Sentencia 2012-00239/11604 de febrero 16 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 500011102000201200239-01 (11604-28)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 14

Bogotá D.C., dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La Secretaria de Instancia allegó reporte impreso de la página Web del Registro Nacional de Abogados en el cual se constató que el doctor Jorge Sayd Velasco Murillo se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 17.319.061 y T.P. 84.770, la cual se encuentra vigente (fl. 8 c.o.), por lo cual el a quo mediante auto del 3 de julio de 2012, decretó la apertura de proceso disciplinario y convocó a los sujetos procesales a la celebración de la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional (fls. 9 - 10 c.o.).

3. De la apelación.

Como primera medida se tiene que el recurso de apelación fue presentado por la doctora Enalba Rosa Fernández Gamboa, en su condición de Procuradora 87 Judicial Penal II de Villavicencio (Meta) de la Procuraduría General de la Nación, el 28 de septiembre de 2015, observándose en el anverso del folio 330 los sellos de la notificación efectuada por la Secretaria de Instancia de forma personas a los intervinientes teniéndose que la Representante del Ministerio Público conoció del fallo del instancia el 24 de septiembre de 2015, siendo la última notificación, con lo cual de conformidad con lo normado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, el recurso fue instaurado en término para su estudio.

De otra parte, debe destacarse que el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, norma a la cual se acude con ocasión a la remisión normativa que describe el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, señala que: “Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.”, por lo cual el estudio de la alzada se circunscribirá a lo estrictamente controvertido por el recurrente.

4. Del caso concreto.

Observa la Sala que la doctora Enalba Rosa Fernández Gamboa en su condición de Procuradora 87 Judicial Penal II de Villavicencio (Meta) de la Procuraduría General de la Nación en su escrito de alzada presentado el 28 de septiembre de 2015, planteó como eje central de su inconformidad el quantum de la sanción impuesta por el a quo al profesional del derecho investigado, considerando que la censura fue una sanción no consecuente con la conducta dolosa desplegada por el profesional del derecho, pues el hecho de mantener los honorarios de su colega en su poder y del grave perjuicio causado a su mandante, eran situaciones que imponían una sanción más fuerte como una suspensión más multa, pues solo se tuvo a consideración la ausencia de antecedentes disciplinarios.

Sobre el particular la Sala debe destacar que en este caso, no se puede hacer un pronunciamiento en el sentido esperado por la señora Procuradora 87 Judicial Penal II de Villavicencio (Meta) de la Procuraduría General de la Nación, en tanto se estaría desconociendo la prohibición descrita en el precepto legal contenido en el artículo 82 de la Ley 1123 de 2007, que reza:

ART. 82.—Prohibición de la reformatio in pejus. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, cuando se trate de apelante único, no podrá agravar la sanción impuesta”.

De la norma traída a colación, se tiene que en el presente caso el recursos de alzada solamente fue presentado por el agente del Ministerio Público en primera instancia, sin que el mismo hubiese sido controvertido por el disciplinado, quien fue notificado de manera personal el 22 de septiembre de 2015, con lo cual al observarse que tema central recae sobre la agravación de la sanción impuesta por el a quo, la Sala considera que en atención a la protección a las garantías constitucionales contenidas en la Ley 1123 de 2007, tal petición no puede ser objeto de pronunciamiento en el sentido que espera el recurrente.

Se itera, esto en protección de los derechos fundamentales del encartado al debido proceso y derecho de defensa, previstos por la Constitución Política en su artículo 29.

De otra parte, no se puede dejar de un lado lo argumentado por la señora Viceprocuradora General en su concepto emitido el 19 de noviembre de 2015 (fl. 14 - 16 c. 2 instancia), dentro del trámite de segunda instancia surtido ante esta Corporación, en el cual deprecó se confirmara la sanción impuesta por el a quo al encontrar que la misma se ajusta a un análisis de diligencia frente a la gestión desplegada en el asunto de autos por el encartado sumado al hecho de no registrar sanciones disciplinarias en su contra, con lo cual la Sala encuentra acertado tal planteamiento y ajustado a las disposiciones descritas en la Ley 1123 de 2007, veamos.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagran en el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora bien, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el doctor Jorge Sayd Velasco Murillo a quien se le exigía obrar con lealtad con su cliente, la sanción de CENSURA impuesta en la sentencia de instancia, cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a conocer, promover y respetar las normas consagradas en la referida ley, no solo con el compromiso en el asunto bajo examen, sino que además este obtuvo un resultado favorable a su mandante, y si bien su conducta es calificada como dolosa, el perjuicio alegado por la señora Procuradora en el trámite de instancia no fue analizado de la misma forma por el a quo, toda vez que se tuvo a consideración la ausencia de antecedentes disciplinarios del encartado, circunstancia que claramente es un atenuante en la dosificación de la sanción a imponerse.

De otra parte, debe destacarse que el inconformismo que originó la investigación disciplinaria obedeció a la falta de comunicación y acuerdo de lo transado con la contraparte con la quejosa y su mandante, pero en el mismo no se alegó descontento alguno por el no pago de honorarios a la otra colega, con lo cual no se puede extender a interpretaciones de situaciones que no fueron alegadas o reclamadas por los interesados, situación con la cual se afirma que la sanción impuesta se mantenga en sede de instancia.

Asimismo, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, se puede afirmar que la sanción de censura no es del todo la más leve, en tanto la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado, por lo cual en el caso bajo examen, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

En suma, esta Colegiatura CONFIRMARÁ la decisión adoptada el 4 de septiembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado Jorge Sayd Velasco Murillo como autor responsable de la falta prevista en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007, cometidas en la modalidad dolosa, de conformidad con lo deprecado por la señora Viceprocuradora General y ante la prohibición de la reformatio in pejus descrita en el artículo 82 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión adoptada el 4 de septiembre de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado Jorge Sayd Velasco Murillo como autor responsable de la falta prevista en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007, cometidas en la modalidad dolosa, de conformidad con lo deprecado por la señora Viceprocuradora General y ante la prohibición de la reformatio in pejus descrita en el artículo 82 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad en lo contenido en la presente sentencia.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la ley 1123 de 2007, asimismo el Magistrado Sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».