificar en el proceso de concurso. Cargo que revisa y valora la Sala con las pruebas aportadas.

La Sala considera que el estudio y análisis que efectuó la sentencia de primera instancia a las pretensiones y cargos que el actor formuló al acto acusado están acordes con lo probado en el proceso, es decir, no existe indicio que conduzca a establecer que la voluntad del actor como elemento central que tipifica la renuncia haya sido alterada por presión alguna de la entidad, o que la renuncia no haya sido espontánea y que en ella no se hubiese expresado la libre decisión de retirarse del cargo por voluntad propia, es decir, no fue provocada, inducida ni la administración realizó constreñimiento alguno al respecto.

El actor solicitó(15) el decreto del testimonio con el fin de demostrar los hechos de la demanda, en especial lo relacionado con el acoso laboral del que considera fue objeto y lo llevo a presentar la renuncia al cargo. El testimonio fue decretado, practicado y valorado por el a quo.

La testigo fue interrogada sobre el conocimiento(16) que tuviera del demandan y manifestó “Sí lo conozco, desde aproximadamente el año 1985 cuando se desempeñaba como juez de la República de instrucción criminal”. Sobre el conocimiento de los hechos relacionados con el acoso laboral y la solicitud de renuncia contestó: “por comunicación permanente con el Dr. Jorge Eliécer Velásquez supe que efectivamente en la Fiscalía General de la Nación, meses antes de él presentar su renuncia, era llamado por la parte administrativa de esa entidad, en varias oportunidades, solicitándole de manera verbal que presentara su renuncia al cargo que ostentaba por cuanto, según ellos, ya cumplía los requisitos de ley para hacerlo”. Luego se le interrogó sobre la razón por la cual le constaban esos hechos y contesto: “Porque en esa época el Dr. Jorge Eliecer Velásquez se desempeñaba como fiscal de audiencias ante los juzgados penales del circuito de la ciudad de Bucaramanga, en donde yo me desempeñaba como procuradora delegada en materia penal y diariamente teníamos contacto permanente, él me contaba de todos los pormenores que estaba padeciendo con ocasión del concurso de méritos y de las solicitudes de renuncia que le hacía la fiscalía”.

Se observa que la testigo señala que meses antes de que el actor presentara la renuncia fue llamado por la entidad, en varias oportunidades, según ella para presenta la renuncia y que ese hecho le consta porque el mismo demandante se lo contaba en razón a que ella se desempeñaba como procuradora delegada en materia penal y que a diario tenía contacto con el actor y este la ponía al tanto de su situación.

Del análisis que realiza la Sala al testimonio se establece que no es fehaciente en señalar que de manera directa que le constara sobre las solicitudes que el director de la entidad le hubiese hecho al actor para que presentara la renuncia, pues, el conocimiento de ello lo adquiere a través de la comunicación que a diario sostenía con el actor. Es decir, se trata de un testimonio de oídas y no directo, este es, que hubiese visto y escuchado que le pidieron la renuncia al demandante, por tanto, lo dicho no es contundente para señalar que el demandado fue constreñido a presentar su renuncia, y así lo concluyó la sentencia de primera instancia donde se valoró el testimonio y no se establecieron las circunstancias de quién solicitó la renuncia, en qué lugar y cómo fue pedida.

La Sala continúa analizando la interpretación que pretende darle el demandante a la prueba documental y testimonial allegada y establece que no determina con certeza la existencia de presión ni acoso laboral por parte de la entidad, pues, este se configura o tipifica cuando se ejercen actos de violencia psicológica contra el trabajador o incluso actos físicos, que se dirigen a menoscabar la reputación profesional o el buen nombre de la persona y dichas agresiones conducen a generar enfermedades profesionales como el estrés laboral y presionan a que el empleado presente renuncia.

En este punto del análisis del cargo formulado a la sentencia y en la intención de complementar lo argumento por el a quo, la Sala considera del caso traer a colación lo que sobre el tema de la renuncia consagra la ley.

En relación con la renuncia, el legislador reguló este tema en el Decreto 1950 de 24 de septiembre de 1973(17), en el capítulo 11, de la siguiente manera:

“ART. 110.—Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente” (se subrayó).

“ART. 111.—La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio” (se subrayó).

Es decir, la persona que ocupe un cargo lo puede dimitir y esa manifestación debe ser por escrito y presentada de manera espontánea e inequívoca de que la decisión que se está tomando no puede ser constreñida o presionada por el jefe de la entidad o nominador.

Más recientemente, el legislador se ocupó de regular de manera más extensa, lo relativo al acoso laboral y para el efecto expidió la Ley 1010 de 23 de enero de 2006 “por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. En el artículo 1º señala cuál es el objeto de la ley y los bienes que protege, así:

“ART. 1º—Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa...”.

Por su parte, el artículo 2º define cada una de las conductas que pueden ser consideradas como acoso laboral, y al respecto señala:

“ART. 2º—Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

1. Maltrato laboral: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador”.

En el sub examine, las conductas o actos que la ley contempla y define como acoso laboral, no son las enunciadas por el demandante, es decir, no probó que la entidad demandada le hubiese infundido miedo, intimidación, terror, angustia, o causado perjuicio laboral y menos generado desmotivación en el trabajo o, incluso, que la renuncia que presentó, se haya originado en esa clase de comportamiento de la Fiscalía General de la Nación.

La jurisprudencia de la corporación(18), en relación con la renuncia ha dicho lo siguiente:

“... De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad. Así pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Lo anterior, constituye un desarrollo del derecho de “escogencia de profesión u oficio” contemplado en el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual, toda persona es libre de escoger o dejar de lado un oficio u profesión, de acuerdo a sus intereses, sin que existan limitaciones diferentes de aquellas que pretendan salvaguardar la continuidad y buena prestación del servicio. De manera que, no tendrá efectos legales, aquella dimisión que sólo lo sea en apariencia, en razón de obedecer a circunstancias de presión, provocación o involuntariedad.

Ahora, en cuanto al punto relacionado con la discriminación que alega el actor que fue objeto por el hecho de no habérsele nombrado como fiscal delegado ante tribunal superior o traslado, se tiene que distinguir que se presentó a un concurso que es reglado y tiene igualdad de condiciones a los demás, por tanto, es el mérito el que le va dando los lugares, y si tenía inconformidad con aquel debió demandarlo en la debida oportunidad.

Pero la interpretación que hace el demandante que por el hecho de que la entidad no lo nombró en provisionalidad o no lo trasladó a un cargo superior y con ello mejorar su situación, no se puede considerar como acoso laboral toda vez que se trata de una facultad de la entidad que es reglada, y de la misma no se puede interpretar el mencionado acoso y menos que hubo presión para presentar la renuncia.

En conclusión, en este caso el único hecho que encuentra prueba en el proceso es la presentación de la renuncia del demandante, la cual estuvo motivada por querer retirarse a disfrutar la pensión vitalicia de vejez reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social mediante la Resolución 39149 de 22 de noviembre de 2005, así lo afirmó en el escrito de dimisión, por tanto, el cargo formulado a la sentencia no prospera, por tanto, se confirmará la decisión de primera instancia.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander - Subsección de Descongestión - Despacho 1 proferida el dieciséis (16) de abril dos mil quince (2015), en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Jorge Eliécer Velásquez Reyes contra la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la secretaría de la Sección Segunda devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Santander y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase Providencia estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—William Hernández Gómez (E).

1 El proceso ingreso al despacho el 5 de febrero de 2016 (fl. 504).

2 Folio 9.

3 Folios 5 y 300.

4 Folio 308.

5 Folio 314 y siguientes.

6 Folio 352 y siguientes.

7 Folio 440 vuelto.

8 Folios 435 a 448.

9 Folio 9.

10 Folio 9 vuelto.

11 Folio 443 del proceso, 17 de la sentencia.

12 Corte Constitucional: sentencia de tutela 882 de 2006.

13 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Número interno 0450-2011. 19 de abril de 2012.

14 Folio 447.

15 Folio 336.

16 Folio 397.

17 Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.

18 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012). Radicación: 41001-23-31-000-1998-01061-02(0469-11). Actor: Douglas Alfonso Romero Sánchez. Demandado: Municipio de Neiva y otro.