Sentencia 2012-00251/2036-2015 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 190012331000201200251 01 (2036-2015)

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP

Demandado: Antonio Claret Pérez Cárdenas

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: No se pueden sumar vinculaciones territoriales y nacionales para efectos de obtener el derecho a la pensión gracia.

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, el despacho decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: (i) la competencia para decidir el recurso de apelación (ii) problema jurídico, (iii) resolución del recurso de apelación.

Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 24 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

“ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, L. 1564/2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (subrayado no son del texto original)

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces (…)”.

Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala establecer, si ¿en atención a leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 que rigen la pensión gracia, es posible para el reconocimiento de esa prestación sumar tiempos de servicios docentes derivados de vinculaciones nacionales y, si deben devolverse las sumas que por dicho concepto hayan sido recibidas de buena fe?

Para efectos de resolver el problema jurídico se analizará: i) El requisito de tiempo de servicio docente territorial, exigido para el reconocimiento de la pensión gracia y ii) los argumentos del recurso de apelación.

El requisito de tiempo de servicio docente territorial, exigido para el reconocimiento de la pensión gracia

La pensión mensual vitalicia denominada “pensión gracia”, es una prestación inicialmente otorgada en virtud de la Ley 114 de 1913 a aquellos docentes que dispusieron su capacidad, esfuerzo y conocimientos al servicio de los educandos en el área primaria por un lapso no menor de 20 años al cumplir los 50 años de edad, sin que en este caso se requiriera para el reconocimiento respectivo haber cotizado durante todo el tiempo al fondo de pensiones de Cajanal.

Este mismo beneficio se extendió con la Ley 116 de 1928 a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y con la Ley 37 de 1933, a quienes hubieren completado el tiempo de servicios en establecimientos de enseñanza secundaria.

La Ley 114 de 1913 en su artículo 2º(14) estableció que la cuantía de la pensión gracia sería la mitad del sueldo devengado por el docente en los dos últimos años, y que en caso de que éste hubiese variado, se tomaría el promedio de los diversos sueldos.

La Ley 4ª de 1966 por su parte, estableció en el artículo 4º(15) que a partir de su vigencia, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se liquidarían y pagarían tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios obtenidos durante el último año de servicios, sin discriminar alguna de las pensiones otorgadas a los servidores oficiales.

Finalmente el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

En cuanto al artículo 15 de la Ley 91 de 1989 la jurisprudencia del Consejo de Estado(16) de forma reiterada ha señalado que esa norma impuso un límite en el tiempo para efectos de acceder al beneficio pensional en referencia, en el sentido que el docente debía estar vinculado al 31 de diciembre de 1980, pues la misma se orientó a derogar la vigencia de la aludida prestación especial.

La tesis anteriormente expuesta fue esbozada por la Sala plena contenciosa administrativa del Consejo de Estado(17), así:

“3. El artículo 15 numeral 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

“4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

“5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales”.

“6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, Nº 2, artículo 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia... siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

En este orden de ideas, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975 de la educación primaria como de la secundaria. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “…con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “… otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, luego del 31 de diciembre de 1980, la pensión gracia se conserva en favor de los docentes que se hubiesen visto afectados por el proceso nacionalización, por eso aunque el artículo 15 numeral 2 literal a) de la Ley 91 de 1989 utilice solo la palabra “docentes”, no puede olvidarse que se refiere a quienes “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, y estos son solo los que hubiesen laborado en el orden territorial conforme a las normas que le dieron origen a esta prestación.

Por consiguiente, es con fundamento en la norma antes citada que la pensión gracia no puede reconocerse a favor de los docentes nacionales, como quiera que es indispensable que no reciba retribución alguna por parte de la Nación.

Análisis de las apelaciones.

A continuación la Sala, analizará en el orden en que fueron presentados, el recurso de apelación del demandado Antonio Claret Pérez Cárdenas y luego el de la entidad demandante UGPP.

La apelación del demandado. El señor Antonio Claret Pérez Cárdenas, en su recurso de apelación señaló que, aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los periodos docentes aducidos en el expediente le permitían obtener el derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Para efectos de resolver el cuestionamiento del demandado, deben analizarse las pruebas referidas a los periodos de vinculación docente del demandado.

1. Obra en el expediente —folio 34 del cuaderno principal Nº 1—, certificación de 9 de agosto de 1924 expedida por el rector del colegio de Bachillerato San Juan Bautista la Salle, en la cual se señala lo siguiente:

“Los suscritos rector y secretario del colegio “San Juan Bautista de la Salle de Sinse - Sucre,

CERTIFICAN

Que el docente Antonio Claret Pérez Cárdenas, con c.c. 3.833.778 expedida Corozal, prestó sus servicios en este plantel como rector del mismo, desde el 28 de noviembre de 1968 hasta el 15 de noviembre de 1973, según Decreto 015 de noviembre de 26 de 1968, emanado de la Secretaría de Educación.

Dado en Sincé a los nueve (9) días del mes de agosto de mil movimientos noventa y cuatro (1994)”.

De la certificación anterior se observa que, el periodo docente del demandante en el Colegio San Juan Bautista de La Salle de Sinse - Sucre, tuvo lugar mediante un nombramiento de carácter territorial, esto es, a través del Decreto de 015 de noviembre de 26 de 1968, emanado de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, adicionalmente tal y como lo ha realizado la Sala en casos anteriores(18) se pudo constatar que, la mencionada institución educativa en efecto fue creada mediante la ordenanza 072 de 26 de noviembre de 1968 de la Asamblea Departamental de Sucre.

Dado que el acto de nombramiento del demandante —según la certificación trascrita— fue fechado a tan solo dos (2) días posteriores a la fecha de creación de la entidad educativa, es claro que estos documentos son concordantes en indicar que el nombramiento y la institución educativa en la cual prestó el servicio eran de naturaleza territorial.

2. También, obra en el expediente —folio 36 del cuaderno principal 1—, certificación de 9 de marzo de 1994 expedida por el “rector ordenador y el pagador” del Colegio Nacional José María Córdoba (Montería-Córdoba), en la cual se señala lo siguiente:

“República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

COLEGIO NACIONAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOBA”

Montería-Córdoba.

Marzo 9 de 1994

El rector ordenador y el pagador

CERTIFICAN

Que el docente Antonio Claret Pérez Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.833.778 expedida en Corozal, prestó sus servicios en este plantel desde el día 3 de febrero de 1974 hasta el 30 de diciembre de 1981 desempeñando el cargo de profesor de tiempo completo grado 09. Nombrado mediante Resolución 2654 de abril 23 de 1974, con retroactividad al 1 de febrero de 1974.

Devengó sueldos y primas así:

(…)

Certificación que se expide a solicitud del interesado para pensión de jubilación.

Carlos Arturo Rivero Rey

Rector ordenador

Andrés José Óyela Díaz

Pagador”.

De la anterior certificación se observa que, en la denominación del colegio se hace alusión a su carácter nacional —en la certificación se le denomina como COLEGIO NACIONAL “JOSÉ MARÍA CÓRDOBA”— y el nombramiento está sustentado en la Resolución 2654 de abril 23 de 1974 la cual si bien no obra en el expediente, lleva a colegir que se trata de un acto administrativo proferido por el Ministerio de Educación, esto por cuanto: a) la naturaleza nacional del ente educativo así lo indica, b) el acto administrativo de reconocimiento de la pensión gracia —ahora demandado— expedido por Cajanal, claramente señala que la vinculación a esa institución educativa fue nacional —dado que según su criterio para la pensión gracia pueden computarse tiempos nacionales— y c) el demandado en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación acepta el carácter nacional de esta vinculación.

Adicionalmente, debe indicarse que, en la página web del COLEGIO NACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, se señala que esa institución educativa fue creada en el año 1946 con el nombre de COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA y en octubre de 1953, tomó el nombre de COLEGIO NACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, siendo aprobado oficialmente como tal mediante la Resolución 3926 de octubre de 1957 del Ministerio de Educación Nacional, de lo cual se desprende claramente que, desde antes del inicio del periodo de labores certificado al demandante —desde el 3 de febrero de 1974 hasta el 30 de diciembre de 1981— esa institución de educción era y continua siendo del orden nacional.

3. Igualmente en el expediente reposa —folio 38 del cuaderno principal 1—, la certificación de 19 de enero de 1995 expedida por el rector del Instituto Agrícola de Tunia - Cauca, en la cual se señala lo siguiente:

“República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

INSTITUTO AGRÍCOLA - TUNIA

Piendamó-Cauca.

El suscrito rector del Instituto Agrícola de Tunia - Cauca

CERTIFICA

Que el señor Antonio Claret Pérez Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía 3.833.778 de Corozal (Sucre), labora en este plantel como coordinador de disciplina (prefecto de disciplina) desde el primero (1º) de diciembre de 1981, nombrado mediante Resolución 18848 de noviembre 5 de 1981, emanada del Ministerio Educación Nacional.

La presente se expide a petición del interesado para fines de jubilación.

Tunia, enero 19 de 1995

Carlos Hugo Rentería

Rector Instituto Agrícola Tunia”.

La anterior certificación expresamente indica que, el nombramiento del señor Antonio Claret Pérez Cárdenas provino de un acto administrativo emanado del Ministerio de Educación Nacional —Resolución 18848 de noviembre 5 de 1981, emanada del Ministerio Educación Nacional—, por lo cual es evidente que el periodo certificado en este documento, el cual inicia desde el 1º de diciembre de 1981, es de carácter nacional.

De las anteriores tres (3) certificaciones trascritas, analizadas en conjunto, se deduce que el señor Antonio Claret Pérez Cárdenas prestó sus servicios en tres (3) instituciones de educación oficial distintas, con diferentes vinculaciones, a saber: 1) en el Colegio de Bachillerato San Juan Bautista de la Salle (Sucre), con vinculación territorial; 2) en el Colegio Nacional José María Córdoba (Córdoba), con vinculación nacional y 3) en el Colegio Instituto Agrícola de Tunia (Cauca) con vinculación nacional, tal y como como se resume a continuación.

f1
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Ahora bien, las partes del presente litigio(19) discuten la posibilidad o no de sumar al periodo de vinculación territorial anterior al 31 de diciembre de 1980 —fila 1 del cuadro de vinculaciones del demandado—, los dos periodos de vinculación nacionales anteriores y posteriores al 31 de diciembre de 1980 —filas 2 y 3 del cuadro de vinculaciones del demandado—, para efectos de cumplir con el requisito de los 20 años de tiempo de servicio exigidos para la pensión gracia.

Tal y como se señaló en el acápite anterior de esta providencia al analizar “El requisito de tiempo de servicio docente territorial, exigido para el reconocimiento de la pensión gracia”, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 144 de 1913 y el artículo 15 —literal a) del numeral 2— de la Ley 91 de 1989 así como con la jurisprudencia del Consejo de Estado(20), no es posible para cumplir con el requisito de tiempo de servicio acumular a los periodos con vinculación docente territorial periodos con violación docente nacionales.

En ese orden de ideas, el señor Antonio Claret Pérez Cárdenas, al momento de solicitar la pensión gracia, solo contaba con un periodo de 4 años, 11 meses y 15 días válido para para efectos de ser computado para la pensión gracia, esto es, el desempeñado mediante vinculación territorial al Colegio de Bachillerato San Juan Bautista de la Salle de Sucre —desde el 28 de noviembre de 1968 hasta el 15 de noviembre de 1973— (Periodo Nº 1 de los señalados en el cuadro anterior), por lo cual es evidente que no cumplía el requisito de tiempo de servicio necesario para ser acreedor a esa prestación económica.

Por otra parte, el argumento del demandado - apelante, referido a que, por favorabilidad los periodos con vinculación nacional anteriores y posteriores al 31 de diciembre de 1980 —a saber los periodos Nº 2 y 3 del cuadro anterior— deben interpretarse como vinculación nacionalizada y sumarse para efectos del cumplimiento del requisito de tiempo de servicio para la pensión gracia, no puede ser acogido por la Sala en atención a lo siguiente.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 91 de 1989(21), los docentes nacionalizados —o con vinculación nacionalizada— son aquellos que fueron vinculados al servicio oficial docente por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y su vinculación se modificó con posterioridad ante la nacionalización gradual —desde 1975 a 1980— de la educación, sin embargo, en el presente caso tanto la vinculación al Colegio Nacional José María Córdoba —periodo de vinculación Nº 2— como la vinculación al Colegio Instituto Agrícola de Tunia —periodo de vinculación Nº 3— fue realizada desde su inicio por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y no por una entidad territorial, motivo por el cual es claro que estos dos (2) periodos —los cuales suman 20 años, 10 meses y 15 días—, son nacionales y no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de la pensión gracia.

En ese orden de ideas el recurso de apelación presentado por el demandado, señor Antonio Claret Pérez Cárdenas, no tiene vocación de prosperidad.

La apelación de la entidad demandante UGPP. El apoderado de la UGPP, en su recurso de apelación solicitó que se revoque el resolutivo de la sentencia de primera instancia que negó la pretensión de devolución de las sumadas pagadas por concepto de pensión gracia al señor Antonio Claret Pérez Cárdenas, en la medida en que este no actuó de buena fe, dado luego de reconocida esa prestación interpuso acción de tutela para que fuera reliquidada con todos los factores salariales.

Para dirimir este punto de la controversia es preciso acudir al artículo 83 de la Constitución Política en virtud del cual “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” y al artículo 136 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.

En torno al alcance de la presunción de buena fe y la prohibición de devolución de las prestaciones percibidas de buena fe —mientras no se desvirtúe esa presunción—, la Corte Constitucional ha expresado(22).

“En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar “en cualquier tiempo” los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. Se trata, simplemente de que ningún ciudadano puede esperar que, con el paso del tiempo, se regularice o se torne intocable una prestación económica que le ha sido otorgada en contra del ordenamiento jurídico y en deterioro del erario público. Ello indica entonces, que si bien el legislador debe actuar sin menoscabar los derechos legítimamente adquiridos, no está imposibilitado para permitir a la administración, de manera excepcional, demandar en cualquier tiempo su propio acto, cuando encuentre que éste se ha proferido contrariando el ordenamiento jurídico, ello con el fin de defender intereses superiores de la comunidad.

Cabe precisar, que la misma disposición ampara el principio de la buena fe cuando señala que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, con lo cual, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar ya que sería un contrasentido alegar vulneración del artículo 83 superior cuando el mismo legislador expresamente acuerda plenos efectos jurídicos al mencionado principio constitucional”.

De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno.

El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta.

En el sub judice la presunción de buena fe que ampara al accionado no ha sido desvirtuada por la entidad demandante, pues de acuerdo con la conducta asumida ante la administración, en sede de tutela y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se observa que ha actuado con el íntimo convencimiento de que tenía derecho a percibir la pensión gracia con fundamento en los tiempos laborados con una vinculación nacional.

En efecto, el demandado no ha realizado afirmaciones engañosas ni ha aportado certificaciones falsas encaminadas a demostrar que prestó sus servicios docentes en entidades territoriales, es más como se estableció en líneas anteriores de esta providencia reconoció abiertamente —como lo hizo Cajanal en los actos administrativos demandados— que dos (2) de las vinculaciones laborales derivaron de nombramientos realizados por el Gobierno Nacional; en consecuencia, su discusión ha radicado en la interpretación de la Ley —en especial del artículo 15 de la Ley 91 de 1989(23)—, apoyada en decisiones contenciosas recogidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que sostenían la tesis de que la pensión gracia también se podía reconocer a los docentes que habían trabajado en instituciones de orden nacional.

Por otra parte, el hecho de que el demandando haya acudido en sede de tutela a obtener la reliquidación de la pensión gracia con todos los factores salariales, no puede hacer presumir un actuar ilegal, fraudulento o engañoso, pues en el ordenamiento jurídico existen diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote mala fe, es más, corresponde a la autoridad que conozca de cada una de ellas determinar si la vía judicial escogida es la adecuada para elevar determinada pretensión(24).

En este orden de ideas, aunque el señor Antonio Claret Pérez Cárdenas percibió sumas de dinero por concepto de mesadas de una pensión gracia reconocida por Cajanal con base en una interpretación equivoca de la ley —artículo 15 de la Ley 91 de 1989—, no se desvirtuó la buena fe con la que actuó, por lo cual no hay lugar a ordenar que se restituyan las sumas pagadas en exceso y en consecuencia el recurso de apelación presentado por la entidad demandante no tiene vocación de prosperidad.

Así las cosas, de todo lo expuesto es evidente que los actos administrativos acusados contrariaron la ley y la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, por lo cual ameritaban ser anulados e igualmente no había lugar a ordenar la devolución de las sumas devengadas por el demandado en tanto fueron percibidas de buena fe, por lo tanto la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 12 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se anularon los actos administrativos demandados, por los cuales se reconoció y reliquidó una pensión gracia al señor Antonio Claret Pérez Cárdenas.

2. Por intermedio de la secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen, y déjense las constancias respectivas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sección».

(14) Ley 114 de 1913, por la cual se crean pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela.
“ART. 2º—La cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos.

(15) Ley 4ª de 1966, por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
“ART. 4º—A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.

(16) Consejo de Estado, sección segunda, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Demandante: María Julia Pardo Guevara, Exp. 2006-0436-01. También puede verse: Consejo de Estado, sección segunda. Sentencia de 18 de febrero de 2010, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: Gladys Aliria Morales de Pardo, Exp. 2006-07030-01.

(17) Consejo de Estado, Sala plena contenciosa administrativa. Sentencia de 29 de agosto de 1997, Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, Exp. S-699, actor: Wilberto Theran Mogollón. Tesis reiterada por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en Sentencias de: 1) 15 de marzo de 2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 25000-23-25-000-2010-01058-01(2272-11), actor: Adolfo Vargas Flechas; y 2) 31 de enero de 2013, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 25000-23-25-000-2011-00241-01(2092-12), actor: Cajanal.

(18) Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de enero de 2017, radicación 410012333000201200191-01 (1094-2014), actor: Carlos Marcial Almeida Laos.

(19) La Caja Nacional de Previsión Social en la Resolución 19908 de 30 de junio de 1998 que reconoció al señor Antonio Claret Pérez Cárdenas la pensión gracia, como el demandado —Antonio Claret Pérez Cárdenas (folio 93 del expediente - cuaderno principal 1), así como la UGPP en el escrito de demanda (folio 201 del expediente - cuaderno 3) y el demandado en el recurso de apelación (folio 311 del expediente - cuaderno 3).

(20) Consejo de Estado, Sala plena contenciosa administrativa. Sentencia de 29 de agosto de 1997, Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, Exp. S-699, actor: Wilberto Theran Mogollón. Tesis reiterada por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en Sentencias de: 1) 15 de marzo de 2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 25000-23-25-000-2010-01058-01(2272-11), actor: Adolfo Vargas Flechas; y 2) 31 de enero de 2013, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 25000-23-25-000-2011-00241-01(2092-12), actor: Cajanal.

(21) Ley 91 de 1989. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. “ART. 1º—Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
“PAR.—Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.

(22) Corte Constitucional, sentencia C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Si bien la sentencia hace referencia al artículo 136 del Código Contenido Administrativo - Decreto 01 de 1984, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 tiene el mismo contenido.

(23) Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(24) Consejo de Estado, sección segunda, subsección “A”, C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 5 de mayo de 2016, radicación 05001-23-33-000-2013-00065-01(0525-14), actor: Clara Inés Hurtado Trujillo. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social EICE, en liquidación. En esta providencia se indicó, en un caso similar al presente, que el ejercicio de la acción de tutela para reclamar temas relacionados con la pensión gracia no puede ser tomado por el juez como prueba de mala fe para efectos de ordenar la devolución delas mesadas percibidas en vigencia de un acto administrativo que luego es declarado nulo.