Sentencia 2012-00221/1530

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., marzo dieciséis de dos mil diecisiete.

Rad. 25000 23 25 000 2012 00221 01 (1530-13).

Actor: Gonzalo José Sandoval García.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las primas, subsidios, bonificaciones y prestaciones que le fueron suspendidos con ocasión de su homologación en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

2.2. Marco normativo.

A través de los Decretos 1212 y 1213 de 1990, el legislador reformó el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y el de agentes de esa institución, respectivamente; en ellos contempló todo lo relativo a las asignaciones, primas, subsidios, pasajes, viáticos y demás emolumentos a que tenían derecho.

No obstante, con el advenimiento de la Constitución Política de 1991, en su artículo 218 se estableció que el régimen de carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional sería determinado por la ley; fue así como el legislador expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual estableció las normas, objetivos y criterios que debía observar el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de la fuerza pública.

Ahora bien, a través del artículo 35 de la Ley 62 de 1993(7), el legislador revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, entre otras; en ejercicio de tales facultades, se profirió el Decreto-Ley 041 de 1994(8), por el cual se creó el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en sus artículos 18 y 19 facultó a los suboficiales y agentes activos, respectivamente, para ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo, efecto para el cual impuso como requisito que el miembro de la institución que optara por ingresar a ella, debía realizar solicitud en tal sentido.

Sin embargo, la creación y reglamentación del nivel ejecutivo de la Policía Nacional previstas en la norma citada fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-417 de 1994, pues se consideró que el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias conferidas por el legislador.

Así las cosas, en 1995 el legislador profirió la Ley 180(9) mediante la cual revistió, nuevamente, al Presidente de la República de facultades extraordinarias para desarrollar la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y, en el parágrafo de su artículo 7º determinó que, para ese efecto, no se podía “discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al nivel ejecutivo”.

Con fundamento en lo anterior, el Presidente de la República expidió el Decreto 132 de 1995, por el cual desarrolló la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y en sus artículos 12 y 13 habilitó a los suboficiales y agentes activos de la institución, respectivamente, para ingresar a la escala del nivel ejecutivo “siempre que lo soliciten”; para ese efecto, fijó las equivalencias de grados en los que se produciría el ingreso, así como los demás requisitos necesarios para ello y para el ascenso dentro de ese nivel.

En el artículo 15 del mentado decreto también se estableció que el personal que ingresara al nivel ejecutivo de la Policía Nacional “se someter[í]a al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional”; sin embargo, el artículo 82 ibídem determinó que el ingreso a ese nivel no podría “discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional”.

El régimen de asignaciones y prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional se estableció mediante el Decreto 1091 de 1995 y en él se contemplaron las siguientes: asignación mensual, prima de servicio, prima de navidad, prima de carabinero, prima de nivel ejecutivo, prima de retorno a la experiencia, prima de alojamiento en el exterior, prima de instalación, prima de vacaciones y subsidio de alimentación.

Más adelante, el Presidente de la República profirió el Decreto 1791 de 2000 “por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional” y en él estableció las condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo. Al estudiar la constitucionalidad de algunos artículos del decreto en cita, la Corte Constitucional en Sentencia C-691 de 2003(10) concluyó que la creación de la nueva estructura jerárquica así como el establecimiento de un régimen propio sobre asignaciones salariales, primas y prestacionales sociales para este, no comportaba vulneración de los derechos adquiridos, máxime cuando para ingresar al nivel ejecutivo, debía mediar solicitud de interesado, esto es, se dejaba a discreción del interesado, en postularse o no, de modo que el postulante era quien debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación laboral del demandante.

El señor Gonzalo José Sandoval García ingresó al servicio de la Policía Nacional, en calidad de agente alumno, el 7 de abril de 1986; fue incorporado como agente desde el 1º de noviembre de 1986(11); empezó a hacer parte del cuerpo de suboficiales de la institución, en el grado de cabo segundo, a partir del 4 de junio de 1993(12) e ingresó al nivel ejecutivo de la institución el 1º de junio de 1994, en virtud de la Resolución 06924 del 1º de julio de 1994(13).

2.3.2. En relación con los emolumentos que el demandante ha percibido durante su relación laboral.

El director general de la Policía Nacional reconoció al demandante, en su calidad de agente, un subsidio familiar correspondiente al 35%, según Resolución 0007 del 5 de enero de 1987(14), porcentaje que fue incrementado al 39%, según Resolución 2156 del 30 de marzo de 1988(15).

El mismo funcionario reconoció al actor, en su condición de intendente jefe del nivel ejecutivo de esa institución, una mención honorífica por séptima vez, mediante Resolución 04681 del 13 de diciembre de 2007(16).

De acuerdo con la certificación expedida por la tesorera de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional(17), en el mes de noviembre de 1996 el demandante percibía los siguientes conceptos:

T1
 

Según Oficio 156586/ADSAL-GRUNO-6.6.6.2-22 del 26 de julio de 2011 emitido por la jefe del área de administración salarial de la Policía Nacional(18), antes de su homologación, al demandante se le liquidaba su remuneración así: como agente, con lo previsto en el título III del Decreto 1213 de 1990, Capítulo I; como suboficial, con lo consagrado en el Título IV del Decreto Ley 1212 de 1990, capítulo I; al producirse la homologación al nivel ejecutivo, se le aplicó el Decreto 1091 de 1995, Título I, Capítulo I, en lo relativo a las asignaciones, primas, subsidios, entre otros y el Capítulo II ibídem en materia de subsidio familiar. Además, sus cesantías se empezaron a liquidar con base en el artículo 50 del último decreto citado, según informó el jefe del grupo orientación e información(19).

De acuerdo con la certificación expedida por la tesorera de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional(20), el demandante recibió en el mes de mayo de 2011, por concepto de sueldo, lo siguiente:

T2
 

Los mismos conceptos se desprenden de las liquidaciones de nómina y certificaciones aportadas al expediente, correspondientes a los meses de diciembre de 2002(21); noviembre de 2005(22); noviembre y diciembre de 2006(23); junio, julio, noviembre y diciembre de 2009(24); mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2010(25); enero(26), febrero, marzo, abril(27) y junio de 2011(28), en los que, además, se refleja el pago por concepto de subsidio familiar.

2.3.3. En relación con la reclamación en sede administrativa.

La jefe del área administración salarial de la Policía Nacional resolvió la solicitud radicada por el demandante el 18 de julio de 2011, mediante el Oficio 151238/ADSAL-GRUNO-6.6.6.2-22 del 21 de julio de 2011(29), en el que despachó desfavorable la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de los emolumentos que se reconocían a favor de aquel antes de su homologación al nivel ejecutivo, comoquiera que la administración ha dado estricto cumplimiento a las normas relativas a los salarios y prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la institución.

Entre tanto, el jefe del área procedimientos de personal de la dirección de talento humano de la Policía Nacional emitió el oficio 154126/APROP-GRURE-6.6.4.4-22 del 25 de julio de 2011(30), en respuesta a la petición radicada por el demandante el 8 de junio de 2011, encaminada a la modificación de su hoja de servicios con fundamento en la reliquidación de las partidas y factores salariales, manifestó que era improcedente porque se aplicaron las normas que rigen sus prestaciones como miembro del nivel ejecutivo y de acuerdo con las partidas computables establecidas en el Decreto 4433 de 2004 para ese nivel. Además señaló que, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la hoja de servicios no es susceptible de recursos en vía gubernativa.

2.4. Caso concreto.

El demandante, en su condición de miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, reclama el reconocimiento y pago de prestaciones, auxilios, subsidios, entre otros, que fueron suspendidos con ocasión de su homologación en ese nivel, motivo por el cual es necesario realizar un comparativo de los emolumentos que percibía antes de su homologación y después de ella, lo que se ve reflejado en el cuadro siguiente:

Decreto 1212 de 1990
Suboficiales
Decreto 1091 de 1995
Nivel ejecutivo
ART. 69.—Prima de servicio anual. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho al pago de una prima equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará dentro de los quince (15) primeros días del mes de julio de cada año.ART. 4º—Prima de servicio. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, que se pagará en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año, conforme a los factores establecidos en el artículo 13 de este decreto.
ART. 70.—Prima de navidad. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a recibir anualmente del tesoro público una prima de navidad, equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre del respectivo año, de acuerdo con su grado o cargo.ART. 5º—Prima de navidad. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago anual de una prima de navidad equivalente a un mes de salario que corresponda al grado, a treinta (30) de noviembre y se pagará dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre de cada año, conforme a los factores establecidos en el artículo 13 de este decreto.
ART. 71.—Prima de antigüedad. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan quince (15) y diez (10) años de servicio, respectivamente, tendrán derecho a una prima mensual que se liquidará sobre el sueldo básico, así:
a. Oficiales:
A los quince (15) años, el (10%) y por cada año que exceda de los quince (15), el uno por ciento (1%) más.
b. Suboficiales:
A los diez (10) años, el diez por ciento (19%) y por cada año que exceda de los diez (10), el uno por ciento (1%) más.
ART. 8º—Prima de retorno a la experiencia. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de retorno a la experiencia, que se liquidará de la siguiente forma: a. El uno por ciento (1%) del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado de intendente y el uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el siete por ciento (7%); b. Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por ciento (9.5%); c. Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de comisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12)(sic).
ART. 81.—Prima de vacaciones. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, con la excepción consagrada en el artículo 8º del Decreto 183 de 1975, tendrán derecho al pago de una prima vacacional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los haberes mensuales, por cada año de servicio, la cual se reconocerá para las vacaciones causadas a partir del 1º de febrero de 1975 y solamente por un período dentro de cada año fiscal.

ART. 11.—Prima de vacaciones. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima de vacaciones por cada año de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, conforme a los factores que se señalan en el artículo 13 de este decreto.
ART. 88.—Subsidio de alimentación. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a un subsidio mensual de alimentación, en cuantía que en todo tiempo determinen las disposiciones legales vigentes sobre la materia.ART. 12.—Subsidio de alimentación. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho a un subsidio mensual de alimentación, en la cuantía que en todo tiempo determine el Gobierno Nacional.
ART. 82.—Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:
a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo.
b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo.
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).
ART. 16.—Pago en dinero del subsidio familiar. El subsidio familiar se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo. El Gobierno Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo.
ART. 18.—Reconocimiento del subsidio familiar. La junta directiva del instituto para la seguridad y bienestar de la Policía Nacional reglamentará el reconocimiento y pago del subsidio familiar.

De la comparación anterior surge que a raíz de la homologación en el nivel ejecutivo, el demandante continuó percibiendo similares emolumentos a los que recibía en su condición de suboficial de la Policía Nacional, aunque la manera de liquidarlos fue diferente, y el monto del subsidio familiar fue reducido; no obstante, ello, de por sí, no implica que el régimen al que se acogió haya sido desfavorable, pues la comparación entre uno y otro no se puede hacer en forma aislada ni fraccionada respecto de cada uno de los factores prestacionales, bonificaciones o auxilios, sino que es necesario verificar la existencia de una desmejora en la generalidad de componentes que integran su remuneración, dentro de la cual está incluida la asignación básica mensual que fue el principal elemento diferencial entre uno y otro régimen, y el motivo por el cual los agentes y suboficiales de la Institución se acogieron a la homologación.

En la contestación de la demanda(31), se hizo el comparativo de los salarios y prestaciones sociales que el demandante recibía en su condición de cabo segundo, antes de la homologación, y el que empezó a percibir una vez ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y en él se reflejó lo siguiente:

T3
 

Adicionalmente, debe decirse que, en el cuadro aludido, la entidad no incluyó el subsidio familiar que el demandante empezó a percibir, aunque en un menor porcentaje, en su condición de miembro del nivel ejecutivo, pero que sí se reflejó en las diferentes certificaciones allegadas y mencionadas en el acápite de pruebas, lo que quiere decir que el ingreso total en calidad de subintendente fue mayor al que el actor percibía como suboficial de la Policía Nacional, lo que también se ve reflejado en las certificaciones de salario aportadas, que dan cuenta de la remuneración mensual percibida por él antes y después de su homologación en el nivel ejecutivo.

Con fundamento en lo anterior, es evidente que el régimen salarial y prestacional que empezó a regir al demandante, a partir de su ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, fue más favorable que el que tenía en su condición de cabo segundo de la institución.

Sobre el particular, las subsecciones A y B de la sección segunda de esta corporación han tenido la oportunidad de pronunciarse y han concluido, en reiteradas providencias(32), que el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, analizado en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y agentes de la institución, en particular, porque la asignación salarial les resultó favorable, por ende, no se puede entender que hubo vulneración a los derechos adquiridos o detrimento salarial, como el que alega el demandante. Así se discurrió en una de tantas sentencias:

Contrario a lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues de la comparación global entre el antiguo y nuevo régimen es evidente que el Decreto 1091 de 1995 le reporta nuevos beneficios que compensan los que le fueron suprimidos, tales como la prima de retorno a la experiencia (f. 26, cuaderno anexo) y la prima del nivel ejecutivo; y, tampoco se allegó prueba dentro del expediente por parte del actor tendiente a probar la desmejora de su situación salarial y prestacional, por el contrario, se advierte un aumento significativo en el salario básico.

Tampoco se evidencia una discriminación del actor, toda vez que la aplicación del Decreto 1091 de 1995 deviene de su situación legal y reglamentaria de servicio público con vinculación en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Por último, como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, la Sala(33) ya se había pronunciado sobre el presunto desmejoramiento de la situación salarial y prestacional del personal activo que ingresó al nivel ejecutivo. En aquella oportunidad, sostuvo la Sala:

“El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio [en este caso, el de Agentes - Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del nivel ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro]. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad [ampliamente delineado por la jurisprudencia. laboral contenciosa], la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable [la contenida en el Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales(34)”.

Además, en aplicación del principio de inescindibilidad, el demandante no se puede favorecer de las ventajas de uno y otro régimen, máxime cuando la decisión de acogerse, en este caso, al nivel ejecutivo de la Policía Nacional surgió en forma libre y espontánea, y ello conllevaba la aceptación y acogida de las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para este régimen, el que debía ser aplicado en su integridad y no en forma parcializada, como se pretende en la demanda y en el recurso, según los cuales se buscó el reconocimiento y pago de las prestaciones y beneficios laborales que recibía cuando tenía la calidad de suboficial, pero liquidados con el salario básico que se reconocía como miembro del nivel ejecutivo.

Ahora bien, en materia de asignación de retiro, el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990 establece las bases de liquidación y fija las siguientes partidas computables: sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad, prima de oficial diplomado en la academia superior de Policía, duodécima parte de prima de navidad, prima de vuelo, gastos de representación, subsidio familiar y bonificación de los agentes del cuerpo especial; mientras que las partidas computables para liquidar las asignaciones de retiro de los miembros del nivel ejecutivo están determinadas en el artículo 23, numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004 y son: sueldo básico, prima de retorno a la experiencia, subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicios, duodécima parte de la prima de vacaciones y duodécima parte de la prima de navidad.

Las partidas computables que se aludieron obedecen a que cada uno de los regímenes, el de suboficiales y el de los miembros del nivel ejecutivo, tienen bases salariales diferentes y primas, subsidios, bonificaciones y otros emolumentos propios, de los que se derivan las partidas que han de tomarse para liquidar la prestación por retiro, y no se puede, como lo pretende el demandante, acudirse a las partidas de un régimen (el de suboficiales) para liquidar la prestación de retiro de quien pertenece a otro (el del nivel ejecutivo), pues ello, igualmente, iría en contra del principio de inescindibilidad normativa, según se explicó previamente.

3. Conclusión.

Con los anteriores argumentos fuerza concluir que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios, subsidios y demás emolumentos reclamados, lo que conlleva confirmar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso promovido por Gonzalo José Sandoval García contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

2. Reconocer al abogado Richard Oswaldo Vega Bello como apoderado judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la forma y términos del poder visible en folio 362 del expediente.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.

(8) Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

(9) Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada “nivel ejecutivo”, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la carrera profesional de oficinas, suboficiales y agentes.

(10) “Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se encuentre”.

(11) Según Resolución 5915 del 6 de octubre de 1986, que obra en los folios 39 a 41.

(12) Según Resolución 4094 del 1º de junio de 1993, que reposa en los folios 43 a 45.

(13) Según formato de hoja de servicios visible en el folio 2 y de acuerdo con la Resolución 06924 de 1º de julio de 1994, cuya copia obra en los folios 47 a 50.

(14) Folios 21 a 23.

(15) Folios 24 a 27.

(16) Folios 34 a 36.

(17) Folio 55.

(18) Folios 18 y 19.

(19) Folios 28 y 29.

(20) Folio 51.

(21) Folio 56.

(22) Folio 57.

(23) Folios 58 y 59.

(24) Folios 60 a 63.

(25) Folios 64 a 68.

(26) Folio 69.

(27) Folio 53.

(28) Folio 54.

(29) Folios 10 a 12.

(30) Folios 13 a 17.

(31) Folio 127.

(32) Ver, entre otras, las siguientes: Subsección B, Sentencia de 29 de febrero de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 25000-23-25-000-2011-00696-01 (0590-2015); Subsección A, Sentencia de 3 de marzo de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; rad. 25000-23-42-000-2013-00067-01 (3546-13); Subsección A, Sentencia de 19 de mayo de 2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, rad. 25000-23-25-000-2012-00108-01 (3396-14); Subsección A, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 25000-23-42-000-2013-05603-01 (2296-14).

(33) Esta cita hace parte del texto trascrito: Sentencia de 31 de enero de 2013. NI. 0768-12.

(34) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 9 de febrero de 2015, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 17001-23-33-000-2012-00152-01 (2987-13).