Sentencia 2012-00251/1198629 de agosto 19 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 180011102000201200251 05 (11986-29)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 80

Bogotá, D. C., diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS. «Consideraciones de la Sala

1. De la competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad de funcionario del disciplinado.

Se acreditó la calidad del encartado, según lo informado por el Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, en oficio del 7 de junio de 2012, allegó copia del certificado de calidad de funcionario judicial del encartado, así como el tiempo de servicio desempeñado en el cargo de Juez Primero Administrativo del Circuito de Florencia (fls. 67 - 68 c.o.).

3. De la nulidad.

Sería del caso que la Sala procediera a resolver los recursos de apelación planteados por el apoderado del investigado y por el doctor Jesús Orlando Parra, de no ser porque se advierte la existencia de una circunstancia invalidante de la actuación que vulnera el debido proceso, cuya declaración se impone en aras de la preservación de este derecho fundamental. Veamos.

Conforme a lo reglado en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, la declaratoria de nulidad de la actuación procede por i) La violación del derecho de defensa del disciplinable, y ii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Así mismo, dicha disposición señala en su artículo 144 que: “Artículo 144. Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado”.

Como primera medida, se tiene que a folio 250 al 292 del cuaderno original Nº 1, la Sala Dual de Decisión de Instancia profirió pliego de cargos el 11 de junio de 2013, en contra del doctor Jesús Orlando Parra en su condición de Juez Primero Administrativo de Florencia, Caquetá, por incurrir en la falta prevista en el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 a título de dolo, en concordancia con lo previsto en los artículos 207 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, artículo 286 del Código Penal y conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del CUD.

Debe destacarse que el a quo al momento de hacer la adecuación típica en el pliego de cargos proferido el 11 de junio de 2015, planteó en su parte considerativa que el inculpado había faltado al deber establecido en numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y a su vez la descripción de la falta disciplinaria, concretando la conducta como el desconocimiento de lo normado en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, integrando el deber incumplido con la realización de una conducta calificada como falta gravísima “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito”, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, encontrándose que el análisis planteado por el a quo en relación con el incumplimiento al deber referido no fue señalado de forma clara en el marco de la conducta endilgada ni la norma sustantiva o procesal quebrantada, con lo cual se ve afectado el ejercicio del derecho de defensa y debido proceso del encartado.

Lo anterior, al considerar que no fue claro el pliego en relacionar la conducta por la cual el seccional de instancia endilgó dicho incumplimiento, en tanto lo que se expuso en el pliego de cargo fue lo siguiente:

“En el caso bajo estudio, el desconocimiento de ese deber de cumplir las reglas que rigen el procedimiento dentro de los procesos administrativos y de adelantar conducta que atenta contra bienes jurídicos protegidos por la ley penal en razón de sus funciones, encuentra adecuada en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (…)” (fl. 285 c.o. 1).

Ahora bien, nótese que en relación con el deber endilgado como quebrantado, no se realizó un análisis completo en tanto dicha disposición corresponde a los tipos disciplinarios llamados en blanco por lo cual deben ser relacionados con la norma a la cual no se dio aplicación en el caso en estudio, siendo necesario que el seccional de origen corrija la falencia.

Así mismo, tampoco tuvo a consideración la Sala a quo que si la norma descrita en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 formaba parte de la considerativa del pliego de cargos, la misma también debía ser relacionada con la parte resolutiva del auto de cargos como en la sentencia, situación que configura una inconsistencia sustancial al no tener certeza que normas son las que quebrantó presuntamente el disciplinado, siendo necesario respetar las normas propias del juicio disciplinarios contenidas en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002 en cuanto a la decisión de cargos.

En igual sentido, encuentra esta colegiatura que en relación con la falta descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el a quo erró en la tipificación de la misma, en tanto, comprometió este tipo de falta gravísima a la no ejecución de deberes, como resulta ser del caso lo relacionado con el artículo 207 del numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, en consonancia con el tipo disciplinario del Código Penal señalado en el artículo 286, el cual comporta la realización de una conducta objetivamente descrita como típica y consagrada como delito sancionable, situación que a todas luces rompe la legalidad del pliego de cargos de instancia al evidenciarse una irregularidad que afecta el debido proceso del funcionario investigado y que fue replicada íntegramente en la sentencia de primera instancia.

En suma, encuentra la Sala que la calificación jurídica impuesta al doctor Jesús Orlando Parra en su condición de Juez Primero Administrativo de Florencia, Caquetá, el 11 de junio de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, comporta una violación al debido proceso y de defensa de este, susceptible de corregirse únicamente decretando la nulidad de lo actuado a partir del auto del 11 de junio de 2013, proferido por la Sala de instancia, devolviendo las diligencias a la citada colegiatura a efecto que se pronuncie en debida forma y bajo el análisis fáctico y jurídico que corresponde, en el pliego de cargos dentro de la presente investigación.

Las irregularidades así puntualizadas, comportan violación de los derechos a la defensa y al debido proceso y encuadran como causales de nulidad dentro de los numerales 2º y 3º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, debiendo la Sala decretarla de conformidad con el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión directa del parágrafo único del artículo 143 de la norma disciplinaria, a efectos de reponer la actuación, en este caso, la actuación disciplinaria adelantada.

Para mejor proveer se hace precisa transcripción de la norma en comento:

“Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

(…)

2. La violación del derecho de defensa.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Parágrafo: Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.

Así las cosas, la Sala Declarará la nulidad de lo actuado dentro de las presentes diligencias a partir del auto del 11 de junio de 2013 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, para que en esa oportunidad adopte la decisión acorde con lo considerado en este proveído, dejando a salvo las pruebas legal y oportunamente incorporadas al expediente.

De otra parte, esta colegiatura hace un llamado al Seccional de Instancia para que le imprima celeridad a este asunto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir del auto del 11 de junio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, dejando a salvo las pruebas legalmente recaudadas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de Origen para que, en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, rehaga las diligencias respetando el debido proceso y el derecho de defensa conforme a las consideraciones aquí planteadas. Las pruebas practicadas mantendrán plena validez.

Notifíquese y cúmplase».