Sentencia 2012-00222/20847 de noviembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002327000201200222-02

Rad.: 20847

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Cementos Tequendama S.A.

Demandado: U.A.E. DIAN

Tema: IVA 5B. 2007

Subtemas: Indebido agotamiento de la vía gubernativa. Firmeza de la declaración privada. Término para notificar el requerimiento especial. Declaración de corrección.

Principios de confianza legítima y de buena fe.

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D. C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación presentado por Cementos Tequendama S.A., la Sala debe determinar si se ajustan a derecho la Liquidación Oficial de Revisión Nº 312412010000071 del 23 de noviembre de 2010, mediante la que la UAE DIAN modificó la liquidación privada del impuesto sobre las ventas de Cementos Tequendama S.A. por el quinto bimestre de 2007 y la Resolución 900197 del 24 de octubre de 2011, que confirmó la anterior.

3.1. Problemas jurídicos.

(i) ¿Se encuentra ajustada a derecho la decisión del tribunal de declarar probada la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa?

En el evento en el que se descarte la procedencia de la excepción declarada por el a quo,

(ii) ¿Son nulos los actos administrativos demandados por haber sido presuntamente expedidos cuando la declaración privada del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre del año 2007 estaba en firme?

(iii) ¿Son nulos los actos administrativos demandados por violación de los principios de confianza legítima y de buena fe, por desconocimiento de la doctrina oficial contenida en el Oficio Nº 48953 del 3 de julio de 2007, proferido por la Oficina Jurídica de la DIAN?

(iv) ¿Son nulos los actos administrativos demandados porque la declaración de corrección presentada por la sociedad demandante, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial expedido por la DIAN, en relación con una declaración privada que se encontraba en firme, carece de efecto jurídico?

3.2. De la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 135 del C.C.A.(6), cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo unilateral y definitivo de carácter particular debieron haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios.

El agotamiento de los recursos de la actuación administrativa se constituye, pues, en un requisito previo para acudir a la administración de justicia en procura de resolver una diferencia con la administración.

Acudir ante la administración para que esta revise su actuación antes de que sea llevada a juicio es un privilegio que le permite reconsiderar su decisión, modificarla o revocarla, antes de ser puesta a consideración de la jurisdicción, pero también constituye una garantía al derecho de defensa del administrado, pues puede expresar su inconformidad con el acto ante la administración que lo creó.

Al respecto, la Sala en sentencia del 21 de junio de 2002(7), dijo:

“Destaca la Sala que la necesidad de cumplir con los presupuestos procesales de la acción y de la demanda obedece al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de establecer reglas estrictas para juzgar la validez de las actuaciones de la autoridades dentro de las cuales se encuentran los medios de impugnación en sede administrativa, que cuando son obligatorios por tratarse de recursos de alzada, como lo es el de reconsideración, implica el debido agotamiento de la vía gubernativa que se hace efectivo con la interposición en debida forma que incluye la presentación dentro de la oportunidad legal, amén de las demás condiciones señaladas en las normas pertinentes, como requisito previo establecido en el citado artículo 135 del C.C.A. para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que permite antes de acudir al medio judicial, que la administración revise sus propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”.

Una vez se han decidido los recursos de la actuación administrativa y esta ha sido despachada desfavorablemente para el peticionario, este queda en libertad para acudir ante la jurisdicción a demandar la nulidad del acto, pero deberá impetrar las mismas pretensiones, con fundamento en las mismas razones de hecho y de derecho que presentó ante la administración, no obstante, estos argumentos pueden ser mejorados en sede jurisdiccional.

La Sala se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones, en los siguientes términos:

“El agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal de la acción, que se encuentra consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo tal y como fue modificado por el artículo 22 del Decreto 2304 de 1989, en los siguientes términos:

“La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 63 ibídem, consagra como hipótesis haber decidido los recursos en la vía gubernativa, lo cual implica la existencia de una discusión previa que el peticionario ha planteado a la administración contra el acto administrativo de carácter particular y concreto y cuya decisión por esa vía no ha satisfecho las pretensiones del contribuyente”(8).

Adicionalmente, esta Sección(9) ha sostenido que “al contribuyente le es dable alegar “argumentos nuevos” en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la ‘nulidad’ de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el estatuto tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo”(10).

Y también ha dicho que ante la Jurisdicción no pueden plantearse hechos y pretensiones nuevas –diferentes a las invocadas en sede administrativa–, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa(11). Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la administración.

Esto es, que el administrado debe, necesariamente, expresar en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior, en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos en aras de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la administración(12).

En materia tributaria, el artículo 720 del E.T. señala que contra las liquidaciones oficiales proferidas por la administración tributaria, entre otros actos administrativos, procede el recurso de reconsideración, que resulta ser obligatorio, a menos que el contribuyente se acoja a lo previsto en el parágrafo de la norma en cita, es decir, prescinda de interponer el recurso de reconsideración y proceda a demandar de manera directa la liquidación oficial, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, siempre que el contribuyente haya atendido en debida forma el requerimiento especial.

Obsérvese que no es requisito de agotamiento de la vía gubernativa, ni de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, que se expresen idénticas razones de nulidad de los actos ante la administración y el juez, por lo que es dable que ante la jurisdicción se formulen mejores razones jurídicas para sustentar la nulidad de los actos acusados.

En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad del acto definitivo, como ocurre en el caso concreto, en la medida en que en sede administrativa y jurisdiccional se invocó la ilegalidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 312412010000071 del 23 de noviembre de 2010, el juez debe analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto contra la misma.

En efecto, si bien es cierto que en sede administrativa la sociedad demandante defendió la validez de la declaración de corrección correspondiente al IVA del quinto bimestre del año 2007 provocada por el requerimiento especial, lo que conduciría a la ilegalidad de la liquidación oficial, también lo es que en sede judicial se presentaron nuevos y mejores argumentos para fundamentar la nulidad de dicho acto administrativo, porque, en su opinión, operó la firmeza de la declaración inicial presentada por el impuesto y periodo en discusión.

En conclusión, en el caso sub examine se cumplió con el agotamiento de la vía gubernativa, requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y, en consecuencia, el tribunal no se debió declarar inhibido para decidir del fondo sobre los cargos de la demanda.

Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada y se decidirá de fondo el asunto materia de litigio.

3.3. Del fondo del asunto.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la demanda, toda vez que la contribuyente no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos demandados(13).

3.3.1. De la firmeza de la declaración inicial presentada por la sociedad demandante por concepto del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre del año 2007.

Para la parte demandante, la declaración inicial de IVA presentada por el quinto bimestre del año 2007 no puede ser objeto de revisión o modificación por parte de la DIAN, porque quedó en firme una vez transcurrió el término de dos (2) años, contados a partir de su presentación(14) y, en consecuencia, carece de efectos jurídicos la declaración de corrección provocada, presentada por la sociedad con ocasión del requerimiento especial librado por concepto del impuesto y periodo en discusión.

Pues bien, esta Sala ha dicho(15) que la firmeza significa que transcurrido el término legal sin que se hubiere notificado el requerimiento especial, la declaración tributaria se torna inmodificable tanto para la administración como para el contribuyente.

En relación con las declaraciones presentadas oportunamente, el artículo 714 del E.T.(16) establece un término de firmeza general de “dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar”, siempre que no se haya notificado requerimiento especial. En concordancia con lo dispuesto en esa norma, el artículo 705 ibídem(17) establece que el requerimiento especial debe notificarse antes de que opere el término de firmeza. Significa lo anterior, que el término de firmeza respecto de cada declaración tributaria empieza a correr desde la fecha límite en que la liquidación privada debe presentarse.

No obstante, como en relación a una vigencia gravable se presentan declaraciones de retención en la fuente y de IVA durante el mismo período y, de renta en el año siguiente al denunciado, el artículo 705-1(18) del E.T. unificó los términos de firmeza de esas declaraciones –renta, IVA y retefuente–, con la finalidad de darle la oportunidad a la administración de modificar el IVA y las retenciones, cuando encontrara hallazgos en la liquidación privada de renta. De tal manera que el término de firmeza y de notificación del requerimiento especial de la declaración de IVA y de retención en la fuente es igual al de la liquidación privada de renta del mismo año gravable.

En el caso concreto, se advierte que el 16 de noviembre de 2007 la sociedad Cementos Tequendama S.A. presentó la declaración del IVA correspondiente al quinto bimestre del año 2007 y que el 23 de abril de 2008 presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2007, plazo que vencía el 24 de abril de 2008(19).

Como el término para notificar el requerimiento especial en relación con el impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre de 2007 coincide con el que le corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios del mismo año, es claro que el plazo de los dos (2) años comenzó a correr a partir del 24 de abril de 2008 y venció el 24 de abril de 2010.

Teniendo en cuenta que el Requerimiento Especial Nº 312382010000036 del 15 de abril de 2010 se notificó por correo el 20 de abril de 2010(20), hecho que no ha sido discutido por la parte demandante, se concluye que la actuación de la administración se ciñó a lo previsto en el artículo 705-1 del ET, en la medida en que dicho acto administrativo se expidió y notificó a la sociedad contribuyente dentro del término de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar el impuesto sobre la renta del año 2007(21).

En ese orden de ideas, la declaración inicial, presentada el 16 de noviembre de 2007 por la sociedad demandante y por concepto del IVA correspondiente al quinto bimestre del año 2007, no adquirió firmeza, en los términos del artículo 714 Ib.

En consonancia con lo anterior, queda descartada la alegada falta de competencia de los funcionarios de la DIAN para expedir tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial de revisión demandada, porque, contra lo expuesto por la parte demandante, dichos actos administrativos modificaron una liquidación privada que no se encontraba en firme.

3.3.2. De la violación de los principios de confianza legítima y de buena fe que deben regir la relación entre la DIAN y los contribuyentes, por desconocimiento de la doctrina oficial contenida en el Oficio 48953 del 3 de julio de 2007, proferido por la oficina jurídica de esa entidad. Violación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995.

La sociedad actora sustenta la firmeza de la declaración del IVA por el quinto bimestre del año 2007 en el Oficio 048953 del 3 de julio de 2007, emitido por la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la Oficina Jurídica de la DIAN, que expuso: “[l]o mismo sucede con lo establecido en el último inciso del artículo 147 del Estatuto Tributario, donde se precisa que el término de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación, el cual no afecta el término de firmeza de las demás declaraciones tributarias del contribuyente”(22).

Sobre el particular, la Sala observa que la administración, en el curso de la actuación adelantada en contra de la sociedad actora, no justificó su decisión en el artículo 147 del E.T. y, por el contrario, siempre se refirió a los artículos 705, 705-1 y 714 ibídem.

Ahora bien, como el artículo 147 del E.T. se citó en el Oficio 048953 del 3 de julio de 2007, la Sala reitera que esta norma señala un término especial de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre la renta y sus correcciones, en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, que será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación, término con el que contaría la administración para expedir y notificar el requerimiento especial en relación con dicho tributo.

La posición oficial de la DIAN, plasmada en el citado oficio, es que este término de firmeza especial al que se refiere el ultimo inciso del artículo 147 del E.T. “no afecta el término de firmeza de las demás declaraciones tributarias del contribuyente”, es decir, que en el caso de la declaración de IVA, el término de firmeza seguiría la regla general de los dos (2) años, conforme lo prevé el artículo 714 del E.T. en concordancia con el artículo 705-1 del mismo ordenamiento, que resulta ser la tesis contraria a la planteada por la demandante.

Es por lo anterior que la Sala considera que la contribuyente efectuó una interpretación indebida del contenido del Oficio 048953 del 3 de julio de 2007, motivo por el que se descarta la violación de los principios de confianza legítima y de buena fe por desconocimiento de la doctrina oficial, lo que a su vez conduce a rechazar el argumento por violación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995.

3.3.3. La declaración de corrección presentada por la sociedad con ocasión de la respuesta al requerimiento especial expedido por la DIAN, en relación con una declaración privada que se encontraba en firme, carece de efecto jurídico.

La Sala precisa que la declaración privada presentada el 18 de septiembre de 2007 no se encontraba en firme para la fecha en que se expidió y notificó el Requerimiento Especial Nº 312382010000036 del 15 de abril de 2010 y, por ende, los argumentos expuestos por la sociedad para restarle validez a la corrección de la declaración provocada por el requerimiento especial(23) carecen de sustento.

Adicionalmente, la Sala advierte que en la liquidación oficial de revisión demandada la DIAN concluyó que la sociedad no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 709 del ET, motivo por el que no era válida la declaración de corrección presentada el 19 de julio de 2010 y resultaba legalmente viable continuar con el proceso de determinación del tributo e imposición de sanciones.

3.4. Conclusión.

Conforme con lo expuesto, le correspondería a la Sala revocar la sentencia apelada y denegar las pretensiones de la demanda.

No obstante, la Sala decide anular parcialmente los actos demandados pues, con fundamento en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(24), que modificó el artículo 640 del estatuto tributario y previó, en el parágrafo 5, que “El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”, considera pertinente reliquidar la sanción impuesta a la parte actora.

La citada norma se aplica en concordancia con los artículos 287 de la Ley 1819, que modificó el artículo 647 del E.T., pero mantuvo como inexactitud sancionable la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos, siempre que de estas conductas se derive un mayor saldo a favor, y 288 de la misma ley, que modificó el artículo 648 del estatuto tributario y redujo al 100% la sanción general por inexactitud(25).

Es de anotar que la Ley 1819 de 2016 ratificó la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, aun cuando la ley favorable sea posterior. Por tanto, se recalculará la sanción por inexactitud sobre el 100% de la diferencia entre el saldo a favor determinado por la DIAN y el determinado por el demandante, así:

Saldo a favor según liquidación privada$3.934.538.000
Saldo a favor según liquidación propuesta$3.377.066.000
Diferencia$557.472.000
Tarifa100%
Sanción por inexactitud$557.472.000

Como consecuencia de lo anterior, el total saldo a favor queda así:

Renglón 64 o total saldo a favor

Valor declarado por el responsable$3.934.538.000
Menos: Valor desconocido por la administración$557.472.000
Menos: Valor de la sanción determinada en esta sentencia$557.472.000
Total$2.819.594.000

Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia del tribunal en cuanto declaró probada la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa. Sin embargo, se negarán las pretensiones de la demanda, pero se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados para, en su lugar, determinar una sanción por inexactitud equivalente al 100% de los valores desconocidos por la administración ($557.472.000), y determinar un saldo a favor de $2.819.594.000, como se expuso en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 7 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 312412010000071 del 23 de noviembre de 2010 y su confirmatoria la Resolución 900197 del 24 de octubre de 2011, que modificaron el impuesto a las ventas declarado por la Sociedad Cementos Tequendama S.A., por el quinto bimestre de 2007.

2. A título de restablecimiento del derecho, ESTABLÉCESE como sanción por inexactitud a cargo de la demandante la suma de quinientos cincuenta y siete millones, cuatrocientos setenta y dos mil pesos M/C ($557.472.000), y un total saldo a favor de dos mil ochocientos diecinueve millones, quinientos noventa y cuatro mil pesos M/C ($2.819.594.000).

3. RECONÓCESE PERSONERÍA a la abogada Angie Alejandra Corredor Herrera como apoderado de la UAE - DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 296 del c.p.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Devuélvase al tribunal de origen.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

6 Actual artículo 161 del CPACA.

7 Expediente: 2500023270001999039001 (12382), demandante: HELECSAN Ltda., M. P. María Inés Ortiz Barbosa.

8 Sentencia del 26 de septiembre de 2007, Expediente 25000-23-24-000-2001-00082-01 (14847), M. P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

9 Entre otras, se pueden consultar las sentencias del 19 de octubre de 2006, Radicado 05001-23-31-000-2000-00116-01 [15147], C. P. María Inés Ortiz Barbosa, del 3 de diciembre de 2009, Radicado 25000-23-24-000-2003-91185-01 [16183], C. P. Héctor J. Romero Díaz, del 16 de septiembre de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2005-01026-01 [16691], C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 3 de marzo de 2011, Radicado 25000-23-24-000-2002-00194-02 [16184], C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 12 de agosto de 2014, Radicado 08001-23-31-000-2010-00106-01 [19036], C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10 Cfr. la sentencia del 23 de noviembre de 2005, Radicado 50001-23-31-000-1996-05912-01 [14891], C. P. María Inés Ortiz Barbosa, que reiteró lo expuesto en la sentencia del 23 de marzo de 2001, Radicado 11686, C. P. María Inés Ortiz Barbosa.

11 Entre otras, véanse las sentencias del 3 de marzo de 2011, Radicado 25000-23-24-000-2002-00194-02 [16184], C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 31 de enero de 2013, Radicado 130012331000-2006-00613-01 [18878], C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

12 En este sentido se pronunció la Sala en la providencia del 14 de mayo de 2014, Radicado 130012333000-2012-00020-01 [19988], C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, citado en la sentencia del 23 de julio de 2015, Radicado 25000232700020120022501 [20280], C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

13 La Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse en dos casos similares al planteado entre las mismas partes y por concepto del impuesto sobre las ventas por el tercer y el cuarto bimestre del año 2007, en las sentencias del 23 de julio de 2015, N.I. 20280, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 30 de agosto de 2016, N.I. 20281, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. La decisión, en esta oportunidad, se sujetará a lo dicho en las sentencias mencionadas.

14 Arts. 705 y 714 ET.

15 Sentencia del 26 de junio de 2008, Radicado 25000-23-27-000-2003-01122-01 [16304], C. P. Ligia López Díaz, reiterada en las sentencias del 1º de agosto de 2013, Radicado 08001-23-31-000-2007-00694-01 [19027], C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 19 de mayo de 2016, Radicado 150012333000-2013-00675-01 [21185], C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

16 “Firmeza de la liquidación privada. La declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.
La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.

17 “Término para notificar el requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”.

18 Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995, según el cual: “[l]os términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del estatuto tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable”.

19 El Decreto 4818 del 14 de diciembre de 2007, en su artículo 13 estableció el 24 de abril de 2008 como fecha máxima para la presentación de la declaración del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2007, para las personas jurídicas y demás contribuyentes, cuyo último dígito del NT sea 8 como es el caso del contribuyente.

20 Cfr. el folio 537 del c.a, en el que obra la constancia de notificación de este acto administrativo, por parte de la GIT de Documentación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes.

21 Artículo 705 ET.

22 Cfr. los folios 11 y 12 del c.p.

23 Art. 709 E.T.

24 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.

25 Ley 1819 de 2016, artículo 287. Modifíquese el artículo 647 del estatuto tributario el cual quedará así:
ART. 647.—Inexactitud en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.
[…]
PAR. 1º—Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos e carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este estatuto. PAR. 2º—No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.
ART. 288.—Modifíquese el artículo 648 del estatuto tributario el cual quedara así:
ART. 648.—Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1º de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del estatuto tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con 110 señalado en el artículo 869 del estatuto tributario.
[…]”.