Sentencia 2012-00236 de junio 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-27-000-2012-00236-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Rosalba Ruiz Merlano

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como medio subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto, la demandante pretende que se ordene a las entidades demandadas, practicarle una histerectomía vaginal, en atención a que la misma le fue programada desde el mes de octubre de 2010, sin que hasta la fecha se haya practicado, lo cual ha deteriorado sus condiciones de salud, con el agravante de que es una persona de la tercera edad que requiere atención prioritaria.

Las personas de la tercera edad, integran el grupo de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Así lo ha sostenido esta Sala al precisar que:

“… dentro de este grupo existen personas que se encuentran en un grado de indefensión más alto debido a su condición, las cuales merecen protección especial por expreso mandato constitucional, como son: (i) los niños (art. 44), (ii) las personas de la tercera edad (art. 46), (iii) las personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica (art. 47) y (iv) las madres cabeza de familia (art. 43)”(1).

En el presente asunto, se encuentra demostrado que la demandante tiene 78 años de edad, según se desprende de la historia clínica, visible a folio 33, razón por la cual, no existe lugar a duda alguna de que sus condiciones de salud merecen especial consideración, conforme se precisó en la Jurisprudencia transcrita.

Ahora bien, tal como consta a folio 7, desde el 28 de octubre de 2010, el Hospital Militar Central expidió la “solicitud de turno para sala de cirugía”, para histerectomía vaginal, a nombre de la señora Rosalba Ruiz Merlano, documento que cuenta con el sello de la dirección de sanidad militar.

A folio 33 obra la historia clínica de la demandante, por consulta externa, con datos a partir del mes de octubre de 2011, es decir, un año después de la programación de la mencionada cirugía, lo cual no permite constatar el diagnóstico clínico de la demandante con anterioridad a dicha fecha.

Sin embargo, a folio 39 se encuentra la constancia de asignación de citas del Hospital Militar Central, correspondientes a la actora, en la cual se advierte que a partir del 13 de julio de 2010 inició consultas por ginecología y los días 12 de julio y 11 de septiembre del mismo año acudió a citas por cirugía general.

Solo hasta el mes de marzo de 2012, según da cuenta la historia clínica, se deja constancia de que la paciente “acude a consulta refiriendo de 2 años de evolución … de masa vaginal + incontinencia…” (fl. 33). Y a partir de ahí, se le ordena la práctica de diversos exámenes, entre otras cosas, por prolapso genital, diabetes e incontinencia fecal, tal como consta en las órdenes médicas visibles a folios 8 a 10.

Para la Sala, no existe en el expediente prueba alguna que justifique la demora en la realización de la cirugía que le fue programada a la demandante desde el 28 de octubre de 2010, es decir, luego de transcurrido un (1) año y medio, aproximadamente, entre dicha fecha y la de presentación de la demanda (13 de marzo de 2012).

Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que médicamente es imprescindible la práctica de determinados exámenes y estudios previos a la intervención quirúrgica, como lo sostiene el Hospital Militar Central en la contestación de la demanda, también lo es que la demora en el tiempo (un año y medio) para cumplir tales requerimientos, no se compadece con las condiciones de salud de la demandante, menos aún, cuando se trata de una persona de la tercera edad que goza de protección especial y, por tanto, prioritaria.

La entidad demandada en su escrito de impugnación se limita a afirmar que la presente acción de tutela es improcedente por existir otro medio de defensa judicial, lo cual carece de fundamento jurídico, pues no se encuentran en el ordenamiento acciones que obliguen a las entidades encargadas de organizar y prestar los servicios de salud, a realizar procedimientos médicos, por lo que la acción de tutela resulta ser el mecanismo judicial idóneo para tal efecto.

La entidad demandada tampoco presenta argumento alguno, de hecho o de derecho, que desvirtúe las circunstancias demostradas en el expediente, sobre la demora injustificada en la atención y garantía del derecho a la salud de la demandante quien, se repite, es una persona en condiciones de debilidad manifiesta, que goza de especial protección por parte del Estado.

Lo anterior impone confirmar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el fallo impugnado.

2. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez días (10) siguientes a la ejecutoria del presente fallo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de junio de 2012».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012, proferida en el Expediente 2012-00177-01, M.P. Dra. María Elizabeth García González.