Sentencia 2012-00227 de octubre 9 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 630011102000-2012-00227 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta Nº 077 de la fecha

Proyecto registrado el 08 de octubre de 2013

Bogotá, D. C., nueve de octubre de dos mil trece

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Esta colegiatura tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996(10). Ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

De otro lado, se reitera que esta colegiatura se acoge al principio de limitación previsto en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002(11), que extiende la competencia del superior a los asuntos inescindiblemente vinculados al objeto de alzada, remisión legal a la cual se acude por expreso mandato del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007(12).

En el presente asunto, luego de evaluar los argumentos que sustentan el fallo apelado y el disenso propuesto por el recurrente salta a la vista que no genera duda o discusión alguna la estructura nuclear de la imputación fáctica endilgada al disciplinable, esto es, que fungiendo en calidad de curador ad-litem, al contestar la demanda ejecutiva interpuesta por el quejoso —como apoderado del Banco de Bogotá, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 9º Civil Municipal de Armenia, con Radicado 2011-0545—, aquel formuló las siguientes apreciaciones: que dicho documento contiene “asquerosos gerundios”, que el apoderado del demandante “repite más que un fusil AK47 Automatic Kalhamistoc, o una metralleta”, y en el contenido de su petición “es evidente la cacofonía o malsonancia, ese texto ofende las pupilas (…) esto ocurrió posiblemente por firmar demandas a su secretaria (…) si fuera el profesor del malhadado auxiliar del honorable portador de T. P. 158.462 en séptimo grado, le pondría cero en la cátedra de gramática, castellano y literatura (…) lee mucho pero solo en internet (…) lo hace en medio del parloteo de las ventanas abiertas del chat (…) perdió la capacidad de concentración, de meditación, de silencio (…) no puede estar solo en la soledad (…) el aborigen entarjetado (…) le hizo falta un curso de sintaxis, no es tarde para tomar uno, en el SENA lo dictan gratis”.

Tal eventualidad procesal está plenamente acreditada en virtud de las copias del referido expediente —donde se resalta la contestación de la demanda radicada el 13 de junio de 2012(13)—, y de las declaraciones del quejoso y del propio disciplinable.

Sobre el particular, insiste el recurrente en referir que si bien reprochó la redacción y sintaxis de la demanda con el objetivo de dar una lección idiomática bien intencionada a su colega en uso de ese derecho constitucional de libertad de expresión, no tuvo intención alguna de agraviarlo, ausencia de ánimo lesivo que denota la ausencia de dolo en su comportamiento.

Por tanto, para efectos de resolver la controversia jurídica propuesta en el recurso de apelación que activa la competencia de esta colegiatura, se resolverán los siguientes problemas jurídicos en el mismo orden en que son formulados:

1. ¿El principio de libertad de expresión habilitaba al disciplinable para formular las apreciaciones contenidas en la contestación de demanda, o ello representó la vulneración del derecho fundamental al buen nombre del quejoso?

2. ¿Para efectos de la configuración de la falta disciplinaria imputada es necesario demostrar que el encartado actuó con intención de causar daño al quejoso?

3. De no ser así, ¿la sanción impuesta al abogado investigado transgredió los principios de razonabilidad y proporcionalidad por tenerse en cuenta para su dosificación como antecedente disciplinario una sentencia revocada por esta corporación?

Solución del caso

1. Derecho al buen nombre vs. derecho a la libertad de expresión:

Respecto al tema de la tensión entre estos dos derechos fundamentales consagrados en los artículos 15(14) y 20(15) de nuestra Carta Política, respectivamente, la Corte Constitucional en la Sentencia C-442 del 25 de mayo de 2011, precisó lo siguiente:

“Existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana protegidos por la libertad de expresión stricto sensu, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo que incide directamente sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones. Gozan de mayor grado de protección el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público, y los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse.

Ha sostenido esta corporación que, a diferencia de los discursos especialmente protegidos, otras formas de expresión pueden ser objeto de mayores limitaciones bien sea porque el ejercicio de la libertad de expresión mediante dichos discursos implica cargas, deberes o responsabilidades constitucionales expresas, o porque su ejercicio ha de armonizarse satisfactoriamente con el ejercicio de los derechos constitucionales de los demás, como es el caso de la expresión comercial y publicitaria o la expresión que puede resultar socialmente ofensiva. (…).

Su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa. El alcance de estos deberes y responsabilidades variará, dependiendo del tipo de discurso que se exprese, el ámbito en el cual se haga uso de él y los medios utilizados. En todo caso han de estar definidos con previsión en la ley, sin perjuicio de la aplicación directa de los derechos fundamentales de terceros, como el buen nombre y la intimidad. (…).

No obstante, la libertad de expresión puede ser objeto de limitaciones, esa posibilidad se desprende claramente del artículo 13 de la CADH cuando señala que su ejercicio puede ser objeto de responsabilidades ulteriores fijadas por la ley y necesarias para garantizar los derechos y la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. En el mismo sentido el artículo 19 del PIDCP expresamente señala que este derecho puede ser objeto de restricciones siempre y cuando estén expresamente fijadas por la ley y sean necesarias asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (…).

A la luz de tal precedente jurisprudencial, salta a la vista que el derecho fundamental a la libre expresión y opinión puede limitarse o restringirse mediante expresa regulación de la ley, atendiendo el tipo de discurso que se utiliza, su contexto específico y el respeto que merecen los derechos de los demás. Además, en criterio de la máxima corporación constitucional, las expresiones insultantes o excesivamente exageradas —siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la persona en sí misma—, no pueden ser amparadas por el derecho de libertad de expresión(16).

En este orden de ideas, tenemos que el Código Disciplinario del Abogado consagrado en la Ley 1123 de 2007 contiene un catálogo óntico y axiológico de ética profesional en el cual el legislador limitó expresa y puntualmente el discurso de los juristas(17), en virtud de las cargas, deberes y responsabilidades que les son exigibles por la función social que implica el ejercicio de la abogacía.

Dicha restricción al derecho fundamental de expresión se materializa puntualmente en los deberes consagrados en los numerales 5º y 7º del artículo 28 de la norma analizada(18) y en la falta contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas establecida en el artículo 32 ídem(19).

Al interpretar de manera sistemática de tales normas concluye la Sala que el discurso de los abogados en desarrollo de su gestión y profesional está legalmente limitado por cuatro factores de obligatorio cumplimiento: mesura, seriedad, ponderación y respeto, premisa que se acopla perfectamente nuestra Carta Política a la luz del citado precedente jurisprudencial.

De contera, tenemos que cualquier comportamiento de un profesional del derecho —en ejercicio de las gestiones que le son encomendadas—, que carezca de alguno de estos cuatro factores, será susceptible de ser investigado y sancionado por la vía disciplinaria, sin necesidad de que se materialice afectación o vulneración a los derechos o intereses de alguna persona o funcionario, tal como se precisará en el capítulo siguiente.

Así las cosas, tenemos que le asiste completamente la razón al recurrente al referir que no existe mandato alguno que prohíba reprochar o cuestionar la redacción, ortografía o sintaxis contenida en un texto jurídico conocido en virtud de su gestión profesional como abogado, bien fuere de autoría de la contraparte o de otra fuente determinada (judicial, administrativa, etc.), siempre y cuando dicha actuación se ciña a los cuatro factores anteriormente señalados (mesura, seriedad, ponderación y respeto).

En el presente asunto, el recurrente analiza por separado cada uno de los términos utilizados en la contestación de la demanda de marras que son objeto de censura, para concluir que ninguno de ellos podía agraviar al quejoso, quien esperaba se sintiera agradecido por las correcciones idiomáticas formuladas.

No obstante, al analizar de manera integral todas y cada una de estas manifestaciones, esta colegiatura llega a la conclusión contraria, esto es, que las apreciaciones subjetivas plasmadas por el quejoso en la contestación de la demanda surtida al interior del proceso con Radicado 2011-0545, bajo el rasero de la lógica y el sentido común, no corresponden al comportamiento mesurado y respetuoso que le era exigible durante su ejercicio profesional, por las siguientes razones:

1. Ateniendo la riqueza y amplitud de nuestro idioma(20), del cual se proclama defensor acérrimo el recurrente, no se entiende por qué razones utilizó adjetivos peyorativos, despectivos o exagerados para referirse a los recursos idiomáticos contenidos en la demanda —con expresiones como “asquerosos gerundios”, “repite más que un fusil AK47 Automatic Kalhamistoc, o una metralleta” o “es evidente la cacofonía o malsonancia, ese texto ofende las pupilas”— (negrillas fuera de texto), cuando bien pudo censurarlos mediante el uso de fórmulas gramaticales menos agresivas.

2. El encartado insiste en que utilizó adjetivos sumamente respetuosos para referirse al quejoso (profesional del derecho, integérrimo, honorable, pulquérrimo, de inmaculada cabeza). Empero, ello no resta gravedad o trascendencia a las calificaciones negativas efectuadas sobre sus hábitos profesionales y manera de trabajar. Veamos el contexto en el efectuó tales afirmaciones:

“El integérrimo abogado, no maneja el idioma con particularísimo estilo y suprema elegancia como debe ser quien pasó por la universidad, eso ocurrió por firmar demandas a su secretaria, estoy seguro (…). Con base en informes generados por fuentes de absoluta credibilidad que pidieron el anonimato conocedoras de los entretelones de la cotidianidad del doctor en derecho y ciencias políticas y sociales de no ser que facultad de derecho, llegue a la certeza, y, además a golpe de ojo se nota que (…) lee mucho pero solo en solo en internet; lo que nos e pregunta él es como lee allí, lo hace en medio del parloteo de las ventanas abiertas del chat, mientras se va cargando un nuevo video de Youtube (…) perdió la capacidad de concentración, de meditación, de silencio; ignora que estando así es cuando nacen las preguntas, las ideas. El aborigen entarjetado (…) no conoce la incomunicación, ni la introspección (…). El léxico de esta demanda no es el propio de una persona que optó por un título en leyes, le hizo falta un curso de sintaxis, no es tarde para tomar uno, en el SENA lo dictan gratis…”.

Del análisis integral y contextualizado de tales señalamientos, se infiere que no solo se está efectuando una crítica a la redacción y síntesis contenidas en un texto jurídico, por cuanto también se está proponiendo soslayadamente la falta de diligencia profesional de parte de su autor por los menos en los siguientes aspectos: i) no redactar personalmente las demandas que le son encomendadas o confiar tal labor a su secretaria y, ii) carecer de capacidad de concentración o reflexión.

Dichas apreciaciones, además de resultar eminentemente subjetivas, carecen de relación con los hechos jurídicos del proceso y denotan una intromisión injustificada en las acciones privadas y manera de proceder del quejoso, toda vez que expresamente se reconoce por parte del encartado que ha recibido “informes” de fuentes humanas de su absoluta credibilidad sobre la manera cotidiana de actuar del abogado de la contraparte, descartándose de plano la tesis propuesta al sustentar el recurso de apelación relacionada con que solo efectuó una simple inferencia sobre el modo en que trabaja el abogado de la contraparte.

3. Así las cosas, si bien términos como “aborigen” o “entarjetado”, por sí mismos no implican calificativo despectivo alguno, al ser utilizados conjuntamente y en el contexto anteriormente citado —en el cual se pretende censurar un texto jurídico mediante la desacreditación académica, idiomática o lectiva de su autor—, evidencian ánimo vejatorio de parte del disciplinable para con su colega por cuanto propone inferir que pese a ostentar tarjeta profesional de abogado, aquel se mantiene en condiciones de bajo desarrollo social o cognitivo, circunstancia que indiscutiblemente afecta el buen nombre y la reputación del abogado en lo atinente a su idoneidad para ejecutar los encargos que le son encomendados.

4. Si las expresiones analizadas (contenidas en la contestación de una demanda y, por tanto, propias del ejercicio profesional del abogado investigado fungiendo en calidad de curador ad litem), están dirigidas a cuestionar las cualidades profesionales del representante de la contraparte relacionadas con su manejo del idioma, diligencia y concentración, y para ello se utilizan adjetivos peyorativos, despectivos o exagerados, salta a la vista que se trata de un actuar evidentemente desmesurado e inclusive irrespetuoso si en cuenta se tiene que trasgredió aspectos de la vida profesional del quejoso que nada tenían que ver con el objeto de la controversia judicial propuesta en el proceso ejecutivo singular de marras.

5. De otro lado, en manera alguna se desconocen las calidades personales, profesionales o académicas del abogado investigado. Por el contrario, del análisis conjunto de varios textos por él redactados(21), de los cuales allegó copia a esta corporación en calidad de anexos a la ampliación de sus argumentos de apelación, se colige que aquel suele utilizar un lenguaje mesurado, neutro y objetivo, inclusive para formular graves denuncias.

Lo anterior, permite colegir a la Sala que en el presente asunto el abogado González Baena actuó con la intención concreta y desmesurada de censurar la calidad y cualidades profesionales del apoderado de la contraparte, utilizando para ello adjetivos y expresiones peyorativas, exageradas y negativas, tal como se concluyó previamente, pues, si su intención era la de simplemente corregir yerros idiomáticos o la redacción en la demanda analizada o impartir una enseñanza de correcto castellano, bien pudo hacerlo mediante el uso de un lenguaje menos beligerante, de calificativos neutros o evitando calificaciones peyorativas atendiendo su habilidad literaria y académica.

De contera, se concluye que la conducta del investigado en este concreto asunto no merece el amparo constitucional propio del derecho a la libertad de expresión por cuanto corresponde a un comportamiento desmesurado e irrespetuoso específicamente proscrito en desarrollo de la profesión del abogado por mandato expreso de la Ley 1123 de 2007.

2. De la materialidad y responsabilidad frente a la falta imputada:

— De la tipicidad. Al encartado se le imputó la falta contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas dispuesta en el citado artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por “Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

A la luz de los elementos dogmáticos estructurales que integran tal falta, para su configuración se requiere demostrar que el implicado: i) injurió o acusó temerariamente, ii) a alguno de los funcionarios o partes que estén relacionados en sus intervenciones profesionales (sin perjuicio del derecho a denunciarlos conforme lo dispuesto en la ley).

En el presente asunto, no genera duda alguna que las críticas formuladas por el quejoso en el memorial mediante al cual contestó la demanda en calidad de curador ad litem dentro del proceso ejecutivo singular con Radicado 2011-0545, recayeron contra el abogado que fungía en calidad de apoderado de la contraparte, configurándose así uno de los referidos requisitos estructurales de la conducta.

Por tanto, corresponde establecer si la censura a la calidad y cualidades profesionales del quejoso dentro de dicho proceso (utilizando para ello adjetivos y expresiones peyorativas, exageradas y negativas como se concluyó previamente), constituye o no una injuria o acusación temeraria.

Frente al primer aspecto, lo primero que debe tenerse en cuenta es que a la luz del artículo 220 de nuestro Código Penal(22), la injuria se configura cuando se hacen imputaciones deshonrosas contra otra persona.

En el caso examinado, al contestar la demanda el encartado propuso soslayadamente la falta de diligencia profesional del quejoso por no redactar personalmente las demandas que le son encomendadas o confiar tal labor a su secretaria y carecer de capacidad de concentración o reflexión, se reitera.

Dichas imputaciones, además de resultar desmesuradas e irrespetuosas —por lo cual trasgredieron con el deber consagrado en el citado artículo 28-7 ídem—, ciertamente atentaron contra la honra de dicho abogado por cuanto ponen en tela de juicio su idoneidad y diligencia profesional.

Téngase en cuenta que la afectación a la honra, tal como lo ha definido la Corte Constitucional, no solo se configura frente a opiniones insultantes —que merecen reproche constitucional—, sino también frente a expresiones que, a la luz de los hechos, resulten excesivamente exageradas destinadas a cuestionar a la persona en sí misma(23), como ocurre en el presente caso en el cual se utilizaron los adjetivos y calificativos exagerados tantas veces analizados para cuestionar la calidad profesional del quejoso(24).

En este orden de ideas, no media duda alguna que el comportamiento analizado resulta típico frente a la falta descrita en el citado artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto el investigado, en desarrollo de un encargo profesional, injurió al abogado de la contraparte.

De la ilicitud. Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso, que va de la mano del principio de lesividad, pues el implicado contrarió en forma grave el deber de guardar el respeto debido que, según el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, está correlacionado con el artículo 28-7 de dicha norma, sin que sean atendibles las explicaciones dadas.

Dicha disquisición permite a su vez controvertir la tesis del recurrente referente a que como actuó sin ánimo injurandi —toda vez que no era su intención agraviar al quejoso—, se imponía su absolución conforme a la dogmática que desarrolla el tipo penal de la injuria, pues, se insiste, en sede disciplinaria no procede la evaluación de la antijuridicidad material de la conducta (daño potencial o real creado), sino la evaluación del incumplimiento del deber profesional independientemente de su resultado, el cual, si bien puede o no ser nocivo para el sujeto pasivo de la injuria, no es un tema que deba analizarse en este espacio procesal.

— De la culpabilidad. Al evidenciarse entonces, la incursión del investigado en la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto injurió al apoderado de la contraparte al poner en tela de juicio su diligencia e idoneidad profesional, confluye su actuar en una conducta contraria a la ética profesional realizada en forma dolosa, pues es evidente que la infracción al deber profesional para con las partes consagrado en el artículo 28-7 ídem, fue intencional y premeditada, en tanto utilizó adjetivos peyorativos, despectivos o exagerados para atacar la honra del quejoso, los cuales están proscritos en desarrollo de su gestión profesional como abogado.

— Del quantum sancionatorio. La primera instancia impuso ocho meses de suspensión en atención no solo a la gravedad de la falta imputada, sino a su modalidad de ejecución y a la existencia de antecedentes disciplinarios (sin especificar cuáles o cuántos).

Para la Sala no existe duda sobre el reproche que debe hacerse a la conducta irrespetuosa del abogado pues, sin necesidad de mayores elucubraciones, puede concluirse que las imputaciones deshonrosas proferidas contra el quejoso resultaron graves y trascendentes toda vez que censuró su idoneidad y diligencia profesional.

Además, conductas como esta, atentan contra el decoro de la profesión, razón por la cual, debe ser objeto de reproche disciplinario.

Respecto al criterio de agravación relacionado con la existencia de antecedentes disciplinarios recientes, tenemos lo siguiente:

En virtud del certificado de antecedentes disciplinarios de abogado se logró establecer que el disciplinable registra los siguientes antecedentes disciplinarios(25):

— Mediante sentencia del 27 de marzo de 2008 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío lo sancionó (dentro del proceso con Radicado… 2005-00182-01), con censura por incurrir en la falta dispuesta en el artículo 55 del Decreto 196 de 1971.

— El 18 de junio de 2008 fue sancionado nuevamente por la misma entidad (en el proceso con Radicado… 2005-00228-01), con seis meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por incurrir en las faltas dispuestas en los artículos 50, 52-2 y 54-4 ídem.

Sobre el particular el encartado refiere que una de estas faltas fue revocada por esta corporación mediante sentencia del 21 de septiembre de 2009.

No obstante, el verificar la copia de tal fallo, a simple vista se advierte que si bien se trató de una sentencia mediante la cual se revocó la sanción impuesta al encartado dentro del proceso disciplinario con Radicado… 2006-00105-02, esta no corresponde al número de radicado de ninguna de las anteriores anotaciones, las cuales se mantienen incólumes.

Por tanto, salta a la vista que al configurarse el criterio de agravación estudiado, la sanción impuesta resulta racional y proporcionada, por lo cual se impone su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de octubre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, mediante la cual se sancionó al abogado Gabino González Baena con suspensión en el ejercicio de la profesión durante ocho (8) meses, al encontrarlo responsable de la falta contemplada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones consignadas en la motivación de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia al disciplinado y, para ello, COMISIÓNESE al consejo seccional de origen, al cual, cumplido lo anterior, deberá DEVOLVERSE el expediente.

3. Surtido lo anterior, ANÓTESE la sanción objeto de confirmación en la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a dicha oficina, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual empezará a regir la sanción.

Cúmplase».

(10) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

(11) PAR.—El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

(12) Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.

(13) Folios 4 al 9.

(14) “ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. (…)”.

(15) “ART. 20.—Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

(16) En la Sentencia T-213 de 2004, se precisó el siguiente sentido: “la prevalencia prima facie de la libertad de expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser objeto de distinción. La primacía de la libertad de opinión en la tensión con el buen nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional. Por su parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la persona en sí misma”.

(17) Únicamente en desarrollo de su gestión profesional como abogados, se aclara.

(18) ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:(…).

5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. (…).

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. (…).

(19) ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

(20) El diccionario de la Real Academia Española define unas 88.500 palabras sin incluir “las formas verbales como entradas diferenciadas, y, en general, tampoco los diminutivos, aumentativos u otros derivados que no aporten una connotación diferente a la de su base. (Por ejemplo, de casa, no figura casita, pero sí caserón, por el sentido adicional de ‘destartalado’ que encierra la palabra)”.

http://www.elcastellano.org/consultas.php 

(21) En total, se analizaron 10 artículos periodísticos, un ensayo con fin indeterminado y varias declaraciones extrajuicio.

(22) ART. 220.—Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(23) Ob. Cit., Sentencia T-213 de 2004.

(24) “asquerosos gerundios”, “repite más que un fusil AK47 Automatic Kalhamistoc, o una metralleta”, y en el contenido de su petición “es evidente la cacofonía o malsonancia, ese texto ofende las pupilas (…) esto ocurrió posiblemente por firmar demandas a su secretaria (…) si fuera el profesor del malhadado auxiliar del honorable portador de T. P. 158.462 en séptimo grado, le pondría cero en la cátedra de gramática, castellano y literatura (…) lee mucho pero solo en internet (…) lo hace en medio del parloteo de las ventanas abiertas del chat (…) perdió la capacidad de concentración, de meditación, de silencio (…) no puede estar solo en la soledad (…) el aborigen entarjetado (…) le hizo falta un curso de sintaxis, no es tarde para tomar uno, en el SENA lo dictan gratis”.

(25) Folio 12.