Sentencia 2012-00235 de diciembre 13 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002324000 2012 00235 01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 23 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Actor: Melco Hernández González

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTO: «V. Consideraciones de la Sala

1.Como lo ha advertido la Sala en otras oportunidades, esta sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de ediles, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, de la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, y el numeral 5º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, del Consejo de Estado, conforme a los cuales las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

3. Frente al cargo de pérdida de investidura de un edil por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4º del artículo 66 del Decreto-Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del estatuto orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la Ley 617 de 2000.

3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:

“... el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los ediles y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los concejales. Se deduce entonces que los ediles también pierden la investidura por violación al régimen de inhabilidades, una de cuyas causales es la prevista en el artículo 66 del Decreto 1421 de 1993”(1) (resalta la Sala).

Desde esta perspectiva, es claro para la Sala que la violación del régimen de inhabilidades previsto para los ediles en el Decreto-Ley 1421 de 1993, dará lugar a la pérdida de investidura de quienes en ella incurran.

3.2. En cuanto a la segunda queja del apelante la Sala observa lo siguiente:

3.2.1. El numeral 4º del artículo 66 del Decreto-Ley 1421 de 1993 es del siguiente tenor:

“ART. 66.—“Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes:

(...).

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo público de cualquier nivel”.

Según la jurisprudencia de esta corporación, “la lectura detenida del artículo 66-4 del Decreto 1421 de 1993, muestra que, en relación con la celebración de contratos como hecho inhabilitante, esa norma consagra dos situaciones distintas y autónomas, a saber: i) la celebración de un contrato entre el elegido y el Distrito dentro de los 3 meses anteriores a la inscripción y, ii) la ejecución de un contrato celebrado entre el elegido y un organismo público de cualquier orden, en la localidad y dentro del término señalado en la ley.

En el presente caso la demanda solamente está referida a la segunda situación, y para que se configure esa inhabilidad a que hace referencia el actor, es necesario demostrar tres hechos: 1) que se celebró un contrato entre el demandado y un organismo público de cualquier orden; 2) que, ese contrato se haya ejecutado, dentro de los tres meses anteriores a la elección, y 3) que la ejecución se haya realizado durante el término de inhabilidad, en la localidad donde el demandado resultó elegido.

Así las cosas, contrario a lo que afirma el demandado con base en una providencia de la Sección Quinta de esta corporación(2), la Sala considera que en materia de ejecución del contrato, el lugar donde esta se realiza sí es relevante para establecer la existencia o no de una inhabilidad capaz de generar la pérdida de investidura de un edil.

En el expediente está demostrado que el señorMiller Jonnjanis Ruíz Díaz el 30 de octubre de 2011 fue elegido edil de la Localidad Los Mártires del Distrito Capital para el período 2012-2015(3), posición que ejerce, y que se inscribió como candidato para esa elección el 29 de julio de 2011(4).

Igualmente, se encuentra acreditado que:

(i) El referido Edil celebró el 4 de marzo de 2011 el contrato de prestación de servicios número 88 con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital —UAECD— cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo relacionados con la atención de usuarios externos del Catastro, mediante el suministro de información básica, organización logística, recibo, clasificación, transferencia, entrega y descargue de documentos. El plazo de ejecución del contrato sería de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente(5).

(ii) La ejecución del contrato empezó el 7 de marzo de 2011(6).

(iii) Mediante comunicación de 25 de abril de 2011, el demandado informa a la UAECD que por razones personales solicita la terminación o cesión del contrato(7).

(iv) El 29 de abril de 2011, se firmó el acta de suspensión del contrato y se estableció que su ejecución iniciaría el 1 de mayo de 2011 y estaría determinada por la fecha en que se legalizara la cesión del contrato(8).

(v) La cesión del contrato se firmó el 20 de mayo de 2011(9).

A partir de las pruebas que obran en el expediente, colige la Sala que el período de inhabilidad se presentó desde el 29 de abril de 2011 hasta el 29 de julio del mismo año, fecha en que el demandado inscribió su candidatura.

El contrato fue celebrado el 4 de marzo de 2011, esto es, por fuera del término de la inhabilidad, pero su ejecución comprendía dicho lapso, pues se extendía hasta el 7 de julio de 2011.

No obstante, según el tenor literal del numeral 4º del artículo 66 del Decreto-Ley 1421 de 1993, la inhabilidad no se genera por la ejecución misma del contrato, sino por el hecho de que ella se realice en la localidad donde resulte elegido el respectivo edil.

No sobra aclarar, que, como lo ha sostenido esta corporación, las inhabilidades e incompatibilidades se han establecido con el fin de prevenir conductas indebidas que atenten contra la moralidad, transparencia, eficiencia, eficacia, imparcialidad, igualdad, dignidad y probidad en el servicio, y evitar el aprovechamiento de la función, posición o poder para favorecer intereses propios o de terceros(10).

La especial naturaleza de la ejecución del contrato para la prestación de servicios de apoyo relacionados con la atención de usuarios externos del Catastro, mediante el suministro de información básica, organización logística, recibo, clasificación, transferencia, entrega y descargue de documentos, supone el cumplimiento de una labor que cubre a los usuarios de toda la ciudad incluyendo los de la Localidad de Los Mártires. En consecuencia, el cumplimiento de un contrato para la prestación de servicios de apoyo relacionados con la atención de usuarios externos del Catastro, va más allá del espacio físico en el que el contratista presta el servicio y se extiende a la ciudad de Bogotá, dentro de la cual está ubicada la Localidad de Los Mártires.

Lo anterior permite inferir, que la prestación del servicio de apoyo relacionado con la atención de usuarios externos del Catastro, no solo fue ejecutada en relación con los usuarios de la localidad donde se encuentra la sede de La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, sino también en relación con los usuarios de catastro de las demás localidades de la ciudad, incluyendo los de la Localidad de Los Mártires.

De lo anterior colige la Sala que, quien en desarrollo de un contrato celebrado con una entidad estatal, durante el lapso inhabilitante pudo hacerse conocer por los electores mediante el servicio que prestaba a los usuarios externos del catastro, incurre en la inhabilidad señalada en el artículo 66 numeral 4º del Decreto-Ley 1421 de 1993, pues es obvio que se rompe el principio de igualdad de acceso a los cargos de elección popular, al tener la posibilidad de obtener provecho derivado su especial situación frente a la administración y a los otros candidatos.

Sin embargo, en este caso concreto, la suspensión a partir del 1º de mayo de 2011, del contrato celebrado por el demandante con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, según consta en el acta firmada el 29 de abril de la misma anualidad visible a folio 226, deja sin sustento el aspecto relativo a la ejecución del contrato durante el término de inhabilidad y la relevancia que dicha ejecución pudiera tener para dar lugar a la violación del régimen de inhabilidades consagrado en el artículo 66-4 del Decreto-Ley 1421 de 1993, especialmente considerando que en el año 2011 el 30 de abril fue sábado y el 1º de mayo domingo, esto es, días no hábiles, durante los cuales mal puede decirse que pudo haber ejecución del contrato o haberse presentado en razón de esta situaciones o conductas indebidas que impliquen el aprovechamiento de la función, posición o poder para favorecer intereses propios o de terceros, de lo cual tampoco hay pruebas en el proceso.

Así pues, estima la Sala que en este caso no se configura la causal de pérdida de investidura alegada, razón por la cual debe confirmarse la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil seis (2006), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso, Radicación 25000-23-15-000-2004-02404-01(PI), actor Gilberto Calle Cardona.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil cinco (2005), consejero ponente Filemón Jiménez Ochoa, Radicación 5000-23-24-000-2003-01068-02 (3206-3211), actor: Sigifredo Díaz Fernández. En esa oportunidad el hecho aducido como constitutivo de la causal de inhabilidad establecida en la norma transcrita, se hace consistir en que dentro de los tres (3) meses que precedieron la inscripción de su candidatura como edil de la Localidad 16 de Puente Aranda, el señor Octavio Niño Quintero ostentaba la condición de contratista del Distrito Capital, porque había suscrito un contrato de consultoría con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Localidad 18. Al respecto la Sección Quinta manifestó que “el lapso de inhabilidad parte de la fecha de celebración del contrato y se extiende hasta la de inscripción de la respectiva candidatura y que para efectos de la inhabilidad que se analiza, no tienen ninguna incidencia aspectos como la condición de contratista a que alude el accionante ni la vigencia del convenio y el lugar donde debía ejecutarse o cumplirse”.

(3) Folios 17 y 21 del cuaderno principal.

(4) Folio 191 del cuaderno principal.

(5) Folio 214 del cuaderno principal.

(6) Folio 216 del cuaderno principal.

(7) Folio 225 del cuaderno principal.

(8) Folio 226 del cuaderno principal.

(9) Folio 227 del cuaderno principal.

(10) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil once (2011), consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 11001-03-15-000-2010-00990-00 (PI), actor: César Julio Gordillo Núñez y Pablo Bustos Sánchez.