Sentencia 2012-00214 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 08001233100020120021401 [21764]

Demandante: Municipio de Palmar de Varela

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Excepciones cobro coactivo

Fallo

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

El debate en esta instancia se concreta en determinar la legalidad del acto administrativo por medio del cual el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla negó las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, dentro del proceso administrativo de cobro coactivo por concepto de cuotas partes pensionales.

Cuestión previa.

Frente a lo aducido por la entidad apelante en torno a que no fueron resueltas las excepciones planteadas en la contestación de la demanda (legalidad de la resolución que resolvió las excepciones e improcedibilidad de la demanda, buena fe y cobro legal y oportuno), se observa que los argumentos en que se sustentan corresponden al análisis de legalidad del acto acusado, esto es, al fondo del asunto y no tienen vocación de prosperidad, como pasa a verse a continuación.

Asunto de fondo.

El a quo declaró la prescripción de la acción de cobro, por estimar que, aun aplicando cualquiera de los términos prescriptivos a los que se refiere la sentencia de 28 de junio de 2012, expediente 0584-2009, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se encuentra prescrito el cobro de las cuotas pensionales a favor del DEIP de Barranquilla.

La entidad apelante alegó que el Municipio de Palmar de Varela no planteó la prescripción extintiva de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales en el trámite administrativo del proceso de cobro coactivo, ni en las excepciones que presentó en contra del mandamiento de pago, y que no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos al efecto en la contestación de la demanda.

La Sala observa que de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006(8), el cobro de los créditos a favor de las entidades públicas se hace mediante el procedimiento de cobro coactivo, que está regulado por el Estatuto Tributario.

El artículo 8º de la misma ley modificó el inciso 2º del artículo 817 del Estatuto Tributario, así: “La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los administradores de impuestos o de impuestos y aduanas nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a petición de parte”.

El artículo 17 dispuso que lo establecido en los artículos 8º y 9º de la presente ley para la DIAN, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras entidades públicas. Para estos efectos, es competente para decretar la prescripción de oficio el jefe de la respectiva entidad.

Ahora bien, en desarrollo de la facultad del fallador para estudiar y decidir sobre las excepciones propuestas y cualquiera otra que encuentre probada(9), la Sala procede al análisis de la prescripción de la acción de cobro, sin que ello implique desconocimiento del debido proceso ni del acceso a la administración de justicia.

Con relación al tema de la prescripción como forma de extinción de derechos, la Corte Constitucional en la sentencia que definió la constitucionalidad del artículo 4(10) de la Ley 1066 de 2006(11), señaló:

“…la Sección 4ª del Consejo de Estado ha señalado que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales(12), particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro (art. 817, E.T., modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002) y la competencia para decretar la prescripción (art. 817, E.T., modificado por el art. 8º de la Ley 1066 de 2006). 

Esta breve reseña jurisprudencial permite extraer al menos dos conclusiones para el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala. De un lado, (i) que la prescripción extintiva de las obligaciones derivadas del trabajo y la seguridad social no es incompatible per se con la Constitución y en especial con los derechos al trabajo (arts. 25 y 53, C.P.) y a la seguridad social (art. 48, C.P.); de otro lado, (ii) que mientras el derecho a solicitar el reconocimiento del derecho a la pensión es imprescriptible, pues se deriva del derecho al trabajo y a la seguridad social, las mesadas pensionales sí pueden prescribir en caso de no reclamación oportuna, por cuanto se trata de obligaciones crediticias de expiración periódica que no afectan la existencia misma de derechos irrenunciables”. 

Frente al término de prescripción de las cuotas partes, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó lo siguiente(13):

“…en cuanto al tema específico de la prescripción liberatoria en el recobro de las cuotas pensionales, el recuento histórico evidencia, que ninguna norma hizo una referencia puntual a ella, lo que generó según informan las entidades demandadas diversidad de interpretaciones, por lo que fue necesario unificar en la circular controvertida un plazo de 3 años, dado que muchas entidades públicas actuando negligentemente omitieron el cobro oportuno a otros empleadores o entidades de previsión permitiendo la acumulación de cartera por el paso del tiempo y por consiguiente el desajuste fiscal de las mismas. 

Esos diversos criterios de aplicación de prescripción extintiva antes del 29 de julio de 2006, se concretan así: el primero, consagrado en el artículo 2536 del Código Civil Colombiano reformado por la Ley 791 de 2002(14); el segundo, hace referencia al carácter laboral de la prescripción, habida cuenta que las mesadas prescriben en 3 años —art. 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969—, por ende el recobro también, en razón a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y el tercero, responde a la naturaleza fiscal de la deuda, lo que lleva a la aplicación de las normas tributarias —art. 817— 5 años. 

Efectivamente encuentra la Sala, que la prescripción extintiva que convoca el sub iudice, no ha sido pacífica ni aún en materia jurisprudencial y es más, casi inexistente, lo que justificó en palabras de los ministerios firmantes la expedición de la resolución cuyo tema hoy se cuestiona. 

La Sección 4ª del Consejo de Estado(15) sobre este tópico ha señalado, que como los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales, para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales, particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro, 5 años (art. 817. E.T., modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002) y la competencia para decretar la prescripción (art. 817, E.T., modificado por el art. 8º de la Ley 1066 de 2006). 

Todo lo dicho demuestra, que conforme a la naturaleza asignada al recobro de la cuota parte pensional, se le atribuyó el término de prescripción extintiva, de 3, 5 o 10 años, hasta que se puso punto final a la incertidumbre con la expedición de la Ley 1066 de 2006, que estableció en el artículo 4º, un término de 3 años para tal efecto”. 

Por lo tanto, la regla de prescripción aplicable a las cuotas partes causadas con anterioridad a la Ley 1066 de 2006(16) es el Código Civil, artículo 2536(17) en su redacción original y con la modificación introducida por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002(18), quedando como términos de prescripción los siguientes:

1. Cuotas partes causadas con anterioridad al 27 de diciembre de 2002: prescribirán en diez (10) años.

2. Cuotas partes causadas entre el 27 de diciembre de 2002, fecha de entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002 y el 29 de julio de 2006, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006: prescribirán en cinco (5) años corridos a partir de la existencia de la obligación.

3. Cuotas partes causadas con posterioridad al 29 de julio de 2006, prescribirán en tres (3) años corridos a partir de la existencia de la obligación.

El documento que se debe tener en cuenta para efectos del cómputo del término de prescripción es el mandamiento de pago, por cuanto este se notificó el 8 de febrero de 2010,(19) esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, motivo por el cual resulta aplicable el artículo 818 del Estatuto Tributario(20), según el cual, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, como en efecto ocurrió en este caso.

En el expediente figuran copias de las resoluciones por medio de las cuales se reconoce el pago de la pensión vitalicia de jubilación y se liquidan las cuotas partes pensionales a cargo del Municipio de Palmar de Varela así:

• Resolución Nº 099 del 18 de julio de 1977(21), por medio de la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación y se ordena su pago a favor del señor Luis Fernando Muñoz Pallares, a partir del 12 de enero de 1977 por $ 5.156.25 y se dispone que: “El Municipio de Repelón y Palmar de Varela, deberán reembolsar al Municipio de Barranquilla, a través de la Caja de Previsión Social Municipal, las cuotas partes descontadas en sus 25%, o sea, las sumas de $ 447.41 y $ 396.93”.

• Resolución Nº 035 del 12 de septiembre de 1986(22), por medio de la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación y se ordena su pago a favor del señor Juan Antonio Lozada Fontalvo, a partir del 10 de abril de 1986, por $ 38.835.54 y se establece que El Municipio de Palmar de Varela, deberá reembolsar al Municipio de Barranquilla, una cuota parte de $ 17.648.60.

• Resolución Nº 028 del 1º de febrero de 1989(23), por medio de la cual se reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación y se ordena su pago a favor del señor Hernando Adolfo Ibáñez Escorcia, a partir del 1º de enero de 1989, por $ 62.125.oo y se establece que El Municipio de Palmar de Varela, deberá reembolsar al Municipio de Barranquilla, una cuota parte de $ 33.392,19.

La Sala reitera que(24) “el título ejecutivo de las cuotas partes pensionales está conformado por el acto administrativo en el que se reconoce el derecho a la pensión y el acto administrativo que liquide las cuotas partes pensionales respecto de las mesadas pensionales causadas y pagadas que no estén prescritas.”

De manera que, para establecer si determinadas cuotas partes pensionales son exigibles o no, es necesario verificar la existencia de la resolución de reconocimiento de la pensión, si se hicieron los pagos de las respectivas mesadas pensionales, la fecha en que se hicieron esos pagos y, a partir de esa fecha, contabilizar el término de prescripción.

Luego, en criterio de esta Sala y bajo los argumentos expuestos, este es el término de prescripción de la obligación que ejecutivamente se cobra, que corre individualmente para cada cuota parte, y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

Con la finalidad de determinar los periodos objeto de cobro en el mandamiento de pago y si las pensiones reconocidas en el título ejecutivo aún se están pagando, con el objeto de establecer si existen obligaciones prescritas, mediante auto para mejor proveer del 8 de septiembre de 2016, la Sala ordenó oficiar al demandado para que certificara lo pertinente.

A través de oficio del 10 de noviembre de 2016(25), la Alcaldía de Barranquilla respondió la anterior solicitud e informó lo siguiente:

“Este despacho relaciona los periodos que se están cobrando con base al título ejecutivo – Resolución Nº 0069 de julio 15 de 2009:

PensionadoCédula NºResolución de pensión
Juan Lozada Fontalvo3.679.030035 de septiembre 12 de 1986

Sustituto/aCédula NºResolución de pensión
Nepomucena González de Lozada22.283.8050039 de 08 de julio de 2008

 Tiempo de servicio
EntidadAñosMesesDías
Contraloría Municipal de Barranquilla5713
Empresas Públicas Municipales535
Municipio Palmar de Varela912

Fuente oficial: Anexo Resolución Nº 035 – Septiembre 12 de 1986 y Resolución Nº 0039 de julio 08 de 2008.

PensionadoCédula NºResolución de pensión
Luis F. Muñoz Pallares838.0880099 de julio 18 de 1977

Sustituto/aCédula NºResolución de pensión
Martha Beatriz Cervera de Muñoz22.300.015081 del 24 de marzo de 1992

 Tiempo de servicio
EntidadAñosMesesDías
Departamento del Atlántico2912
Municipio de Repelón 2325
Municipio de Palmar de Varela2319
Municipio de Barranquilla121128

Fuente oficial: Anexo Resolución Nº 00099 de julio 18 de 1997 y Resolución Nº 081 del 24 de marzo de 1992.

PensionadoCédula NºResolución de pensión
Hernando Adolfo Ibáñez851.602028 de febrero 01 de 1989

 Tiempo de servicio
EntidadAñosMesesDías
Departamento del Atlántico/Secretaría de Hacienda9014
Municipio de Palmar de Varela1090
Municipio de Barranquilla/ Contraloría Municipal1214

Fuente oficial: Anexo Resolución Nº 028 de Febrero 01 de 1989”.

Según lo expuesto, la demandada certificó que al 30 de junio de 2009, fecha de corte establecida en la Resolución 069 del 15 de julio de 2009, las mesadas pensionales se seguían pagando, por cuanto la pensión de jubilación de Juan Antonio Lozada Fontalvo fue sustituida a Nepomucena González de Lozada mediante la Resolución 0039 del 8 de julio de 2008, la pensión de Hernando Adolfo Ibáñez se encuentra activa(26), y la pensión pagada a Luis Fernando Muñoz Pallares fue sustituida a Martha Beatriz Cervera de Muñoz, según resolución 081 del 24 de marzo de 1992.

En consecuencia, se procederá a determinar si en el presente caso operó la prescripción de la acción de cobro de las cuotas partes pensionales, teniendo en cuenta la fecha notificación del mandamiento de pago (8 de febrero de 2010).

Para el efecto, se tendrá en cuenta la modificación al término general de prescripción efectuado por el artículo 8º de la Ley 791 de 27 de diciembre de 2002, que disminuyó el término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 a 5 años y, que en el escrito de demanda la parte actora solicitó la aplicación del término de prescripción contenido en la Ley 1066 del 20 de julio de 2006; pues de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887(27), es facultativo del prescribiente escoger los términos bajo los que desea configurar la prescripción que corre a su favor, siempre y cuando la prescripción que regía bajo el imperio de una ley, no se hubiere completado al momento de entrar en vigencia la ley que la modifica.

Así las cosas, con el fin de establecer si operó la prescripción de las cuotas partes pensionales, correspondientes a los jubilados JUAN ANTONIO LOZADA FONTALVO, ADOLFO IBAÑEZ HERNÁNDEZ Y LUIS FERNANDO MUÑOZ PALLARES, se efectúa el siguiente cuadro:

PensionadoResolución de reconocimiento
de pensión
Orden de pago a partir deFecha de notificación del mandamiento de pago
Luis Fernando Muñoz PallaresResolución Nº 099 del 18 de julio de 197712 de enero de 19778 de febrero de 2010

Juan Antonio Lozada FontalvoResolución Nº 035 del 12 de septiembre de 198610 de abril de 1986
Hernando Adolfo Ibáñez EscorciaResolución Nº 028 del 1º de Febrero de 19891º de enero de 1989

De esta forma, en relación con las deudas por cuotas pensionales correspondientes a los señores Luis Fernando Muñoz Pallares, Juan Antonio Lozada Fontalvo y Hernando Adolfo Ibáñez Escorcia, por los periodos comprendidos entre el 12 de enero de 1977, 10 de abril de 1986 y 1º de enero de 1989, respectivamente y el 30 de junio de 2009(28), la Sala precisa tales deudas, en los siguientes periodos, así:

(i) Para el 7 de febrero de 2000, se encuentran prescritas, toda vez que el término de los 10 años de prescripción señalado en el artículo 2536 del Código Civil vigente para la época, se encontraba cumplido el 8 de febrero de 2010 (fecha de notificación del mandamiento de pago).

(ii) En cuanto a las obligaciones comprendidas entre el 8 de febrero de 2000 y el 26 de diciembre de 2002, (fecha en la que entró en vigencia el artículo 8º de la Ley 791 de 27 de diciembre de 2002, que disminuyó el término de prescripción de la acción ejecutiva de 10 a 5 años), que no alcanzan a cumplir el término de prescripción de los 10 años, también se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que el demandante se acogió al plazo de prescripción trienal consagrado en el artículo 4º de la Ley 1066 de 29 de julio de 2006 —vigente a partir de la misma fecha—, pues el término que tenía el Distrito de Barranquilla para notificar el mandamiento de pago respecto de estas obligaciones vencía el 29 de julio de 2009, y el mandamiento de pago solo fue notificado el 8 de febrero de 2010.

(iii) Las obligaciones por el lapso comprendido entre el 27 de diciembre de 2002 y el 7 de febrero de 2005, se encuentran prescritas en aplicación del término de 5 años consagrado en el artículo 8º de la Ley 791 de 27 de diciembre de 2002 (vigente para esa época), pues como se dijo, solo hasta el 8 de febrero de 2010, la demandada notificó el mandamiento de pago.

(iv) Respecto a las deudas del 8 de febrero de 2005 y el 28 de julio de 2006, la Sala anota que si bien no se encuentra cumplido el término de 5 años, comoquiera que el demandante se acogió al término de prescripción trienal, el plazo que tenía para notificar el mandamiento de pago respecto de estas obligaciones vencía el 29 de julio de 2009, por lo que igualmente se encuentran prescritas.

(v) Asimismo, las deudas correspondientes entre el 29 de julio de 2006 y el 7 de febrero de 2007 se encuentran prescritas en aplicación del término de 3 años consagrado en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, teniendo en cuenta que el mandamiento de pago se notificó el 8 de febrero de 2010.

Así, respecto de los mencionados pensionados solo están vigentes las obligaciones correspondientes entre el 8 de febrero de 2007 y el 30 de junio de 2009, en tanto que no se encontraba cumplido el término de 3 años consagrado en la Ley 1066 de 2006.

Por lo tanto, habrá de declararse la nulidad parcial de los actos atacados, para declarar de oficio, conforme al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago Nº GGI-00009 del 15 de diciembre de 2009, proferido por la Alcaldía de Barranquilla, excepto las obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, que se concretan a los periodos comprendidos entre el 8 de febrero de 2007 y hasta el 30 de junio de 2009.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, el Municipio de Palmar de Varela queda exonerado del pago de las respectivas cuotas partes pensionales que se encuentran prescritas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

REVÓCASE la sentencia del 11 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión. En su lugar:

1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones formuladas por la entidad demandada, en el trámite del presente proceso.

2. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución Nº GGI-COR-0366 del 12 de agosto de 2011, proferida por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla contra el Municipio de Palmar de Varela.

3. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

A) DECLÁRASE probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago Nº GGI-00009 del 15 de diciembre de 2009, proferido por la Alcaldía de Barranquilla, excepto las obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, que se concretan a los periodos comprendidos entre el 8 de febrero de 2007 y hasta el 30 de junio de 2009.

B) DECLÁRASE que el Municipio de Palmar de Varela no está obligado al pago de las cuotas partes pensionales prescritas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidenta de la Sección—Milton Chaves García—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

8 “ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. (...)”.

9 Artículo 164 del CCA, norma aplicable para la fecha de presentación de la demanda (16-03-2012).

10 ART. 4º—Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.

PAR.—Cuando se celebren acuerdos de pago en materia de seguridad social en pensiones en ningún caso de las condiciones que se establezcan podrán derivarse perjuicios al afiliado o al fondo común de naturaleza pública.

11 Corte Constitucional Sentencia C-895 de 2009. Ref.: expediente D-7749. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 1066 de 2006, “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Actor: Marcela Posada Acosta, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil nueve (2009).

12 Consejo de Estado, Sección 4ª, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Rad. 25000232700020020042201 (16257).

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 28 de junio de 2012 Exp. 110010325000-2009-00026-00 (0584-2009).

14 “El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

15 Radicado interno de julio 30 de 2004, M.P Ligia López Díaz.

16 ART. 4º—Las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.

PAR.—Cuando se celebren acuerdos de pago en materia de seguridad social en pensiones en ningún caso de las condiciones que se establezcan podrán derivarse perjuicios al afiliado o al fondo común de naturaleza pública.

17 ART. 2536.—La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

18 ART. 8º—El artículo 2536 del Código Civil quedará así: “El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

19 Fl. 14, cdno. ppal.

20 Mediante el Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066, se dispuso que las entidades objeto de dicha ley aplicarían en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional.

21 Fls. 48 a 53, cdno. ppal.

22 Fls. 32 y 33, cdno. ppal.

23 Fls. 42 a 45, cdno. ppal.

24 Consejo de Estado – Sección Cuarta, sentencia de 16 de diciembre de 2011, Rad. 2008-00175-01 (18123), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

25 Fls. 120 a 145, cdno. ppal.

26 Fl. 122, cdno. ppal.

27 ART. 41.—La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.

28 Fecha de corte establecida en la Resolución Nº 069 de 15 de julio de 2009.