Sentencia 2012-00238 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad. 85001-23-33-000-2012-00238-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Sandra Yolima Porras Dueñas

Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Para resolver, se considera

La acción de tutela fue concebida en el artículo 86 de la Constitución Política, como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es por lo tanto, una acción residual o subsidiaria, que no puede ser utilizada como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales procesales ordinarias instituidas para la protección de los derechos.

Lo anterior significa que quien considere que se encuentra en una situación que afecte sus derechos fundamentales puede acudir a la acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales, siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto, se pretende obtener la revocatoria directa de las Resolución 4424120100000126 de 13 de octubre de 2010, mediante la cual la DIAN le impuso sanción a Sandra Yolima Porras Dueñas por no haber presentado declaración de renta por el año gravable 2006 y se disponga el desembargo de la cuenta bancaria de nómina de la actora.

Afirma la demandante que la DIAN le vulneró el debido proceso, toda vez que de las actuaciones surtidas en el procedimiento que adelantó en su contra fueron comunicadas a una dirección que no era la suya, y aunque la entidad estaba enterada del error, insistió en el envío de la correspondencia al mismo lugar.

Igualmente, estima que no es sujeto obligado a presentar declaración de renta puesto que sus ingresos por el año gravable 2006 no superaron los topes establecidos para efecto de tornarse sujeto pasivo de dicha obligación.

Al expediente se allegaron los siguientes medios de prueba:

A folio 6 obra copia del comprobante de envío de la empresa Servientrega Nº 1035117151, donde se señala como fecha de envío el 14 de octubre 2010, a la señora Sandra Yolima Porras, en el municipio de Yopal (Casanare), dirección (calle 17A Nº 35-43), con sello de devolución de 19 de octubre de 2010, con informe de “dirección incorrecta”.

Obra a folio 8 formulario del registro único tributario, donde consta que la actora registra la dirección: calle 17 A 35-43 del municipio de Yopal.

Mediante Auto 4423822009000465 se abrió investigación en contra de Sandra Yolima Porras Dueñas, por la omisión de ingresos en la información exógena por el año 2006 (fl. 11).

El 7 de julio de 2009 se emplazó a la actora para que cumpliera con la obligación de declarar renta por el periodo 2006 el 30 de julio de 2006 el 30 de julio de 2009, en el cual se le concedió el término de un mes para ese efecto (fl. 11 y siguientes).

El 21 de agosto de 2009 fue publicado el emplazamiento a nombre de la actora, en el periódico El Tiempo (fl. 13).

El 13 de octubre de 2010, por Resolución 4424120100000126 la DIAN resolvió lo siguiente:

“Imponer sanción por no haber presentado la declaración de renta por el periodo 1 del año gravable 2006 al contribuyente Porras Dueñas Sandra Yolima NIT 52015477, por la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos m/cte. ($ 44.463.000).

(...).

Notifíquese de conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 565 del estatuto tributario.

Recursos: contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración, que podrá interponerse ante la división de gestión jurídicas de la dirección seccional o en la subdirección de gestión de recursos jurídicos, dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 720 del estatuto tributario previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 722 del mismo estatuto” (fls. 22 y ss.).

El 22 de junio de 2012 la señora Yolima Porras Dueñas presentó escrito en ejercicio del derecho de petición solicitó la revocatoria directa que le impuso la sanción, el desembargo de la cuenta de ahorros de nómina del Banco BBVA y que se iniciaran las investigaciones pertinentes en relación con la errónea declaración de sus ingresos que hicieron algunas empresas (fl. 33).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio del acto 20126246000009 de 5 de julio de 2012, negó la petición, por considerar que durante la actuación administrativa no se vulneró el debido proceso y porque la revocatoria directa debe surtirse mediante un procedimiento especial que debe ser discutido a través del ejercicio de los recursos de ley.

En el asunto objeto de estudio, estima el interesado que la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, seccional Yopal, vulneró sus derechos fundamentales porque se notificó a una dirección incorrecta la actuación administrativa sancionatoria y se impuso una sanción sin que la actora tuviese conocimiento de las razones por las cuales se indica que el monto de sus ingresos la convierte en persona obligada a declarar.

Para efecto de decidir se tiene lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 715 y siguientes del estatuto tributario, el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento del deber de presentar declaraciones tributarias comprobada la obligación, inicia con el emplazamiento por parte de la administración de impuestos, concediendo al interesado el término de un mes para que cumpla su deber. Si persiste la omisión procede la aplicación de la sanción prevista en el artículo 643 ibídem(1).

Agotado lo anterior, la administración dentro de los 5 años siguientes al plazo para declarar, puede a través de una liquidación de aforo(2) determinar la obligación, del contribuyente responsable.

De acuerdo con el artículo 718 ibídem la administración de impuesto debe divulgar por medios de comunicación de amplia difusión los contribuyentes, responsables o agentes de retención emplazados o sancionados por no declarar.

Ahora bien, las actuaciones de la administración de impuestos, tales como los requerimientos, autos que ordenan inspecciones o verificaciones tributarias, resoluciones que imponen sanciones, citaciones, entre otros, deben notificarse de manera electrónica, personalmente, por medio de la red oficial de correos o cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

Las actuaciones en materia tributaria, aduanera o cambiaria se deben hacer a la última dirección informada por el contribuyente o declarante en el RUT (registro único tributario). Cuando no se haya reportado una dirección, la notificación se podrá hacer al lugar que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria, y de no ser posible por ninguno de estos medios se hará a través de una publicación en un periódico de circulación nacional.

El artículo 565 del estatuto tributario en el parágrafo 1º prevé: “Cuando la notificación se efectué a una dirección distinta a la informada en el registro único tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto”.

Cuando la comunicación es enviada a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente es posible corregir el error en cualquier tiempo haciendo el envió a la dirección correcta, no obstante, en este caso “los términos legales solo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma” (E.T. art. 657).

En caso de que las notificaciones sean devueltas por correo, el artículo 568 ibídem dispone:

“ART. 568.—Las actuaciones de la administración enviadas por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificadas mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional que corresponda a la última dirección informada en el RUT; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal”(3) (destaca la Sala).

Se concluye que cuando las actuaciones de la administración tributaria que deban ser notificadas al contribuyente, sean devueltas por el servicio de correo, sin importar la razón debe notificarse mediante aviso en un periódico nacional o regional del lugar correspondiente a la última dirección informada en el RUT.

En el asunto bajo estudio pese a que la administración tenía conocimiento de que la dirección registrada en el RUT (Calle 17ª Nº 35-43 en Yopal) estaba errada desde el auto de apertura de investigación de fecha 17 de julio de 2009, insistió en el envió de las comunicaciones al mismo lugar, sin dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 568 del estatuto tributario que ordena en caso de devolución de las actuaciones enviadas por correo, la notificación mediante aviso en un periódico de circulación nacional.

De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que la administración desconoció lo dispuesto por el artículo 568 ibídem, para efectos de poner en conocimiento de Sandra Yolima Porras la decisión sancionatoria contenida en el Acto 442412010000126 de 13 de octubre de 2010 expedido por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal, contra la cual procedía el recurso de reconsideración, el cual no tuvo la oportunidad de interponer ante la omisión de la entidad, situación que es violatoria del debido proceso de la demandante.

En consecuencia se ordenará dejar sin efecto las actuaciones administrativas surtidas dentro de la investigación adelantada por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal (Casanare), contra la señora Sandra Yolima Porras Dueñas, Expediente IO 2006 2009 000465, a partir de la notificación de la Resolución 44241201000012 de 13 de octubre de 2010 inclusive.

Se ordenará a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a enviar la comunicación correspondiente para efectos de notificar el contenido de la Resolución 442412010000126 de 13 de octubre de 2010 en los términos del artículo 515 del estatuto tributario, a la señora Sandra Yolima Porras Dueñas a la última dirección que ella haya suministrado a la entidad, concediéndole el término para interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 720 del estatuto tributario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE el fallo de 18 de octubre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante el cual se rechazó por improcedente la acción de tutela. En su lugar se dispone:

DECRÉTASE el amparo del derecho fundamental al debido proceso. Para el efecto, se dispone:

DEJAR SIN EFECTO las actuaciones administrativas surtidas dentro de la investigación adelantada por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal (Casanare), contra la señora Sandra Yolima Porras Dueñas, Expediente IO 2006 2009 000465, a partir de la notificación de la Resolución 442412010000126 de 13 de octubre de 2010 inclusive.

ORDÉNASE a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a enviar comunicación correspondiente para efectos de notificar el contenido de la Resolución 442412010000126 de 13 de octubre de 2010 en los términos del artículo 515 del estatuto tributario, a la señora Yolima Porras Dueñas a la última dirección que ella haya suministrado a la entidad, concediéndole el término para interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el artículo 720 del estatuto tributario.

Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1) (...) veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior.

(2) “Tendré el mismo contenido de la liquidación de revisión, señalado en el artículo 712, con explicación sumaria de los fundamentos del aforo.

(3) Artículo modificado por el artículo 58 del Decreto 19 de 2012.