Sentencia 2012-00219 de agosto 5 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 180011102001201200219 02

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Ref.: Funcionario en consulta

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - estatutaria de administración de justicia -, es competente para “Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los tribunales y consejos seccionales de la judicatura, el vice fiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales”, en concordancia con los artículos 193 y 194 de la Ley 734 de 2002 - Código disciplinario único.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso:

“(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la honorable Corte Constitucional, se orientó:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional.

De esta manera se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de la ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones. En este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se infiere que el reproche disciplinario del Estado al servidor judicial no es propiamente por la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen incumplimiento de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan.

Teniendo en cuenta los aspectos impulsores de la actuación disciplinaria agotada contra el doctor Marín Castro, en su condición de Juez Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá, se verifica cómo se adoptó por este funcionario una decisión (Sustitución de medida de detención intramural por domiciliaria) contraviniendo el artículo 39 de la Ley 1474 de 2011 - modificó el parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004- y sin sustento probatorio, al interior del proceso penal 2011-00465-00 por los delitos de hurto calificado y agravado contra Fernando Martínez Murcia y Darío Fernando Quintero Caicedo, al decretar para éste último la sustitución de la medida de aseguramiento intramural impuesta, por la domiciliaria sin la existencia de prueba conforme lo señala el ordenamiento penal.

El sancionado no desmiente en ningún momento el haber adoptado esta decisión. Solamente manifiesta la presencia de una causal eximente de responsabilidad como es el error invencible (no precisa a qué clase de error se refiere, si de tipo o de prohibición) habida cuenta de la intervención de su colaborador en la elaboración de la síntesis del caso a resolver, aplicando el principio universal de confianza debida por ello decidió la impugnación el 17 de agosto de 2011, sustituyendo la medida de detención intramural por la domiciliaria; incluso presentó laxitud al otorgarle permiso para trabajar en su unidad de comercio de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde.

Ante un hecho de capital importancia para la jurisdicción, se pronuncia la determinación enunciada considerándose una necesidad de aplicar los correctivos ante la incursión de conductas de esta naturaleza, dejando en una no recomendable presentación a la administración de justicia.

Intervención del Ministerio Público

El representante de la sociedad, no presentó concepto alguno en este asunto. Del caso concreto.

En materia de responsabilidad disciplinaria de funcionarios judiciales investidos de autoridad, se tiene que su manual de funciones se encuentra establecido en la Ley 270 de 1996, conocida como Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en donde se enmarca el catálogo de deberes a los que están obligados a cumplir so pena de incurrir en sanciones de tipo disciplinario.

En virtud de lo anterior, cabe entonces detallar el hecho de encontrarse un asunto sometido al rigor disciplinario dentro de las circunstancias propias de un llamado en esta naturaleza, como es el caso por el cual se ocupa la Sala en esta oportunidad. Se tiene concretamente el caso del doctor Marín Castro quien en su condición de Juez Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá, encontrándose en el marco de sus competencias resuelve en audiencia el 17 de agosto de 2011, recurso de apelación interpuesto contra la medida intramural del encartado penalmente Darío Fernando Quintero Caicedo, procediendo a sustituirla por la domiciliaria sin la existencia de prueba que sustente esa decisión y pese a la prohibición legal para los delitos atribuidos de hurto calificado y agravado (L. 1474/2011, art. 39).

El sancionado durante la vigencia del proceso disciplinario, no logró desvirtuar los cargos presentando pruebas permisivas de justificación válida. En forma reiterada discurre sobre la situación que se desplegaba al interior del despacho judicial a su cargo, en razón a la alta carga laboral, siendo ello objeto de adoptar medidas en las cuales sus colaboradores se ocupaban de realizar la síntesis de cada asunto a resolver, habiendo sido para el tema en particular proceso 2011-00465-00 encargado de dicha tarea el señor Jairo González Hoyos, sustanciador del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá.

No tiene asidero alguno la exculpación presentada por el doctor Marín Castro, cuando califica a su favor como un ligero traspiés lo acontecido por la equivocada relación de dato personal de uno de los dos procesados Darío Fernando Quintero Caicedo. Al verificar esta se descubre cómo el juez disciplinado relacionó los datos familiares, personales y sociales de Fernando Martínez Murcia para con el ello entrar a conceder la sustitución de medida intramural por la domiciliaria en favor de Diego Fernando Quintero Caicedo.

Ante esta situación así, presentada se evidencia la desidia del funcionario para revisar con atención las decisiones a adoptar a través de las audiencias en el sistema penal acusatorio. Ello siguiendo las razones presentadas como excusas del actuar por el disciplinado, quien para eludir responsabilidad busca escudarse en el trabajo de sus subalternos, desconociendo que es el juez el director del despacho por tato el firmante de las disposiciones y determinaciones como la adoptada en el asunto génesis de estas glosas.

El Código de Procedimiento Penal en el parágrafo del artículo 314 —modificado por el artículo 39 de la Ley 1474 de 2011—, señala unas condiciones y requisitos para disponer la sustitución de medida de detención preventiva intramural por la domiciliaria. El juez sancionado debió tener la plena seguridad de contar en la carpeta con la acreditación de las condiciones socio-familiares y sociales requeridas, pero más aún, que éstas correspondieran a la persona en favor de quien se presentaba la solicitud y que no existiere prohibición alguna para otorgar la medida.

El episodio ocurrido en la forma y términos descritos, como es el hecho de sustituir la medida intramural de Darío Fernando Quintero Caicedo con las condiciones acreditadas de Fernando Martínez Murcia quien en realidad es el farmaceuta y propietario del establecimiento destinado al comercio de medicinas denominado Drogas Superbaratas - así lo indicó su defensor y presentó documentación en la audiencia de imposición de medida -, más sus registros personales y familiares provistos en su arraigo, no cuenta con ninguna justificación pues la responsabilidad recae sobre el juez y no otra persona. No cuenta el tener distribuidas las funciones del despacho como argumenta, porque ello no lo separa de su soberana obligación de impartir justicia.

No aprecia el sancionado su grado de responsabilidad con la administración de justicia, pues desde cuando asume el cargo se adquieren deberes y obligaciones, mismas a cumplirse con la debida seriedad y responsabilidad siendo precisamente en la toma de decisiones donde se concentra el mayor compromiso, pues los jueces de la República se han instituido justamente para entregar a la sociedad un equilibrio en las cuestiones sometidas a su conocimiento y conclusión.

Así las cosas, al encontrarnos ante una situación que denota una inobservancia de los deberes impuestos al servidor judicial, por ello se puede colegir que es fácil deducir el perjuicio causado a la administración de justicia, al incumplir el mandato consagrado en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, que prescribe:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos”.

Es importante destacar entonces lo preceptuado en las normas concordantes y complementarias del fallo examinado, como es el caso del artículo 162 de la Ley 906 de 2004, en cuyo tenor y parte pertinente se destaca:

“ART. 162.—Las sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Mención de la autoridad judicial que los profiere.

2. Lugar, día y hora.

3. Identificación del número de radicación de la actuación.

4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

5. Decisión adoptada.

6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso.

7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo.”

(Ha resaltado la Sala).

El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, por su parte indica:

“ART. 232.—Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente alegadas a la actuación.”

A su turno, e artículo 174del Código de Procedimiento Civil , nos revela:

“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda providencia judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

La legalidad de la sanción impuesta por el a quo.

El fallo impugnado fue proferido en correspondencia con el pliego de cargos formulado contra el doctor Marín Castro donde se calificó la falta en calidad de grave con culpa gravísima.

No resulta difícil deducir la responsabilidad contra el funcionario Marín Castro en calidad de Juez Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá para la época de los hechos. Llama la atención de la Sala, el haberse expedido una decisión sancionatoria contra el citado servidor judicial, en la forma y términos proferida contando con una calificación de falta grave con culpa gravísima sin tener en cuenta para ello lo normado en el artículo 44-1 de la ley 734 de 2002.

Por ello se conmina a la Sala de primer grado, para que se tenga en cuenta el principio de legalidad de las sanciones y no se incurra en los yerros de esta naturaleza pues se separa de la consonancia necesaria entre falta, calificación y sanción dejando al superior en la negativa de modificación peyorativa de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE.

1. CONFIRMAR la sentencia del 2 de junio de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, objeto de APELACION en la cual se resolvió SANCIONAR al doctor Marín Castro en calidad de Juez Segundo Penal del Circuito de Florencia Caquetá, para la época de los hechos, imponiéndole SUSPENSIÓN por el término de DOS (2) MES EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, dejando claro que en caso de hallarse desvinculado, se le hace conversión a salario devengado para el año 2011, conforme con el inciso tercero artículo 46 de la Ley 734 de 202, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

3. DEVÚELVASE el expediente al Consejo Seccional de origen

Notifíquese y cúmplase».