Sentencia 2012-00215 de enero 28 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201200215 02

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobada según acta 4 de la misma fecha

Ref. Disciplinario abogado Simón Raúl Hinestroza Sánchez.

Bogotá, D. C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1.- Competencia

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Entra entonces esta corporación a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 30 de septiembre de 2014, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, decidió sancionar con Suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Simón Raúl Hinestroza Sánchez, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta contenida en el artículo hoy 35 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, del siguiente contenido:

Ley 1123 de 2007 

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

2ª. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente”.

En concreto, el problema jurídico a dilucidar en este asunto, de conformidad con el principio de limitación del juez ad quem, se circunscribe a determinar si el disciplinable efectivamente incurrió dolosamente en la conducta trasgresora del deber a la honradez del abogado que ameritó la sanción impuesta por la Sala a quo.

Pues bien, de entrada esta Sala advierte que la inconformidad de la quejosa se reduce al hecho que este una vez culminado el proceso ordinario laboral Nº 2008-0627 adelantado en el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, y a sabiendas que la sentencia del 14 de octubre de 2010 simplemente le reconoció la pensión de sobrevivientes en una cuantía del 50% de lo que recibía la joven Laura Naranjo Pérez (siendo el valor de la pensión del 100% la suma neto a pagar de $664.332), sin reconocimiento de retroactivo, le hubiese exigido la suma de $18.000.000 por honorarios por dicha gestión, lo cual superaba ostensiblemente su participación.

En efecto, tal y como lo advirtió el a quo, en el plenario obran los siguientes medios de convicción:

La versión libre del doctor Simón Raúl Hinestroza Sánchez, en la cual adujo haber aceptado el poder otorgado por la señora Claudia María Perez para el adelantamiento de tres gestiones profesionales diferentes, las cuales eran las de reclamar vía administrativa una pensión de sobrevivientes ante el ISS, por la que cobro $3.000.000, así como la de instaurar una acción de tutela en contra del ISS, por la que cobró la suma de $500.000. Y por último el trámite judicial del proceso ordinario para la obtención de la pensión de sobreviviente en contra de la mencionada entidad.

Afirmó que una vez culminado el proceso ordinario laboral le propuso a su cliente que por dicha gestión le cancelara la suma de $18.000.000 y después la disminuyó a $14.000.000, lo cual no fue aceptado por su cliente, viéndose abocado a recurrir a un proceso de regulación de honorarios.

Contrario sensu, se cuenta con la ampliación del dicho de la quejosa, quien indicó que los $3.000.000 acordados con el abogado incluían el reconocimiento de sus honorarios tanto por la reclamación administrativa ante el ISS, como por la demanda ordinaria contra esa misma entidad y que por la acción de tutela se trató de un trámite independiente por el que voluntariamente le reconoció un valor de $500.000

Asimismo, obra copia de la sentencia calendada del 14 de octubre de 2010, proferida en el proceso con radicado 2008-00627 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en la que se condenó al ISS a reconocer a la señora Claudia María Pérez Ruiz “(…) la pensión de SOBREVIVIENTES, en una cuantía del 50% de lo que viene recibiendo la joven Laura Naranjo Pérez, sin perjuicio de que se acreciente al 100% cuando la hija cumpla los 25 años o deje de estudiar, pagadera a partir de la ejecutoria de esta sentencia; incluidas las mesadas adicionales y sin perjuicio de los reajustes anuales a que haya lugar (…)”.

Tal y como lo indicó la primera instancia, el salario mínimo para el año 2010 estaba fijado en la suma de $515.000 y que según la quejosa para el año 2011, el ISS le continuó pagando una suma de $332.166 por la pensión de sobrevivientes obtenida en el proceso judicial a su favor y la otra mitad para la hija del de cujus, tal y como se corrobora con el comprobante de pago a pensionados obrante a folio 29 a 30 del cuaderno original, en el cual se indicó que la pensión al 100% era por la suma neto de $664.332.

Al igual, obran en el plenario copias de correos electrónicos(4) entre el disciplinable y la señora Claudia María Pérez, documentos en los cuales se destaca que en efecto el disciplinable le indicó a su cliente el 16 de noviembre de 2010 que “los honorarios correspondientes al trámite jurisdiccional de la pensión vitalicia de sobrevivientes valen $18.000.000, en ellos quedan incluidos los gastos que realice y los que quedan pendiente por realizar, correspondiente a tu inclusión en nómina de pensionados del ISS”. Y posteriormente obra el e-mail del 23 de noviembre de 2010 en el cual el disciplinable se dirigió a su cliente manifestándole “(…) en consecuencia con tu petición y especialmente por considerarlos costosos o exagerados me permito reconsiderarlos y mis honorarios valen la suma de $14.000.000, pero te hago la observación que mi actuación llega hasta la sentencia y las diligencias posteriores o de trámite (…) te las dejo a ti, o al abogado que designes y una vez me canceles te expediré el paz y salvo para que puedas continuar con el trámite de inclusión en nómina (…)”.

Y por último, destaca esta superioridad que se aportó al expediente copia del proceso de regulación de honorarios promovido por el abogado Simón Raúl Hinestroza Sánchez en contra de la aquí quejosa, el cual se tramitó en el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín y cuyo fallo fijó la suma de $4.120.000, por la gestión judicial.

Pues bien, de los medios probatorios que se indicaron con antelación y en especial las manifestaciones realizadas por el disciplinable a su cliente en los correos electrónicos, tal y como lo fue para la primera instancia se deduce con certeza que el doctor Simón Raúl Hinestroza “exigió” por concepto de honorarios profesionales por el trámite de la pensión de sobrevivientes la suma de $18.000.000, la cual superaba ostensiblemente la participación de su cliente, comoquiera que se trataba de una pensión de sobrevivientes compartida entre su cliente y la hija del causante, y la cual según los comprobantes de pago era en total del 100% por valor neto de $664.332.

Aunado lo anterior, se cuenta con la decisión dentro del proceso de regulación de honorarios, en el cual un juez de la Republica consideró que los honorarios del abogado Simón Raúl eran cercanos a los 4 millones y no a la elevada suma de dinero que pretendía obtener.

Para esta superioridad no existe discusión y no son de recibo sus argumentos de apelación, al querer justificar la conducta del encartado mediante interpretaciones etimológicas del verbo exigir, que el pedir los honorarios en la forma en que lo hizo no era una exigencia y por lo cual no se estructuraba la falta, lo cual dista de la realidad ya que están claros los requerimientos realizados por el abogado Hinestroza Sánchez, los cuales no pueden ser tratados como meras propuestas, ya que este le exigió tal suma e incluso con la advertencia de que al cancelarle le expediría el paz y salvo para que su cliente realizara la inclusión en nómina y de esa manera disfrutar de una irrisoria suma de dinero por la pensión que le fue reconocida. Esa exigencia desproporcionada es la que reprocha esta jurisdicción, pues es ilógico, irrazonable y absurdo que resulte más lucrado y beneficiado el litigante que el mismo titular del derecho.

Y en cuanto al argumento del apelante referente a que no eran desproporcionados los honorarios solicitados a su cliente, trayendo a colación unos cálculos de las mesadas a futuro a percibir por su cliente, al cumplir los 25 años de edad la hija, quedaba en cabeza de la señora Claudia Pérez el 100% de la pensión reconocida, lo cual esta superioridad no hace ninguna disquisición al tratarse de hechos futuros, que debieron ser tratados en el proceso de marras. Y en cuanto a que su cliente no quiso apelar la sentencia ordinaria laboral de primera instancia para efectos del retroactivo y los intereses de mora, el profesional del derecho respetó tal decisión de su cliente presentando al juzgado de marras el respectivo memorial de desistimiento.

Y comoquiera que por falta de cuidado y previsión en sus asuntos el abogado encartado no realizó un contrato de prestación de servicios profesionales, para establecer las condiciones de negociación en cuanto a si la sentencia de primera instancia reconocía o no retroactivo e intereses para apelar por dichos montos y ser tenidos en cuenta como honorarios si su cliente desistía de dicho recurso. Tan solo se cuenta con la autorización de la señora Claudia Pérez para que el abogado desistiera del recurso, sin salvedad alguna sobre que se le iba a reconocer algo por conceptos no apelados, así como las comunicaciones vía e-mail entre la quejosa y el disciplinable que dieron cuenta que una vez culminado el proceso ordinario laboral de marras en primera instancia y sin condena por retroactivo e intereses, solamente con el reconocimiento de una ínfima pensión, el abogado exigió la suma desproporcionado de lo que en efecto iba a recibir su cliente.

Es por todo lo anterior, que esta corporación confirmará la responsabilidad disciplinaria del abogado Simón Raúl Hinestroza Sánchez por la falta descrita en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007.

En cuanto a la sanción, considera esta Sala que la suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión al abogado encartado debe confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta, en la cual se encuentra la intención de quien la ejecuta, pues en este caso el abogado encartado ubicó en desventaja a su cliente, ya que tenía pleno conocimiento de la sentencia dictada en primera instancia y la suma a percibir por su cliente por la pretensión demandada.

Para esta Sala, la exigencia de dichos beneficios desproporcionados la hizo el abogado encartado con conocimiento y voluntad, ya que como profesional del derecho es conocedor de las normas éticas que rigen su actuar, y más tratándose de honorarios, tema que es muy sensible en la relación cliente-abogado.

Con esta conducta perjudicó a su cliente y a la congestión del aparato judicial, comoquiera que se vieron abocados a un proceso de regulación de honorarios, el cual en efecto censuró la suma exorbitante solicitada por el letrado. Asimismo, existió un perjuicio a la sociedad en general desprestigiando la profesión de abogado, ya que para eso el litigante debe cobrar una retribución lógica, proporcional y razonable por los servicios prestados.

En este orden de ideas, se observa que la sanción impuesta es proporcional al grado de afectación surgido para su cliente, conforme se ilustró en líneas anteriores, máxime que los elementos de juicio probatorios fueron contundentes para la demostración de la falta endilgada al jurista.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

1: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó al abogado Simón Raúl Hinestroza Sánchez, por encontrarlo incurso en la falta disciplinaria descrita en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, imponiéndole cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, conforme a las consideraciones en precedencia.

2: REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3: DEVOLVER el expediente al seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(44) (sic) Folios 19 a 22 del c.o.