Sentencia 2012-00217 de julio 31 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00217-01(54680)

Actor: G.Y.A.C. y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo -9 de febrero de 2012- porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 23 de junio de 2010, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia que lo absolvió [hecho probado 7.9].

Legitimación en la causa

4. G. Y.A.C., E.Y.A.L., Y.S.A.A., E.D.A.A., G.A., M.C. de A., Y.A.C., W.A.C. y E.A.C. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación y acusación.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de su libertad.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, la Sala estudiará lo que le resulte desfavorable a la entidad, en los términos del artículo 184 del CCA.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1. El 19 de mayo de 2004, el Fiscal General de la Nación nombró en provisionalidad a G.Y.A.C. en el cargo de Escolta I de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, del cual tomó posesión el 1º de junio de 2004, según da cuenta copia auténtica de la resolución de nombramiento y del acta de posesión de esas fechas (fls.155-156, cdno. 2).

7.2. El 2 de noviembre de 2004, el Fiscal General de la Nación (E) declaró insubsistente el nombramiento de Gil Yidan Arana Carrizosa en el cargo de Escolta I de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, según da cuenta copia auténtica de la resolución y copia simple del comunicado de esa fecha (fls. 157-158, cdno. 2).

7.3. El 4 de noviembre de 2004, el CTI capturó a G.Y.A.C. por el delito de favorecimiento de fuga, según da cuenta certificado original de la Coordinadora Jurídica del INPEC (fl. 151, cdno. 2).

7.4. El 17 de noviembre de 2004, la Fiscalía Seccional 287 Seccional ante la Dirección Nacional del CTI impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra G.Y.A.C., según da cuenta sentencia proferida el 5 de mayo de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (fl. 101, cdno. 2).

7.5. El 2 de mayo de 2005 a Fiscalía 287 Seccional ante la Dirección Nacional del CTI formuló resolución de acusación contra Gil Yidan Arana Carrizosa por el delito de favorecimiento de fuga, según da cuenta sentencia proferida el 14 de abril de 2019 por Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá (fls. 4 a 98, cdno. 2).

7.6. El 10 de marzo de 2008, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá concedió libertad provisional a Gil Yidan Arana Carrizosa, según da cuenta sentencia proferida el 5 de mayo de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (fl. 104, cdno. 2).

7.7. El 14 de marzo de 2008, G.Y.A.C. recobró su libertad, según da cuenta certificado original de la Coordinadora Jurídica del Inpec (fl. 151, cdno. 2).

7.8. El 14 de abril de 2009, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá absolvió a Gil Yidan Arana Carrizosa del delito de favorecimiento de fuga, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 4 a 98, cdno. 2).

7.9. El 5 de mayo de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia absolutoria, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 99 a 129, cdno. 2). La providencia quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2010, según da cuenta constancia del Secretario del Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá (fl. 129, cdno. 2).

7.10. Edna Yohana Angarita López es esposa de Gil Yidan Arana Carrizosa, Yidan Steven Arana Angarita y Eileen Dayana Arana Angarita son sus hijos, Gil Arana y Mercedes Carrizosa de Arana son sus padres y Yaneth Arana Carrizosa, William Arana Carrizosa y Edwin Arana Carrizosa son sus hermanos según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio (fls. 132, 136 al 139 y 145 a 151, cdno. 2).

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación injusta de la libertad

8. El daño está demostrado porque Gil Yidan Arana Carrizosa estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 4 de noviembre de 2004 hasta el 14 de marzo de 2008 [hechos probados 7.3 y 7.7].

9. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(7) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N.(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

10. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(10). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

11. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(11).

La Sala, con arreglo a estas disposiciones ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y desgreño generalizado que caracterizaron”(12) la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

12. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que la Fiscalía le dictara medida de aseguramiento.

En efecto, la Fiscalía 287 Seccional ante la Dirección Nacional del CTI impuso medida de aseguramiento a Gil Yidan Arana Carrizosa por el delito de favorecimiento de fuga, con fundamento en que fue negligente al cuidar las celdas de la entidad en los días previos a la fecha en que Hernando Buitrago Martha se fugó del establecimiento de reclusión [hecho probado 7.4]. Así lo destacó la providencia proferida el 14 de abril de 2009 por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá que aunque lo absolvió porque no tenía pruebas para calificar su conducta como facilitador de fuga, su actitud sí resultó “extraña” según revelaban las fotografías:

(...) Dentro de la presente investigación, seguida contra Gil Yidan Arana Carrizosa y Juan Carlos Avendaño Suárez, la actitud del primero de los citados resulta extraña para el día 30 de octubre de 2004, tal y como lo refirió la Fiscalía y se observa en las fotografías vistas en el infolio, sin que se percatara de la cobija que estaba obstaculizando la única cámara que divisaba las celdas de los detenidos, en especial lo que se lograba ver de la sala de televisión [...] entre ellas las susodicha ventana por donde precisamente se estaba fraguando la fuga por parte de Buitrago Martha, actitud que por demás no aparece dentro del infolio autorizada por los Jefes de Seguridad Álvaro Plazas o Rosenberg Villamil en su defecto, ni solicitó apoyo de C.A.C.Y.M., tal y como lo refirió Avendaño Suárez, en el sentido que cada vez que ellos ingresaban debían pedir apoyo visual de esa dependencia y una vez autorizados podían ingresar.

Pese a lo enunciado, el despacho no cuenta con la certeza de calificar la conducta de Arana Carrizosa como de facilitadora de la fuga que se produjo dos días después de los hechos aducidos en el acápite precedente, pues no se cuenta con elementos suficientes para llegar a la convicción que éste sabía que estaba sucediendo en el interior de la referida sala de televisión o que ese día se estaban realizando los cortes de las rejas y que por ello no quitó u ordenó se quitara la cobija de la puerta [...]. (fls. 4 al 98, cdno. 2).

En consecuencia, en la investigación penal se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues no se percató de la cobija que estaba obstaculizando la única cámara que divisaba la celda de Hernando Buitrago Martha, ni solicitó apoyo visual de Centro Administrativo de Control y Monitoreo de los Sistemas Electrónicos de Seguridad para ser autorizado e ingresar a las celdas, con lo que su accionar representó evidencia sólida de no ser ajeno a los hechos.

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad en contra del demandante, con fundamento en los indicios recolectados, que sugerían su participación en el delito.

En tal virtud, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 29 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone.

PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, DENIÉGANSE las pretensiones.

SEGUNDO. Sin costas.

TERCERO. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Según el Acta 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

8 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 [fundamento jurídico 16].

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3]. Se trató de una almacenista de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.